Más de 900 mil hectáreas de café se fumigan con glifosato: Mindefensa

Tres fundamentales metas se han vuelto obsesivas para el ministro de Defensa, Guillermo Botero: la reducción de los cultivos de coca ("origen de todos nuestros males", según sus palabras), la lucha contra los asesinatos de líderes sociales y comunales, y la acción contra las bandas criminales. 

Botero acaba de recibir un gran espaldarazo político en la Cámara al ser rechazada apabullantemente una moción de censura que presentó la oposición contra su gestión, que resultó fortalecida. En entrevista, el ministro divulga cifras sobre la notable reducción del secuestro en el país.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo ante el Congreso norteamericano que el presidente Duque está haciendo un esfuerzo sincero para reducir los cultivos de coca en Colombia...

Es una realidad. Entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre erradicamos 30.435 hectáreas de coca, y ya pasamos de las 62.000 hectáreas erradicadas solo por el Ministerio de Defensa durante el gobierno del presidente Duque. A lo anterior hay que sumar las erradicaciones voluntarias, que son más de 25.000. Este año, nos fijamos una meta de 80.000 hectáreas solo en el ministerio y la vamos a cumplir, pero el problema es que el costo es muy alto.

¿Por las víctimas dedicadas a la erradicación manual? 

Sí. Hoy tenemos 100 grupos de erradicación manual, que son 2.100 personas. El costo humano es inmenso: el uso de artefactos explosivos improvisados ha cobrado 11 vidas y dejado 84 personas heridas, muchas de ellas mutiladas.

Pero la alternativa, que es el glifosato, está condenada por todos los organismos...

No, es el herbicida de mayor uso en el mundo porque, primero, es sistémico, ataca la raíz; segundo, sirve para hoja ancha y hoja angosta; tercero, ataca las gramíneas. Aquí lo han tratado de satanizar. Mire: más de 900.000 hectáreas de café se fumigan con glifosato. Y cultivos como caña, palma, sorgo, maíz y arroz.

En Estados Unidos, tres cortes diferentes fallaron a favor de los demandantes contra productos con glifosato... 

Sí, pero su uso es permitido en otros países, como Canadá. 

¿Es verdad que usted usa glifosato en su finca?

Sí, señor, es verdad. Se usa para que la maleza no le compita al cultivo principal. En un cultivo hay que impedir que la maleza se nutra de los abonos. 

¿Y ha ocurrido algún efecto sobre sus trabajadores?

Ninguno. Trabajo y experiencia con las precauciones correspondientes.

De todas maneras, el tema es sumamente controvertido...

Es muy controvertido para la hoja de coca, pero no tiene controversia ninguna para los cultivos lícitos. No he visto a nadie oponerse al uso del glifosato en el café, o en la caña o en la palma de aceite, aquí solo se le oponen a la fumigación con glifosato para las 209.000 hectáreas de coca.

¿Cómo va el país en materia de seguridad?

Vamos avanzando, pero los retos son inmensos, empezando por el narcotráfico que es el combustible de la violencia en los territorios. Hemos reducido el secuestro, crimen abominable, un 44 % en lo corrido de 2019. Esto lo logramos capturando a los autores. El año pasado tuvimos 174 secuestros, pero en lo que va corrido del año llevamos 39. Cumplimos anticipadamente la meta que teníamos prevista para final de gobierno: que no se llegue a 100 secuestros por año. 

Pero la extorsión sí está generalizada...

Sí, la extorsión es preocupante y soy consciente de que hay infradenuncias. Hemos creado un grupo Élite Antiextorsión, con 300 de los mejores hombres del Gaula Policía dedicados exclusivamente a combatir este delito. En estos casos es muy importante que los ciudadanos denuncien para ayudar a las autoridades a desarticular las organizaciones delincuenciales. Así logramos, hace unos días, capturar 171 personas dedicadas a extorsión: con denuncias.

¿En qué estamos en materia de seguridad?

Los homicidios, en lo corrido de este año, los hemos reducido en un 4 % y las lesiones personales, en 20 %, con 12.816 casos menos. 

¿La víctima, en cuanto a lesiones, es fundamentalmente la mujer?

No. La mayoría son hombres, que equivalen a 52 por ciento, con 27.340 casos, y mujeres son el 48 por ciento, con 24.859 casos entre el 1.° de enero y 6 de junio de este año. 

Ahora, señor ministro, ¿qué es lo que está pasando con los líderes sociales?

Esto nos genera una inmensa preocupación y, en consecuencia, atención y trabajo. De 2016 a 2019, según la ONU, son 281 muertes de líderes sociales, que se discriminan de la siguiente manera: en el año 2016 hubo 61 víctimas; en el 2017, 84; en el año 2018, 114, y en lo corrido de este año hasta marzo, 18 víctimas.

¿Cuáles son las cifras oficiales, a la fecha?

El censo delictivo de la Fiscalía General reveló que Antioquia es el departamento con mayor número de homicidios de defensores de derechos humanos, con un registro de 42. Siguen, Cauca, con 33 casos; Norte de Santander, con 31; Valle del Cauca, con 22; Nariño, con 16; Caquetá, con 14; Putumayo, con 13; Arauca y Meta, con 12 cada uno. En la lista aparecen Chocó y Risaralda con 10 casos cada uno; Cesar, con 8. Finalmente, Bogotá, Bolívar, Santander, Casanare y Atlántico reportan 5 casos cada uno. Con menos de 5 hechos violentos están: Magdalena, Caldas, La Guajira, Huila, Vichada, Quindío, Boyacá, Guaviare y Sucre. 

¿Cuál es el perfil de responsables y víctimas?

64 defensores de derechos humanos perecieron a manos de particulares conocidos con antelación por la víctima; 30, por acciones de grupos armados o bandas criminales; 20, por disidencias de Farc; 17, por el 'clan del Golfo', y 13, por el Eln.

Varios de estos asesinatos han sido esclarecidos: 60 eran líderes comunales; 35, líderes comunitarios; 24, líderes indígenas; 12, campesinos; 6, líderes sindicalistas; 7, líderes de víctimas; 5, líderes afrodescendientes, y 5, líderes de población LGBTI. Algunos estaban en sustitución de cultivos o eran líderes ambientales. 

¿Dónde están asesinando a los líderes?

Mayoritariamente han sido asesinados donde hay problemas de coca: hay una coincidencia de las zonas con cultivos ilícitos y la muerte de líderes sociales. 

¿Usted relaciona el asesinato de líderes con problemas de narcotráfico?

Categóricamente, no. Digo que es en las zonas donde hay cultivos ilícitos donde se presenta el mayor número de asesinatos de líderes sociales, pues muchos de ellos se oponen a la ilicitud. Hay que subrayar que el esclarecimiento de los homicidios de líderes sociales es de 57 por ciento, porcentaje muy superior al de la media del delito de homicidio. El homicidio de líderes se ha reducido en 32 por ciento entre el 7 de agosto del año pasado y el 30 de mayo de este año. El Ministerio del Interior, a través de la Unidad de Protección, tiene activos más de 7.000 esquemas individuales, de los que 4.592 corresponden a líderes sociales, comunales, defensores y periodistas, que han tenido especial prioridad en la UNP por directriz del presidente Duque.

¿El Catatumbo no se está volviendo una especie de república independiente?

Se estaba volviendo, pero estamos trabajando para que no sea así: al segundo día de posesionado el presidente Duque, hicimos allí un consejo de seguridad. Tenemos la Brigada 30, la Fuerza de Tarea Vulcano y, en octubre, se activó la Fudra 3, lo que permitió la llegada de 3.000 nuevos hombres a la región. Estamos trabajando en los 11 municipios del Catatumbo. A partir de agosto vamos a erradicar coca mucho más activamente, y por cada erradicador habrá 2 miembros de la fuerza pública protegiéndolo, más el control periférico. 

La Farc, partido político, denuncia que están asesinando desmovilizados... 

Sí, señor, y eso es grave. Hay que seguir atacando las organizaciones criminales y las rentas derivadas de los cultivos ilícitos, que son el origen de todos los males. 

Dicen que el gobierno Duque no le está marchando mucho al proceso de paz...

Pues es una percepción equivocada. Lo que ha hecho el presidente Duque es reforzar las acciones que tienen que ver con el posconflicto. 

¿Está la paz en peligro, como dice el exnegociador Humberto de la Calle?

No, para nada. Los acuerdos de paz están en la constitución: el presidente Duque juró cumplir la constitución y la ley, y lo está haciendo.

¿Y la circular por parte del comandante del Ejército?

Se quiere decir que se cambió toda una política que viene desde el año 2007 porque se malinterpretó un formato que será modificado. Un formato no cambia una política, menos la constitución o tratados internacionales. 

Pero no entiendo. Entonces, ¿por qué lo derogó? 

Es un formato. Se retiró por decisión del comandante del Ejército, quien explicó que había sido malinterpretado. Existe la directiva 300-28, vigente desde 2007, que privilegia las entregas voluntarias sobre las capturas, como lo demuestran los hechos. En lo que lleva esta cúpula militar, 96,8 por ciento de las afectaciones a los grupos armados organizados corresponden a presentaciones voluntarias y capturas. A los heridos, la Fuerza Pública les presta atención humanitaria. En cuanto a otros resultados, antes había un muerto cada 1,6 operaciones militares, y ahora hay un muerto cada 3,3 operaciones militares. El número de acciones de la Fuerza Pública ha crecido más de 120 por ciento, y el número de muertes ha venido descendiendo. 

¿El formato retirado no era una manera de medir resultados militares con las "neutralizaciones", que son bajas?

Tajantemente no. En el mismo formato se habla de "afectaciones" y se explica que es la suma aritmética de entregas voluntarias, capturas y, por último, muertes en desarrollo de operaciones militares. Como le explico, quienes lo recibieron conocen la directiva 300-28 y saben que la razón de ser de la Fuerza Pública es proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y que deben cumplir con derechos humanos y derecho internacional humanitario.

El presidente Duque dijo que él nunca conoció ese formato. ¿Usted lo conoció?

Un formato no es de competencia estratégica. No tenía por qué conocerlo.

La Cámara de Representantes votó 121 contra 20 la moción de censura que se presentó contra usted. ¿Qué opina?

Se cumplió con el deber de atender el control político en cabeza del Congreso y, después de un debate de casi 9 horas, las bancadas de los distintos partidos tomaron la determinación de negarla por una mayoría elocuente.

¿Cómo cree que le ha ido a usted como ministro de Defensa?

Lo importante son los resultados al servicio de los ciudadanos. En cultivos ilícitos, la peor plaga, vamos a poner nuevo récord en erradicación. En interdicción, ya duplicamos los decomisos de cocaína y estamos trabajando intensamente para incrementarlos. En extracción ilícita de minerales, la otra gran fuente de recursos de las economías criminales y de destrucción del ambiente, hemos adelantado 469 operaciones, capturado 855 personas por delitos relacionados, incautado 192 máquinas y 209 dragas. Aunque hay buenos resultados, 299 municipios afectados que recibimos se convierten en todo un reto. 

¿A qué adjudica, entonces, la mala imagen que usted tiene ante la opinión pública?

A que hay algunas personas que no ven con buenos ojos el pleno ejercicio de la autoridad, y este gobierno está fundamentado en el principio de legalidad.

¿De legalidad o de autoritarismo?

De legalidad, porque la actuación de la Fuerza Pública no es autoritarismo. Es el cumplimiento de una obligación constitucional para proteger a los ciudadanos. Se capturan los delincuentes, bien por orden judicial o por flagrancia. Combatimos a los grupos armados organizados, esa es parte de la misión. La autoridad hay que respaldarla: no podemos seguir viendo que a unos policías del Esmad los traten de incinerar, o que a un capitán del Ejército lo rocíen con gasolina para quemarlo o que a 4 uniformados los secuestren en San Calixto por realizar unas capturas. Por el contrario, genera admiración el valor de una señora en la Plaza de Bolívar defendiendo al Esmad, enfrentada a unos vándalos. Eso es democracia.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO