Las tres papas calientes en manos de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, único organismo que puede decidir en el país si autoriza o no el uso del glifosato para erradicar las siembras de coca, anunció que tomará esa decisión en el primer semestre de este año. La presidenta del alto tribunal, Gloria Ortiz, elogió los resultados de la audiencia del jueves pasado, pero aclaró que necesitan más estudios para fallar. La magistrada Ortiz dijo que la sorprendieron dos hechos que se divulgaron en la audiencia: el altísimo crecimiento de los cultivos y los efectos que el glifosato puede tener en la salud humana y en el medioambiente.

¿Qué balance hace usted de la audiencia?

Muy positivo. La audiencia mostró distintas aristas y enfoques tan complejos que existen sobre el tema de la aspersión aérea con glifosato. Demostró también que es posible debatir ideas contrarias sin descalificar al otro y sin agredirse.

¿La Corte dirá si flexibiliza o no las condiciones para usar el glifosato?

La Corte es la única autoridad que podría tomar una decisión de evaluación del cumplimiento de la sentencia que dispuso condiciones para el uso del glifosato.

¿Cuál fue la conclusión más preocupante de la audiencia?

Me preocuparon dos cosas: la gran cantidad de hectáreas sembradas con matas de coca y la falta de certeza técnica sobre el efecto del glifosato en la salud y en el combate real contra el narcotráfico.

¿Qué hará ahora la Corte con los nuevos elementos de juicio que posee?

Tendremos que decidir si proferimos o no un auto de seguimiento. O sea, una decisión judicial que aclare, interprete, amplíe e identifique aspectos inicialmente definidos en la sentencia que se analizaba. En este momento, la Corte no ha decidido si interviene en el seguimiento de la sentencia en cuestión. Por esa razón no podría hoy establecer con certeza si la Corte va a modificar, modular o cambiar las decisiones ya adoptadas, tal como lo pidió el Gobierno.

Pero usted dice que le sorprendió la manera como ha crecido la siembra de coca en el país. ¿Esa situación no convierte en indispensable recurrir al glifosato?

No necesariamente. Porque también me sorprendió con preocupación que no tenemos posición concluyente sobre la afectación a la salud humana del glifosato.

¿Cuándo esperan tomar una decisión sobre si flexibilizan o no la sentencia?

Yo creo que el país sabrá la opinión de la Corte en el primer semestre de este año.

¿Pero la posición de la Corte no estará limitada a calificar la manera como el Gobierno ha aplicado la sentencia vigente?

El cumplimiento de la sentencia exige verificar seis condiciones para autorizar la aspersión con glifosato, dentro de las cuales está la de establecer si hay alternativa para combatir el cultivo de coca sin afectar el ecosistema y la salud humana.

"Me preocuparon dos cosas: la gran cantidad de hectáreas sembradas con matas de coca y la falta de certeza técnica sobre el efecto del glifosato"

¿Y las intervenciones en la audiencia le dieron claridad?

Sí, nos dieron elementos de juicio que seguramente serán tenidos en cuenta. 

¿Usted personalmente ya tiene su posición?

No. Tengo que estudiar más. En la audiencia nos ofrecieron aportar varios estudios y documentos que complementarán nuestros conocimientos para tomar una decisión correcta.

¿Quién los ofreció?

Tanto el Gobierno como los intervinientes que están en desacuerdo con el glifosato.

¿Cómo conciliar el derecho a la vida, a la salud y al medioambiente con la necesidad de reducir las áreas de siembra de coca?

Ese es un debate que ha tenido el país por más de 50 años, en el que la Corte no puede ser el único actor que lo defina. En todo caso, tal conjunto de derechos será por supuesto parte del análisis de la Corte.

El presidente Duque pidió modular la sentencia. ¿Cree que la Corte debe hacerlo?

No puedo adelantarme a la decisión que adopte la Sala.

El expresidente Santos dijo que autorizar el glifosato equivale a autorizar el envenenamiento de los campesinos. ¿Está usted de acuerdo?

Ese es precisamente uno de los temas en debate y tendrá que ser evaluado con fundamento en pruebas científicas relevantes que se hayan aportado.

El Fiscal dijo que hay estudios que muestran que el glifosato podría ser una molécula cancerígena. Pero aclaró que también lo son las carnes rojas, los aceites de cocina y el tinte para el cabello... ¿Qué opina?

Más que dar una opinión, se trata de situaciones que necesariamente requieren demostración científica.

En general, los funcionarios del gobierno Santos, con el expresidente a la cabeza, están en contra del uso del glifosato. Por el contrario, los funcionarios del gobierno actual, con el presidente Duque a la cabeza, defienden su uso. ¿Cómo entender esa división tan sumamente marcada?

Tan diferentes posiciones solo demuestran que el debate no es sencillo, sino que tiene implicaciones sociales, económicas e, incluso, políticas que lo vuelven aún más complejo y que solo son relevantes para la Corte, en la medida en que aporten en la evaluación que debe hacerse sobre el cumplimiento o no de la sentencia a la que se hace seguimiento. 

¿El caso de corrupción que se presentó en la JEP hace mucho daño al tribunal?

Todos los casos de corrupción producen daños, pero sobre todo producen alertas. A nosotros ya nos pasó y aprendimos. La JEP debe hacer lo mismo. Ellos van a tener que conocer casos muy difíciles. Enfrentarse a la historia del país será objeto de muchísimos puntos débiles; por eso tienen que aprender.

Este episodio del fiscal de la JEP ¿no es un golpe mortal?

Todo lo contrario; creo que ellos aprenderán de la crisis. Lo que le ocurrió a la JEP es una alerta. Desafortunadamente, los procesos de selección de personal tienen pocas herramientas para medir la honestidad de una persona, de ahí que sea necesario mejorar los controles internos.

La crítica que el Fiscal hizo a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el estatuto de la JEP fue muy radical, ¿usted qué opina?

La Sala Plena de la Corte decidió no pronunciarse sobre la carta del Fiscal. Los temas que trabaja la Corte Constitucional son muy sensibles política y socialmente. Esta corporación tiene una función de árbitro, debe resolver disputas, puntos opuestos, y tenemos que tratar de cumplir esa tarea con la máxima seriedad y rigor jurídico. Preferimos que sean nuestras sentencias, con fuerza de cosa juzgada constitucional, las que resuelvan los asuntos que se someten a consideración de la Corte. Por eso no vamos a generar controversias públicas sobre el contenido de nuestras sentencias.

Pero, en su opinión, ¿qué es lo que motiva el enfrentamiento entre Fiscalía y JEP?

La sensibilidad de los temas que trabajan; creo también que son temas de ajuste; nosotros los abogados, en muchas ocasiones, somos renuentes a los cambios. Cada vez que se presentan nuevas formas de trabajo y nuevas competencias, nos asustamos un poco y nos gustaría mantener el statu quo. No creo que sea un asunto de molestia ni de odios; es un tema de ajuste.

Pero las críticas del Fiscal a la JEP son reiteradas y fuertes...

Habría que preguntarle al Fiscal por qué critica tanto a la JEP.

Pero no parece bueno para el país que su justicia máxima, como la Fiscalía y como la misma JEP, estén tan enfrentadas... 

Sí. En eso estoy de acuerdo; el país no recibe bien que las altas cortes y que los altos órganos del Estado estén en disputas permanentes; de hecho, la Constitución dispone la colaboración armónica y, por eso, nosotros debemos dar ese ejemplo: la polarización no le conviene al país. 

Una de las críticas que la Fiscalía y algunos sectores políticos le hacen a la JEP es que pueda ser un instrumento de impunidad...

Uno de los debates más importantes e interesantes de la Sala Plena al estudiar el acto legislativo que dio aval a la JEP y que impulsó el acuerdo final de La Habana fue el punto de justicia. Nos preguntamos ¿cómo puede ser que delitos tan graves cometidos en el conflicto tengan penas tan reducidas? ¿Cómo puede ser que las penas no sean privativas de la libertad? ¿Cómo puede ser que delitos tan bárbaros como los que cometieron los paramilitares no tengan el mismo tratamiento? Fueron debates y han sido debates interminables sobre la legitimidad de la justicia transicional. En esas sentencias se concluyó que la justicia transicional potencializa los derechos de las víctimas, la paz y otros principios constitucionales a partir de conceptos propios de la justicia restaurativa y no tanto retributiva. No siempre las formas tradicionales son las más adecuadas en épocas de transición a la legalidad. La justicia transicional busca que haya reparación de los daños causados, que se conozca la verdad y que no haya repetición. Definitivamente, los márgenes de justicia a partir de la verdad y del componente del sistema son más justos en términos de paz y estabilidad social que la pena privativa de la libertad.

¿Es decir, el objetivo para el cual la Constitución creó la JEP se está cumpliendo?

Veo que la JEP está adelantando su trabajo de la forma más eficiente posible. La Corte dijo que ese era el instrumento para afianzar la paz en el componente de justicia y por eso le dio aval.

¿Qué opina sobre las objeciones del Presidente a la JEP?

En los ya casi 28 años de vigencia de la Constitución del 91 no ha habido un solo caso en donde después de revisado el proyecto de ley estatutaria se presente una objeción por inconveniencia; ese será un tema que es posible que la Corte lo estudie. No olvide que las objeciones primero debe analizarlas el Congreso.

¿La decisión de objetar la ley estatutaria de la JEP se puede demandar? 

No, la figura de demanda contra una objeción presidencial no existe.

"No vamos a generar controversias públicas sobre el contenido de nuestras sentencias"

Pero si se llegara a presentar una demanda contra la sentencia de la Corte que avaló a la JEP...

Si eso llegara a ocurrir, la Corte estudiará si tiene competencia para fallar. 

¿Si la Corte halla que sí tiene competencia para estudiar y fallar esa demanda, la discusión podría conducir a revisar las objeciones del Presidente?

Pues ese sería uno de los temas que la Corte tendría que revisar. Es decir, si se presenta la demanda, la Corte tendría que ver si es o no competente. El tema es difícil porque no hay doctrina, no hay un precedente. 

¿Cuáles han sido las conclusiones del debate que realizó la Corte sobre el derecho al buen nombre y a la honra frente a la libertad de expresión?

Las conclusiones tendremos que plasmarlas en las sentencias; tenemos tres casos en Sala Plena de la Corte Constitucional que analizan esa situación. El debate entre el derecho de unos ciudadanos que quieren expresarse y decir lo que quieren de otra persona, derecho que está protegido en la Constitución, frente al derecho de esa persona a que no le digan cosas que no deben decir porque es un asunto de su intimidad o su buen nombre, también derechos protegidos en la Constitución.

¿Y ya fallaron?

No. Tenemos que resolver; lo más interesante en la audiencia fue el debate entre si nosotros debemos intervenir con limitación o restricción de derechos. 

¿O sea...?

Restringir el derecho a la intimidad, o el derecho a la libertad de expresión.

¿Para usted es más importante la libre expresión o el derecho al buen nombre?

No le diré nada porque el debate está buenísimo y no me lo quiero perder, y si le digo algo me recusan. Ese es el gran debate de las sociedades actuales; en medios todo el tiempo nos dicen, '¿y ustedes van a permitir el derecho a ofender?', pues eso es parte del análisis: si eso es libertad de expresión. Ya verá mi voto en el momento de tomar la decisión. Ojalá el país pudiera recordar la exposición en la audiencia de Héctor Abad; él nos decía que, a su juicio, en los países donde se presentan denuncias penales por calumnias e injurias se demuestra que hay democracia, porque eso significa que se puede decir lo que se piensa.

¿Y así debe ser?

Me llamó la atención ese comentario...

¿Positiva o negativamente?

Fue un comentario muy interesante, muy inteligente. 

Muy positivo...

Ese es un tema que nosotros como jueces tendremos que fallar.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO