“Llegó la hora de superar el centralismo que ha existido en la educación superior”, dice la ministra de Educación, María Fernanda Campo, al analizar el plan de choque que el Gobierno puso en marcha para cerrar la brecha entre la calidad de la educación en las regiones y la de las grandes ciudades.
La ministra anuncia además un gran estímulo para el fomento de doctorados y maestrías en el país.
“El gran reto de Colombia es volver la educación el tema más importante de la agenda pública –afirma–. El gobierno del presidente Santos ha reconocido la existencia de grandes brechas en materia de educación, tanto entre las regiones como entre lo urbano y lo rural. Por esta razón, el mejoramiento de la calidad educativa y el cierre de brechas en acceso, permanencia y calidad son los ejes principales de nuestra política educativa”.
¿Hasta ahora qué se ha logrado con ese propósito?
Entre el 2010 y 2012 hemos incrementado la cobertura del 37 al 42 por ciento. Esto quiere decir que 285.000 nuevos jóvenes de todas las regiones han podido acceder a la educación superior. Hemos llevando educación a 100 nuevos municipios. El 69 por ciento de los municipios tiene educación superior. Y hemos logrado mayor equidad en el acceso. El 58 por ciento de los jóvenes que están ingresando a la educación superior provienen de familias con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos.
¿Cómo se va a reducir la brecha entre las grandes ciudades y las regiones?
Con el índice que mide los avances en calidad, acceso y graduación en cada una de las regiones se va a poder focalizar mejor la asignación de los recursos, dando prioridad a zonas rezagadas. Ya era hora de superar esa mirada centralista que ha existido por años en la educación superior.
¿Cuántos jóvenes aspiran cada año a ingresar a la universidad?
Unos 800.000. Y de estos, 694.000 logran hacerlo. El aumento de la cobertura sigue siendo un reto y debe ser prioridad en la agenda pública. Nuestra meta es que ningún bachiller vea truncados sus sueños de seguir estudiando por razones económicas o de procedencia, y que pueda ingresar a un programa de educación superior o de formación para el trabajo.
¿Cuántos de estos estudiantes son de las regiones?
Hoy, el 43 por ciento de los estudiantes matriculados provienen de Bogotá, Antioquia y Valle. Esto quiere decir que debemos fortalecer la cobertura con criterio regional, pues un joven que se queda estudiando en su región tiene menos probabilidades de desertar y se convierte en garantía de desarrollo local.
¿Cuántos cupos para educación superior pública hay en el país?
En instituciones de educación superior públicas estudian 1’046.000 jóvenes, de un total de 1’958.000 matriculados en el sistema.
¿Y cuáles han sido sus realizaciones en cobertura?
Además de los 285.000 nuevos cupos en educación superior que hemos creado en los dos últimos años, vamos a crear 365.000 nuevos cupos al 2014, lo que permitirá llegar a una cobertura del 50 por ciento. Un crecimiento de 13 puntos en tan solo cuatro años.
El problema siempre es la falta de recursos. ¿De dónde saldrán?
Hoy, por encima de lo dispuesto por la Ley 30, hemos logrado para nuestras universidades públicas 260.000 millones de pesos adicionales. Además, con el apoyo del Congreso, se consiguieron en la reforma tributaria 1,5 billones para los próximos tres años. Y se han gestionado 180.000 millones de pesos de regalías.
Y para financiar directamente a nuestros estudiantes de más bajos recursos económicos, hemos fortalecido al Icetex. Se redujo la tasa de interés real a cero y se aumentaron los subsidios de sostenimiento y condonaciones para estratos 1, 2 y 3. Como resultado de ello se han entregado 260.000 nuevos créditos.
¿Y qué va a hacer contra los bajísimos índices de cobertura y equidad que muestran Guajira, Cesar, Huila, Caquetá, Cauca, Sucre y Magdalena?
Estamos recorriendo todo el país a través de las denominadas Travesías por la Educación Superior, constituyendo comités departamentales de educación superior y promoviendo la firma de pactos con los mandatarios y actores locales para generar compromisos de recursos que permitan superar estas brechas.
¿Cuántos bachilleres no ingresan a la universidad?
Dos millones y medio no lo hacen por diversas razones. Millón y medio optan por programas de formación para el trabajo, a través del Sena y otras instituciones.
¿Por qué desertan?
Por tres razones: problemas económicos; bajas competencias académicas, es decir, llegan mal preparados, o porque no han definido su orientación vocacional.
El exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman dijo en EL TIEMPO que hay “desigualdad en la calidad de la educación superior” y que existen “instituciones de excelencia” pero también de muy baja calidad…
Vamos por partes. Primero, contamos con universidades con reconocimiento mundial, como los Andes y la Nacional, que aparecen en los escalafones mundiales de Shangái y The Times como unas de las pocas de la región en ser distinguidas. Los resultados del estudio 2013 de QS Quacquarelli Symonds, que evalúa las mejores instituciones de educación de Centro y Suramérica, muestran que el 15 por ciento de nuestras instituciones aparecen en el escalafón de las 300 mejores, después de Brasil y México, por encima de más de 20 países. Esto es algo que hasta hace pocos años no existía.
