Ministro de Justicia defiende ley para la paz total y beneficios a sentenciados

El gobierno y la fiscalía general llegaron a un acuerdo sobre las condiciones de sometimiento a la justicia de bandas criminales y narcotraficantes. El ministro Néstor Osuna revela en dialogo con este cronista para EL TIEMPO, que las observaciones del fiscal, Francisco Barbosa al proyecto de "sujeción y desmantelamiento" de estructuras criminales de alto impacto "son atinadas" . El ministro Osuna, sin embargo, se aparta del argumento del fiscal sobre eventuales acuerdos con criminales ya sentenciados, en el sentido de que a pesar de ser cosa juzgada, puede prevalecer el principio de favorabilidad, ante los beneficios que pueden significar sus confesiones. Y sobre el caso de Ivan Márquez, y la "Segunda Marquetalia", considera que "dejar por fuera del proceso de paz a un grupo armado es "sembrar la semilla de la próxima guerra" 

Usted, señor Ministro, sostuvo una reunión el jueves pasado con el señor fiscal general de la nación. ¿Cuáles fueron las conclusiones? 

Pusimos en práctica, en la vida real, el principio constitucional de colaboración armónica entre poderes. Analizamos conjuntamente las observaciones que la Fiscalía General de la Nación tiene sobre el proyecto de ley de desmantelamiento de estructuras criminales. Le afirmo sin temor a equivocarme que fue evidente la coincidencia de ambos en el respeto y protección al estado de derecho, nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y la decisión común de hacer todos los esfuerzos institucionales y humanos para consolidar la paz. 

¿En esa reunión quedaron superadas las 9 objeciones que el fiscal enumeró al sometimiento para lograr la paz total?

Esas observaciones me parecieron todas atinadas y se incorporarán al proyecto antes de que inicie su discusión en el Congreso .

¿Cuáles son, concretamente, las observaciones que fueron aceptadas por usted y que serán incorporadas al proyecto?

Analizamos todas las observaciones que él había planteado en público y mi convicción es que son producto de su experiencia como Fiscal General y de válidos argumentos jurídicos. La idea, por ejemplo, de no encasillar los trámites en una unidad específica de la Fiscalía, o de ampliar los términos procesales propuestos inicialmente, enriquecen y mejoran el proyecto.

¿Hay observaciones que supongan la eliminación de algunos artículos?

En realidad no habría necesidad de eliminar artículos, sino un par de cambios en la redacción. Por ejemplo, en el caso de la observación hecha sobre la verificación de los listados por parte de la Fiscalía General, tendríamos que modificar el aparte del artículo donde se especifica que el ente acusador es el que verificará quiénes son integrantes de la estructura.

Otra gran objeción que se ha hecho es la de que, la ley no puede modificar condenas ya dictadas. El comisionado para la paz Danilo Rueda ha dicho que sí se podrán beneficiar en la medida en que se sometan a la ley y que los penalizados son la mejor fuente de información sobre bacrim y narcotráfico....

Es evidente que hay dos situaciones diferentes: aquella en la que se encuentran quienes desde la ilegalidad se acojan a esta ley , si ella resulta aprobada, y por tanto abandonen las actividades criminales que aún hoy desarrollan, frente a la de quienes fueron ya fueron capturados, juzgados y condenados por las autoridades mediante la aplicación de la legislación vigente. El proyecto contiene un trato diferenciado frente a esas dos situaciones y propone una fórmula para conciliar los mandatos constitucionales de lograr la paz y respetar la cosa juzgada, así como los principios propios del derecho penal. El Congreso de la República determinará, si esa propuesta, que a mi criterio es generosa, resulta satisfactoria para la sociedad.

¿Su respuesta supone que sí habrá algún beneficio para quienes están privados de libertad con sentencia ya dictada?

Sí. En los casos en que los miembros de la estructura ya sentenciados cumplan con las obligaciones de contribución a la verdad y colaboración a la justicia que le son exigibles a todos los miembros de la estructura criminal, el proyecto contempla que se les reducirá su tiempo de privación de libertad, aunque deberán cumplir con los cuatro años de libertad vigilada para actividades restaurativas.

Y entonces, ¿Cómo se respeta el principio de cosa juzgada?

El principio de cosa juzgada puede ceder en algunos casos. Por ejemplo, cuando se aplica el principio de favorabilidad. Este es un claro ejemplo de aplicación del principio de favorabilidad pues, a cambio de que los miembros sentenciados colaboren con la justicia y desmantelen organizaciones, se les ofrece un trato jurídico más favorable.

Abogados de extraditables y narcotraficantes han advertido que el proyecto no sirve si no suspenden las extradiciones....

El proyecto de ley contiene la oferta que le hace el Estado a los miembros de esas estructuras criminales, pero evidentemente no le da gusto a todas las pretensiones que puedan tener esas personas. Es una propuesta de un trato penal benigno a cambio de que abandonen sus actividades delictivas, asuman su responsabilidad penal, reparen a las víctimas y entreguen los bienes que obtuvieron ilícitamente. En el proyecto no hay ninguna modificación al régimen vigente sobre extradiciones. En esa materia, seguirá aplicándose lo que hoy está vigente.

¿Qué conoce de supuestos ofrecimientos económicos de narcotraficantes para obtener cupos en la paz total... ?

Conozco algunas informaciones de prensa, pero no tengo ninguna evidencia al respecto ni he recibido ninguna denuncia sobre el particular. Eso sí, en el proyecto de ley hemos incluido varias previsiones para evitar cualquier uso indebido de la oferta que le hace el Estado a las estructuras criminales que se sometan a esa ley y abandonen para siempre sus actividades criminales.

¿Qué opinión ha encontrado de parte de Estados Unidos?

Con las autoridades de los Estados Unidos tengo conversaciones frecuentes, fluidas y francas, en las que siempre constato que se trata de dos países amigos que se colaboran mutuamente en diversos asuntos.

Las autoridades de Estados Unidos han hecho que tipo de observaciones al proyecto de sometimiento?

Ellos conocen el proyecto, están al tanto y yo converso con ellos. Es evidente su disposición a colaborar en desmantelar las bandas criminales.

La comisión de alto nivel dijo el jueves pasado que la "segunda marquetalia es un grupo con el cual se pueden adelantar diálogos de carácter político. Otros sectores encabezados por el exjefe negociador de la paz Humberto de la Calle han dicho que no se le puede dar tratamiento político al grupo de Ivan Márquez o segunda marquetalia. ¿Cómo puede interpretarse semejante contradicción?

El Presidente de la República tiene atribuciones constitucionales suficientes para iniciar acercamientos o diálogos que puedan conducir a la paz, con la experiencia que nos dejan lecciones recientes, pero también con el mismo margen que han tenido gobiernos anteriores.

¿Pero usted considera que el jefe de la segunda marquetalia, Ivan Marquez, es disidente, como dicen unos, o desertor, como dicen otros?

Como parte de un Gobierno que le apuesta a la paz total, no sobredimensiono esa discusión que obviamente es jurídica y política, pero también semántica. Mi prioridad es encontrar fórmulas que le permitan al Presidente de la República avanzar en la construcción de paz en unas circunstancias que sabemos que son difíciles, pero que no nos pueden conducir a la parálisis.

¿Qué opina de quienes afirman que negociar con desertores equivale a violar lo establecido en los acuerdos de la habana?

Entiendo la frustración que sentimos todos frente a quienes firmaron la paz en el año 2016 y luego abandonaron ese proceso, pero dado que la vida continúa, considero que más allá de ese sentimiento, debe prevalecer la lección que nos deja la historia cuando nos indica que dejar por fuera de una posibilidad de paz a un grupo armado con pretensiones políticas es sembrar la semilla de la próxima guerra. De eso el país tiene varias y duras experiencias. Cuando se diseñan políticas de paz, es necesario mirar más hacia el futuro que se quiere construir, que hacia el pasado que nos llevó a la situación en la que nos encontramos.

Dentro del proceso de paz, el presidente Petro esta designando gestores de paz que están privados de la libertad. ¿Cuál es su opinión sobre estas designaciones?

Esa figura ha existido desde hace mucho tiempo y la han empleado varios gobiernos, con efectos útiles en distintos procesos de paz. A mi criterio es una buena herramienta para facilitar diálogos, acercamientos y negociaciones.

Dentro del mismo proceso de paz total, el presidente solicita el levantamiento de las órdenes de captura de 20 comandantes actuales de las disidencias de las farc entre quienes están activistas que han realizado atentados. ¿Cuál es su opinión?

Todo proceso de paz se hace con quienes han sido combatientes armados. Pensar en un acercamiento de paz que no tenga en cuenta a los protagonistas de la guerra es ingenuo. Dentro de los acercamientos y diálogos, ese tipo de medidas son necesarias y la experiencia indica que son útiles. Ahora bien, esas solicitudes están siempre sometidas al poder judicial; en los casos de solicitudes de levantamiento de órdenes de captura, la decisión final le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. El gobierno nacional respeta con rigor absoluto esas decisiones.

Usted ha dicho que durante su reunión el miércoles con el Eln se presentó el proyecto de ley sobre humanización de las cárceles. ¿hubo algún ofrecimiento para liberar a los presos del ELN?

Creo que mi comparecencia el miércoles en la mesa de negociación con el ELN fue útil para incrementar la confianza entre las partes negociadoras, para difundir las políticas del gobierno en materia penal y penitenciaria y para hacer algunos importantes análisis sobre la situación carcelaria del país, pero el tema de una liberación de miembros del ELN que actualmente estén privados de libertad no se trató. Es cierto, eso sí, que con antelación a esa comparecencia habíamos recibido la solicitud de alivio humanitario para varias personas del ELN que están en distintas cárceles del país. Manifesté en la mesa que la eventual sustitución de la prisión en cárcel por la domiciliaria por enfermedad corresponde a decisiones del poder judicial, pero también que más allá de las negociaciones políticas, la atención a la salud de las personas privadas de libertad es un asunto de alivio humanitario que por supuesto será atendido del mejor modo posible.

¿Usted como cree que avanzan los pasos para lograr la paz total?

Avanzamos con paso firme. Hay contratiempos, como siempre, pero tenemos claro el objetivo: vamos a consolidar la paz total y la seguridad humana. Frente a los diálogos con el ELN para el Gobierno es absolutamente prioritario lo que está ocurriendo y lo que vaya ocurrir en esta mesa, porque la búsqueda y la consecución de la paz es la justificación misma de este Gobierno.

¿Usted cree que se logrará la paz total?

Todos los esfuerzos que se puedan hacer dentro de la Constitución y la ley para conseguir la paz total valen la pena. Mi convicción es que el mandato constitucional de la paz, contenido en su artículo 22, encontrará en este gobierno su mayor posibilidad de aplicación.