‘La paz y los acuerdos están en peligro’: Humberto de la Calle

Humberto de la Calle, el hombre que construyó -con la dirección del expresidente Juan Manuel Santos- el acuerdo de paz con las Farc, que puso fin a 50 años de violencia en el país, advierte, con inocultable preocupación, que no solo los acuerdos firmados, sino la paz misma del país, están en riesgo. De la Calle va más allá: denuncia la existencia de la que llama una "mano negra" para hacer girar al país hacia la derecha, hacia el autoritarismo, y "retrotraer las conquistas de la Constitución del 91", la que él también contribuyó a construir, como ministro de Gobierno del expresidente Gaviria. De la Calle, quien también fue vicepresidente de la República, no oculta para nada su inquietud y su temor por el futuro del acuerdo de paz.

¿Se están cumpliendo todos los acuerdos que usted firmó para el posconflicto?

El presidente Duque dijo que cumplirá con la reincorporación, lo cual coincide con el lenguaje positivo y optimista del doctor Emilio Archila, consejero para la normalización. Pero el problema es más de fondo. En muchos temas esenciales hay inacción, cuando no franca oposición. La reforma rural está congelada. Vamos a incurrir en el mismo error que durante más de un siglo ha alterado la tranquilidad en el campo. La apertura política está en veremos. Es patente el deseo del Centro Democrático de enredar la JEP. Aunque la Constitución habla de estabilidad del acuerdo durante tres períodos, el Presidente insiste en modificar aspectos esenciales. Se nota una oposición a veces franca, otras asordinada. Pero ahí está. Me parece que eso es equivocado y es la pérdida de una enorme oportunidad para Colombia de doblar la hoja de la violencia con este grupo guerrillero.

¿Por qué algunos dicen que la paz va bien con los problemas normales, y otros, que la paz se descarriló? ¿Cuál es la verdad?

Ni lo uno ni lo otro; yo creo que hay avances inmensos, pero eso no significa que no hay riesgos; este ambiente político que se está creando y la insistencia del Gobierno en buscar modificaciones unilaterales es nocivo. Hay que abrir esquemas para que todas las fuerzas políticas, sin excluir a las Farc, busquen si algún tipo de precisiones o perfeccionamiento es necesario hacer. No me parece que haya fracasado la paz, pero depende de todos nosotros aprovechar esta oportunidad.

¿Por qué todos los grandes debates terminan en la Corte Constitucional?

Siento que hay una especie de dimisión del Congreso. La Corte es el árbitro. Pero mientras menos pongamos a la Corte a dirimir disputas de coyuntura, mejor.

¿Quién ha dimitido de sus obligaciones?

El Congreso. ¿Cuántas veces la Corte ha llamado la atención del Congreso para que legisle? Y no lo hacen. Entonces, sí se está produciendo una deformación, y es que decisiones que podían tomarse en otras instancias van a la Corte.

El fallo de la Corte que anula dos artículos del Código de Policía, sobre consumo de drogas en parques y sitios públicos, puso otra vez a la Corte Constitucional como centro de discusión por lo que decidió...

No conozco el fallo, hay que esperar. Encontrar un punto en el que no sea necesario sancionar a los consumidores, pero que permita impedir el influjo nocivo sobre los niños.

El presidente Duque ya dijo que seguirá aplicando el decreto que ordena decomisar la droga. ¿Eso es anticonstitucional?

Pues yo estoy preocupado con esa declaración. No la he estudiado a fondo, pero entiendo que el Presidente arguye que hay otras fuentes normativas que le permiten seguir aplicando el decreto.

Aquí lo que estamos vislumbrando es nuevamente una confrontación... 

Ojalá que no. Pero mire: es que los políticos no están haciendo su tarea. La Corte ha sido fundamental para cumplir la Constitución, es más, en mi opinión veníamos desde el 91 en un camino que yo llamaría progresista y ahora lo que hay es un deseo de dar marcha atrás, de retrotraer las ventajas y las conquistas de la Constitución del 91.

Pero ¿qué es lo que está en riesgo? ¿Qué es lo que se está desbaratando?

El problema de fondo en Colombia hoy, y es lo que está en riesgo, es la concepción, tolerante, abierta y pluralista de la Constitución del 91. Y de ahí se derivan acciones contra el acuerdo de paz, acciones para omitir las responsabilidades de otros actores, los victimarios, no son solo las Farc, hay militares que desviaron su camino, paramilitares, terceros financiadores, y luego, en estos temas de orden moral, un deseo de instaurar un Gobierno bastante autoritario y que pretende manejar la vida de los colombianos.

¿Qué o quiénes son lo que usted ha llamado mano negra? ¿Qué es?

Hay una vieja alianza entre sectores que han arrebatado la tierra, que han promovido el desplazamiento de 7 millones de campesinos y que generan alianzas con políticos. La 'parapolítica' fue una realidad, y fue la Corte Suprema la que tuvo que enfrentarla con gran valentía. Yo creo que esa alianza se mantiene, grupos de extrema derecha, personas que quieren impedir a toda costa la transformación de Colombia, mantener una estructura inequitativa, particularmente en el campo, y que traducen sus deseos en acciones concretas de carácter político, como ocurrió en el pasado. Grupos que aún subsisten. Y que se ligan en algunos casos al narcotráfico.

¿Y qué hacer?

Reafirmar el compromiso con los acuerdos, abrir opciones de discusión, sin duda, para efectos de precisiones, de mayores garantías, pero el camino de Colombia está alrededor del acuerdo, que no se limita al cese de la confrontación armada, sino que es también una hoja de ruta para una transformación del país, en términos de mayor equidad, de mayor inclusión. Y también, claro está, desmantelar esos grupos siniestros.

¿Cuál es la situación de los desmovilizados?

Al principio del gobierno me parece que había cierto desconcierto. Repito que el doctor Archila tiene ahora un lenguaje más positivo. Pero hay demasiada ideologización poco realista.

Si la extradición de Jesús Santrich ocurre, ¿se están violando los acuerdos?

Si es extraditado, no creo que eso signifique incumplimiento del acuerdo, sino todo lo contrario. Es la reafirmación de lo pactado.

Usted dijo que todo este escándalo en el caso Santrich es un nuevo episodio de 'patria boba'. ¿No le parece que determinar la fecha en que los excombatientes tendrían que haber dejado el narcotráfico no es 'patria boba'?

Lo que está claro es el acuerdo. Esa fecha es importante para ese caso concreto. Pero los grandes temas no pasan por allí. Si Santrich delinquió, traicionó a las Farc, traicionó a quienes desde el gobierno negociamos de buena fe y traicionó a la sociedad colombiana... Finalmente, no es el problema central del país. Lo que dije es que por una discusión probatoria se quiso hacer creer que estábamos ante una crisis institucional. Cómo no va a ser 'patria boba' armar semejante escándalo cuando ni siquiera hay un pronunciamiento definitivo de la JEP. Es curioso que en primera instancia, la JEP no recibió las pruebas que aparecieron después. Y que una de ellas sea un video que ya se conocía pero sin audio. Y hablan de impunidad cuando ese señor a falta de una causa penal, tiene dos. Es un indiciado a manos de la Corte Suprema.

¿El exfiscal Néstor Humberto Martínez tuvo la razón al renunciar por el fallo de la JEP sobre Santrich?

No. Mire que ni siquiera se ha decidido en segunda instancia. Se quiso pintar una crisis institucional que no existe.

El partido Farc ha denunciado que han sido asesinados 129 desmovilizados desde que se firmó el acuerdo de paz. ¿Usted ve en peligro de muerte a los desmovilizados? ¿Qué tanto es el riesgo que ellos están corriendo?

La cifra es abultada y muy preocupante. Este es un fenómeno que viene de antes. En La Habana creamos un mecanismo robusto de protección. La clave no es solo la protección pasiva de quienes están en riesgo, sino el desmantelamiento de esa mano negra que muestra ya un grado de concertación, una siniestra sistematicidad.

¿Iván Márquez se marginó del proceso de paz?

Al no concurrir a la JEP, incumple el acuerdo sin duda alguna. Pero hay algo más grave. Decir que fue un error de las Farc no haber conservado las armas es una fábula. Ellos propusieron de mil maneras una especie de armisticio prolongado. Una paz armada con cuentagotas. Esa era la ultralínea roja para nosotros. No había posibilidad de una paz armada. El dilema para las Farc no era ese. El dilema era acuerdo o ruptura. Yo concuerdo con la JEP en que esa manifestación muestra ya una ausencia de voluntad en el cumplimiento de este, que es un tema de fondo.

¿Y la no presentación de Márquez ante la JEP es razón para que le sea retirada su curul en el Senado como pidió la Procuraduría General?

Claro. La decisión del Consejo de Estado sobre la investidura de Santrich se basó en que, estando preso, no estaba en su voluntad no tomar posesión. En cambio, Márquez no se presentó por voluntad propia.

El Gobierno ha dicho que va a presentar proyectos que contienen reformas de la JEP. Parecería una resurrección de las objeciones. ¿Usted qué opina?

Sigo insistiendo en que hay normas constitucionales que protegen la estabilidad de los acuerdos. Pero más allá de eso, ¿qué sentido tiene que nos gastemos todo el período de Duque en discusiones del pasado? Lo que le conviene al país es mirar hacia adelante. Además, esto no corresponde con la visión que yo tengo de Iván Duque, con quien compartí largas y fructuosas charlas cuando ambos vivíamos en Washington.

Con todo respeto, yo veo a veces una disonancia entre las maneras del Presidente y sus actos. El doctor Uribe inauguró una forma extraña de gobierno: en los consejos comunales él era jefe del gobierno y, a la vez, jefe de la oposición. Regañaba a los ministros y con eso arrancaba aplausos. Ahora pareciera que hay una evolución. Un gobierno sin partido de gobierno. Un partido de gobierno que entorpece la labor de su presidente. No me atrevo a decir que lo que hay es una sagaz distribución de roles, pero necesitamos claridad política.

Yo sostengo que hay un designio que se cierne sobre Colombia: el deseo de la derecha de echar atrás las conquistas de la Constitución de 1991. Una visión autoritaria, una visión de familia que contradice la realidad, un deseo de imponer una moral desde el Gobierno, un freno a la autonomía de las cortes. No exagero. En mis manos tengo un documento del grupo Visión Colombia 2020, apoyado por empresarios importantes afectos al Centro Democrático, donde se da marcha atrás en muchos de esos temas. Entonces aclaremos la política. Que el Gobierno y el partido que lo apoya hablen claro. Y hagamos la discusión.

¿Está en peligro la paz? ¿Están en peligro los acuerdos?

Yo sí lo creo. El ambiente muestra fragilidad. Hay demasiados temores. Desconfianzas. A veces no se dice la verdad. ¿Qué hay contra la JEP? ¿Hay desconfianza larvada que solo se alimenta en los corrillos? Yo veo opositores de buena fe al acuerdo. Hay quienes por rabia quieren ver a los combatientes en la cárcel. Pero también hay quienes creen que la violencia ilegal estatal y paramilitar fue una necesidad. Así lo oculten. Mientras en el fondo quede el rescoldo de que hubo una violencia buena, no seremos capaces de pasar la página. Pero de esto salimos hacia adelante, no hacia atrás.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO