Hay 'total ineficiencia' en recursos girados a indígenas: Contralor

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, sorprendido como la inmensa mayoría de los colombianos sobre las peticiones de nuestras comunidades indígenas del Cauca, decidió emprender con un equipo de auditores una gigantesca investigación para establecer qué han hecho los indígenas con todos los recursos que se les han girado en los últimos cuatro años.

Estas comunidades tienen plazo hasta mañana lunes para presentar un informe oficial sobre esos recursos. ¿En dónde están o en qué se invirtieron? El contralor Córdoba afirma que si no hay respuestas satisfactorias, presentará la denuncia respectiva a la Fiscalía, para que haya sanciones penales, y a la Procuraduría, para pedir penas disciplinarias.

"Nos hemos dado a la tarea de revisar qué ha pasado con casi 800.000 millones de pesos que se destinaron en los últimos 4 años para los cabildos indígenas. Solo en el Cauca se han destinado más de 160.000 millones de pesos. Designamos un gran equipo para que revise qué se hizo o dónde están estos recursos entregados para que se destinaran a la nutrición y alimentación de los niños indígenas".

¿Qué dudas tiene usted sobre lo del Cauca?

En este momento estamos esperando que los gobernadores indígenas nos respondan una comunicación que les hemos dirigido, sobre el destino que han dado a los recursos que se les han girado. No nos han respondido todavía.

¿Cuándo les dirigió la petición?

Al comenzar la semana.

¿Tienen un término?

Sí, cinco días. El plazo se vence mañana lunes.

Como de todas maneras la comisión de auditores viajará para reunirse con los gobernadores, ahí, y en el terreno, se harán las preguntas.

¿Y por qué le surgió esa inquietud?

Porque no podemos ser indiferentes al uso de los recursos de la salud, educación, alimentación y saneamiento ambiental, que benefician especialmente a los niños, sean indígenas o no. Pero más actual si se trata de una comunidad que reclama más recursos. Ese auditaje es completamente necesario en forma permanente.

¿Se trata de una revisión limitada ahora a los indígenas?

No. Tanto los indígenas como todos los otros esquemas. ¿Por qué? Porque los recursos para la salud en Colombia no se irrigan rápidamente a los hospitales y clínicas para la atención de la salud. Nos concentramos hoy en los indígenas porque han llegado a la Contraloría varias denuncias en ese sentido. Por ahora hemos visto que esos recursos girados no aparecen, ni se sabe en qué se invirtieron. Queremos saber quiénes son los responsables de ese extravío.

¿Y qué puede la Contraloría hacer si no tiene facultades penales?

Daremos traslado y trámite a la Fiscalía General y en materia disciplinaria, a la Procuraduría. La Contraloría va a mirar con claridad cuál debe ser el cambio por seguir en el gasto de esos recursos para esas zonas indígenas. No podemos seguir entregando unos recursos que no están generando el impacto necesario en la salud, la educación y el bienestar de los indígenas. Lo triste y dramático es que los niños de nuestros indígenas, tanto en el Cauca como en La Guajira y el Chocó, se nos están muriendo de desnutrición y de enfermedades no atendidas. Tiene que venir un debate fuerte sobre cómo se deben ejecutar dichos recursos; ese debate hay que darlo, y hay que cambiar ese esquema. ¿Por qué? No está funcionando la ejecución de dichos recursos; hay que ser mucho más responsables. No se pueden seguir ejecutando los recursos de esta manera, cuando vemos que no son eficientes.

¿Y también reciben recursos vía regalías?

Claro, la Ley 1530 de 2012, que regula el funcionamiento del Sistema General de Regalías, contempla la destinación de recursos para las minorías étnicas en el país. Los resguardos indígenas tienen la condición de beneficiarios de los recursos del Sistema General de Participaciones a través de una asignación especial, y en esa medida, los representantes legales de los resguardos son gestores fiscales, y lo que estamos encontrando es que hay ineficiencia en la ejecución de dichos recursos.

¿Cuánto reciben las comunidades indígenas por regalías?

Las comunidades indígenas, como parte de las minorías étnicas, como comunidades indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras establecidas en el país, reciben el 3 por ciento de los ingresos de asignaciones directas de cada municipio en donde están asentados estos grupos.

En general, ¿las regalías tienen mala utilización en el país?

Hay mucho dinero malgastado. Recientemente identificamos 39 proyectos financiados con recursos de regalías, que bien podrán ser consideradas obras civiles inconclusas o elefantes blancos por un valor superior a los 194.000 millones de pesos; como, por ejemplo, la construcción del sistema de acueducto regional costanero, para los municipios de Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba, por más de 43.000 millones. ¡Qué tal! Por eso, en el Meta estamos auditando seis proyectos de alcantarillado pluvial y sanitario por más de 185.000 millones, para mirar su funcionamiento y si generan beneficio a la comunidad. También en el Meta estamos auditando siete proyectos de vivienda de interés prioritario para comunidades indígenas, también financiados con recursos de regalías, donde hemos encontrado viviendas inconclusas y sin ninguna utilidad pública por más de 21.000 millones. Y está el 'megacolegio en San Andrés', que no se ha terminado desde el año 2013, y ya lleva 2.300 millones de pesos invertidos. Mire: en nuestra bella isla se gastaron 1.300 millones de pesos en comprar buses para el transporte de los niños: están abandonados en un parqueadero, sin uso y en deterioro. Hay mucho dinero mal gastado en este país por mal uso de regalías.

A propósito de regalías, ¿qué piensa del proyecto que se alista para redistribuirlas?

Debe haber una mejoría en la distribución de regalías.

Pero las grandes ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, no son productoras de petróleo, y sus finanzas dependen del ingreso por regalías. Y las zonas más pobres que reciben esa ayuda, como Chocó, tampoco lo producen...

Estamos de acuerdo; por eso le digo que se debe afinar, mejorar, el tema. No puede ser que grandes ciudades y departamentos con tantas necesidades, como el del Chocó, no puedan acceder a esas fuentes de recursos.

Y sobre ese tema de regalías, ¿cómo va la contratación?

La nueva Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, junto con el equipo de 'Océano' de la Contraloría General de la República, ha logrado identificar que la concentración de contratación es cercana al 70 por ciento, en donde se evidencian contratistas que han ejecutado proyectos de diversos tipos sin especialidad alguna; por ejemplo, a un contratista le asignaron un proyecto de construcción de vivienda, y lo que hace es trabajar como ejecutor de una despulpadora de fruta. El valor que se encuentra en la contratación por regalías es de 28,8 billones de pesos, repartidos en 62.018 contratos.

Usted ha hablado de mejorar la ejecución o mejorar la distribución de regalías...

Se está realizando seguimiento de la ejecución de todos los recursos de regalías, y parte del ejercicio que se ha realizado es a través de un instrumento, Océano. Es un mapeo general del país en el cual se muestran los índices de recurrencia que tienen ciertos contratistas en los diferentes departamentos, lo que nos ha llevado a identificar las dificultades en la ejecución de los proyectos de regalías.

¿Y cuál es el enfrentamiento entre gobernadores y alcaldes sobre regalías?

El asunto radica en la distribución de los recursos entre los productores y quienes reciben asignaciones directas y participaciones en los fondos del Sistema General de Regalías, y que antes de entrar en vigor el Sistema no contaban con esta participación. Antes, los recursos de regalías estaban condensados en nueve departamentos, es decir, solo el 17 por ciento del país se beneficiaba de estos recursos, y hoy existe una distribución en los 32 departamentos, una cobertura del ciento por ciento, en donde todos los municipios reciben recursos de asignaciones directas o de los fondos.

¿La Contraloría está interviniendo en la redacción del proyecto de redistribución de regalías?

No, no nos han invitado, pero sí hemos enviado ya nosotros al Departamento Nacional de Planeación temas que se deben mejorar.

La Contraloría acaba de denunciar la existencia de un 'carrusel' de las escuelas...

Abrimos una indagación preliminar que nos evidenció desfases significativos en los costos promedio por aula construida. Son varios los casos en que el costo promedio por aula nueva desborda el que fue estimado en el documento Conpes 3831, del 3 de junio de 2015. Esas presuntas irregularidades son motivo de investigaciones que se iniciaron en materia de presuntos sobrecostos, incumplimientos y demora en la ejecución de los contratos. La demora afecta a muchos hogares que no cuentan con jornadas únicas con las cuales formar y proteger a sus hijos. Eso es grave.

La Contraloría dice que hasta diciembre pasado, solo se habían terminado 73 proyectos de escuelas y colegios de un total de 543 aprobados. ¿Qué ocurrió?

El país hizo un esfuerzo en construcción de aulas para atender la jornada única de nuestros jóvenes. El propósito era resolver el 60 por ciento del déficit de aulas, que se estima en 51.000 aulas nuevas y ampliadas. Nos preocupa que solo se han entregado 73 proyectos de un total de 543 aprobados. Y de estos solo se comenzaron 310, de los cuales 237 aún se encuentran en obra negra, y de los 73 terminados solo se han entregado 12 proyectos, que equivalen a 230 aulas, de las cuales solo 131 son nuevas, cinco especializadas y el resto, mejoradas. En síntesis, han entregado 1.310 aulas de las más de 30.000 proyectadas, algo así como solo un 4,3 por ciento.

¿Qué tanta es la responsabilidad de la firma portuguesa Mota-Engil?

No me voy a referir cuando hay investigaciones en marcha a nombres, empresas y contratistas en particular. Podrían recusarme.

¿Por qué las obras adjudicadas a multinacionales terminan, por lo general, mal? Le cito unos ejemplos: Mota-Engil, de Portugal, en la construcción de escuelas; Camargo Correa, del Brasil, en Hidroituango; Cemex, de México, con TransMilenio; Odebrecht, de Brasil, con la Ruta del Sol; Sacir, de España, con el puente Hisgaura en Santander; Inassa, de España, en servicios públicos de Barranquilla; Gas Natural Fenosa, de España, en Electricaribe; Cb&I, de Estados Unidos, en Reficar; Hidalgo e Hidalgo, de Ecuador, en la Ruta del Sol; Commsa, de España, en la troncal del Magdalena Medio, etc.

Los contratistas extranjeros no son buenos ni malos per se. Con su experiencia y capacidad probada, le pueden aportar mucho al desarrollo de la infraestructura del país. Pero a veces pareciera que no dimensionaran bien el alcance de los proyectos, y por esa falta de planeación fallaran en su ejecución. Quiero decirles a esas firmas extranjeras que no vamos a permitir que vengan a Colombia a hacer lo que en sus países no hacen. Vamos a ser exigentes con ellos y nos vamos a apoyar en instancias internacionales para recuperar los recursos que se lleven. La colaboración internacional nos permite hoy hacer eso, y lo vamos a hacer.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO