‘Las deficiencias de la salud matan más gente que la guerra’

"La salud en Colombia está en cuidados intensivos". Con este alarmante diagnóstico, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, propone un gran pacto nacional por la salud y la recuperación de la tutela como verdadero mecanismo excepcional para que se cumpla el derecho fundamental a la salud, a la que todos los colombianos tienen derecho.

El procurador Carrillo responsabiliza a las EPS de las deficiencias del sistema, de no cumplir con sus funciones y sus obligaciones y de obligar a los pacientes al uso masivo de la tutela. Este derecho prácticamente es hoy inocuo, porque el sistema no puede atender miles de tutelas que se presentan diariamente en el país. Acusa a las ESE de corrupción y al sistema general de salud del país de la crisis que el sector padece. "No es una exageración decir que las deficiencias de la salud matan más gente que la guerra", dice el Procurador y pide que el Gobierno presente pronto el proyecto que reglamenta la ley estatutaria de la salud, que está inmóvil. Anuncia que habrá sanciones a las EPS.

"La tutela ha sido el mecanismo más importante y más efectivo de protección de los derechos de los colombianos desde 1991 y debe seguir siéndolo. Hemos descubierto, a través de un estudio que hizo nuestra nueva Procuraduría Delegada en Salud, que son las propias EPS las que incumplen el deber de otorgar los beneficios del POS y obligan al paciente a que acuda a la tutela como forma de asegurar la atención. La Procuraduría va a adelantar acciones disciplinarias contra las EPS que siguen acudiendo a ese mecanismo para obligar a los pacientes a interponer las tutelas. Particularmente, en el caso de reiterada negación de servicios, de sujetos de especial protección como niños, mujeres en embarazo y adultos mayores".

¿Por qué las EPS lo hacen, con qué objetivo?

Para evadir la prestación del servicio, lo que obedece a múltiples causas, entre ellas falta de capacidad instalada e insuficiencia de la red, deficiencia de gestión administrativa y ahorro de costos para solventarse financieramente. También puede darse para promover recobros al Fosyga en casos de controversia de lo que está o no está incluido en el POS. De esa forma se puede estar convirtiendo la tutela en un mecanismo que incentive la corrupción, y eso es lamentable. Esta denuncia se debe hacer y la Procuraduría adelantará las acciones disciplinarias contra las EPS donde se detecte que se obliga a los pacientes a que por la vía de tutela accedan a las prestaciones a las que tienen derecho.

Pero ¿por qué las EPS recomiendan la utilización de ese mecanismo?

(Que) las EPS nieguen el POS supone el incumplimiento de su deber legal de prestar el servicio de salud, lo que obliga al paciente a acudir a la tutela. Hay que tener en cuenta que en otros casos, eso se presta para que se pidan prestaciones a las que no se tiene derecho y se configure un abuso a través de la tutela, desnaturalizando su función. Además se consiguen por esa vía prestaciones que no están dentro del POS. Eso es realmente anormal, como el caso de cirugías cosméticas y operaciones suntuosas, que en algunas ocasiones se han convertido en un desangre e instrumento de corrupción en el sistema de salud.

¿Y cuál es el tipo de acciones que la Procuraduría va a emprender?

Vamos a hacer cumplir la Ley Estatutaria de Salud. A exigirles a las EPS que reconozcan las prestaciones de servicios a las que tiene derecho la gente, y vamos a examinar los casos en que las EPS nieguen injustificadamente los servicios de salud. De esta manera se procederá con las sanciones correspondientes desde las competencias de la Procuraduría.

¿La tutela no está perdiendo su efectividad en el caso de la salud?

Hay que recuperar la tutela como medio extraordinario para la protección de derechos, para evitar que se convierta en un trámite más para hacer cumplir algo que es obligatorio. Eso es lo que hay que rectificar. No debe ser por la vía judicial como se debe obligar a una EPS a cumplir con su deber legal; no tiene por qué necesitarse la orden de una autoridad judicial para prestar los servicios de salud a los que están obligados. Por eso, cuando se evidencien este tipo de actuaciones, vamos a iniciar esas acciones disciplinarias. Cuando nació la tutela, gracias a la Constitución del 91, en el primer año se presentaron cerca de diez mil acciones. En 2015, de las 600.000 presentadas, aproximadamente el 30 por ciento fueron sobre salud. Miles de colombianos han salvado su vida gracias a la tutela, por eso seguiremos defendiendo este mecanismo de protección de derechos.

"La tutela no es la causa del problema, sino tener que recurrir a ella para acceder al derecho de la salud"

Pero ¿cree usted que está en crisis la tutela en el caso de salud?

La tutela goza de buena salud, mas no el sistema. La tutela no es la causa del problema, sino tener que recurrir a ella para acceder al derecho de la salud. El país tiene que ser capaz de reducir su uso en salud, y ello implica compromisos de las EPS para garantizar la plata de la salud y reglas de juego claras.

¿Dicho de otra manera: no hay control para las tutelas?

Lo que hay que controlar es la conducta de las EPS y sus responsabilidades frente al derecho a la salud. Por eso se creó la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, cuyo propósito es adelantar acciones preventivas y disciplinarias contra entidades que manejan recursos públicos y lo hacen indebidamente.

¿En dónde está la responsabilidad por muertes o agravamiento de enfermedades por no atender a pacientes?

Hay que concretar las responsabilidades penales y disciplinarias en relación con los prestadores del servicio de salud. Por eso es indispensable que el Congreso expida la ley reglamentaria de la Ley Estatutaria de Salud, debido a que el nuevo régimen de sanciones está por definirse. Ese es un paso fundamental para que la ley estatutaria no quede convertida en letra muerta. Se debe convocar a los actores del sistema y buscar, como lo han hecho varios países europeos, un gran pacto nacional por la salud.

¿Gran pacto por la salud, dice usted, con qué objetivo?

Para identificar cuáles han sido los obstáculos en materia de la prestación de los servicios de salud; cuál es la situación actual en el cumplimiento de la Ley Estatutaria, cuáles son los escenarios de sostenibilidad de los compromisos derivados de esa ley; cuál es el cumplimiento de la prestación de servicio de salud a nivel territorial. Todo esto para diseñar una política pública de salud cuyo objetivo central sea el que los colombianos accedan a la salud sin controversia y con calidad.

¿Qué supone el pacto a la salud que usted propone?

El cumplimiento de deberes, obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad social y salud. España hizo el famoso Pacto de Toledo, que llevó a un gran diálogo nacional sobre los temas de salud pública. El pacto sería de Gobierno, Congreso, jueces, médicos, directores del clínicas y hospitales, IPS, EPS, usuarios y pacientes, todos avanzando en la misma dirección.

Pero ¿con qué objetivo fundamental se haría el pacto?

En primer lugar, para que se entienda que el sistema de salud es de todos. Es un bien público que debe estar en función del interés general y no de intereses particulares. Se trata de mejorar lo existente, reducir las quejas y ese océano de tutelas que ahoga la salud. Por supuesto, hay muchos elementos que deben tenerse en cuenta: competencias territoriales, combate al clientelismo y la corrupción, que se ha tomado las ESE, empresas sociales del Estado. Es cierto que la evolución de la política de salud ha implicado ganancias indiscutibles en materia de cobertura, y eso hay que reconocérselo al ministro Alejandro Gaviria; también es cierto que existe el desafío de la calidad, oportunidad y acceso a la salud. Ese es el reto del pacto que le propongo al país.

Las llamadas ESE han sido cuestionadas por haber sido convertidas en lo que usted denuncia: ejes de corrupción y politiquería...

Las empresas sociales del Estado son entidades públicas descentralizadas con patrimonio público, muchas veces saqueadas por la corrupción. La Procuraduría adelanta hoy un programa especial de vigilancias a esas entidades, teniendo en cuenta que en muchos casos son el único prestador de servicios de salud en una región. Las ESE deben ser un actor ejemplar en el sistema de salud.

Pero ¿qué tiene que ver el Procurador con un pacto nacional de la salud?

La Procuraduría cumple una función preventiva a nivel de las políticas públicas, una función de intervención judicial y una función disciplinaria. Nuestro rol fundamental es defender los intereses de la sociedad. Así lo señala la Constitución. El interés público lo defiende la Procuraduría; el jefe del Ministerio Público no defiende los intereses del Gobierno, sino los intereses de la sociedad y, especialmente, el derecho fundamental de la salud. Hay un clamor nacional por la calidad de la salud. Así lo he constatado en 16 audiencias ciudadanas. En Popayán, por ejemplo, el miércoles pasado recibimos aproximadamente 600 denuncias en materia de salud, precisamente por incumplimiento en materia de prestaciones derivadas del POS, lo que es por supuesto abiertamente ilegal. No es una exageración decir que las deficiencias de la salud matan más gente que la guerra.

¿Cree que la salud se convirtió en un negocio?

Sí, lamentablemente, los pacientes son clientes. En Colombia, la salud se volvió un negocio. La salud es un servicio público, no una actividad lucrativa. Esa es la historia de Saludcoop, que precisamente fue el negocio más lucrativo del mundo. En los departamentos más pobres y con mayores problemas sociales no solo se han robado el hospital una vez sino que lo recuperan y se lo roban por segunda vez. La Contraloría y la Procuraduría vamos a intervenir en cinco hospitales del país. Los cementerios están llenos de pacientes que fueron tratados como clientes.

¿Hay muchos casos de corrupción en las EPS?

La salud es un enfermo atacado por muchos males a la vez: corrupción, incompetencia, ineficiencia y desangre de recursos por la contratación. Los contratos de prestación de servicios en los hospitales son una pandemia, al que se suma la cartelización de proveedores. Hay sobreprecios en los medicamentos.

¿Cómo hacer para corregir eso?

O actuamos ya de manera coordinada o se nos muere el paciente. Los operadores de salud deben saber que por cumplir una función pública y administrar recursos del mismo orden son sujetos disciplinables. No nos temblará la mano para adelantar las acciones disciplinarias a las que haya lugar.

¿Qué puede hacer la Procuraduría para garantizar el derecho a la salud?

Estamos iniciando una acción preventiva integral frente al tema. Así fue en el caso del Fondo del Magisterio, buscando la mejora en la prestación del servicio de salud de los maestros, y frente a la venta de Cafesalud. Además, iniciamos una acción preventiva frente al servicio de salud para reclusos.

¿El sistema es ineficiente?

Totalmente. Tenemos que reinventárnoslo. Hoy, la salud está en cuidados intensivos. Es un paciente que pide a gritos auxilio. Y eso no puede continuar. Los órganos de control no podemos ser notarios de esta tragedia. Hay que actuar de manera urgente y eficiente. Para eso es, entre otras cosas, el pacto que propongo.

¿Por qué su compromiso tan decidido con la salud?

Primero, porque es la primera preocupación de los colombianos. Segundo, porque vengo de una familia de médicos y mi padre fue profesor de salud pública durante 30 años en la Javeriana.

Casi estudio medicina, y los problemas de salud de la gente fueron siempre la sobremesa de nuestra intimidad familiar. Para mí, defender ese derecho es un compromiso institucional como procurador, pero también un desafío personal frente a un asunto que ha sido motivo de vida. Soy abogado, pero el sistema de salud no puede seguir en manos de algunos de mis colegas de profesión. En estos tiempos de incertidumbre no es sano callar la enorme crisis de la salud.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO