Esbozos de lo que podría ser una profunda reforma política, que el Gobierno les plantearía a los partidos políticos, revela el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, en esta entrevista.

Sobre la gran polémica en torno a la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dice que las decisiones de las instituciones “hay que acatarlas”, garantizándose, eso sí, el derecho a la defensa. Advierte el Ministro que “la desobediencia civil” podría originar graves efectos en el orden público.

Iragorri elogió la actividad legislativa; la calificó de “histórica, en momentos en que está naciendo un nuevo país”.

¿Balance de la agenda legislativa?

Este Congreso aprobó reformas que nadie pensó posibles, como la ley de víctimas y restitución de tierras, la de regalías, la de vivienda gratis; el marco jurídico para la paz; el fuero penal militar, aunque se haya hundido, también se aprobó; la ley de ordenamiento territorial, aprobada tras 17 intentos. Se aprobaron 284 leyes que cambiarán la vida de los colombianos y generan herramientas para avanzar en el proceso de surgimiento de un nuevo país. Terminó una labor que se inició hace tres años y medio con una agenda que es absolutamente reformista. De las 284 leyes aprobadas, 142 fueron de origen gubernamental. Eso es histórico, por la cantidad y la calidad. Son leyes que afectan positivamente a la ciudadanía.

A propósito de leyes reformistas, ¿en que quedó lo del Parlamento Andino?

Ya se acordó el retiro de los candidatos inscritos. Confiamos en que en las próximas elecciones no haya tarjetón del Parlamento Andino.

¿Qué hará para que la polarización que se siente en Bogotá por la destitución de Petro no se vuelva un grave problema de orden público?

Hemos llamado a la calma para que, independiente del derecho legítimo a la protesta, los seguidores del Alcalde sean respetuosos, sensatos y rechacen la violencia, como hasta ahora ha ocurrido. Al mismo tiempo, se garantiza el derecho constitucional a la defensa que tiene Petro. El hecho de que la ciudadanía se haya involucrado activamente en una decisión sobre un proceso disciplinario obliga un comportamiento ejemplar en las calles, pacífico, para que no se desborde la protesta y se afecte la seguridad.

¿En su opinión qué debe hacer una persona o institución afectada por un fallo?

Soy defensor de la institucionalidad. Si uno no defiende las instituciones, comparta o no sus decisiones, pues cae en acciones que pueden generar desobediencia civil. Respeto las instituciones y creo que las decisiones hay que acatarlas. A la vez defiendo el debido proceso y el derecho legítimo de los investigados a defenderse.

¿Por qué podría terminar el debate en desobediencia civil?

Desobediencia civil es una acción particular o generalizada en la que la gente no solo no acepta una decisión, sino que no la respeta y actúa por vías de hecho. Poner en duda las decisiones de la institucionalidad puede generar graves riesgos para el orden público. La desobediencia civil sería muy grave para el país.

¿Cómo enfrentaría eventuales riesgos al orden público?

Espero que las protestas se den pacíficamente. Creo en la sensatez de los bogotanos. He sido respetuoso en cualquier declaración pública, para no echarle más carbón a la hoguera. Espero conocer pronto el fallo de la Procuraduría para tener más elementos de juicio.

Las reacciones que se han producido en el exterior parten de la base de que se trata de una persecución política. ¿Es así?

De ninguna manera puede interpretarse así. Es un proceso disciplinario de única instancia. Y el Alcalde tiene el legítimo derecho a defenderse.

¿No cree el Gobierno que el fallo tenga algún origen político?

No. De ninguna manera. De hecho, estamos hoy ante un nuevo país: más pluralista, multipartidista y diverso ideológicamente. Vea cómo la UP, después de 20 años de haber sido prácticamente exterminada, hoy está presente en la actividad política con candidata a la Presidencia. Eso confirma que todos los sectores perciben plenas garantías políticas. La opinión pública siente que hay un nuevo país, con mayor apertura democrática y garantías para las actividades políticas. Las protestas son reflejo del nuevo ambiente que vive Colombia, marcado por el respeto a los derechos humanos y a la oposición. Estamos en un país más democrático, en el que la gente puede protestar sin que la respuesta sea un bolillazo.

¿No existen los llamados delitos de opinión?

No. Observe que hay un sector que cree que el Gobierno es impopular, porque lo demuestran las manifestaciones. No caen en la cuenta de que la gente tiene hoy plenas garantías para protestar, porque se autorizan marchas y manifestaciones, y se atienden reclamos cuando son justos. Al país se le había cerrado el acceso a las calles. Hoy forma parte del surgimiento de un nuevo país, en donde la opinión de los pobres se valora; el reclamo de los indígenas se atiende; el clamor de labriegos olvidados por años se escucha y se remedia. Hoy existen víctimas visibles, a las que el Estado antes ni siquiera les reconocía el derecho a exigir. Haber sacado más de dos millones de personas de la pobreza es un hecho muy significativo; estamos en el surgimiento de un nuevo país en donde los pobres sí importan, donde existe la descentralización. En donde la paz se ve mucho más cerca que nunca; a ese nuevo país tenemos que acostumbrarnos. Y esa es la Colombia en la que quiero que mis hijos vivan.

¿La sanción tomada por el Procurador contra Petro supone una amenaza contra ese nuevo país del cual usted habla?

No. Eso solo tiene una interpretación: es una decisión de única instancia en el marco de un proceso disciplinario de una entidad autónoma.

¿Cómo va la ley de garantías?

Ese es uno de los temas que, en otro momento porque estamos en campaña, será objeto de modificaciones como parte de una reforma política integral, en donde se miren temas, además, como la circunscripción nacional para el Senado.

¿Por qué ese tema?

Hay que revisar si ese mecanismo funcionó o lo que hizo fue impedir que algunos departamentos tengan senadores. Además de encarecer las campañas, en una guerra de chequeras, y crear una interferencia política, que se explica cuando llegan líderes de todos los sectores a buscar votos a una región y lo que hacen es cambiar el conocimiento de la región, por intereses electorales.

¿Se debe eliminar la circunscripción nacional para senadores?

Uno de los debates que debe darse es cuántos senadores deben ser elegidos por circunscripción nacional y cuántos regionalmente. La elección por circunscripción nacional acabó perjudicando a las regiones. Una reforma sobre el tema debe ser producto de un gran consenso entre los partidos.

¿El Gobierno va a presentar ese proyecto para crear debate?

Hay tres proyectos que debemos presentar: estatuto de la oposición, una gran reforma de la justicia y una gran reforma política.

¿Qué se busca con el Estatuto de la Oposición?

Brindar plenas garantías a la oposición. Eso será bueno para la democracia.

¿Procuraduría, Contraloría y Fiscalía en manos opositoras?

Podría ser un mecanismo que garantice la participación efectiva de las minorías.

¿Y para qué la reforma política?

Son muchas las preguntas por resolver: ampliación del período de los elegidos; reelección o no reelección; reelección de alcaldes, gobernadores y concejales. ¿Vicepresidencia o designado? El posconflicto necesita una nueva institucionalidad y un nuevo consenso político.

¿Todo eso piensan presentarlo al Congreso?

Para presentarlo es indispensable un acuerdo político. Eso hay que construirlo con los partidos. Buscaré un acuerdo que nos permita presentar una reforma política que mejore fallas que hoy existen. La apertura democrática tiene que ser una realidad.

¿Discutir qué sobre la reelección presidencial, por ejemplo?

Si lo que se requiere es la reelección, y no solo de Presidente sino también de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. O mejor ampliar períodos. Es un gran debate.

¿A Usted qué sistema le gusta?

El que el Presidente ha formulado: prohibir la reelección y ampliar el período.

¿Y la elección de congresistas?

Hay que revisar el tema de la conformación del Senado y del fortalecimiento de las minorías allí. La presencia de representantes de las regiones les dará vocería y mayor peso a las demandas de zonas que son hoy las más atrasadas y afectadas por el conflicto.

¿Y cuál es la idea sobre el Vicepresidente?

Hay a quienes les gusta esa figura y hay quienes preferirían la designatura. Cualquier decisión hay que construirla por consenso con los partidos.

¿Estas serían las tres grandes columnas de la reforma política?

El país lo requiere. Son reformas inaplazables para un próximo gobierno, sea cual fuere.

¿Cuál ha sido su experiencia como Ministro del Interior?

Dos veces antes de entrar al Gobierno estuve en el Congreso: en la posesión de mi papá como presidente de la Cámara y, luego, como presidente del Senado. Cada que entro allí pienso internamente algo que se me volvió oración, y aquí la anoté para que no se me olvide: “Objetividad, serenidad y determinación del presidente Santos, oriéntame; verbo del presidente Valencia, inspírame; perseverancia y respeto al pueblo del senador Iragorri, dame la fortaleza: gobierno de Unidad Nacional, condúcenos a la victoria”.

Agro: no a manipulación de información

¿Todos los compromisos adquiridos con los campesinos se han cumplido?

Los de corto plazo sí se han cumplido. Los de largo plazo, sobre la nueva política agraria, saldrán del Gran Pacto Nacional Agrario, al que le faltan algunas conclusiones. En el primer semestre del próximo año deberá quedar definida esa nueva política.

¿Qué opina de que líderes del movimiento campesino sean candidatos al Congreso?

En su momento denuncié intereses políticos detrás de la movilización. Hoy eso se confirma. Están en su derecho de inscribir listas; lo que no deben hacer es manipular la información, diciendo que el Gobierno incumple. Eso no solo no es cierto, sino que mantiene el interés electoral por encima de las exigencias de campesinos a los que reconocemos que el Estado abandonó hace años.

¿Hay casos específicos?

Claro. Por ejemplo, con el dirigente César Pachón hemos realizado 35 reuniones. Logramos acuerdos y avanzamos en otros. Y cuando terminaban las reuniones, Pachón salía a decir que no cumplíamos. Eso, además de mentiroso, era injusto.

¿Usted le reclamó?

Sí, en varias oportunidades. Y dice que yo cumplo pero que otros ministerios no, cuando, con excepción del tema de derechos humanos, que es de mi cartera, en los demás soy el coordinador. En importaciones, insumos, minería, en los cambios al ICA e Incoder, en créditos y refinanciación de la deuda, se ha cumplido.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO