“NADA SE HARÁ, QUE NO ACEPTEN FISCALÍA Y JUECES”

¿Qué tan posible es alcanzar la paz total, cuando no se trata sólo de acordarla con movimientos políticos alzados en armas, sino con bandas dedicadas al crimen y al narcotráfico? El gobierno acaba de presentar su propuesta sobre sometimiento de esas organizaciones. El comisionado para la paz, Danilo Rueda, fue uno de los co-autores del proyecto que se llama oficialmente "de sujeción y desmantelamiento"

Invité al comisionado Rueda, a hablar y explicar el tema para EL TIEMPO. Pero, en desarrollo de nuestro diálogo, sorpresivamente reveló que su seguridad ha descubierto "seguimientos y movimientos sospechosos" contra él.

En el comienzo de la entrevista Rueda, teólogo, comunicador social y defensor de los derechos humanos, responde la siguiente pregunta:

La opinión ha visto con sorpresa que la pena de cárcel que se aplicaría a bandas criminales y narcotraficantes sería de 6 a 8 años...

Tomamos lo que propuso Alvaro Uribe en su gobierno, a través de la Ley 975; el máximo de cárcel era de ocho años. Estamos tomando esa referencia. Son ocho años de privación de la libertad y cuatro años adicionales de vigilancia de un ejercicio de restauración de los daños causados. También se establece la opción de la pérdida de esa sustitución de la pena por incumplimiento o por la mentira.

¿La ley también favorecería a quienes están detenidos con sentencia dictada?

Quienes estando privados de la libertad decidan sujetarse mediante esta ley, podrán hacerlo previo cumplimiento de los requisitos para acceder al tratamiento penal establecido, esto quiere decir que deberán aportar a la reparación de las victimas, al desmantelamiento de la estructura criminal, aportar verdad, entregar bienes y en general cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Es importante comprender, que las personas privadas de la libertad pueden seguir siendo un referente para estas estructuras y por lo tanto su participación en las conversaciones es fundamental. Pueden ser personas con medida de aseguramiento, frente a quienes aun no hay sentencia y por la vía de esta ley también pueden entregar información de una manera mas ágil con respecto a sus responsabilidades, y en el caso de que estén condenados también es importante considerar que la verdad procesal puede ser limitada y el hecho de que se acojan a esta ley, va a garantizar una entrega completa de información, no solo frente a sus casos concretos, puesto que también entregaran información que sirva para el desmantelamiento de las estructuras y sus redes de apoyo.

¿Es cierto, entonces, que la ley, si es aprobada, supondrá una rebaja de penas a quienes están condenados por ese delito?

No es una rebaja de penas, en todos los casos lo que opera es una sustitución de la pena a cambio de una colaboración efectiva para el desmantelamiento de las estructuras criminales, y para reparación con garantías de no repetición.

Estas personas pueden ser referentes para las estructuras, también pueden tener información adicional que no han entregado y es por esta razón que su participación en el proceso es fundamental.

En consecuencia, la respuesta es sí. Es decir, ¿la ley se podrá aplicar a bandas criminales cuyos integrantes ya han sido sentenciados....?

Sí, en tanto cumplan con los requisitos establecidos en la ley, lo cual será verificado por la Fiscalía General de la Nación.

¿No habrá ningún tipo de favorabilidad para quienes han sido extraditados?

La ley no se refiere a los asuntos relacionados con la extradición.

¿Con quién negocia un narcotraficante para beneficiarse de la ley?

Estamos hablando de estructuras criminales de alto impacto, que han ejercido control sobre amplios territorios en el país, lo que buscamos es que estas estructuras se desmonten, que sus miembros se reintegren a la vida civil, que las victimas sean reparadas y que las comunidades puedan vivir en paz. Si los miembros de estas estructuras, desean sujetarse a la ley y aportar en la consecución de estos objetivos, tienen que iniciar un proceso de varias fases contempladas en esta ley, siendo la primera de ellas , el acercamiento y conversaciones, esta fase la lidera la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; posteriormente le corresponde actuar en derecho a la Fiscalía y el sistema judicial en su conjunto.

¿Pero entonces, la aplicación de la nueva ley quedará sólo en manos de fiscalía?

La implementación del procedimiento de sujeción y sustitución de las penas corresponde a la Fiscalía y a los jueces de la república, quienes aplicarán la ley en cada caso concreto.

Mejor dicho, la negociación la hará la Fiscalía, ¿pero la decisión lo tomará el juez?

Aclaro: no se trata de una negociación, el gobierno realiza acercamientos, promueve la sujeción, pero la acusación y la verificación la realiza la Fiscalía de acuerdo a sus competencias, mientras que la sentencia la impone el juez.

¿Cómo se podrá confirmar que los bienes que denuncian quienes aspiran al beneficio de la ley son realmente los que poseen?

Hay mucha información en todas las entidades del Poder Ejecutivo. Incluso las informaciones que logramos obtener de otros países serán valiosas e importantes. Pero, adicionalmente, una manifestación clara de disposición a un tránsito al Estado de derecho es la verdad. Si no hay verdad, no hay acuerdo.

¿Y cómo se evita que haya "colados"?

Hay una intervención muy importante de toda la inteligencia institucional del Estado. Así se proveerá la información que se requiera para que luego la misma Fiscalía, con su cuerpo Técnico de Investigaciones, verifique, confirme, profundice.

Sobre esta ley de sujeción o sometimiento, el fiscal general dijo lo siguiente en una entrevista con el diario El Colombiano: "Me parece muy bien que haya sometimiento a la justicia con narcotraficantes, si con estos sometimientos se hacen justicia retributiva, es decir, en cárcel, con garantías de no repetición con verdad y que no haya elegibilidad política y sin garantías de nuestra decisión.

Totalmente de acuerdo.

Ha dicho también que la única alternativa es cárcel efectiva intramuros...

Totalmente de acuerdo.

Usted hizo esta semana una denuncia sobre la existencia de una red de abogados que ofrece beneficios a miembros de Bacrim....

La información que he recibido es que se ha usado el nombre del presidente y el nombre de la Oficina de Paz para sostener que hay un compromiso de no extradición, de excarcelaciones y para eso cobrarían sumas de dinero . Incluso se ha dicho que todo esto cuenta con mi aval, lo cual es absolutamente falso.

Han surgido en algunos sectores ataques personales contra usted...

Es evidente que hay una serie de cuestionamientos sin fundamentación, que ponen en duda mi honestidad; irrespetan lo que yo he sido y lo que he construido.

Lo acusan, por ejemplo, de hacer promesas a delincuentes...

Si. Yo nunca he prometido a nadie libertades o beneficios que desconozcan el Estado de Derecho, nunca le he dicho a nadie que no lo van a extraditar. Nunca.

Usted ha hecho contactos con bandas criminales y de narcotraficantes. Para conocer, ¿su opinión sobre el proyecto de sometimiento?

Hemos pasado seis meses observando la voluntad de grupos que tienen estas características. En Buenaventura, Quibdó, Medellín. Hay unos atisbos de acercamiento en Barranquilla y también de otros grupos que operan en las regiones rurales. Se trata de iniciar una pedagogía sobre la ley.

Usted dijo en su declaración esto: "Intentarán detenernos a toda costa". ¿Teme por su vida?

Temo lo normal sobre la vida. El grupo que me apoya en materia de protección ha verificado en las últimas semanas seguimientos a través de algunos automotores y movimientos sospechosos. Pero no pierdo el sueño ni los sueños. Lo que me desvela es la distorsión que se haga de la construcción del gran sueño de la paz para Colombia. Yo estoy obrando en conciencia.

Y que piensa hacer ante estas amenazas?

Ghandi dijo alguna vez lo siguiente: "Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden. Las águilas vuelan mas alto".

El presidente ha delegado una responsabilidad muy importante en sus manos...

No son mis manos. Son muchas manos. Manos de comunidades que hoy siguen padeciendo la violencia. Manos de jóvenes, las mujeres y los niños. Ellos son el corazón de la paz, de esta paz total del presidente Petro.

Usted denuncia injurias contra usted, denuncia falacias contra usted, denuncia maniobras contra la paz y ahora denuncia que hay indicios de atentar contra su vida y, sin embargo, ¿va a continuar?

Claro. Pero yo persisto. Porque no soy yo, es la gente. La gente que quiere la paz, la que está tejiendo y construyendo y afirmando este derecho sagrado a la paz.

¿Pero quienes podrían estar intentando atentar contra su vida?.

Los amigos de la guerra, pero se enfrentan con la verdad y se enfrentan con la fuerza ciudadana, la fuerza social, la fuerza de quienes han sido y siguen siendo las víctimas y siguen siendo las víctimas en este país. Ellos son la fuerza ética que nos lleva a tener la certeza de que podemos lograr buenos resultados no solamente para la muerte violenta, la tortura y la desaparición, sino para el ejercicio pleno de las libertades. Poder lograr las transformaciones que requiere el país.

Mire señor comisionado: cualquier persona no colombiana que no conozca muy en detalle la situación del país, pero que tenga información sobre el proyecto de sometimiento de Bacrim y narcos, no podría considerar muy débil la sanción a bandas y crean que Colombia corre el riesgo de convertirse en un narcoestado...

No, yo creo e insisto que hay que reconocer el país que tenemos. ¿Qué país tenemos? Un país con un Estado de Derecho, con unas instituciones, que tiene muchos micro países con estados de hecho. Y que hay economías ilegales vinculadas al tráfico de drogas. Se han ensayado diversas fórmulas represivas. ¿Cuántos muertos más esperamos? ¿Se ha resuelto el problema? ¿Hay un Estado democrático, social y ambiental de derecho en toda Colombia? No. No. No. Y por eso lo que estamos haciendo es darnos la oportunidad de reconstruir el Estado de Derecho en nuestro país y un nuevo proyecto de nación.

Usted, como Comisionado de Paz, y como coautor del proyecto, ¿está decidido a escuchar al fiscal todos los reparos que tenga contra el proyecto y está decidido también a acoger las observaciones que él haga contra el proyecto?

Este ha sido un esfuerzo conjunto realizado entre el senador Ivan Cepeda, el senador Roy Barreras, el Ministerio de Justicia, recogiendo aportes importantísimos del ICJT (Centro internacional para la justicia transicional) y al que se han sumado los representantes Alirio Uribe y Ariel Avila. De eso se trata. En una democracia esto no es una imposición y todos tenemos que cumplir una misión. Lo importante, es, además del diálogo, comprender el momento y la realidad que vive nuestro país. Hay que ir a las ciudades, remotas de Colombia y observar y constatar quién controla, quién define el modo de vida, quién define los sueños de la población. Y eso significa que haya estados de hecho en medio del Estado de derecho. Infortunadamente.

No se hará nada que contradiga a la Fiscalía, nada contra los jueces....

Por supuesto que no. El proyecto se basa en lo existente para el desmantelamiento de la criminalidad. Es un proceso y esta es una parte de ese proceso que será fundamental todos deben opinar, transformar y consensuar. Todo se centra en las víctimas y en la rendición de cuentas, que es necesaria que el país y la sociedad conozca para que, a partir de la verdad, nunca más niños y jóvenes sigan en la criminalidad como única posibilidad de la vida.