‘La SAE hay que acabarla o reformarla’: Contralor general

¿Y no?

Pues es que la Contraloría termina recuperando el 0,6 por ciento de lo que ha condenado fiscalmente. Entonces, tanto recurso invertido para condenar a alguien fiscalmente, para no poder recuperar el recurso no tiene razón de ser.

¿Entonces no exagera cuando dice que estos recursos son irrecuperables?

Voy a decir esto y de cara al país: eso ya es irrecuperable. Esto va a indignar muchísimo a la gente, pero si eso se sigue ocultando, se sigue tapando, entonces, ¿cuándo vamos a mejorar el ejercicio de la función pública? Esto así no sirve.

¿Y qué proyecta hacer para enfrentar esa situación que denuncia?

Vamos a perseguir bienes en el exterior, a levantar el velo corporativo, a decretar medidas cautelares, para que todos se den cuenta de que esto va en serio. Cuando de manera preventiva se embargue los bienes, todo el mundo va a tomar en serio este tema y no se va a perder tanto y vamos a mejorar la capacidad de recaudo.

¿Qué es exactamente el 'velo corporativo' del que me habla?

Es una especie de protección que tienen los miembros de una sociedad, llámese accionistas o administradores, que dificulta la revisión de sus acciones por parte de las autoridades, incluyendo a la Contraloría. A través de otras empresas socias o inclusive a través de contratos desvían recursos que originalmente son públicos.

¿Es, digamos, una manera de esconder bienes públicos que se roban?

En la práctica sí, claro. Digamos que es una figura legal de la que se abusa para evadir responsabilidades. Esta situación, como dije antes, se presenta muy a menudo. Es por eso que estuve en Washington y me reuní con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos bienes o recursos obtenidos indebidamente no los invierten acá, sino en el exterior. En Estados Unidos, por ejemplo.

¿Y qué acuerdos o colaboración logró?

Estamos cruzando información. Nosotros ya tenemos identificados responsables fiscales que tienen bienes afuera. ¿Y entonces cuál es el acuerdo y qué es lo que estoy tratando de acordar con las autoridades norteamericanas? Que nos permitan también acceder a esos recursos que defraudaron para poderlos recuperar.

Pero no se trata de bienes del narcotráfico...

No, no. Ese es un tema de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Es un tema álgido. Yo me pregunto: cómo es posible que el Estado no tenga claridad sobre bienes que ya fueron incautados, recuperados bajo esa figura de extinción del derecho de dominio, que deberían estar en manos del Estado, y resulta que no los tiene, sino que están en manos de terceros.

¿Cómo es eso?

Los bienes que tienen en su administración se convirtieron en un negocio de particulares. Resulta que los bienes son alquilados por unos precios irrisorios, ridículos. Estamos determinando responsabilidades en alta concentración de depositarios. O sea, un mismo depositario con 6, 7 u 8 bienes alquilados a precios irrisorios. No es justo que recursos y bienes que se obtuvieron mediante proceso de extinción de dominio y deben estar en beneficio de toda la gente estén en beneficio de particulares.

¿Eso es todo responsabilidad de la SAE?

Eso y algo que es mucho más grave: más de 1.600 bienes que deberían estar bajo custodia de la SAE no lo están. Efectuamos la labor de rastreo y logramos identificarlos.

¿Por qué está pasando eso?

Le voy a decir concretamente que pienso de la SAE. Hay desorden, falta de planificación y donde hay desorden hay ineficiencia, hay ineficacia. Y donde hay esas dos condiciones hay un caldo de cultivo para la corrupción; eso es lo que yo digo claramente. A la SAE hay que replantearla. Yo tengo una propuesta, respetando muchísimo la voluntad del Gobierno:yo soy muy amigo de que todo lo que tiene la SAE se monetice.

¿Cómo?

Que lo vendan.

¿Que vendan los bienes y se acabe la SAE?

Que vendan los bienes y se tendrán más recursos que con una nueva reforma tributaria.

Todo lo cual quiere decir que la SAE no sirve...

Debe ser reformada, reestructurada y con una visión clara.

¿Para hacer qué?

Para determinar de manera clara qué bienes definitivamente se decide que se debe tener y qué bien se debe vender. Cuáles son los bienes que efectivamente tiene. Hoy se está pagando administración, pagando predial, pagando valorización, sufriendo el deterioro y pagando servicios públicos. Venda eso.

¿O la SAE se reforma o hay que acabarla?

Sí.

¿No sirve la SAE?

Como ha venido funcionando es un desastre. Y pienso que es un desastre histórico. El Estado tiene fama de pésimo administrador y una de las referencias de tener fama de pésimos administradores es por entidades como la SAE.

¿Cuánto podrían valer todos los bienes en poder de la SAE?

Yo pienso entregar en los próximos días un informe al Presidente de la República y al fiscal general de la Nación sobre la situación de todos estos bienes y lo que ha venido pasando en la SAE.

Lo que ha venido pasando, dice usted, ¿de qué se trata?

No quiero ser infidente, pero el fiscal general de la Nación va a tomar unas medidas en cuanto a circunstancias que se han presentado en la SAE.

¿De corrupción?

Sí, señor.

¿La Fiscalía va a intervenir? ¿Como qué situación de corrupción?

El fiscal general le dará mayores detalles frente a ello. Es que los bienes no se pueden entregar así como se está haciendo; son bienes públicos, y los bienes públicos tienen unos requisitos para que estos hubiesen sido adjudicados. ¿Qué es lo más lógico? Que cada persona que estuvo en esos temas venga a responder, cómo fue que los manejó y cómo los entregó, y que quien los administró que responda también sobre cómo lo hizo. Quien entregó una finca o un predio rural a un precio irrisorio pues que responda también por qué lo hizo. Ya la Fiscalía determinará si existe o no existe una conducta dolosa en la persona que actuó de esa manera. Usted sabe que uno dice que la buena fe se presume, pero hay una serie de hechos que a uno le llaman poderosamente la atención. Es una circunstancia compleja de verdad.

¿En qué otros asuntos están trabajando en este momento?

Vamos a investigar la Aeronáutica Civil, la SAE, la Unidad Nacional de Protección y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

¿Qué va a pasar con estas instituciones?

Estamos ejecutando unas actuaciones especiales de fiscalización. Esperamos tener resultados en el primer trimestre del 2023.

¿Qué es lo que pasa en el ICBF?

Hemos encontrado hallazgos fiscales en el Chocó, inconsistencias en bases de datos que al ser cruzadas con la Regsistraduría Nacional muestran que hay personas que se encuentran fallecidas y resultaron como beneficiarias de los servicios del ICBF en las vigencias de 2020, 2021 y 2022.

Se sabe que la Contraloría revisó la muestra de los contratos suscritos del ICBF en prestación de servicios...

Sí. También ahí hay problemas. Deficiencias detectadas en atención a los niños, inoportunidad en la entrega de alimentos no aptos y hemos abierto un juicio de responsabilidad fiscal por cerca de 10.000 millones de pesos contra el instituto.
Por otra parte, la Contraloría ha venido revisando todo el tema de Hidroituango.

¿Prepara algún informe especial?

La obra se inició costando 10 billones y finalmente costó el doble, más de 20 billones. Y no tienen póliza. Si pasa algo, y Dios no lo quiera, ¿quién tendría que responder? Las Empresas Públicas de Medellín. Una vez entren en operación las 8 unidades del proyecto, se procederá a revisar nuevamente lo correspondiente al lucro cesante, gestión y costos, actualizando lo evidenciado previamente por este órgano de control.

¿Y por qué no han contratado una póliza?

Ninguna compañía la ha querido expedir por el valor.

¿No hay quien asegure?

No.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO