‘No estoy de acuerdo, por el bien de las finanzas públicas’: Contralor General

El contralor Rodríguez, por otra parte, se declaró partidario de incluir amnistía en la reforma tributaria y le pidió al Presidente meditar sobre los daños colaterales que la reforma puede provocar.

Al revelar el desorden y virtual saqueo a los bienes incautados al narcotráfico, el contralor Rodríguez denunció que "la mafias no quieren desprenderse de sus propiedades y buscan seguir manejando el control". El funcionario informó que "la entrega de inventarios de bienes se llevó a cabo por parte de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación a la SAE de manera documental por medio de actas y no en forma real y material. Esa situación conllevó a que se desconociera la totalidad de los bienes, su ubicación, avalúo, estado físico y un deficiente sistema de información.

Entonces, ¿la información que maneja la SAE está basada solo en documentos?

La información que tienen no es idónea, pues en el inventario de los bienes administrativos, los datos están incompletos, desactualizados, no se cuenta con avalúos catastrales y comerciales, depositarios, lo que genera incertidumbre y por lo tanto no aporta elementos reales para la acertada toma de decisiones, así como para el ejercicio del control efectivo de los bienes a su cargo.

¿Y eso qué significa?

Alto riesgo de situaciones de corrupción.

¿Cuántos bienes están en el limbo?

Después de 8 años se siguen presentando casos por aclarar de 509 bienes. En 1.316 registros de inmuebles de la SAE, el valor del avalúo catastral es mayor que el comercial, que asciende a 195.484 millones de pesos. 581 inmuebles del inventario de la SAE, cuya extensión es significativa en metros cuadrados o hectáreas, registran avalúo catastral por debajo de 1'000.000 de pesos.

¿Todo es un desastre?

La situación hallada evidencia un gran desorden, la falta de control y administración; la extensión de dominio es un baluarte de la Constitución para evitar el lavado de activos y lo estamos desperdiciando.

¿Por qué habla usted de corrupción?

La SAE incumple sus propias políticas institucionales en materia de asignación de depositarios, con lo que genera concentración de bienes, hecho que puede dificultar su administración y propiciar corrupción.

¿Y por qué tanta dificultad para vender esos bienes?

Las múltiples deficiencias de las condiciones físicas y tributarias de los bienes a cargo de la SAE dificultan el proceso de comercialización.

¿Comercializar las incautaciones al narcotráfico ha fracasado?

Debemos aprender mucho de los estadounidenses, ellos monetizan con suma facilidad los bienes incautados y con ello evitan costo de vigilancia, administración, tributarios, reparaciones locativas, etc. Es un ámbito con grandes desafíos porque las mafias no quieren desprenderse de sus propiedades y de una u otra manera buscan seguir manteniendo el control. La SAE, Estupefacientes, o cualquiera otra que se llegare a crear, estaría llamada al fracaso si no se adoptan lógicas netamente comerciales descontaminadas de presiones políticas o mafiosas.

¿Usted recomendaría reformar o acabar con la SAE?

Las liquidaciones de entidades son demoradas y costosas. ¿La SAE hoy hace lo que antes hacía la Dirección de Estupefacientes y qué sucedió? Los mismos problemas. Se requieren reformas puntuales para atacar los puntos débiles de esa gestión y un código de ética muy riguroso a la vez que un control de resultados. Por otra parte, la Contraloría ha analizado el impacto que la reforma tributaria presentada por el Gobierno tiene en el producto interno bruto del país, con el tema de petróleo y sus derivados. Significa gravar más del 32 % de las exportaciones que tiene Colombia. El año pasado exportamos 41.224 millones de dólares, de los cuales 10.000 millones de dólares fueron aportados por el sector petrolero. Estamos completamente de acuerdo con que se debe hacer un proceso de transición energética, pero es muy importante que el Gobierno defina su política, porque una cantidad importante de inversiones terminan amenazadas si no existe confianza normativa.

¿Por qué habla usted de definición de la política energética?

Porque es necesario que el Gobierno centralice los canales de información. Colombia no es miembro de la Opep ni es uno de los grandes exportadores de petróleo, pero internamente sí tenemos una dependencia muy fuerte, desde el punto de vista de producción y tributario. Eso se está viendo en la gran polémica que existe hoy sobre el tema. Para eliminar la producción de petróleo, y congelar la autorización de nuevas concesiones de exploración habría que tener nuevos canales que reemplacen y superen los que generan los hidrocarburos, y la diversificación de exportaciones no se logra de un día para otro. Hay que tener mucho cuidado.

El Gobierno, a través del director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, abrió la puerta para que se autoricen nuevas exploraciones de petróleo. ¿A usted qué le parece ese cambio de posición?

Muy importante. Es coincidente con mi llamado de atención. Es muy importante hacer claridad en esto: no se trata de interferir en la acción de gobierno. Pero la Contraloría sí tiene la obligación del análisis de la política macroeconómica del Estado, para advertir qué proyecto o propuesta del Gobierno puede originar problemas de estabilidad económica y social.

¿Y eso es lo que está ocurriendo?

Sí. Por ejemplo: se está viviendo un proceso de devaluación frente al tema del dólar. Observe cómo cuando el mismo presidente Petro, primero, y el director de Crédito Público después, hicieron precisiones sobre el tema, la cotización del dólar comenzó a descender notablemente.

¿Usted pide que haya dentro del Gobierno un solo vocero frente al tema?

Claro y debería ser el mismo Presidente. Además, el Presidente siempre ha hablado de hacer una transición, pero la transición debe ser gradual, debe ser pausada y tiene que hacerse con un altísimo grado de cuantificación desde el punto de vista de las finanzas públicas. Yo sé que el Presidente tiene eso muy claro.

En general, ¿usted qué piensa de la reforma tributaria?

A la gente le molestan las propuestas de nuevas cargas tributarias. La generalidad piensa y dice que son más impuestos para que la plata se la roben. Por eso, la gente busca alguna manera de evasión o de elusión. Eso es una verdad de a puño. Por eso, la plata que se recaude tiene que verse traducida en una eficacia, en un eficiente servicio público, en bienestar social.

¿El único vocero debe ser el propio Presidente de la República?

Sí. Yo pienso que el Presidente debe ser el único vocero de las posiciones oficiales sobre el tema petrolero. A mí siempre me han dicho que soy el contralor de Petro. La verdad es que yo soy el Contralor elegido por Congreso y estoy en la tarea de interpretar el sentir de los colombianos. Pero si me van a colocar en ese escenario de 'petrista', el buen amigo es el que le dice al amigo en qué se está equivocando y no el que le aplaude todo. Incluyendo cualquier circunstancia en la que pueda ver que hay algún tipo de error.

Entonces, al sentirse buen amigo del Presidente, le está diciendo: 'Señor presidente, corrija los errores que puede estar cometiendo en la reforma tributaria'...

Le digo una cosa: yo, como todos los colombianos, debemos estar con el propósito de que al Gobierno le vaya bien. Eso no implica que no se haga el control que se debe hacer y debe ser bajo el estudio técnico de las cifras y la prevención del daño.

¿Mejor dicho, lo grave no es cometer un error sino no corregirlo?

Desde luego. La soberbia no es buena consejera. Uno necesita saber escuchar, admitir que se equivocó, si ha cometido algún tipo de error. Todos somos humanos, pues entonces hay que corregir y enderezar el rumbo frente al tema. Le reitero nuevamente, a mí me parece que aquí lo que ha pasado es un error frente al tema de estrategia comunicacional y, en ese sentido, el responsable número uno, que es el jefe de Estado, que es el Presidente de la República, ha salido, como decimos en el ciclismo, a ponerle el pecho a la orilla y a manifestar cuál es la política del Gobierno frente al tema. Pero yo sí quiero insistir en que esa política hay que definirla no solamente a corto sino a largo plazo, porque frente a esa circunstancia es que genera certidumbre que puede afectar la inversión.

Por ejemplo, ¿usted no está de acuerdo en suspender la exploración de petróleo?

No estoy de acuerdo por el bien de las finanzas públicas. La transición energética tiene que hacerse de manera profundamente responsable, ante todo activando otros renglones de la economía.

¿No teme usted que al Presidente le molesten sus criticas?

El Presidente escucha. En las conversaciones que he tenido con él, no me ha pedido nada distinto a que actúe de manera independiente. Yo debo reconocerlo y se lo digo con absoluta claridad: el Gobierno tiene absoluto respeto por la autonomía de la Contraloría.

Pero al margen de sus opiniones de prevención, ¿qué ha hecho, fundamentalmente en estos dos primeros meses de su gobierno en la Contraloría?

La Contraloría tiene que mostrarle al país cuánta plata verdaderamente estamos recuperando y cómo evitamos la desviación de recursos sobre todo de salud, de educación, de regalías. La corrupción en Colombia es endémica. Parece que en todas partes se dan cuenta de que nos están robando. En estos dos meses, por vía de cobro coactivo, se ha recuperado más que en los últimos 4 años. Ya estamos cerca de los 200.000 millones de pesos que se han recuperado.

Ya que habla de recuperar bienes perdidos, ¿usted es partidario de que en la reforma tributaria se incluya, como ya se propuso en el Congreso, una amnistía tributaria para que quien ha evadido o ha eludido o es moroso pague?

Esa es una circunstancia política del Gobierno. Personalmente le doy mi posición. Sí, a mí me parece que eso es importante, porque precisamente lo estoy haciendo desde la Contraloría, es llamando a las personas y proporcionándoles facilidad para que puedan cumplir, porque a mí lo que me interesa es mejorar el recaudo. Una amnistía me parece un camino extraordinario. ¿Sabe por qué? Resarcir es recuperar plata. Me parece que es una buena medida, sobre todo porque implica recoger y recaudar una mayor cantidad de recursos y en este momento es lo que el Gobierno necesita; por ejemplo, la Contraloría tiene hoy, en cobro coactivo, 7,8 billones de pesos por recuperar.

La Contraloría está preparando un informe para el Congreso de la República sobre la reforma tributaria, ¿usted fundamentalmente qué señala?

Con los ajustes aprobados por parte del Congreso se aumenta el límite de deducciones por dependientes. No es lo mismo un declarante de renta que no tiene dependientes al que tiene uno o más. Hay que mirar con mucho detenimiento, sobre todo por el impacto de la doble tributación al gravar a las sociedades, por una parte, y a los socios, por la otra. Yo considero que la reforma aún tiene puntos débiles. Le falta la creación de herramientas de administración tributaria en la lucha contra la evasión y la elusión. Hay que generar confianza desde el punto de vista inversionista. De igual manera, pienso que aún falta avanzar en la reducción del gasto tributario, mayor auditoría o control en los costos y gastos indicativos deducibles en la renta a personas naturales, así como en el tema de simplicidad tributaria en el Estatuto.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO