Mininterior pide a los partidos depurar sus listas de candidatos

"Hay un plan para capturar el Estado y adueñarse de la contratación pública". Esa es la denuncia que hace la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al referirse a los problemas que enfrenta el Gobierno en el actual proceso electoral. No vacila en afirmar que hay un riesgo de "captura del Estado", que es notable en 130 municipios.

Colombia elegirá el próximo 27 de octubre todo el poder regional y hay más de 120.000 candidatos para ocupar los cargos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y juntas administradoras locales. La ministra Gutiérrez menciona también las dificultades en zonas de cultivo de coca y vías de transporte de cocaína.

Pide la ayuda de los partidos políticos para depurar las listas: "Hay dos grandes amenazas sobre el proceso electoral. Una, la actividad de las bandas del narcotráfico y de la extracción ilegal de minerales que quieren capturar entidades territoriales. La segunda son los carteles de corrupción, sectores que quieren imponer candidatos para adueñarse de la contratación pública. Todos quieren proteger sus actividades ilícitas".

¿Es posible adueñarse de la contratación pública?

El Gobierno y todos los organismos de control tienen en su poder dos mapas: el primero identifica los diferentes niveles de corrupción administrativa que hay en Colombia; y el segundo, las zonas críticas en donde los grupos armados organizados quieren con ilegalidad y delincuencia manejar el territorio.

¿Cuáles son las regiones donde el Gobierno halla la mayor intención de grupos ilegales de adueñarse de la contratación administrativa?

Las zonas que limitan con Venezuela, los Llanos Orientales, Arauca, Vichada, Meta, La Guajira.

¿Qué tiene que ver la contratación pública con las elecciones?

Las elecciones más trascendentales para el desempeño del país son las territoriales. Se prevé que serán cerca de 120.000 los candidatos para ocupar los cargos de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores. Controlar la financiación de 120.000 candidatos es una tarea gigantesca para el Estado, y una entidad sola no lo puede hacer. Por eso, hay que sumar la fuerza de todas las entidades del Estado, y aun así, tenemos todos los riesgos; los dos desafíos que hay son transparencia y seguridad, para los dos problemas, economías ilícitas y carteles de corrupción, que están distribuidos por todo el país y concentrados en áreas determinadas. Los departamentos con mayor riesgo, entre otros, son: Casanare, Meta, Guaviare, Boyacá, Vaupés y Nariño.

¿Dónde está el gran riesgo?

Está focalizado en 130 municipios del país, con un presupuesto público de 15 billones de pesos que está en riesgo por los temas de operaciones ilegales.

¿Cuáles son los municipios más afectados?

Los hay de todas las categorías, desde capitales hasta municipios de categoría seis.

¿Qué ocurre concretamente en esos municipios?

En esos 130 municipios hay combinación de riesgos de captura del Estado por grupos de mafiosos y carteles de corrupción; es el gran problema que vemos.

¿Captura del Estado?

Sí. Hay la intención de capturar el Estado ¿Quiénes? Pues grupos armados organizados o grupos de carteles de contratación pública, de manejo de tierras.

¿Y qué es lo que pretenden?

Financiar campañas o actuar con violencia, intimidar para quedarse o hacer elegir un candidato y dominar el territorio; por eso nació el Plan Ágora, que tiene la focalización sobre los 130 municipios amenazados. Aunque es una estrategia de alcance nacional, es el Gobierno, y son todas las entidades, la justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría General, los alcaldes y gobernadores, y es necesaria la participación de la gente a través de las denuncias y de los medios de comunicación.

Pero ¿en qué consiste la intención de corrupción administrativa?

Son mafias que hay en diferentes escalas, diferentes modalidades. Las organizaciones criminales están en varios niveles. Tristemente, en Colombia se ha generado una cultura de la ilegalidad, la cultura de lo fácil, de la plata fácil, del acceso fácil al poder y eso hace que se generen organizaciones, desde un municipio muy humilde hasta unas zonas completas, donde están identificadas las rutas de narcotráfico y de comercialización de narcóticos. El narcotráfico no solo implica la exportación de cocaína, sino también las redes internas del microtráfico, que tanto daño les están haciendo a los jóvenes.

Si el Gobierno conoce este plan de captura del Estado, ¿por qué no denuncia públicamente los candidatos que están comprometidos con el narcotráfico, o con la minería o con carteles de contratos?

Eso lo vamos a poder hacer en la medida que la gente lo denuncie con algunos principios de prueba. No es eliminar al adversario con calumnias, sino denuncias serias, con videos, fotos...

¿Este plan puede generar violencia en el proceso electoral?

De hecho, genera el fenómeno de amenazas que hay sobre tantos líderes. Porque los actores ilegales quieren sacar del camino a las personas que denuncian o que ejercen un liderazgo, por eso estamos en una campaña tan grande desde el Gobierno y de la mano de organismos de control. Pero hay que darle respuestas a la gente. Tiene que haber condenas para proteger el ejercicio del liderazgo.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los partidos políticos en la inclusión de personas indebidas en sus listas?

Efectivamente, los partidos tienen la responsabilidad política de revisar y avalar a los candidatos que no tengan impedimentos. Mire: hay candidatos que están llamados a juicio y hoy en día tienen la desfachatez de presentarse como aspirantes a estos cargos de elección popular.

¿Candidatos en juicio?

Sí, porque no han terminado esos juicios; ahí hay un fraude para el elector porque esos candidatos pueden ser condenados y la alcaldía o la gobernación se puede quedar vacía. O cuando vienen las destituciones y alcaldías y gobernaciones entran en grave inestabilidad. Los partidos políticos son responsables de la democracia. Deben apoyar este Plan Ágora.

Pero ¿no existe acaso un sistema en el que los partidos pueden utilizar los avales como instrumento de control luego de consultar a las autoridades si hay dudas?

Sí, hay un sistema que viene funcionando de tiempo atrás, y es que los partidos le piden al Ministerio del Interior que haga una revisión de los antecedentes de los candidatos. Si lo hacen, los partidos recibirán esa información y a ellos les queda la responsabilidad política. Pero nosotros estamos preparados para cumplir el sistema que se llama la 'ventanilla única'. Estamos trabajando de la mano con la Fiscalía, con la Sala Penal de la Corte Suprema, Procuraduría, Contraloría, para poder revisar los antecedentes. Pero le insisto, es responsabilidad de los partidos avalar o no a esos candidatos sobre los cuales hay dudas o denuncias.

¿Y qué es la 'ventanilla única'?

Ese análisis; un partido político solicita si un candidato tiene antecedentes, y el ministerio se encarga de revisar con todas las entidades de control si efectivamente hay alguna clase de investigación; se le envía al partido y este tiene la autonomía de decidir si le da el aval o no a un candidato que está investigado.

¿Usted ya ha advertido esa tendencia de captura del Estado que está denunciando?

Es una preocupación muy grande del presidente Duque, quien dice que el voto es sagrado. Yo he hecho campañas políticas toda mi vida y sé lo que se vive en una campaña y la dificultad que tiene un ciudadano o un candidato para que el Estado advierta lo que está pasando. Hasta en la última vereda de un pueblo la gente puede sentir que se está violando el sagrado derecho al voto. Hay municipios o departamentos en donde es tal la magnitud de las organizaciones ilegales que terminan incidiendo en el resultado y se tuerce el querer real de la gente.

El partido de la Farc va a participar por primera vez en unas elecciones regionales. ¿De qué manera se les garantizará seguridad?

En la Unidad Nacional de Protección hay una dirección especial, un área para la protección de los miembros de la Farc y allí están personas que ellos mismos señalaron. La responsabilidad de protección es para de todos los partidos políticos, y el Gobierno es consciente de que los exmilitantes de esa desaparecida guerrilla deben tener un manejo especial, y así se está haciendo.

El Gobierno ya anunció que presentará de nuevo el proyecto anticorrupción. ¿Será el mismo que se hundió en la Cámara?

Exactamente. El mismo proyecto aprobado por el Senado, y que tendrá que volver a hacer trámite. Ya lo acordamos con el Fiscal y los partidos de gobierno e independientes. La semana entrante lo hablaremos con los de oposición. El Presidente anunció que llevará mensaje de urgencia.

Usted anunció que en la próxima legislatura presentará el proyecto de nuevo código electoral. ¿Qué normas básicas contiene?

Ante todo es la modernización de la legislación y el cierre de las fisuras por donde se da la alteración de resultados. Lo lidera el Registrador. Indiscutiblemente que debe ser concertado con los partidos previamente. Si no, no vale la pena presentarlo.

El 7 de agosto se cumple el primer año del mandato del presidente Duque, ¿el esquema de gobierno se va a mantener?

El Presidente formó un equipo de gobierno sin mirar su filiación política. Lo hizo muy convencido de poder darle al Estado colombiano un enfoque moderno, que piense más en el crecimiento económico y en la atención a los problemas sociales del país, y no en la repartición partidista de cargos públicos. Queremos construir equidad, pues la desigualdad es el mayor problema del país.

¿La petición del nuevo presidente de la Cámara y del nuevo presidente del Senado de que haya un reajuste ministerial no se va a atender?

No le he preguntado directamente al Presidente, pero no lo veo en esa tónica.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO