'Hoy puedo decir con orgullo que Minsalud es un fortín tecnocrático'

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, no duda al decir que el año que acaba de terminar fue bueno para su cartera.

“No podemos decir que se solucionaron todos los problemas, pero fue un año de recuperación de los problemas financieros y de transición hacia un modelo mejor, más eficiente y equitativo”, explica Gaviria, ingeniero civil y doctor en Economía de la Universidad de California.

“En conjunto, tomamos unas medidas equivalentes a una reforma de la salud –agrega–. El decreto de biotecnológicos fue un triunfo significativo; el nuevo modelo de zonas dispersas permitirá llevar la salud a sitios apartados donde el modelo de aseguramiento no funciona bien; el decreto de habilitación financiera de EPS permitirá un control estricto de los recursos, y el decreto de movilidad entre regímenes elimina los incentivos a la informalidad y garantiza la continuidad en la atención”.

¿No fue un año de crisis hospitalaria por la altísima deuda de las EPS?

Las crisis financieras toman tiempo en resolverse. Primero había que estabilizar una situación explosiva. Eso ya se hizo. Con la compra de cartera y otras medidas, terminamos muy bien el año. Así lo reconocen muchos prestadores. Otros siguen apegados a la inercia de la crítica. Esos nunca reconocerán nada.

La gran crítica era que la plata de la salud estaba en TES…

Esa crítica aludía a las deudas del Fosyga con el sistema, que se han venido resolviendo poco a poco con base en cambios legales y reglamentarios. Por ejemplo, para pagar muchas cuentas, que habían sido glosadas por falta de algún papelito, necesitábamos una norma que nos autorizara a pagar si se cumplen ciertos requisitos esenciales. Ya la plata no está en TES. Los excedentes del Fosyga prácticamente se acabaron porque hemos venido pagando las deudas.

Pero aún hay hospitales en crisis…

Sí, pero muchos otros se han venido recuperando. Las inversiones en el sector hospitalario continúan creciendo.

¿Qué va a pasar con los hospitales que siguen en crisis?

No todos los problemas de los hospitales públicos se deben a los problemas del sistema. El sistema es el mismo; los resultados, distintos: a unos les va bien, a otros no tanto. La buena gestión y la ausencia de clientelismo son claves. Los hospitales en crisis tienen un acompañamiento especial. Además, un proyecto de ley en curso tiene varios artículos para seguir el saneamiento financiero y contable.

¿Cuántos hospitales públicos tiene Colombia?

Casi mil.

¿Cuántos están en crisis?

Un poco más del 50 por ciento de los hospitales están en riesgo financiero medio o alto. Las causas son muchas: desde las fallas del sistema hasta los problemas de gestión, los gastos excesivos, el clientelismo, etc.

¿Terminó la era de los políticos que tenían sus propias clínicas y hospitales y sus propios delegados y los organismos que manejaban las Eses?

La era de los interventores politizados en los hospitales se acabó. Algunos hospitales siguen teniendo alguna injerencia política indebida. Este no es un problema del sistema de salud, sino de la descentralización.

¿La salud regional sigue politizada?

No en lo que compete al ministerio. Sin embargo, algunos hospitales públicos de tercer nivel sufren los problemas típicos del sector descentralizado territorial, los mismos que afectaron a las beneficencias, las licoreras, las electrificadoras, etc.

¿Pero qué tipo de politizaciones se acabaron desde el ministerio?

La politización de la Superintendencia de Salud se acabó, la del Instituto Nacional de Salud se acabó. Las decisiones se toman ahora con independencia de la política electoral. Hoy puedo decir con orgullo que el Ministerio de Salud es un fortín tecnocrático.

¿Hubo parlamentarios que tenían interés en el manejo de recursos de la salud?

Por supuesto; yo no voy a negar lo obvio.

El problema era la desviación de recursos de la salud. ¿Eso se terminó?

Eso se acabó. Primero, con los controles puestos en práctica en los últimos años, y ahora, con el decreto de habilitación financiera. Así lo explicamos en el Congreso en varios debates. Tenemos, eso sí, algunas preocupaciones puntuales con Caprecom y con algunos hospitales públicos.

¿Me puede decir los nombres de los políticos?

Puedo decirle los nombres de algunos hospitales que me preocupan: el hospital San Jerónimo, en Córdoba; el hospital Rosario Pumarejo de López, del Cesar; el San Francisco de Asís, en el departamento de Chocó; el Hospital Universitario de Sucre; el Hospital San Andrés, de Tumaco, etc. Todos son centros de disputas políticas locales. Eso no debería ocurrir en la salud.

¿La ley estatutaria aprobada por el Congreso les da facultades para actuar ahí?

La Superintendencia de Salud tiene facultades para intervenir, pero las intervenciones son problemáticas. Tienen que usarse muy selectivamente. Hace poco intervenimos el hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué, donde por un tiempo también campeó el clientelismo. La clave es tener buenos gerentes.

Pero son nombrados por concurso…

Sí, pero los concursos no han sido garantía de independencia; a veces son un disfraz meritocrático para la politiquería.

¿Entonces la ley estatutaria para qué sirve?

Incorpora la jurisprudencia a la legislación, define los principios generales del sistema y los derechos y deberes de la gente, y sobre todo define con claridad qué puede pagarse con recursos públicos y qué no.

¿Qué se puede pagar con recursos públicos y qué no?

No se puede pagar, en principio, lo que no cuenta con evidencia, lo experimental, lo que no tiene registro sanitario, lo que tiene que ser prestado en el exterior y lo que tiene un propósito meramente cosmético.

¿Cómo va el enredo de Caprecom?

Caprecom es una EPS pública con más de tres millones de afiliados, con problemas históricos de manejo, con mucho desorden, y que ha operado así por un largo tiempo. Caprecom asumió los problemas históricos del Seguro Social. Sigue teniendo problemas de gobernabilidad. Muchos gerentes regionales funcionan como ruedas sueltas y en las regionales hay intereses políticos. La directora actual conoce bien estos problemas y ha hecho un trabajo loable de ir limpiando e ir poniendo la casa en orden.

¿Y qué pasará con los afiliados?

Hemos planteado, entre otras cosas, un desmonte ordenado. No tiene mucho sentido que Caprecom esté en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y otros.

¿No se va a liquidar?

Antes de hablar de liquidación, hay que decidir con claridad qué pasaría con los afiliados y cómo se pagarían las deudas con los prestadores.

¿A cuánto ascienden los pasivos de Caprecom?

Pueden superar el billón de pesos.

¿Y de dónde saldría la plata?

El Gobierno Nacional tendría que asumirla al ser una EPS pública. Por eso es un tema complicado. La decisión no solo involucra al Ministerio de Salud.

Al margen de la ley financiera que tramita, ¿habrá nuevas medidas?

Con los decretos nuevos estamos haciendo lo que anunciamos desde el comienzo: una reforma de la salud paso a paso, sin saltos al vacío. Colombia tiene un buen sistema de salud. Así lo reconocen casi todos los analistas internacionales. Tenemos cobertura universal, hemos igualado los planes de beneficios entre los dos regímenes, tenemos el menor gasto de bolsillo de toda América Latina.

¿Cuáles son las cifras?

En Colombia, una quinta parte del gasto en salud viene directamente del bolsillo de la gente; en América Latina, la mitad viene del bolsillo de la gente. Para darle un solo dato, somos el único país de la región con cobertura universal de enfermedad renal crónica. El sistema de salud ha sido tratado injustamente, y sigue siendo el blanco preferido de algunos ideólogos exaltados.

¿Qué va a pasar con Saludcoop?

Con el interventor y la Superintendencia de Salud hemos avanzado bastante en la búsqueda de una solución definitiva.
Pero lleva tres años intervenida.

No es un tema fácil. Tenemos que garantizar la atención de salud a cuatro millones de personas. Tenemos que garantizar y el pago de la deuda con los prestadores. Así mismo, tenemos que cuidar el empleo de decenas de miles de personas. En esto no podemos improvisar.

¿Qué han hecho hasta ahora?

Tenemos dos equipos: uno empresarial y otro jurídico. Estamos trabajando con Fogafín sobre la viabilidad de crear una nueva entidad, tal como se hizo con algunos bancos cooperativos en la crisis financiera de los años 90. Seguramente necesitaremos expedir algunos decretos y reforzar las competencias de la Superintendencia de Salud.

¿Nueva entidad oficial o privada?

Está por verse todavía.

Pero, ministro, ¿el Estado puede asumir la deuda de una compañía privada?

Por supuesto que no.

¿Cuánto les debe hoy Saludcoop a sus afiliados?

A 600.000 millones, aproximadamente.

¿Hay activos suficientes para respaldar la deuda?

Es un tema que estamos estudiando. Saludcoop tiene inversiones en clínicas y hospitales, inversiones inmobiliarias y algunas menores en el exterior.

¿Qué le pareció la tutela que ordenó encarcelar al exsuperintendente Gustavo Morales por un fallo por la llamada EPS ‘paraca’ que él ya no podía cumplir porque estaba fuera del cargo?

Fue una medida absurda y sospechosa.

¿Por qué la llama sospechosa?

Parece más una retaliación, una venganza que una decisión judicial. Además, nunca entendí qué derecho fundamental se estaba supuestamente tutelando.

Por lo que usted conoce, ¿los accionistas de la EPS que el superintendente frenó siguen siendo los mismos?

Sí, son los mismos. El nuevo superintendente tendrá que tomar una decisión al respecto. Como ministro y ciudadano, me preocupa el abuso del mecanismo de la tutela. Le doy un solo dato: el 30 por ciento del mercado de pañales para adultos es un mercado de segunda, originado en tutelas, en gente que recibe más de lo que necesita y lo revende.

Lo mismo pasa con muchos medicamentos.

¿Pero el abuso de la utilización de la tutela para pedir droga o asistencia médica no es culpa de la ineficiencia del sistema?

En parte, pero no siempre. Los abusos son muchos, costosos e inequitativos. Benefician a los más ricos. En Colombia tenemos cien mil tutelas al año, pero tenemos un millón de actividades en salud cada día. Quienes dicen que la tutela es el único mecanismo para acceder a los servicios de salud no conocen las dimensiones de lo que ocurre en el sistema.

Yamid Amat

Especial para EL TIEMPO