'No es exagerado decir que parte de la paz se pagará sola'

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, revela en la siguiente entrevista la hoja de ruta fiscal que el Gobierno ha adoptado para hacer frente al bajonazo en los ingresos del país por la reducción del precio del petróleo, que incluye la reducción del presupuesto de este año.

Además responde críticas del vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre supuestas trabas en el Ministerio a las alianzas público-privadas para infraestructura; calcula el costo de la paz; explica en qué consiste la reforma tributaria estructural que una comisión de expertos propondrá (revela 3 de los 9 nombres que la componen) y anuncia otro intento para vender Isagén.

“Para nadie es un secreto que este nuevo escenario petrolero significa menos recursos fiscales para la Nación –dice–. Bajo esa mirada, en el Plan Nacional de Desarrollo que presentamos al Congreso se redujo el plan de inversiones en 17 billones de pesos, frente a lo que habíamos previsto en noviembre pasado. Ajustarnos a esa nueva realidad ratifica el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal, que ha sido fundamental para la confianza que genera nuestra economía. Esa confianza vale oro en términos de inversión y empleo”.

El proyecto de presupuesto, según entiendo, está elaborado con base en un precio del petróleo de 80 dólares por barril. ¿De qué manera piensa equilibrarlo a la nueva realidad?

Recordemos que los impuestos y dividendos que se pagan este año corresponden a las utilidades del año pasado. El precio promedio del petróleo colombiano en 2014 fue de 87 dólares por barril, por debajo del precio con el que se hizo el presupuesto que era de 97. Dada esta circunstancia, aunque la regla fiscal nos permite tener este año un déficit fiscal algo mayor que el previsto, también tendremos que reducir el presupuesto.

¿En cuánto va a ser recortado el presupuesto?

Vamos a reducir el presupuesto en 6 billones de pesos, aplicando fuertes medidas de austeridad en el funcionamiento y focalización de la inversión. Esta es una medida responsable que confirma nuestro compromiso con la estabilidad fiscal y un manejo sano de nuestra economía. Naturalmente, protegeremos los programas de mayor impacto social y aplazaremos aquellos programas con menor impacto sobre el empleo y la equidad.

¿Si se firma la paz y llega el posconflicto, de dónde va a obtener recursos para enfrentar la caída del petróleo y el costo de la paz?

Uno de los grandes beneficios de la paz será el mayor crecimiento de la economía y, por ende, de los ingresos fiscales. Por ello, no es exagerado decir que parte de la paz se pagará sola, con el mismo dividendo que arrojará el fin del conflicto. También habrá cooperación internacional, donde ya estamos viendo compromisos concretos. Pero lo más importante es que ya los colombianos estamos pagando una parte muy importante del posconflicto. En efecto, el Gobierno nacional ha venido incluyendo dentro de sus presupuestos varios programas que son característicos del posconflicto. Este es el caso de las víctimas, en las que este año invertiremos 7,9 billones, o de los programas de desarrollo rural, que están recibido tres veces más recursos que en 2010.

¿Cuánto va a valer la paz? ¿Cuál va a ser el costo del posconflicto?

No sabemos exactamente, porque las negociaciones no han terminado. Todas las cifras que se ventilan en los medios de comunicación son especulativas. Lo que puedo asegurar es que el país puede lograr la paz y seguir por la senda de sostenibilidad fiscal al mismo tiempo.

¿El bajón petrolero y la financiación para la paz podrían influir en la reforma estructural tributaria que se va a estudiar?

El Gobierno tiene ya conformada la comisión de expertos que recomendará un conjunto de cambios a la estructura de nuestro estatuto tributario. La anunciaremos esta semana. Se trata de un grupo de personas con una gran solidez técnica, pero con diversidad de enfoques y experiencias. El Gobierno recibirá este insumo y decidirá los pasos por seguir. Prefiero esperar a que la comisión dé sus recomendaciones y sobre esa base definir el camino por seguir.

¿Cuál es el objetivo de esa comisión?

Mejorar el Estatuto Tributario, ordenarlo, eliminar algunos impuestos que sean innecesarios y concentrarnos en otros. Le doy un ejemplo: en muchos países no existe un impuesto como el de industria y comercio, que existe en nuestros municipios. ¿No sería mejor que los municipios reciban un porcentaje del impuesto al valor agregado? Estamos trabajando con varios expertos internacionales: la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) está haciendo un estudio. Los bancos multilaterales y varios gobiernos amigos nos van a apoyar con ideas y consultores. Aquí, más que encargar cientos de estudios, lo que hay es que ordenar y priorizar las ideas de lo mucho que se ha dicho y escrito en el país.

¿En su concepto, qué es lo más importante en este momento para revisar?

Lo relacionado a las entidades sin ánimo de lucro, donde hay un gran foco de evasión. Hay muchas empresas que se esconden bajo la figura de fundaciones pero que en realidad son grandes negocios. Le doy un dato: las entidades sin ánimo de lucro están reportando ingresos por 120 billones de pesos y pagan 200.000 millones en impuestos. Es decir, el 0,16 por ciento de sus ingresos brutos. A las fundaciones que están cumpliendo una función social no las vamos tocar. Pero vamos a poner en cintura a las empresas que fungen como cooperativas o como fundaciones, y que no están pagando impuestos.

Pero ya han trascendido algunos nombres de la comisión…

¿Cuáles?

Leonardo Villar, Guillermo Perry, Miguel Urrutia…

Sí, pero no sea impaciente. Esta semana se divulga la comisión.

¿La comisión tiene un término?

Sí. Tiene que dar todas sus recomendaciones este año. Una primera tanda debe estar lista antes del 20 de julio, para poder tramitar el proyecto respectivo ante el Congreso. Esto no quiere decir más impuestos. La comisión puede enfocarse en mejor gestión en la administración tributaria, mayor control a la evasión, eliminación de exenciones, etc. También va a estudiar la carga tributaria que tienen las empresas y las personas naturales y, de esta manera, tomar medidas que nos permitan mejorar el recaudo de impuestos logrando un buen balance entre equidad y competitividad.

El presidente Santos dijo que antes de finalizar el primer trimestre se anunciaría una fusión y eliminación de varias entidades del Estado para reducir el déficit…

Estamos adelantando un estudio a fondo para optimizar la estructura del Estado. Se van a hacer ajustes a varias entidades para mejorar la eficiencia administrativa y cumplir con el plan de austeridad. Recordemos que todas las entidades tienen, por ley, la obligación de bajar sus gastos generales en mínimo 10 por ciento frente al año pasado.

¿Qué efectos perversos sobre la economía de nuestro país tiene el alto nivel que está alcanzando el dólar?

El aumento del dólar es una buena noticia para la economía. Les ayuda mucho a los sectores exportadores y altamente generadores de empleo, como son la industria y el agro. Como lo destacó la semana pasada la revista británica The Economist, los floricultores, que acaban de terminar la temporada de San Valentín, van a recibir cerca de 2.400 pesos por dólar de rosas colombianas, mientras que hace seis meses recibían cerca de 1.850 pesos.

Recordemos que la economía colombiana está muy diversificada. Solo el 5 por ciento del PIB es petróleo, así que hay muchos sectores que ganan con la devaluación. Otro gran efecto positivo es ver cómo los consumidores colombianos han vuelto a preferir los productos nacionales por encima de los importados. Eso les ayuda mucho a la economía y al empleo.

¿Es partidario de la propuesta de Rafael Pardo de eliminar los impuestos que tengan que ver con la construcción del metro?

El proceso de construcción del metro de Bogotá ya cuenta con el estudio detallado de ingeniería y un estimado de costos. La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) está realizando la estructuración financiera que determinará qué parte del proyecto puede realizarse por medio de esquemas de concesión para aliviar la carga fiscal a la Nación y al Distrito. La propuesta de decretar exenciones a los impuestos será evaluada por la FDN para cuantificar el papel que juega el cobro de impuestos dentro del proyecto. El Gobierno está comprometido con el metro.

La venta de Isagén fue suspendida el año pasado. ¿Con las nuevas condiciones del país, se reabrirá ese proceso?

El proceso de venta, que se ha llevado a cabo desde el 2013, continúa vigente. Se dio un compás de espera para despejar las incertidumbres relacionadas con la construcción de Hidrosogamoso y así asegurar una buena concurrencia de compradores. Ya la hidroeléctrica entró en operación y se disiparon todos los riesgos de los que se hablaba hace seis meses.

¿Cuánto vale Isagén?

La parte que posee la Nación vale aproximadamente 5 billones de pesos.

¿Y será subasta o licitación?

Subasta. Una vez terminemos el proceso de consultas con todas las empresas interesadas, evaluaremos el momento oportuno para reabrir el proceso.

¿Quiénes son los interesados?

Hay una larga lista de empresas. Entre ellas, la francesa GDF Suez, la española Gas Natural, la estadounidense Duke Energy y la brasileña Cemig.

¿Y las críticas reiteradas del expresidente Uribe sobre esa venta no son válidas?

Vender Isagén es un buen negocio para todos los colombianos. Las hidroeléctricas no se van a ir del país, y vamos a obtener los recursos para construir más carreteras, para generar empleo y mejorar la competitividad. El país necesita movilizar más recursos hacia la financiación de la infraestructura de transporte, que es el gran cuello de botella para el desarrollo. A diferencia de lo que pasó en países como España o Portugal, que recibieron grandes aportes de la Unión Europea para construir su infraestructura, a nosotros nadie nos la va a regalar. Tenemos que optimizar nuestros propios recursos.

Algunos empresarios se quejan por las trabas que impone el Ministerio de Hacienda para la constitución de asociaciones público-privadas (APP)...

No es cierto que haya cientos de APP haciendo cola en el Ministerio de Hacienda. Los 20 proyectos de iniciativa pública que se presentaron ya fueron aprobados, y comprometimos 50 billones de pesos de recursos fiscales. Y de los 6 proyectos de iniciativa privada que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha radicado en el Ministerio, todos han recibido respuesta: tres ya fueron aprobados y los otros tres ya recibieron comentarios para su revisión.

La razón por la cual el Ministerio debe aprobar los proyectos privados obedece a que existen riesgos ambientales, sociales, geológicos o prediales que contractualmente son compartidos entre el inversionista y el Estado, y que pueden tener graves consecuencias fiscales. La revisión debe hacerse con cuidado, para minimizar posibles costos futuros para el país.

Cabe recordar que, según la Ocde, desde 1994 la Nación ha pagado más de 11 billones de pesos en modificaciones, adiciones y renegociaciones de contratos de concesión que quedaron mal estructurados. Tenemos un gran compromiso con el programa, pero también tenemos la responsabilidad de proteger las finanzas públicas presentes y futuras.

Algunos sectores de opinión han relacionado esa crítica con la posibilidad de mutuas aspiraciones presidenciales. ¿Eso tiene sentido?

La gente se imagina muchas cosas. El vicepresidente Vargas es una persona a quien yo respeto mucho. Está haciendo una gestión muy importante para promover los programas de infraestructura y tiene todo nuestro apoyo desde el Ministerio de Hacienda. Somos parte de un mismo equipo. Mi aspiración es ser un buen Ministro de Hacienda y soy plenamente consciente de que ello requiere sustraerse de aspiraciones personales. Lo mío es que la economía colombiana sea una de las más exitosas de América Latina, y afortunadamente vamos bien.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO