Impunidad en Colombia es superior al 90 %: advierte el presidente de la JEP
Hace 6 días
"Los Estados tienen el compromiso de garantizar el principio de autonomía e independencia judicial, que debe reforzarse en procesos de justicia transicional", afirma de forma categórica la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, cuando reclama respeto para ese tribunal, que, subraya, es "de rango y carácter constitucional". Se queja de "injerencias o presiones indebidas" y del uso de "un lenguaje inadecuado, a veces hostil, que podría afectar la autonomía judicial".
Sobre las facultades que tiene ese tribunal sobre temas como la práctica de pruebas para extradiciones o verificación de las personas que participan en el proceso de paz, considera que ya son cosa juzgada porque fueron falladas por la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre el proyecto de ley estatutaria en sentencia del año pasado.
La magistrada también habló
sobre las conclusiones de la reunión que sostuvo el jueves con la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Jamaica, y la calificó de
"constructiva y muy positiva". La magistrada Linares precisó que en el
informe que presentó "no hubo denuncias ni quejas" ni contra el Gobierno
ni contra la Fiscalía. En su diálogo no vaciló en reclamar para la JEP
"un trato digno y respetuoso".
¿Por qué considera usted que su reunión con la CIDH fue positiva, constructiva?
Nosotros
solicitamos una audiencia temática informativa para presentar un
balance de los avances, retos y desafíos de la JEP después de un año de
funcionamiento. La reunión se realizó en el marco del convenio de
cooperación que se acordó en febrero del año pasado con la CIDH, cuando
ellos visitaron Bogotá y acordamos una relación de cooperación técnica
entre la Comisión y nosotros.
¿En qué consistió el informe presentado?
Fue
un balance general del trabajo de cada sala y sección. Cuántos asuntos y
casos ha recibido cada sala y sección, cuántos ha tramitado, qué tipos
de decisiones han tomado, cuántas amnistías, cuántos beneficios se han
otorgado, cuántos se han negado, cuántas tutelas se han tramitado,
cuántas garantías de no extradición se han tramitado, cuántas se han
concedido, cuántas se han negado, cuántos asuntos ha resuelto como
segunda instancia la sección de apelación...
¿Cuáles son esas cifras?
La
sala de amnistía e indulto a febrero de 2019 había decidido 36
amnistías de sala y 6 amnistías de iure; durante 2018 se profirieron 29
resoluciones que concedieron libertad y 162 resoluciones que negaron
este beneficio.
¿Cuántos casos han abierto?
Hasta
la fecha, la sala de reconocimiento de verdad ha abierto siete casos que
convocan aproximadamente a 820.000 víctimas de distintos delitos de
competencia de la jurisdicción: secuestros, extorsiones, 'falsos
positivos', reclutamiento forzado de niños y niñas, otros casos de
impacto del conflicto en los territorios y las graves violaciones a los
derechos humanos que el conflicto ocasionó en poblaciones de Nariño,
Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca.
¿En el informe
presentado habló sobre el problema de la ley estatutaria que reglamenta a
la JEP y aprobó la Cámara pero enredó el Senado?
Presentamos
en el informe lo que llamamos 'desafíos y retos para el pleno
funcionamiento de la Jurisdicción'. Ha sido un desafío actuar sin contar
con el marco normativo completo. Si bien ya tenemos varias normas, como
la ley de amnistía o indulto o la ley de procedimiento, y contamos con
la jurisprudencia nacional e internacional, aún no tenemos la ley marco,
o sea la ley estatutaria. Eso es un desafío porque debemos avanzar en
el cumplimiento de funciones sin contar con esa norma marco, lo que
afecta las garantía de seguridad jurídica y debido proceso que se le
imponen a cualquier jurisdicción.
¿Confía en que la Corte Constitucional apruebe la ley estatutaria?
La
Corte Constitucional ya hizo un estudio exhaustivo y detallado del
proyecto de ley estatutaria que aprobó el Congreso en el 2017. Lo hizo a
través de la sentencia 080 del año pasado. Ahora, la Corte tendrá que
pronunciarse sobre la remisión que le hizo el Congreso después del
trámite de las objeciones y será ella la que en su sabiduría se
pronuncie como considere pertinente.
¿Sobre el tema de la votación o sobre el tema de fondo de la ley?
La Corte definirá.
Pero usted me acaba de decir que para la Corte, el asunto ya es cosa juzgada...
La
Corte Constitucional, le reitero, se pronunció sobre el proyecto de ley
estatutaria que aprobó el Congreso, y lo hizo como lo establece la
Constitución a través de una sentencia, la C-080 de 2018.
Por lo tanto, es cosa juzgada que en el Senado se pretendió desconocer...
Cuando
la Corte Constitucional se pronuncia, lo hace como órgano de cierre
constitucional y sus sentencias hacen tránsito a cosa juzgada.
¿Mencionó la JEP ante la Comisión algún otro desafío que enfrenten?
También
hicimos referencia a otro desafío: el que tiene que ver con el contexto
en el que cumplimos nuestras funciones, señalando el compromiso que
tienen los Estados de garantizar el principio de autonomía e
independencia judicial, el cual debe reforzarse en procesos de justicia
transicional, en los que, por lo general, el escenario político es
complejo. Eso ha hecho que en nuestro caso se presenten situaciones que
pueden interpretarse como injerencias o presiones indebidas. Eso pasa
por el uso de un lenguaje inadecuado, a veces hostil, o por situaciones
que podrían eventualmente afectar la independencia y autonomía judicial.
¿A qué se refirió concretamente?
A
ciertas situaciones que ha debido afrontar la jurisdicción durante este
año de funcionamiento, que si bien recibimos con tranquilidad, sí nos
generan preocupación. Nuestra premisa es que somos un tribunal de paz,
que nuestra tarea es administrar justicia y contribuir así a la
reconciliación de este país; por eso nunca responderemos esos ataques
con lenguaje hostil o descalificador. Daremos cuando corresponda las
explicaciones que nos soliciten, lo que no obsta, como ya lo hemos
hecho, para que reclamemos un trato digno y respetuoso como el que se
les debe a cualquier ser humano y a quienes nos desempeñamos como jueces
de la república. Solo así ayudaremos todos al propósito de la nación,
de avanzar hacia la reconciliación con el sistema de verdad, justicia,
reparación y no repetición.
¿De qué sectores habla usted?
Son
muchos en el país, y usted bien lo sabe. Hay manifestaciones bastante
fuertes que muchas veces afectan el buen nombre y la tranquilidad de los
colegas.
¿Tiene su origen en el Gobierno o en la Fiscalía?
No
me corresponde hacer señalamientos o acusaciones directas. El país ha
visto de manera suficiente cómo ciertos sectores utilizan un lenguaje
descalificador, a veces irrespetuoso, que no corresponde al que ordena
la propia Constitución en su artículo 22, que establece la paz como un
derecho y un deber de todas y todos.
¿Qué reacción tuvo la Comisión sobre esta denuncia?
Le
reitero que nuestro informe no contiene denuncias o quejas, me referí
al desafío que supone para la jurisdicción avanzar en el cumplimiento de
nuestras funciones en un contexto difícil. No hice ninguna denuncia y
eso lo quiero subrayar, porque no es conveniente que se siga alimentando
un debate que no existe. Lo he expresado en ese informe, lo conocen las
autoridades colombianas, yo he tenido oportunidad incluso de
expresárselo al señor Presidente de la República.
Pero le insisto: ¿qué tipo de comentarios tuvo usted de la Comisión?
Nosotros
tuvimos una audiencia informativa que concedieron inicialmente como una
audiencia pública. Luego, por las observaciones que presentó el señor
canciller a la CIDH, dicho organismo, con base en lo dispuesto en su
reglamento, artículo 68, consideró pertinente que la audiencia fuera
privada. Así las cosas, no puedo ni me corresponde hacer ningún
comentario sobre cómo se desarrolló la reunión.
Pero ¿quedó satisfecha con la reacción que obtuvo de parte de la Comisión?
La
reunión fue muy productiva, muy constructiva, y coincidimos en que
seguiremos adelante. No olvide que la Comisión Interamericana tiene un
mandato de monitoreo sobre el proceso de paz en Colombia.
¿Qué piensa de las objeciones que hizo el Gobierno a la reunión?
La
Jurisdicción Especial para la Paz es un órgano judicial de rango y
carácter constitucional, con categoría de alta corte; tiene autonomía e
independencia para el cumplimiento de sus funciones. Pero, más allá de
eso hay muchos antecedentes de entidades públicas no gubernamentales que
gozan de autonomía e independencia, entre ellas las que cumplen
funciones judiciales que han solicitado este tipo de reuniones sin que
se haya presentado ningún inconveniente. Como le digo, se solicitó y
efectuó una audiencia informativa, no litigiosa; no fuimos como parte de
un proceso, pues no lo somos, pero sí como parte interesada, como lo
señalan las normas de la Convención Interamericana y su reglamento. Le
pongo un ejemplo reciente: la Defensoría del Pueblo, en marzo del año
pasado, solicitó una audiencia para pedir medidas cautelares sobre la
región del alto del Mira en Tumaco y lo hizo directamente, y la Comisión
concedió esas medidas. Como se lo expresé al señor canciller, no
solicitamos audiencia para denunciar o exponer quejas de ningún tipo,
porque no nos corresponde, y cuando hemos tenido necesidad de hacerlo,
lo hablamos directamente con el Gobierno.
¿La Comisión Interamericana invitará al Gobierno a exponer sus posiciones?
No sé.
¿Qué se espera que haga ahora la Comisión?
Ellos
cumplen un mandato de seguimiento al proceso de paz; ellos definirán
qué hacen con la información que nosotros les suministramos: podrán dar
recomendaciones, presentar observaciones, ofrecer herramientas,
cooperación...
Que seguramente es lo que va a ocurrir...
Eso esperamos, porque es muy importante contar con esa cooperación.
¿El
hecho de que el Gobierno se haya opuesto a la decisión de la Comisión
de realizar la audiencia crea relaciones difíciles con el Gobierno?
Aspiro
a que no porque el marco normativo en el que nosotros fundamentamos
nuestra petición fue el que corresponde a una audiencia informativa. No
tenemos disposición distinta a la de colaborar armónicamente con las
distintas instancias del Estado, tal como lo ordena el artículo 113 de
la Constitución, y la de buscar con los organismos internacionales
expertos en este tipo de materias toda la colaboración que sea necesaria
para poder cumplir a cabalidad con el mandato que nos corresponde.
Por otra parte, la JEP debe tomar una decisión sobre la extradición de Jesús Santrich. ¿Todavía demora?
Está a consideración de la respectiva sección, la de revisión del tribunal. Esperamos que muy pronto tome una decisión.
¿Tiene algún término?
Ellos me informaron que están próximos a tomar una decisión.
Sobre
el tema de extradición, se ha conocido que el gobierno de Estados
Unidos ha cancelado visas a varios magistrados de la Corte,
aparentemente para presionar decisiones sobre ese tema. ¿Qué opina?
Somos
respetuosos de los principios democráticos que rigen los Estados de
derecho, entre ellos el principio universal que implica el respeto a la
autonomía de los Estados y sus representaciones diplomáticas, lo que
descarta cualquier decisión o mecanismo de presión para incidir en
decisiones judiciales. Ello afectaría de manera severa el principio de
autonomía e independencia de los jueces, pilar fundamental de la
democracia.
¿Y no le preocupa que si la JEP niega la extradición de Santrich o se abstiene de fallar, también puedan ser 'castigados'?
No,
el ejercicio de la magistratura nos impone como un deber ineludible y
sagrado mantener nuestra independencia y autonomía que rigen el Estado
de derecho.
Muchos sectores han solicitado al Gobierno que se pronuncie sobre el tema. ¿Cree usted que debería rechazar esa presión?
Esas son decisiones del resorte del Presidente de la República, estoy segura de que adoptará la mejor.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO