Los colombianos con mayores ingresos son buena parte de los beneficiados con los millonarios subsidios que, por 72 billones de pesos, el Estado paga para ayudar, supuestamente, a la población de menores recursos. Dicho de otra manera: una parte asombrosa de los subsidios creados para beneficiar a los pobres están favoreciendo a los ricos. A esa desastrosa conclusión se llega después de dialogar unas horas con Luis Fernando Mejía, director nacional de Planeación. Mejía es economista con maestría de la Universidad de los Andes y doctorado de la Universidad de Chicago.
Sus revelaciones
sobre los subsidios y a quienes están beneficiando son aterradores.
Sugiere inclusive cambiar el sistema de estratos como medición social, a
fin de solucionar la actual realidad asombrosa. Denuncia, por ejemplo,
que más del 70 % del subsidio a las pensiones lo recibe el 40 % más rico de la población. Y los más pobres solo reciben el 4,3 %.
"El
monto total de subsidios está estimado en 72 billones de pesos, esto es
equivalente al 9 % del PIB. Los más importantes están concentrados en
educación, con 3 % del PIB; pensiones, con 2,3 % del PIB y salud, con
1,9 %", dice Mejía.
¿Por qué la comisión del gasto público denunció que no hay claridad sobre cuántos subsidios hay y a quiénes benefician?
Porque
es así. Es difícil conseguir la información entre las entidades del
Estado; no porque se oculte, sino porque a veces no se sabe cuánto es el
subsidio y cuánto es el costo administrativo. Un segundo problema tiene
que ver con la focalización, es decir, a quiénes se entregan los
subsidios, que en algunos casos no se hace a la población más
vulnerable. Un tercer problema es la ausencia de evaluaciones de
impacto, pues muchos subsidios se entregan sin realmente llevar a cabo
ese proceso.
¿Y qué ha hecho Planeación Nacional frente a semejante desorden?
Presentamos
un proyecto de ley que soluciona puntualmente esos tres problemas.
Primero, plantea la creación de un sistema único de información
interoperable para centralizar todos y cada uno de los programas
relacionados con el gasto en subsidios en el país; segundo, crea un
procedimiento de elementos mínimos necesarios para garantizar que los
subsidios lleguen a los que realmente los necesitan y, tercero, obliga a
evaluar la efectividad de los subsidios al menos una vez cada cuatro
años.
Pero ¿qué problemas hay en la entrega de subsidios?
Detectamos
un problema en la focalización que tienen algunos subsidios. Por
ejemplo: el más regresivo de todos es el subsidio en pensiones.
Encontramos que más del 70 % del subsidio en pensiones lo recibe el 40 %
más rico de la población. El 20 % más pobre solo recibe el 4,3 % de los
subsidios.
¿Cómo se paga el subsidio a las pensiones?
Como
las cotizaciones a pensiones no alcanzan a cubrir la mesada que recibe
el jubilado a veces por más de 20 años, el Estado entra a subsidiar esa
pensión. Por ejemplo, para una pensión de salario mínimo, el subsidio
anual asciende a 5,1 millones de pesos en promedio, mientras que para
una pensión superior a los seis salarios mínimos, el subsidio al año es
cercano a los 19 millones de pesos, y el subsidio aumenta si la pensión
es mayor.
¿Y por qué más del 70 % del gasto público en pensiones va al 40 % más rico de la población?
Por
las altas tasas de informalidad laboral. Quienes acceden a una pensión
usualmente son personas que la mayor parte de su vida laboral
transitaron en la formalidad, que son en su gran mayoría personas de
altos niveles de educación e ingresos medios o altos.
¿Cuántas personas están pensionadas hoy en Colombia?
Apenas
el 24 % de los mayores de 65 años, por lo que hay un problema muy grave
de cobertura. Por eso, para llegar a las personas más vulnerables se
creó Colombia Mayor, un programa que le da una transferencia monetaria
de 70.000 pesos mensuales a los adultos mayores de más de 65 años. Es
una cifra que parece marginal, pero que es absolutamente importante
porque de otra manera esas personas no tendrían ningún tipo de ingreso.
En este gobierno se triplicó la cobertura de este programa, y hoy
tenemos un millón y medio de adultos mayores con ese auxilio.
ero ¿y el resto de personas que no pueden acceder a una pensión?
Entre
otras cosas, hay que seguir avanzando en formalización laboral. Si bien
en este gobierno el número de personas formales superó, por primera vez
en décadas, a las informales en las 13 grandes ciudades, cuando usted
tiene a la mitad del país empleada en el sector informal, esas personas
no están ahorrando, no están cotizando, y cuando lleguen a su edad de
retiro difícilmente se van a pensionar. Por eso es fundamental seguir
profundizando la agenda de formalización laboral.
¿Cómo hacer para establecer la manera como se están gastando 72 billones en subsidios?
Yo
abriría la discusión en dos temas: uno, el de los tres rubros más
grandes, que son educación, pensiones y salud, y dos, el resto de
subsidios.
¿Cuál es el tema en salud?
En salud, hoy
en día se gasta 1,9% del PIB. El más importante es el gasto que se hace
en el régimen subsidiado. Hoy en día tenemos alrededor de la mitad de
la población en el régimen contributivo y la otra mitad en el régimen
subsidiado. Cuando se planteó el sistema se esperaba que dos terceras
partes estuvieran en el contributivo y una tercera parte en el
subsidiado. Si avanzamos formalización laboral, seguirá aumentando la
participación del régimen contributivo.
¿Cuánto vale el subsidio que el Estado da a la salud?
1,9
% del PIB; son unos 15 billones de pesos del 2015, incluyendo el
régimen subsidiado y programas tan importantes como el de vacunación.
¿Entre educación, pensiones y salud se va más del 75 % del valor de los subsidios?
Así
es. Entre educación, pensión y salud se está yendo 7,2 % del PIB. El
1,8 % restante se gasta en servicios públicos, atención a la pobreza,
incluyendo Familias en Acción, atención a la primera infancia y
subsidios en vivienda, entre otros.
¿En qué consisten los subsidios en educación?
Todo
lo que tiene que ver con la gratuidad de la educación, del grado 1.° al
grado 11.°, más los subsidios que entrega el Gobierno para educación
superior, incluyendo el programa Ser Pilo Paga, que ahora con 40.000
estudiantes genera erogaciones de 800.000 millones de pesos anuales.
Pero esos son los subsidios buenos, ¿cuáles son los subsidios malos?
Hay
subsidios que se deben revisar. Por ejemplo, los subsidios en servicios
públicos: hay un subsidio cruzado entre los estratos 5 y 6 para
financiar el consumo de los estratos 1, 2 y 3; cuando ese subsidio
cruzado no se puede financiar de manera completa con esas
contribuciones, el Presupuesto General de la Nación cubre el faltante;
ese gasto hoy en día es del 0,5 % del PIB. El problema es que el 32 % de
ese gasto que hace el Gobierno en subsidiar servicios públicos le llega
al 40 % más rico de la población.
¿Es decir que en servicios públicos estamos subsidiando a los ricos?
Se utiliza un mecanismo que perdió su capacidad de encausar el gasto público: el estrato socioeconómico de la vivienda.
¿Por qué dice que el 40 % de los más ricos tienen subsidios en servicios?
Hicimos
un cruce de quiénes están recibiendo los subsidios de acuerdo con sus
niveles de ingresos y en dónde están ubicados de acuerdo con el estrato
de su vivienda. Al realizar este cruce encontramos que en los estratos
1, 2 y 3 hay alrededor de 7 millones de personas que están en el 20 %
más rico de la población colombiana, pero reciben subsidios.
¿Hay personas de altos ingresos que están viviendo en estratos 1, 2 y 3?
Así
es. En la práctica, en estratos 1, 2 y 3 hay personas de altos ingresos
que están accediendo a estos subsidios. El asunto es que el estrato
perdió su capacidad de ser un buen indicador de la capacidad de
generación de ingresos; eso no quiere decir que mayoritariamente las
personas ricas no estén en estratos 4, 5 y 6, sino que también las hay
en estratos 1, 2 y 3.
¿Y cómo hacen 7 millones de personas para engañar al Estado?
No
es un engaño. Es que para entregar un subsidio de servicio público no
se pregunta si la persona es de alto, medio o bajo ingreso, lo único que
se pregunta es el estrato socioeconómico de la vivienda; entonces no es
una trampa al Estado, simplemente son personas de altos ingresos que
viven en viviendas de estratos 1, 2 y 3; es un problema del mecanismo de
entrega.
¿Quién fija el estrato de la población?
Esa responsabilidad está en cabeza de las entidades territoriales.
Y si el sistema de estratos entró en crisis, ¿cuál es la solución?
Indudablemente hay que revisar el mecanismo de entrega de estos subsidios.
Usted ya propuso una modificación a la ley de servicios públicos...
En
el proyecto de ley de subsidios, que ya tuvo un primer debate en
Comisión Tercera del Senado, planteamos una modificación de la forma
como se entregan los subsidios de servicios públicos.
¿Lo que hay que hacer es una revisión general de los estratos?
El
estrato socioeconómico de la vivienda como instrumento de entrega de
subsidios es una cosa muy atípica a nivel internacional, casi único de
Colombia, con dificultades como las que hemos detectado. Por eso estamos
planteando que para la entrega de subsidios de servicios públicos se
haga un cruce del estrato socioeconómico con el Sisbén, lo cual
permitiría excluir a las personas de altos ingresos que no deberían
estar recibiendo el subsidio.
En resumen: ¿una primera herramienta para reducir el gasto público es recortar los subsidios a servicios?
Recortar
lo que está llegando a personas de altos ingresos y dedicarlo solo a
personas que sí lo necesitan. Todo el gasto que hace el Gobierno en
servicios públicos suma 4,3 billones de pesos del 2015.
De esos 4,3 billones, ¿cuánto está llegando al 20 % más rico?
Más de 500.000 millones de pesos.
¿Qué se puede hacer para que los subsidios tengan mejor efecto social?
Hay
un espacio importante para que estos subsidios tengan un mayor impacto
en la distribución del ingreso. Si bien hemos avanzado sustancialmente
desde 2010 reduciendo la desigualdad, una mejor focalización de los
subsidios contribuiría de manera importante a reducciones aún mayores en
los índices de desigualdad.
¿Entonces en materia de subsidios se debe impedir que estos lleguen a quienes no los necesitan?
Exacto.
Y esto implica mejorar los instrumentos para la entrega de subsidios,
incluyendo el Sisbén, en donde ya hemos sacado más de medio millón de
'colados' en los últimos dos años.
¿Y en materia de activos del Estado que se puedan vender para bajar el déficit?
Estamos
desarrollando justo en este momento un documento de política pública
sobre la gestión del portafolio de activos del Gobierno; en principio,
el Gobierno debe tener participación accionaria en empresas por dos
tipos de razones. Primero, cuando hay fallas de mercado, por ejemplo,
los pequeños agricultores usualmente no tienen acceso al crédito porque
no tienen formalizada la propiedad de su tierra y ahí el Banco Agrario
juega un rol fundamental en garantizar el acceso al crédito.
Segundo,
cuando se considere que hay un interés nacional estratégico en
participar en algún sector. En este caso, por ejemplo, hoy no tiene
mucho sentido la participación accionaria del Estado en Coltel
(Telefónica).
¿Hay que vender las acciones en Telefónica?
Así
es, el sector de telecomunicaciones es un sector maduro y desarrollado.
No parece haber una razón estratégica para mantener nuestra
participación accionaria en este sector. El Estado debe concentrase en
su rol de regulador de ese mercado.