"Vamos a dejar la casa en orden". Con estas
palabras el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, resume el estado en que se
encuentra la economía del país, que se entregará al próximo gobierno del
presidente electo, Iván Duque.
¿Qué significa "casa en orden"? Según el propio ministro Cárdenas: inflación
controlada, ritmo de crecimiento recuperado, déficit externo sostenible,
estabilización a pesar del choque por la caída del petróleo, devaluación
adecuada, exportaciones en crecimiento y medidas antievasión en marcha.
"El buen manejo de la economía fue,
ciertamente, refrendado por las 37 naciones miembros de la Ocde (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que aceptaron a Colombia como
miembro, al reconocer sus buenas prácticas en la economía", comenta el
ministro, quien inicia su entrevista refiriéndose, en general, a las mayores
conquistas de la actual administración.
"Los mayores logros de este gobierno han sido: la paz, después de 50 años de
guerra, el fin de las noticias diarias de ocupación de poblaciones, de asaltos,
de asesinatos y secuestros. Se obtuvo una gran estabilidad económica; la nación
logró, por fin, una notable reducción de la pobreza conjuntamente con una
disminución de la desigualdad, el aumento significativo de la generación de
empleo, el cubrimiento de servicios de salud prácticamente en toda la nación y
el aumento de la inversión productiva a niveles nunca antes vistos. Lo que es
más impresionante, es que logramos todos estos resultados a pesar de la caída
en los precios del petróleo, que es el choque externo y fiscal más fuerte que
ha tenido nuestra economía desde la Gran Depresión de los años treinta del
siglo pasado".
¿Por qué enfatiza
en la reducción de la pobreza que se logró?
Porque en un país como el nuestro todo ministro de Hacienda además de velar por
la estabilidad macroeconómica debe preocuparse por el avance social. Ayudar,
sobre todo, a los más necesitados. Así he asumido mi trabajo. La reducción de
la pobreza fue una de las grandes conquistas del gobierno Santos. En el 2010,
más del 12 por ciento de las personas en Colombia no tenían un ingreso
suficiente para comer. Hoy es el 7 por ciento. Eso quiere decir que hay 1
millón 900.000 personas que en el 2010 pasaban hambre y ahora no. La pobreza de
vivir en una casa sin piso de concreto o sin servicios públicos, no tener
acceso a la educación, o no contar con trabajo, la llamada pobreza
multidimensional, bajó de 30 por ciento de la población a 17 por ciento. Eso
significa que hoy tenemos 5'400.000 personas menos en esta situación.
¿Y cuáles son las cifras que su ministerio entrega sobre
desigualdad?
Teníamos un nivel de desigualdad en el 2010 equivalente al de un país como
Mozambique y dejamos la desigualdad en un nivel similar al de Panamá. Somos el
país en América Latina donde más cayó la desigualdad, y esto no se hubiera
podido dar si no hubiéramos tenido una generación de empleo importante: 3
millones y medio de empleos nuevos, de los cuales 2 millones y medio son
formales. Por primera vez en la historia hay más empleados formales que
informales.
¿Cuál es el cuadro económico que entrega?
Dejamos una economía que en el 2010 tenía una tasa de desempleo que estaba en
el 12 por ciento y queda cerca de 9 por ciento; una economía que en el 2010
recibía 6.430 millones de dólares de inversión extranjera y este año va a
recibir cerca de 14.000 millones de dólares, más del doble. Una economía que en
el 2009 hizo emisiones de bonos en dólares que pagaba una tasa de interés anual
de 7,4 por ciento, mientras que el año pasado pagamos 3,8 por ciento, y en el
2013 logramos la tasa más baja de la historia: 2,7 por ciento. Eso refleja la
confianza en la economía. En el 2010 teníamos una economía que daba absoluta
prioridad en el presupuesto a Defensa, es decir la economía de un país en
guerra, y hoy es una economía que prioriza la inversión social y la
infraestructura.
¿En materia de crecimiento, no fue mejor el del gobierno anterior?
El crecimiento promedio del 2010 a hoy ha sido 4 por ciento, el crecimiento
promedio de la década anterior fue 3,9 por ciento; la inversión promedio en lo
que va de esta década ha sido 28 por ciento del PIB, en la década anterior fue
20 por ciento. Entonces los tres huevitos se crecieron: la confianza
inversionista es mucho mayor ahora y logramos disminuir la pobreza y la
desigualdad más que cualquier otro país de América Latina.
¿Y los indicadores de seguridad del país?
Por primera vez vivimos en paz tanto en el campo como en las ciudades. No hay
guerrilla de las Farc. Entregaron las armas y ahora son un partido político.
Los homicidios cayeron a 24 por cada 100.000 habitantes; ese es el nivel que el
país tuvo por última vez en 1973. Es decir, todos los colombianos menores de 45
años nunca habían vivido en un país tan seguro.
Pero, en el aspecto puramente económico, la deuda externa siguió
creciendo...
Eso hay que explicarlo bien, pues en un dato que es fácil de malinterpretar. La
deuda externa creció, en muy buena parte, por cuenta del sector privado; ¿por
qué? Porque el sector privado colombiano se internacionalizó. Muchas empresas
lograron mejores calificaciones externas y tuvieron acceso al financiamiento
externo en condiciones muy favorables. Esto significa que empresas privadas
(como los bancos, cementeras, supermercados, industrias de alimentos, entre
otros) y públicas, como Ecopetrol, ISA y EPM, se convirtieron en verdaderas
multilatinas al invertir grandes cantidades de recursos en Colombia y en el
exterior. El 70 por ciento del incremento del endeudamiento externo viene por
cuenta de estas empresas. Solo el 30 por ciento es del Gobierno.
Pero la deuda pública creció...
Sí, señor. La deuda del Gobierno hay que medirla en proporción al tamaño de la
economía. En el 2010 era 36 por ciento del PIB. El año pasado fue 43 por ciento
del PIB.
¿Por qué subió?
Por dos razones. Primero, porque la que se debe en dólares, una tercera parte,
al expresarla en pesos se subió en un 70 por ciento, después de la devaluación.
Esto explica el 60 por ciento del incremento en la deuda pública como
porcentaje del PIB. Segundo, porque el país ha tenido un déficit fiscal que
incrementa el endeudamiento. El déficit fue cercano al 4 por ciento del PIB en
el 2009 y el 2010, lo bajamos a 2,3 por ciento del PIB en el 2012 y el 2013, y
lo vamos a dejar en 3,1 por ciento del PIB este año.
¿El Gobierno entrega un país endeudado?
No, deja un país completamente viable, con las finanzas públicas sostenibles,
con una deuda completamente razonable. No nos excedimos en materia de déficit
fiscal, nos autoimpusimos una norma, que es la regla fiscal, la cual definió el
máximo déficit que podía tener el Gobierno, y la cumplimos cabalmente.
El presidente electo, Iván Duque, ha anunciado la presentación de
un proyecto de ley para bajar impuestos... ¿Eso es posible?
El país no puede darse el lujo de perder ingresos fiscales. No hay espacio para
eso. Todo lo contrario, para resolver los problemas sociales y acelerar el
desarrollo se requieren más recursos. Por eso, si el nuevo gobierno piensa
bajar tarifas debe pensar en compensar con otras fuentes.
Pero él ha dicho que lo hará eliminando gastos
innecesarios... Fue el expresidente Uribe quien, precisamente, dijo alguna vez que
este era un gobierno 'gastón'...
Este gobierno gasta hoy menos de lo que gastaba el gobierno Uribe en el 2009.
Este año tendrá un gasto de funcionamiento e inversión de 15,3 por ciento del
PIB; en el 2009 estos gastos del Gobierno fueron de 16,4 por ciento del PIB, o
sea, en proporción al tamaño de la economía este es un gobierno que gasta
menos, lo que pasa es que lo tiene más focalizado en programas sociales.
¿Pero será posible o no bajar el gasto público...?
Retomemos el tema de los impuestos. Bajar la tarifa de cualquier impuesto
cuesta billones en recaudo, no miles de millones. Para compensar habría que
recortar el gasto en billones también, lo cual no se logra suprimiendo o
fusionando entidades. Nosotros redujimos el gasto, pero no tocamos los programas
sociales.
Con el estado de la economía actual, ¿cree indispensable que el
gobierno Duque presente una reforma tributaria?
Depende de lo que establezca como prioridad. Pero debe tener en cuenta que el
estatuto actual es mucho mejor al que había. Y le voy a decir por qué: porque
las medidas antievasión, que son de las que ha hablado el nuevo gobierno, como
la factura electrónica, para que haya menos evasión de IVA, depuración de las
entidades sin ánimo de lucro que estaban abusando y topes al uso de efectivo
para deducir gastos en declaraciones de impuestos, los introdujimos en la
reforma del 2016. La más potente de todas es la factura electrónica, que será
obligatoria para todos los contribuyentes a partir del 1.° de enero del
2019.
Usted acaba de anunciar reformas a Electricaribe. Para que tenga
un nuevo operador, se debe modificar la limitación que impide que una empresa
maneje más del 25 por ciento del mercado...
El Gobierno está dispuesto a eliminar esta restricción. Ya hablamos con la Creg
porque nos interesa que empresas como Codensa en Bogotá o EPM en Medellín, que
son muy buenas y están cerca de ese tope, puedan entrar en la puja por
Electricaribe. Además, el Gobierno acaba de aprobar $ 735.000 millones para que
Electricaribe desarrolle un ambicioso plan de inversión en los próximos 12
meses para mejorar la calidad en la prestación del servicio. Eso ya hace
atractiva a la empresa para que venga un nuevo operador.
Entonces, en resumen: ¿Ni el Gobierno deja la economía con la
necesidad urgente de una reforma tributaria, ni deja la olla raspada...?
No. Vamos a dejar la casa en orden. Presentaremos un presupuesto para el 2019
que cumpla con la regla fiscal y que permita hacer inversiones en montos
similares a los de este año. No hay olla raspada, pero tampoco hay abundancia.
Los sectores van a pedir más recursos de los que hay disponibles. Hay retos en
sectores clave como educación y salud, cuyos gastos crecen a tasas más altas
que las de los ingresos de la Nación, pero vamos a ser absolutamente francos
con el nuevo gobierno tanto en la identificación de los problemas como de las
soluciones. Por ejemplo, para mejorar el financiamiento de estos dos sectores,
vemos indispensable reformar la Ley 715, que regula el sistema general de
participaciones.
¿Y las vigencias futuras que este gobierno ya comprometió?
Estamos dejando 92 billones de pesos en vigencias futuras que deberán ser
pagadas en los próximos 30 años. De esto, un 80 por ciento corresponde al
programa 4G y al metro de Bogotá. Estos compromisos equivalen al 9,3 por ciento
del PIB de este año. El gobierno Pastrana dejó vigencias futuras por el 9,5 por
ciento del PIB del 2002 y Uribe por el 7,1 por ciento del 2010. Pero la
diferencia es que antes el grueso las debía pagar el siguiente gobierno. Ahora
no, pues se distribuyen en un plazo mucho más largo. Por ejemplo, lo que tendrá
que pagar el próximo gobierno es menos de la mitad de lo que recibió el
gobierno Santos en el 2010 para pagar en su primer mandato.
¿Qué economía le entrega el gobierno actual al gobierno entrante?
Una economía en franca recuperación después de un choque fuerte. Una economía
con la inflación totalmente controlada, con un déficit externo que volvió a los
niveles que teníamos al comienzo de esta década y con un crecimiento económico
cuyas proyecciones son todas muy positivas. El Banco de la República está
hablando que el año próximo creceremos al 3,7 por ciento.
Es decir, el gobierno próximo lo que debe hacer es continuar el
camino...
Continuar el camino y seguir aplicando la dosis de austeridad inteligente, que
es recortar el gasto sin afectar los programas sociales. ¿De dónde deben venir
ingresos adicionales? Coincido plenamente que no va a ser a través de más
impuestos, tiene que ser a través de la lucha contra la evasión, ahí le dejamos
a la Dian con unas herramientas realmente importantes para combatirla. Creamos
un incentivo para que las personas con bienes en el exterior, normalizaran sus
impuestos y obviamente nos ayudó Estados Unidos, que hoy intercambia esa información
con Colombia. Aprovecho para decir que Panamá nos está incumpliendo, no nos
está entregando la información a pesar de que es un compromiso que había
adquirido con la Ocde, para evitarse unas sanciones de la Unión Europea. Están
dilatando y dan todo tipo de evasivas para no entregar la información a la que
se comprometieron formalmente y que se debe suministrar de manera automática a
partir de este año 2018.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO