'Gobierno no estimulará referendo, pero tampoco se opondrá', dice Fabio Valencia

En entrevista con Yamid Amat, el Ministro del Interior da a entender que el Presidente aún no ha cerrado la posibilidad de aspirar a su segunda reelección en el 2010.

Yamid Amat: ¿Van a pedir que se retire el referendo?

Fabio Valencia Cossio: Una iniciativa popular no la puede retirar el Gobierno y tiene un trámite muy especial en el Congreso. Si ese referendo llena todos los requisitos, el Congreso debe tramitarlo de acuerdo con lo que establecen la ley y la Constitución.

¿Y cómo se hace para que su discusión no detenga el trámite de las reformas?

Es cuestión de manejar los tiempos. El referendo ahora tiene que ser revisado para establecer si llena los requisitos; un tiempo después deben designarse los ponentes; más adelante ellos tienen que presentar sus ponencias, radicarlas, anunciarlas y publicarlas. Sólo entonces se podrá iniciar la discusión del referendo y sólo en ese momento se interrumpirían los términos de los actuales trámites en la Comisión Primera; por eso tenemos un tiempo suficientemente largo, como para permitir, antes de que se discuta el referendo, el estudio de las reformas.

¿El referendo sigue adelante?

Claro que sí. Eso ordena la ley y desde el punto de vista procedimental no hay ningún obstáculo para que se discutan esas dos reformas en las comisiones primeras de Senado y Cámara y después se estudie el referendo.

¿Qué sentido tiene estimular el trámite del referendo?

El Gobierno no va a estimular su discusión, pero tampoco podemos impedir que lo discuta. Primero, porque el Congreso es autónomo y segundo, porque de acuerdo con la ley, ese referendo tiene que ser tramitado. Lo que vamos a procurar es que el Congreso acelere la discusión de los proyectos a su consideración, y los nuevos que vamos a defender, sin que la discusión del referendo paralice la acción legislativa. Defenderemos la prohibición de la dosis personal; el nuevo código de convivencia ciudadana que moderniza el Código de Policía; el proyecto de pequeñas causas con las enmiendas que salven la objeción de inconstitucionalidad de la Corte.

Con ese cronograma, las reformas a la Justicia y a la política tendrán que ser estudiadas a las carreras...

No, señor. Nada de carreras. Una reforma constitucional tiene 8 debates.

El primero, que es fundamental, será a la carrera...

No será a la carrera; será el primero de 8 debates y nosotros llevamos discutiendo esta reforma ya tres meses, porque aunque fueron presentadas hace 20 días formalmente, la verdad es que han tenido una discusión nacional de tres meses. En esta legislatura tendría cuatro debates y en la próxima legislatura de marzo a junio, los otros cuatro.

Simultáneamente, ¿defenderá el referendo?

El Gobierno no intervendrá en favor ni en contra en la discusión de ese proyecto por dos clarísimas razones: no es una iniciativa propia sino de carácter popular y el Congreso resolverá, en su sabiduría, si lo aprueba o no.

¿El Presidente descartó una nueva reelección inmediata?

Yo no me atrevo a meterme en lo recóndito del alma del Presidente.

¿La posibilidad que abrió de volver a aspirar en el 2014 no indica eso?

No lo creo. Mire: el Presidente está interesado en que la política de seguridad democrática y la confianza inversionista se conviertan en un propósito de Estado.

¿El hecho de que haya pedido aplazar el referendo no significa que se opone a él?

El referendo es una iniciativa de carácter popular, sobre el cual el Presidente no fue consultado ni ha expresado opinión distinta a la de que la prioridad son las reformas a la Justicia y a la Política y no el referendo.

¿El proyecto de ley del referendo seguirá su marcha?

Eso es lo que ordena la ley. No puede ser retirado una vez que sea radicado, pero lo que el Presidente quiere es absoluta prioridad en la discusión de las dos reformas.

¿Por qué el Presidente da tanta importancia a la reforma a la Justicia?

Porque busca 5 objetivos fundamentales: primero, fortalecer la independencia y la autonomía de la Justicia; segundo, combatir la congestión y los atrasos de los despachos judiciales; tercero, la simplificación de los trámites para facilitar el acceso a la Justicia; cuarto, liberar a la rama jurisdiccional de funciones que le han generado intromisiones de tipo político, que son ajenas a su función esencial, que es la de administrar Justicia y quinto, restituir el debido proceso estableciendo la doble instancia en el juzgamiento a los altos funcionarios del Estado.

Los magistrados dicen que la reforma pone en peligro la autonomía de la Justicia...

Eso es absurdo. Proponemos que se restablezca la cooptación para la elección de magistrados en audiencia pública, previa a un concurso de méritos, para que sean ellos mismos quienes elijan a sus sucesores y sus reemplazos, sin la interferencia del Ejecutivo ni del Congreso.

¿Y la eliminación de la Sala Administrativa de la Judicatura que garantiza la autonomía presupuestal de las Cortes?

No se elimina; se reemplaza por un consejo de Gobierno, integrado por los presidentes de las Altas Cortes y por un magistrado más de cada una de ellas y se les dan atribuciones constitucionales para que ellos a través de reglamentos autónomos puedan tomar todas las decisiones que tengan a bien, sobre la administración y la ejecución del presupuesto, sin necesidad de pasar por el Congreso y se les suprime a las Cortes la participación en la elección de funcionarios que nada tienen que ver con la administración de justicia.

¿No tiene que ver con la Justicia el Procurador?

El Procurador lo que ejerce es el Ministerio Público, que vigila que la Justicia opere de acuerdo con todas las normas constitucionales y legales. No cumple una función de administrar Justicia sino de vigilar que se administre bien la Justicia y lo hace como representante del ciudadano. Por eso, les quitamos la facultad de ternar candidatos a las Cortes; también se le quitó al Presidente. Ahora, la terna saldrá de un concurso público de méritos y la elección la hará el Congreso.

¿Pero sin necesidad de ternar el Presidente no puede usar sus mayorías en el Congreso para imponer un candidato?

Si eso fuera así, entonces siempre se elegiría al representante del Presidente en las ternas que se envía al Congreso.

Como hay un enfrentamiento entre las Cortes y el Presidente, ¿la petición al Congreso de que se dé prioridad a las reformas es una forma de ganar la pelea?

En absoluto. En las reformas no hay inamovibles y estamos dispuestos a discutir con las Cortes todas las reformas; a escuchar sus observaciones y sus propuestas.

¿Y por qué si la intención no es "golpear" a las Cortes el Gobierno encuentra tan necesarias las reformas?

Son absolutamente necesarias para poder hacer un equilibrio entre los poderes y liberar a la Justicia de unas interferencias políticas que le están haciendo daño. Todos esos vicios de la política que siempre se han atribuido al Congreso y al Ejecutivo, lamentablemente, después de la reforma del 91, fueron trasladados a la Justicia cuando empezaron a intervenir en la selección de candidatos para contralores incluyendo municipales y departamentales, y empezaron a participar en las cuotas o partijas burocráticas que obviamente, de alguna manera, dejan un mal sabor en la independencia real que debe tener la administración de justicia.

¿Los parlamentarios que voten no podrían ser beneficiados por la reforma?

No puede aplicarse con retroactividad ni favorabilidad. Eso acaba de ser ratificado en dos sentencias; la Corte Constitucional dijo que había que separar al juzgador del investigador y que esa norma operaba a partir del 28 de mayo pasado; el ex senador Luis Eduardo Vives presentó un recurso ante la Corte Suprema, en el que dijo que como a él no le habían aplicado esa decisión, le debían anular su proceso; la Corte Suprema contestó negativamente, señaló que la doctrina de la Corte Constitucional solo regía para casos futuros y no pasados. Y en un fallo de la Corte Constitucional que acaba de declarar inexequible la Ley de Pequeñas Causas, dijo que las personas que hayan sido juzgadas y condenadas a través de la ley, que estaba vigente hasta el miércoles pasado y que tenía como investigador a la Policía y no a la Fiscalía y por eso la declararon inexequible, que esos fallos ya son cosa juzgada y, por lo tanto, no se les puede aplicar el principio de favorabilidad. O sea, si eso lo puede hacer una sentencia, con mayor razón lo puede hacer una norma constitucional que diga expresamente que no opera el principio de la retroactividad ni el principio de favorabilidad. No hay ninguna excusa posible para que algún parlamentario se declare impedido para votar la reforma. Lo que veo, lamentablemente, es un Congreso muy acobardado.

¿Un referendo para reelegir a Uribe es inconstitucional?

¿Por qué?

Porque la Corte dijo que la reelección sería posible solo por una vez...

Hay iniciativas para reformar la Constitución y, en este caso, es la voluntad popular la que pide que la Constitución sea reformada para permitir una nueva reelección en forma inmediata o con intervalo de un período de Gobierno. En el caso del Presidente, la reforma plantea que puede ser reelegido en forma inmediata o volver en el 2014.

¿El Presidente comunicó su decisión de no aspirar a una reelección inmediata?

Al Presidente lo que le interesa es tener la certeza de que los programas de seguridad democrática, de estabilidad económica, de inversión extranjera, de marcha normal del país deben continuar con él o sin él.

¿De qué depende que sea con él o sin él?

El Presidente ya ha sugerido algunos nombres y ha hablado de muchas posibilidades; el país tiene gente muy buena, que está convencida de que la seguridad democrática es una política de Estado, basada en la confianza en la inversión y en la prosperidad colectiva.

¿Por qué ni el Presidente ni usted han sido claros en el sentido de que sí aspirará a la segunda reelección inmediata o en que no aspira?

Pero, ¿qué más claridad quiere? Yo no sé realmente qué quieren algunos sectores, porque, como dice el adagio popular, "más claro no canta un gallo".