El incremento gradual de programas acreditados en alta calidad en los dos últimos años, así como el paso de 20 a 28 instituciones acreditadas en alta calidad, refleja el sostenido compromiso de nuestro sistema con la excelencia. El Ministerio también está investigando algunos programas con problemas de calidad. En esta administración hemos sancionado a 66 instituciones.
Wasserman dice también que los profesores PhD se concentran en Bogotá, Cali y Medellín, pero que en las regiones prácticamente no hay.
Esa afirmación es parcialmente cierta. Históricamente y hasta hace pocos años, Bogotá, Medellín y Cali, que algunos reconocen como el triángulo de oro, han concentrado las más altas tasas de cobertura en educación superior y de ingresos económicos y participación de universidades y empresas que más valoran estos posgraduados. Pero hoy, con el esfuerzo de la regionalización, casi todos los departamentos tienen una universidad pública, que está trabajando en la formación avanzada de sus docentes.
¿La educación en Colombia sigue siendo un negocio?
No, señor. La educación es un derecho y un servicio público con función social, como lo dice la Constitución. Y este servicio pueden prestarlo instituciones públicas y privadas. No es una actividad mercantil. Incluso cuando la ofrecen los privados, debe cumplir una función social.Que la educación sea un servicio público no significa que las instituciones no tengan que ser financieramente sostenibles.
¿Definitivamente no habrá reforma de la educación?
Gracias a la propuesta que el Ministerio entregó en el 2011, se abrió un debate que puso la educación superior en la agenda pública. Ni siquiera cuando se aprobó la Ley 30 se realizó una discusión social y un diálogo nacional tan serio, participativo e incluyente como el que el Gobierno ha liderado desde entonces. Este diálogo nos mostró que frente a los grandes desafíos que como país tenemos, debíamos redimensionar la respuesta y planteamos algo mucho más ambicioso que una simple reforma de ley, como es la construcción de una política pública y un plan estratégico a 20 años.
Hemos recorrido el país y convocado a todos los actores sociales alrededor de la construcción de un diálogo en el que han participado más de 31.000 personas en más de 150 espacios de discusión distintos. Este es un esfuerzo que supera incluso la cantidad de gente que participó en la construcción del Plan Decenal 2006-2016. A principios de este año le entregamos al Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) los avances de nuestro trabajo, que está representado en más de 440 propuestas y proyectos de investigación elaborados por distintos actores y expertos nacionales e internacionales.
Pero, le insisto: ¿habrá o no reforma educativa?
Eso es algo que decidirá el país una vez que el Cesu presente sus lineamientos de política pública en enero de 2014. Seguramente, algunos elementos de ella exigirán desarrollos normativos que tocarán a la Ley 30, pero lo más importante es que también aporte elementos para incorporar a los planes nacionales y territoriales de desarrollo y a los planes educativos de las instituciones de educación superior.
Entonces, si el presidente Santos logra la reelección, ¿será en su nuevo periodo de gobierno que se decida el tema?
Primero, el presidente Santos no ha decidido si se lanza para la reelección. Segundo, por lo que nos hemos preocupado, junto con el Cesu, es por construir una política de Estado para la educación superior que trascienda los gobiernos de turno. Le estamos apostando a un proyecto de país más justo, más equitativo y con bienestar para todos. Lo que estamos sembrando aquí es la semilla del país que queremos en 20 años, para lo cual la educación tiene que ser el tema más importante de la agenda pública nacional.
Balance de Todos a Aprender
¿Qué hacer para educar en nuestras regiones a los niños más pobres?
Hemos implementado el programa de mayor cobertura y equidad social que se haya desarrollado en el sistema educativo colombiano: Todos a Aprender. Se focaliza en los niños de primaria con los aprendizajes más bajos. Buscamos desarrollar competencias en comprensión lectora, escritura y razonamiento matemático, en donde están los principales problemas. Hoy estamos beneficiando a 2’365.000 niños desde el grado cero hasta el quinto, que estudian en 22.400 sedes educativas de 833 municipios. El 77 por ciento de ellas son rurales. Ya entregamos a estos niños 18 millones de textos de matemáticas y lenguaje. Pero lo más potente del programa es el acompañamiento en el aula a los 70.000 maestros de estos niños con 3.000 maestros tutores.
¿Cómo los seleccionó?
Por meritocracia. Son los mejores de Colombia. Van al aula a acompañar a esos docentes para que transformen su práctica y mejoren conocimientos y competencias, para que los niños puedan tener mejor aprendizaje. Hemos entregado más de 5’200.000 libros.
Ya llevamos computadores a estos colegios, para promover la innovación y el uso pedagógico de las nuevas tecnologías.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO