Minjusticia anuncia proyecto para regular detenciones preventivas

Una fórmula que seguramente va a provocar polémica, pero que podría ser una primera gran reforma de la justicia, será presentada ante el Congreso por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el fiscal general, Eduardo Montealegre: la reducción drástica de las detenciones preventivas.

Al hacerle el anuncio a EL TIEMPO, Reyes también reveló que el sistema penal acusatorio, que está fallando, será sometido a cirugía, en la que los dos operadores ‘quirúrgicos’ serán también Ministro y Fiscal.

Reyes, quien se especializó en derecho penal y criminología, y es magíster en ciencias penales, inicia su diálogo explicando cómo va a mejorar la eficiencia de la justicia.

“De varias maneras. Por ejemplo: la mitad de las audiencias del sistema penal se aplazan porque hay conflictos de agenda. Es decir, cuando fijan fecha para una audiencia, esa fecha queda reservada. Y los abogados pueden alegar conflictos de agenda, porque se les cruza con otras diligencias para no comparecer, provocando un aplazamiento de la audiencia por lapsos hasta de ocho meses o más. Vamos a organizar de tal manera que nunca los abogados puedan alegar esos conflictos”.

¿Se trata del comienzo de los ajustes al sistema oral?

Sí. Hay que hacerle cirugía, y estamos trabajando con la Fiscalía en un proyecto de ley para arreglar varios de los problemas que tiene el sistema. En la práctica, cambiamos un sistema que era escrito por un sistema donde se lee lo escrito. No cambiamos en universidades la forma de enseñar el derecho. Seguimos enseñando para un procedimiento escrito, y eso explica lo que sucede actualmente: el procedimiento oral se está reduciendo a leer escritos.

Conclusión: ¿el sistema oral no funciona?

Sí funciona, pero tiene fallas.

¿Y graves?

Sí, pero no se puede decir que el sistema anterior era más eficiente. El sistema nuevo es mejor, aun cuando tiene fallas que se deben corregir para impedir que colapse. Vamos a omitir la lectura en las audiencias.

Reitero mi pregunta: ¿fracasó el sistema oral?

No, porque el sistema acusatorio no es solamente oralidad. Es una concepción distinta, que supone dos partes en el proceso –acusación y defensa– y un juez, que es el fiel de la balanza y decide. Eso se mantiene. Lo que sí se va a reformar es la audiencia de imputación de cargos, que será eliminada.

¿Y cómo sabe el sindicado de qué lo acusan?

Por escrito. Eso demora cinco minutos. Hoy la imputación dura semanas, porque se pervirtió su funcionamiento.

¿La solución para el sistema acusatorio no es sepultarlo sino llevarlo a la clínica?

Exactamente, a una cirugía relativamente rápida.

¿Que requerirá leyes?

Sí, una, que estamos estudiando con la Fiscalía y que está orientada a eliminar las trabas sin desvirtuar la esencia del sistema.

Es decir, ¿razón tenía su antecesor, Alfonso Gómez Méndez, en las críticas al sistema penal acusatorio?

Las diferencias eran más de matices, porque el Fiscal es consciente de las fallas que tiene el sistema. Tan consciente que está trabajando en un proyecto de ley para modificarlo. Lo que el doctor Gómez siempre dijo es que había que reformar el sistema. No eliminarlo. La reforma se presentará este año.

El código general del proceso, básico en el sistema, no existe todavía…

Así es. Pero vamos a hacer lo siguiente: casi todas las normas de ese código se pueden poner en vigencia hoy, porque la gran mayoría de esas normas no requieren implementación tecnológica ni recursos. No queremos esperar hasta que todo esté completo, como propone el Consejo Superior de la Judicatura. En eso hemos perdido varios años. El código se puede poner a funcionar en todo lo que no necesite dinero, y para lo que haga falta vamos a presentar un proyecto de ley que busque recursos adicionales para la Rama Judicial. Un ejemplo: todos los depósitos judiciales, cauciones y multas van hoy a una cuenta del Banco Agrario. De ese dinero, la Rama Judicial percibe el 0,5 por ciento. Vamos a proponer que esa tasa sea mucho más alta, acorde con las que el mercado paga a los ahorradores por depósitos de alto valor y a largo término. Pero, además, tenemos otra fuga de dinero muy grande: las indemnizaciones por detenciones preventivas injustas.

¿Demandan indemnizaciones?

Sí. Hoy en día hay cerca de 18.000 personas están demandando al Estado porque los detuvieron preventivamente sin razón suficiente. Si se determina que esas detenciones fueron injustas, esas pretensiones pueden costarnos 23 billones de pesos. Si logramos racionalizar la detención preventiva y dejarla solamente para los casos en que sea estrictamente necesario, podemos ahorrarnos esos recursos.

¿Quiénes se equivocan: los fiscales que las piden o los jueces que las conceden?

El sistema tiene fallas en todos sus estamentos. Los jueces, los fiscales, los medios y la opinión pública contribuyen a la construcción errada de esta figura.

¿En qué sentido?

La detención preventiva tiene como finalidad impedir que el sindicado escape, que siga delinquiendo o que pueda alterar las pruebas. El Código de Procedimiento Penal consagra once formas distintas de conseguir esa finalidad. Una de ellas es la detención preventiva, y es la que usamos en casi todos los casos; pero hay diez opciones más, por ejemplo, retirar el pasaporte, establecer presentaciones periódicas a una autoridad, prohibirle salir de determinada área, vigilancia electrónica. Y nos estamos yendo por la más drástica: la detención preventiva.

¿Y la solución?

En pocas semanas presentaremos un proyecto de ley en el que se establece que la detención solo se puede ordenar en los casos estrictamente necesarios. Cualquier falla que se pueda corregir en este tema tiene un doble impacto en la justicia: nos ahorra muchísimo dinero y deja cupos libres en las cárceles, para terminar con el hacinamiento. Tenemos cupos carcelarios para todos los condenados que hay en Colombia, y nos sobrarían 2.000 cupos. Las cárceles se desbordan cuando se suman los 40.000 sindicados que están presos, sin sentencia.

¿El Estado está obligado a pagar por el error de fiscales y jueces?

Eso lo deben determinar los jueces. Hasta ahora, el Consejo de Estado ha dicho que esa es una responsabilidad objetiva, es decir, basta con que realmente se demuestre que hubo un error en la detención para que el Estado responda.

Entonces, ¿van a condenar al Estado?

Es probable que nos condenen en esos procesos en curso y tengamos que pagar 23 billones de pesos, que es muchísimo más de lo que necesita hoy la Rama Judicial.

¿Y entonces?

Los fallos judiciales, cualquiera sea su decisión, habrá que cumplirlos. Pero tenemos que trabajar a futuro para evitar el desangre de los recursos.

¿El proyecto no es un poco permisivo con el delito?

No. La detención preventiva no es una pena. Es una restricción de la libertad mientras la persona, que se presume inocente, es procesada. Si se aplicara estrictamente la presunción de inocencia, que consagra la Constitución, no va nadie a la cárcel hasta cuando haya una sentencia condenatoria. Pero la presunción de inocencia tiene un límite: cuando se hace necesario impedir a futuro que esa persona cometa más delitos, se fugue o altere las pruebas, se puede detener al investigado; pero fíjese que no se lo detiene por el delito que cometió, sino para prevenir su conducta desviada a futuro.

¿Las demandas son todas de personas absueltas?

Sí, que ya salieron libres. Unas 18.000 personas alegan que fueron injustamente detenidas y nos demandaron.

¿El proyecto que anuncia y los demás que ya presentó son reforma de la justicia?

Todos están dirigidos a hacer una gran reforma, que tiene como finalidad principal mejorar la interacción del ciudadano con la administración de justicia. Que la justicia le resuelva lo más rápidamente posible sus problemas.

¿Usted se cree capaz de hacer ese milagro?

Aunque parezca algo inalcanzable, pequeños ajustes alcanzarán enormes transformaciones. Es una gran reforma de la justicia sin cambios constitucionales.

El solo hecho de presentar una denuncia es un caos…

Sí. El 72 por ciento de la población bogotana no denuncia los delitos por física falta de tiempo. Nadie quiere gastar seis horas denunciando el robo de un celular.

¿Eso por qué ocurre?

Trámites y lejanía. Vamos a acercar las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía al ciudadano para facilitarle la presentación de denuncias. Vamos a zonificar la justicia para que las personas tengan cerca la oferta de administración de justicia y ayuda tecnológica para interactuar con la administración de justicia.

‘Sustancia que no esté permitida estará prohibida’

Aun cuando el consumo de drogas sintéticas no es porcentualmente todavía muy alto, sí es un tema muy preocupante. Es el consumo más alto en la región Andina. Cerca del 1 por ciento de nuestra población ya las ha consumido y el 3 por ciento ha probado el éxtasis. Es una tendencia mundial. Es el segundo mayor consumo tras la marihuana.

¿Colombia las produce?

No. China, México y Holanda son los principales productores. Cada seis días hay una nueva droga sintética, y eso hace muy difícil detectarlas e incautarlas. Las posibilidades de combinaciones químicas para producir esas sustancias son casi infinitas. En Colombia tenemos un inconveniente adicional: las adulteran. Analizamos 340 muestras de éxtasis y solo el 5 por ciento eran puras. El resto eran mezclas de otras sustancias muchísimo más nocivas.

¿Cuáles son las drogas sintéticas?

Las más comunes en el mundo son las anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis, que incluso están desplazando a las drogas naturales, marihuana, coca y amapola.

¿Cómo piensan combatir la comercialización?

Hay países que decidieron que las sustancias que no están legalmente permitidas estén prohibidas. Eso es lo que seguramente haremos.

¿Usted es partidario de que eso sea así?

Sí, es la más propuesta más factible.

‘Paro no se justifica’

Este es un tema entre empleado y empleador. Lo tendrán que resolver con la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura. Este último es el que recibe un presupuesto anual que debe administrar bien. No somos los superiores de los jueces, ni del Consejo de la Judicatura, ni de la Fiscalía para decir cómo lo deben administrar. Un gran porcentaje de los empleados de la rama considera que no hay razón alguna para privar a los colombianos del servicio esencial de la justicia. El Gobierno ha cumplido sus compromisos. Hay muchísimos jueces y fiscales que sí quieren trabajar, pero por unos pocos, que ilegalmente impiden el acceso a los edificios, se traumatiza todo el sistema. Los servicios públicos esenciales, como la justicia, no se deben interrumpir por ningún motivo. En un país donde los ciudadanos se quejan de la impunidad, es inconcebible que haya gente de la Rama Judicial que cese en sus funciones y, lo que es más grave, que les impida cumplirlas a quienes sí quieren hacerlo.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO