La Agencia de Hidrocarburos en mira de Contraloría

Sandra Morelli habló en entrevista con Yamid de irregularidades con manejo de regalías y contratos. La Contraloría General está en una lucha sin consideraciones contra cualquier intento de corrupción administrativa que busque rendimientos electorales. Su titular, Sandra Morelli, lanzó un "mapa de riesgo" que ubica 75 sitios altamente vulnerables a la corrupción por contratación, en muchos casos coincidentes con los otros dos mapas: el de orden público y el de fraude electoral.

La Contralora revela que fueron descubiertas serias irregularidades en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y explica lo que ha hallado en las investigaciones de Agro Ingreso Seguro.

Morelli alude a afirmaciones del ex presidente Uribe y dice que las investigaciones no han sido contra él, sino contra funcionarios de su gobierno que no eran "precisamente ángeles", y denuncia que muchas licencias de minería otorgadas en el gobierno anterior estaban "envenenadas". Anuncia una acción de embargos en el exterior: "Viajaré a Viena, a una reunión de la ONU con autoridades responsables de embargar activos en el exterior adquiridos con conductas corruptas".

¿Es que actualmente no se puede?

Sí y no. Para narcotráfico sí, pero no se ha desarrollado adecuadamente la convención anticorrupción. Se trata de recuperar los activos del Estado y ahora la Contraloría lo hará directamente, sin un exhorto a través de Cancillería.

¿Al margen de los embargos a los Nule en el exterior, hay otros casos?

Sí, cuatro. No puedo decir cuáles porque equivaldría a avisarles.

¿Cómo va su proceso contra los Nule?

Sobre los casos de Bogotá, en unos 15 días habrá imputación. Son 39 investigaciones en un solo proceso. Hasta hoy, la Contraloría ha recuperado más de 200 mil millones de pesos y el Estado se ha ahorrado más de 2 billones. En el caso Enertolima le corresponden al Estado colombiano 150.000 millones.

¿El Estatuto Anticorrupción le pone punto final a la corrupción en contratación?

Prevé normas que son importantes, pero es ingenuo pensar que acaba la corrupción. Sin embargo, normas como la imposibilidad de adjudicar si los diseños no están finiquitados y no son definitivos, o la orden de que los anticipos estén en una fiducia, son avances que se habían perdido con la reforma a la Ley 1150 y con los reglamentos amañados.

¿Cuál es la principal fuente de corrupción?

La relación entre la política y la contratación. El estatuto tiene la finalidad de romper esa relación. Vamos a presentar dentro de 15 días una auditoría de control a los recursos públicos, para evitar que se los añadan a las campañas. Ya hicimos el mapa de riesgo. Identificamos los montos por los que se hacen los contratos, quiénes ordinariamente contratan, el fraccionamiento de contratos, qué recursos los nutren. Le estoy hablando del sistema general de participación, de regalías, de planes departamentales de agua y de recursos de la ola invernal, por ahora. Vamos a controlar en la fuente con quién se contrata y haremos todo el seguimiento de campañas en las que notemos que hay gasto excesivo o anomalías, como un alcalde con su señora repartiendo 34.000 pares de zapatos.

¿Y eso?

Era parte de kits escolares. No creíamos que un alcalde en una ciudad importante tuviera como función repartir zapatos con su señora. El mapa muestra los municipios con mayor riesgo de desviación de recursos.

¿Y qué tiene ese "mapa de riesgo"?

Hemos agregado el mapa de riesgo de corrupción por contratos a los dos que ya existen: el de orden público y el de fraude electoral. Cruzando la información, 75 municipios son los más riesgosos, y en eso coinciden los tres mapas.

La Auditoría acaba de revelar contratos billonarios sin licitación alguna...

Es la regla general, y eso es gravísimo. La licitación es la regla excepcional; los convenios interadministrativos son para eludir licitación y Ley 80. El mismo Fonade se convirtió en una excusa para no aplicar la Ley 80, argumentando que tienen un régimen excepcional, que es un fondo parafiscal, que hay convenio interadministrativo, que había declaratoria de urgencia, etc.

¿Eso se hizo con Agro Ingreso Seguro?

Exactamente. El Ministerio, en lugar de usar instrumentos ordinarios, creó este convenio con el IICA, un órgano internacional al que se le transfería el dinero y contrataba directamente; fraccionaba contratos; cambiaba la destinación de recursos sobrantes, los aplicaba a publicidad. Examinamos todo eso. Es ejemplo de cómo se elude la transparencia.

¿Cómo evitar la corrupción en contratos?

El portal que inauguró el Gobierno es muy sano; se sabe qué se está contratando y con quién. Lo debería tener todo el país. Se deben fortalecer también los controles internos y hacer procesos rigurosos de selección de personal.

¿Hay dineros públicos en campañas?

Lo que hemos encontrado es aprovechamiento del esfuerzo fiscal del Estado para hacerlo parecer como un beneficio político. En el caso de la ola invernal, hay muchos casos en los que la ayuda se entrega a nombre de X o Z. Eso pasa en Valle, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander y Norte de Santander.

¿Y qué pasará con las vigencias futuras, que, según el Consejo de Estado, no tienen sustento legal?

El Gobierno va a tramitar una ley orgánica del presupuesto. Recomendamos que la introduzcan, pero con requisitos rigurosos. Las vigencias futuras comprometen el presupuesto y hay un alto riesgo de que se destinen a financiar campañas. El Valle fue uno de esos ejemplos, e incluso hay casos donde creemos que puede haber lavado de activos porque las vigencias se hacen líquidas con recursos de organizaciones ilegales.

¿Alcaldes y gobernadores nuevos van a encontrar ciudades o departamentos quebrados?

Hay 30 entidades territoriales en esa situación. Los funcionarios hallarán ciudades y departamentos hipotecados, por abuso de los instrumentos de endeudamiento. No son viables. Entre otras, Malambo, Bahía Solano, Corozal, Puerto Colombia, Arboletes y Campo de la Cruz.

¿Qué está investigando sobre la Agencia Nacional de Hidrocarburos?

Lo primero que encontramos fue una incorporación de las regalías a su patrimonio. Las regalías no son de la Agencia, solo las administra y gira. Hay errores contables por altas cifras. Hay muchas deficiencias en la contratación. Hay un caso con la Agencia Logística que asciende a 50.000 millones de pesos, para hacer unas estructuras antisísmicas, que no es la especialidad de la Agencia Logística. No estamos tranquilos con la actuación de las dos entidades. Hay una sumatoria de gastos que no se justifican. Hemos dado traslado disciplinario y penal a Procuraduría y Fiscalía, y hemos informado al Gobierno.

El ex presidente Uribe está molesto por las investigaciones sobre su gobierno...

Lo que hemos descubierto no es contra él. Lo que pasa es que nos toca controlar ahora lo que corresponde a la administración pasada. Tenga la seguridad, y ya lo está viendo, que en la medida en que estamos controlando también los actos de este gobierno, las lunas de miel se empiezan a poner amargas. Al ex presidente Uribe obviamente le fastidia, pero nuestro objetivo es combatir, denunciar y sancionar la corrupción, así fastidiemos a tanto ministro y director de entidades públicas. Uno entiende la solidaridad que él tiene frente a sus funcionarios, pero al final él y el país verán que es un procedimiento objetivo. Las decisiones se tomarán con estricto apego a la ley y a las pruebas, sin que ningún elemento político pueda jugar.

¿Y en qué van las investigaciones?

Se van a acelerar. Con una herramienta tan importante como la posibilidad de tomar decisiones en dos audiencias. Vamos a dejar de patinar sobre lo mismo. Los riesgos de prescripción y caducidad siguen siendo muy altos, pero los juicios orales serán una herramienta muy buena para ponernos al día. Creamos la unidad anticorrupción; vamos a tener la unidad internacional para embargar bienes en el exterior; crearemos una oficina de relación con el Congreso, con profesionales especializados, para atender técnicamente información legislativa, de números de impacto fiscal y de normatividad vigente.

¿Y la queja de Uribe de que todo se hace con afán mediático, por la presencia del Presidente, de ministros, de usted, del Procurador, de la Fiscal?

El tema del espectáculo mediático tiene de bueno y de malo. El presidente Santos lo que ha querido mostrar es que si algún organismo de control o instancia judicial está adelantando una investigación en corrupción, no está solo, está todo el Estado. Eso me parece sano. Y los organismos somos autónomos; investigamos lo que nos corresponde, independientemente de la orientación política o de si es de este o aquel gobierno. Lo malo, es que en esto hay personas con derechos fundamentales. Y la información sobre nuestras actuaciones puede vulnerarlos. Debemos ser muy cuidadosos y conciliar la intangibilidad de esos derechos con el deber de informar.

¿A qué adjudica tanta corrupción que se está descubriendo?

Muchos funcionarios no fueron precisamente ángeles. Lo que viene sucediendo en la administración pública es que circulan cifras de dinero inmensas, y hay una cantidad de traslados de recursos para la salud, para agua potable, para educación, que pasa de unas manos a otras, y en todo ello no había controles. En esa falta de control, esa debilidad de la institución, esa descoordinación entre lo nacional, regional y local, aparecía alguien que le pegaba a la piñata.

¿Qué hará para evitar que en esta época electoral aparezcan los zarpazos?

La misma unidad de 60 personas de la ola invernal ya está vigilando los giros de recursos. Este grupo está sometido, además, a un proceso especial de entrenamiento por organizaciones internacionales expertas, para evitar que nuestra interferencia pueda ser utilizada políticamente. Un pronunciamiento inoportuno nuestro puede ser aprovechado por el otro candidato. El estado es de alerta

¿Y qué está pasando en la minería?

Licencias dadas de manera muy desordenada; además, algo así como "envenenadas", porque muchos ex funcionarios que las otorgaban incluían zonas vedadas en la mitad del predio licenciado. A ciertas licencias se les dio trámite preferencial; casos de corrupción de los organismos del Ministerio de Minas, que actuaban descentralizadamente. Tenemos una gran preocupación por la bahía de Santa Marta, porque allí hubo una ausencia de control global de las licencias para transportar carbón: Se otorgaron sin considerar el impacto colectivo. Nos hemos quejado y no hemos encontrado respuesta satisfactoria.

Pide una corte de cuentas



 

En la reforma a la Justicia, el Gobierno propone que al Contralor lo elija el Congreso, es decir que no sea de una terna de las cortes, como ocurre hoy...

Eso es producto de un juicio de desvalor del Gobierno frente a la acción de la Contraloría como está concebida hoy. La quieren volver un ente político.

¿Qué piensa de eso?

Creo que la parte de policía judicial, de investigación fiscal y de suspensión de funcionarios debía ser ejercida por una corte de cuentas de naturaleza judicial. Eso hace el tema mucho más garantista.

YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO