‘La Rama Judicial no ha sido gobernada de manera eficiente'

Hay un tema que estremece hoy a Estados Unidos. El presidente Trump nominó ante el Congreso al juez ultraconservador Brett Kavanaugh para integrar la Corte Suprema de Justicia. Su designación provocó que la psicóloga Christine Blasey Ford se presentara ante un comité especial del Senado y acusara al juez de acoso y violencia sexual.

Al conocer su denuncia, otras dos mujeres también lo acusaron por el mismo delito. Finalmente, su suerte será decidida en el pleno del Senado luego de que se conozca una investigación que hará el FBI.

En Colombia, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, reveló que en la reforma de la justicia se ha incluido la obligación de realizar audiencias públicas para escuchar eventuales objeciones que tengan ciudadanos o medios de comunicación contra el nombramiento de algún magistrado en cualquiera de las altas cortes.

Por otra parte, la ministra defiende la reforma de la tutela que ha propuesto, pero advierte que el Gobierno no la estima como un punto de honor.

Frente a la reforma de la justicia que ha presentado, admite que los magistrados no están de acuerdo en que sean inhabilitados como litigantes cuando terminen sus funciones; sin embargo, propone una fórmula: elevar a 12 años el periodo de los magistrados para que salgan pensionados cuando cumplan su edad de jubilación. La ministra Borrero revela también que el Gobierno alista un plan integral contra las drogas.

El tema más controvertible de su proyecto es la reforma de la tutela ...

La tutela es y seguirá siendo un mecanismo de garantía de los derechos fundamentales. No proponemos recortarla ni disminuir su alcance. El presidente Duque desde la campaña propuso reforzar la tutela para que se dedique más a proteger los derechos fundamentales, y no a lo que no tiene que hacer, es decir, resolver aquello para lo que existen mecanismos ordinarios idóneos.

Pero no hay jueces de salud, ni de medicamentos ni de pensiones...

Los temas de salud son atendidos por la jurisdicción laboral, que tiene a su cargo la seguridad social. Yo creo que conduciendo la tutela hacia esas especialidades vamos a lograr una mayor calidad en las decisiones judiciales.

"El ciudadano presentará la tutela ante el juez a su alcance, y será la Rama Judicial la encargada de llevarle el proceso al juez especializado"

Nos parece acertado que si la vulneración de derechos tiene que ver con un tema civil, sean los jueces civiles los que la atiendan, y así sucesivamente con los penales y los laborales. El ciudadano presentará la tutela ante el juez a su alcance, y será la Rama Judicial la encargada de llevarle el proceso al juez especializado.

Pero me dicen que ya hay prácticamente un acuerdo de los partidos de no aprobar ningún tipo de reforma de la tutela...

El Gobierno no estima como punto de honor la incorporación del ajuste de la tutela en este proceso de reforma constitucional. Eso sí, el debate deberá darse en el Congreso, y allí expondremos nuestras consideraciones.

La reforma también establece que solo la persona a la que se le vulnera un derecho fundamental puede presentar la tutela...

Lo que hace la propuesta es elevar a rango constitucional el principio según el cual quien interpone la acción debe tener relación con la violación del derecho, y no puede ser un tercero sin legitimación, como, por ejemplo, lo que ocurre en las llamadas 'tutelatones'.

Se considera que es eficiente acabar con la 'tutelatón', pero eso no requiere reforma constitucional, ¿no le parece?

Lamentablemente, algunos han optado por fotocopiar decenas y cientos de veces formatos de tutela iguales y distribuirlos con otras personas para radicarlos en diferentes juzgados con la esperanza de que en alguno el juez falle a su favor. Este abuso es una desfiguración de la tutela que, además de congestionar la justicia, genera incertidumbre y afecta la seguridad jurídica.

Especialistas en derecho dicen que el decreto que prohíbe la posesión de dosis mínima de droga, y que se expide mañana lunes, es inconstitucional...

El decreto, que reglamenta el Código de Policía, lo lidera el Ministerio de Defensa. Prevé la adopción de medidas policivas, no penales, que permiten hacer frente al problema del microtráfico que está afectando gravemente a nuestros jóvenes.

¿Está usted segura de su constitucionalidad?

Es que eso ya lo establece el Código de Policía. Se hace su reglamentación.

¿En qué consiste la política antidrogas que el presidente Duque ha anunciado?

Pronto someteré a consideración del Consejo Nacional de Estupefacientes que presido una política integral que estamos construyendo varios ministerios y que une las distintas estrategias que desarrollará el Gobierno en los próximos cuatro años. Vamos desde la prevención del consumo, pasando por la cadena de producción y comercialización de las drogas, hasta la penalización y el fortalecimiento de la extradición. Hoy en día existen políticas desarticuladas y aisladas. Las vamos a unir. Para los campesinos se combinará la erradicación voluntaria y la obligatoria.

¿Ante quién se presentará esa propuesta de política integral?

La va a aprobar el Consejo de Estupefacientes, probablemente se expedirá un documento Conpes, y estará en el Plan Nacional de Desarrollo.

¿De qué manera puede integrar todo eso para hacer un plan general antidrogas?

Hoy, el Estado no llega de manera sostenida ni con toda su capacidad. Con sinergias, articulación y de manera estratégica enfrentaremos este problema.

¿De alguna u otra manera estará presente la cooperación de Estados Unidos?

Sí, como se ha venido haciendo hasta hoy. Es un esfuerzo que necesita de la cooperación internacional.

La decisión de regresar al glifosato es aparentemente irreversible, a pesar de las críticas generalizadas que existen. ¿Usted qué opina?

El asunto del restablecimiento de las aspersiones aéreas con glifosato es una decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, en el marco de las funciones asignadas por la Ley 30 de 1986. Ahora, el país se encuentra en una dramática situación en materia de cultivos ilícitos: hay 171.000 hectáreas de coca, con tendencia creciente; y creemos que a agosto de 2018 se han sobrepasado las 200.000 hectáreas.

En el evento de que se decida utilizar la aspersión aérea con glifosato, se desarrollará con estricto cumplimiento de las disposiciones legales y jurisprudenciales, en especial las establecidas por la Corte Constitucional. Esto supone medidas en materia de salud, ambiente y protección de comunidades.

El hacinamiento en los centros carcelarios y las URI es absolutamente crítico. El fiscal general dice que en nueve departamentos el hacinamiento supera el 100 por ciento de la capacidad. ¿Qué hacer?

Este gobierno ha recibido una situación grave, de alto hacinamiento y violación de derechos humanos. Sin recursos y sin una estrategia cierta para superarla. Estamos construyendo varias alternativas para lograrlo: por un lado, un fuerte operativo de construcción de establecimientos carcelarios.

"Estamos construyendo varias alternativas para lograrlo: por un lado, un fuerte operativo de construcción de establecimientos carcelarios"

Por el otro, se avanza en la revisión y reformulación de la política criminal para evaluar las conductas que deben ser consideradas delitos y las sanciones, que no en todos los casos deberían ser privativas de la libertad. Implementada la solución, la infraestructura actual para retención transitoria de capturados debería ser suficiente dado que los capturados no permanecerían en las estaciones de policía y en las URI más tiempo del autorizado por la ley.

El fiscal también ha dicho que si continúa el hacinamiento, va a tener que suspender la aplicación de justicia porque no hay dónde tener detenidos...

Estamos realizando todos los esfuerzos a fin de que la aplicación de justicia no se suspenda. Estamos buscando medidas de emergencia mientras se implementan las medidas de mediano y largo plazo, como el diseño y desarrollo del plan maestro de cárceles, APP, convenios con entidades territoriales, modificación del Código Penal y el Código Penitenciario y Carcelario, con el fin de racionalizar la política criminal.

Los magistrados no están de acuerdo con la iniciativa de inhabilitarlos por cuatro años después de que ejerzan la magistratura. ¿Usted insistirá en la idea?

Hay consenso en que los magistrados, idealmente, no deberían salir a litigar. El Gobierno no está casado con un número específico de años ni con una sola fórmula. Lo que se debe asegurar es que los juristas prestigiosos cierren su carrera en las altas cortes. Que los magistrados terminen su vida laboral cuando acaben el período y salgan pensionados.

¿Cuáles son las ventajas de la eliminación definitiva del Consejo de la Judicatura?

Es muy importante explicarle al país que algunos de los más grandes problemas de la justicia se deben, en buena medida, a que la Rama Judicial no ha sido gobernada ni administrada de manera eficiente. El Consejo Superior de la Judicatura es un órgano disfuncional desde su diseño.

Al eliminar la función administrativa de la Judicatura, ¿quién la asume?

La dirección general de la Rama Judicial a través de un consejo directivo y una gerencia. La propuesta del Gobierno mantiene los pilares de la independencia judicial, asegurando que la propia Rama Judicial se administre autónomamente.

¿Con esta reforma habrá una gestión más eficiente de la justicia?

La reforma de la justicia es un proceso que no se agota con la aprobación de la reforma judicial que cursa actualmente en el Congreso. La reforma está integrada por una estrategia de mejoramiento de la gestión, infraestructura y tecnología, así como por un conjunto de reformas legales y constitucionales.

"La reforma de la justicia es un proceso que no se agota con la aprobación de la reforma judicial que cursa actualmente en el Congreso"

El ciudadano irá viendo gradualmente los resultados de esta política de mejoramiento de la justicia.

Lo que más mortifica a las cortes es que se les prohíba a los magistrados litigar después de que terminan sus periodos...

Pero en una cosa que hay acuerdo es que llegar a las cortes sea el final de una vida profesional, ellos quisieran salir de ahí pensionados y retirarse después. Vamos a llegar a un acuerdo: aumentar periodos a 12 años para que salgan pensionados. Para los futuros, no para los actuales. Lo ideal es que lleguen a la edad de retiro forzoso, 70 años. De ahí en adelante, disfrutar la vida, o dedicarse a la docencia o a la consultoría.

¿Usted ha visto el debate tan intenso en Estados Unidos por la confirmación del magistrado Brett Kavanaugh y la acusación sexual de Christine Blasey Ford?

Eso fue incluido en nuestro proyecto. Creamos la audiencia de confirmación de magistrados; cuando el nombramiento se produce en las cortes, después de 15 días habrá una audiencia de confirmación, y toda persona o medio de comunicación puede ejercer un control social hacia el magistrado elegido. Para la Corte Constitucional, es el Senado el que hará esa audiencia de confirmación. Las audiencias de confirmación en la Corte Suprema y el Consejo de Estado serán hechas por las salas plenas.

Pero entonces, la cooptación se reforma en el sentido de que en audiencias deben ser confirmados los nuevos magistrados...

Sí, deben ser confirmados.

¿Todos?

Todos. Sí señor.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO