“Contrabandistas y lavadores de activos podrían comprar tres veces, de
contado, toda la Policía del país”.
Con semejante analogía, el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, llama la
atención del país sobre la dimensión del daño que los delitos le están causando
a la Nación.
El lavado de activos, dice Ortega, alcanza una cifra absolutamente
desconcertante: 10.000 millones de dólares al año, producto de lo que se recibe
por la exportación de cocaína, que el mismo funcionario calcula en ¡400
toneladas al año! Fenómeno que no vacila en calificar de “siniestro y
nefasto”.
Ortega revela en este reportaje que para controlar los giros a ‘paraísos
fiscales’ como Panamá, Barbados, Antigua, Jamaica, islas Caymán, islas Vírgenes, Curazao, se va a imponer un impuesto del 33 por ciento a todos esos envíos.
Anuncia también que se estudia la imposición de IVA a las tarjetas de crédito
por compras en Amazon y otros proveedores a través de Internet.
¿Qué es lo que ocurre con Amazon?
Es una compañía para compras en el exterior. En Colombia todo lo que se
compra por Internet no paga impuestos, no paga IVA, no paga arancel, nada.
Tenemos un problema de control de las empresas de courier. Hemos cogido hasta armamento muy importante. En Medellín hicimos el seguimiento de un cañón y unos fusiles. ¡Imagínese! Fueron comprados por Internet. Usted puede comprar lo que no se imagina, incluidas armas de altísima peligrosidad.
¿Y entonces?
Lo que estamos preparando en la Dian es un gran plan de control a todas las
compras por Internet, incluyendo Amazon. Analizamos con los bancos y las
tarjetas para que, cuando se haga el pago de lo que se importa, se haga la
retención.
¿Qué cantidad de operaciones se realizan por Internet ?
En tarjetas de crédito pasamos de 2 millones en el 2005 a 12 millones de
tarjetas hoy. Entonces, los colombianos que tienen la capacidad de hacer compras por Internet se multiplicaron por 5 en 7 años.
¿En qué consiste el convenio sobre intercambio de información internacional cuya ratificación por parte del Congreso está tramitando usted?
Es un tratado internacional suscrito por Colombia y 44 países más. Estamos en
el proceso de ratificación. Europa se aburrió de la tradición de Suiza y
Luxemburgo que permitía que la gente no pagara impuestos. Los países son
víctimas de vecinos que abusan. Protegen gente que está evadiendo, utilizando
otra jurisdicción. Se trata de que ya no lo puedan hacer. Ya pasamos Senado y
nos falta Cámara.
¿Los llamados ‘paraísos fiscales’ de Colombia cuáles son?
Hay jurisdicciones que tradicionalmente han sido consideradas ‘paraísos’,
principalmente Panamá, islas Vírgenes Británicas, islas Caymán, Anguila, que era donde Pablo Escobar escondía su fortuna y lavaba sus activos.
¿Anguila?
Sí, es otra isla en el Caribe. Hay gente colombiana muy sofisticada. Anguila
es uno de los inversionistas extranjeros más grandes en el país, y hay como
4.000 millones de dólares de supuesta inversión extranjera que viene de esa
isla.
¿Curazao?
No es de los ‘paraísos’ importantes, pero ya nos informó que, tan pronto se
apruebe el tratado que negociamos con ellos, nos darán la información que
solicitemos, incluso la de períodos anteriores a la firma, que están
investigados.
¿Y Panamá?
No ha dicho que sí firma un acuerdo con Colombia, pero tenemos la gran
ilusión de que se genere la conciencia del daño que la llamada shadow economy
(economía oscura) –que incluye la economía alrededor de la evasión de impuestos, el narcotráfico y el lavado de activos– le puede hacer a ellos. Todavía no los he logrado convencer, pero creemos que Panamá tiene que negociar un intercambio de información con Colombia, en interés del mismo pueblo panameño, para que no vayan a sufrir mañana el daño brutal de esa economía oscura.
¿Difícil, Panamá?
No ha dado muestras de que sí, claramente no, pero confiamos en convencerla.
¿Cuánto valen los depósitos y propiedades de colombianos en el exterior?
Un estudio de Roberto Junguito y McKinsey habló en el 2002 de 50.000 millones de dólares. Hoy, más de 10 años después, debe estar por 70.000 millones. Pero, eso es solo financiero, acciones, títulos, papeles. Adicionalmente, hay inversiones importantes de colombianos en el exterior en finca raíz.
¿Todos esos recursos, tanto financieros como de inmuebles, serán perseguidos en los llamados ‘paraísos fiscales’, tan pronto se ratifique el tratado?
Sí. Algunos han dado claras muestras de que quieren firmar con Colombia:
Barbados, islas Caymán, Anguila, Curazao, Bermuda… con islas Vírgenes Británicas no hemos hablado.
¿Y en qué consiste concretamente el decreto sobre ‘paraísos fiscales’ que alista?
Vamos a sacar una lista de todos los países que no cumplen con los requisitos
señalados en la ley para ser ‘paraísos’. Esos países van a tener un tratamiento
tributario discriminatorio hasta que negociemos un acuerdo de intercambio de
información con ellos…
¿Es decir?
Por ejemplo, si usted hace negocios o envía dinero a un ‘paraíso fiscal’,
vamos a asumir que está escondiendo y le vamos a cobrar un impuesto en el
momento en que gire; un impuesto que va a ser del 33 por ciento sobre el valor
de lo girado. No puede restarle costos, ni gastos ni nada.
¿Control de despachos a todos los países que no firmen?
A los que no firmen, sí señor.
Entre otros, Panamá…
Esperemos que ellos negocien con nosotros para no tener que llegar a eso.
Si no negocian, ¿se hará eso?
Si no lo hacen, estarían vulnerando de manera muy importante los intereses
colombianos y facilitándoles a organizaciones criminales que puedan seguir
operando en detrimento de los intereses de los dos pueblos.
Mejor dicho: ¿todo giro que uno haga a bancos colombianos en Panamá tendría impuesto del 33 por ciento si Panamá no colabora?
Se va a cobrar ese 33 por ciento sobre los pagos que se hagan a todos los
países llamados ‘paraísos’ que no firmen el acuerdo de intercambio de
información. Ojalá Panamá no esté entre estos.
El impuesto que anuncio se hará únicamente con los que vamos a llamar “países
No cooperantes”.
¿Por qué está comprometido en esta tarea?
No se pueden estar encubriendo capitales criminales. El país necesita una
institución tributaria sólida, fuerte y que la gente tenga claro que no puede
manosear. Si uno no recauda impuestos, no tiene Estado, no tiene justicia, no
tiene salud, no tiene educación, no tiene infraestructura. Todos los
funcionarios del Estado son pagados por los impuestos que recauda la Dian. Somos una institución que aún está en proceso de fortalecerse. Somos uno de los cuatro países que menos recauda, junto con Haití, Salvador y Honduras. Si quiere tener una justicia fuerte, un Estado fuerte, Colombia necesita recaudar por lo menos el 20 por ciento del Producto Interno Bruto. Hoy apenas llegamos al 15 por ciento.
El reciente asesinato de la investigadora de la Dian Celia Escobar y la sucesión de amenazas y muertes que han ocurrido en los últimos seis meses muestran que algo está pasando en la Dian…
Claramente, algo está pasando.
¿Y qué está pasando?
Investigaciones sobre lavado de activos. A Colombia se trae mucho dinero para
poder mantener las operaciones del narcotráfico vivas. Naciones Unidas dice que
Colombia exportó 382 toneladas de cocaína el año pasado; la presidencia de EE.
UU. dice que 245 toneladas de cocaína al año. Un profesor de Maryland –que
invitó Alberto Lozano, el exdirector de la Uiaf– dice que pueden llegar a ser
hasta 800. Yo, con seguridad, creo que son 400 toneladas de cocaína. Y hay que
pagarles a quienes siembran, transportan, producen; y precursores químicos,
gasolina, cemento, etc. Eso en cocaína.
¿Y en otros productos?
En cigarrillos de Philip Morris y British American Tobacco estamos hablando
de un negocio de 130 millones de dólares al año. En whisky se estima que
ingresan hasta un millón de cajas al año. Una tractomula llena tiene 2.000
cajas. Eso le da idea de la cantidad de whisky que Colombia consume de
contrabando. Eso puede estar cerca de 300 millones de dólares. En gasolina
pueden ser 400 millones de dólares de contrabando. En calzado, 20 millones de
pares son de contrabando; a un promedio de 10 dólares, se negocian 200 millones de dólares al año. En arroz, son 300.000 toneladas de contrabando. 300.000 toneladas son 300 millones de kilos. Póngale al kilo 3.000 pesos y usted está en 1.700 millones de dólares al año. Son cifras que suman más de 3.000 millones de dólares.
¿Y en billetes?
Ese es el otro rubro. Acabamos de conocer una investigación de la autoridad
holandesa que encontró 250 millones de euros enviados en billetes de 500 euros,
envueltos uno por uno, a Colombia. Aparte, la minería legal del coltán y del
tungsteno. Hay un problema de actividades ilícitas muy rentables, y no hay que
taparnos los ojos y meter la cabeza en la arena como un avestruz. Nuestros
arroceros están quebrados por el contrabando; nuestra industria no crece por el
contrabando; nuestros textileros y zapateros están en crisis por el contrabando.
El contrabando está acabando con empresarios honestos y legítimos. Lo que está
llegando de acero en unas condiciones rarísimas es enorme, y la gente que tiene
industrias que generan empleo en Colombia está desprotegida ante estructuras
criminales que necesitan lavar dólares, a través de billetes, a través de bancos
y casas de cambio. Muchas son importaciones facturadas de China que le hacen un daño muy grande al aparato productivo colombiano.
¿A cuánto cree usted que asciende el lavado?
Alejandro Gaviria hizo un estudio muy serio en Los Andes, que publicaron
inclusive en Inglaterra, en el que lo sitúa en 7.800 millones de dólares al año.
Yo lo estimo hoy en unos 10.000 millones de dólares.
Eso es monstruoso...
Sí. Para que la gente lo ponga en contexto, eso es lo que valen todos los
recursos de la Fuerza Pública colombiana al año. Para que vean la dimensión del
enemigo. Uno no puede tener enemigo que gana lo mismo que uno gana. El
presupuesto total de la Policía Nacional al año son 6 billones de pesos, 3.000
millones de dólares. O sea, estos tipos, contrabandistas y lavadores de activos,
pueden comprar la Policía tres veces de contado. ¡Eso es así! Para que el país
dé dimensiones al problema que está enfrentando.
Yamid Amat
Especial para EL TIEMPO