'Fuero militar es para proteger la seguridad de todos': Mindefensa

En la polémica sobre la ampliación del fuero militar, instituciones como Human Rights Watch dicen que la reforma no es conveniente porque los llamados 'falsos positivos' podrían ser juzgados por la justicia penal militar. ¿Ese peligro existe?

No. Si de algo nos hemos preocupado es de que no sea una reforma que considere únicamente los intereses de las fuerzas armadas, sino los intereses del país. De ninguna manera, en ningún caso habrá impunidad. Se busca una justicia ordenada y bien estructurada. Esta es una reforma que se ha discutido de manera abierta y democrática y sobre ella hay consenso de todos los sectores. Se ha adoptado una lista de siete conductas que se excluyen para siempre y que constituyen casos que son totalmente inaceptables y que no serán considerados por la justicia penal militar: delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

La crítica es que la Fiscalía no investiga "ejecuciones extradicionales", porque ese delito no está tipificado en nuestras leyes y códigos, sino que investiga "homicidios agravados" u "homicidios en personas protegidas".

Es importante observar que casos como los de Soacha, que por sus características corresponderían a ejecuciones extrajudiciales, nunca podrán ser conocidos por la justicia militar. Cuando muere alguien en el marco del combate, la reforma prevé que, en la medida en que se hayan seguido todas las reglas del Derecho Internacional Humanitario, esos casos deben ser conocidos por la justicia especializada.

¿Qué ocurrirá con las investigaciones que adelanta la Fiscalía?

La reforma contiene un artículo transitorio que implica que la Fiscalía y la justicia penal militar se sienten por un período de un año y analicen caso por caso, para definir cuáles podrían pasar a la justicia militar. Ese artículo transitorio es como un blindaje adicional, ya no solo conceptual sino práctico, a la hora de determinar qué casos van a pasar a la justicia militar.

¿Sí habrá casos que están en la justicia ordinaria que pasarán a la penal militar?

Habrá unos que posiblemente sí.

¿Y quién decide?

La Fiscalía, en coordinación con la justicia militar, mirará caso por caso.

¿Cuál es la importancia de la reforma?

Que les está devolviendo la seguridad jurídica a los miembros de las fuerzas armadas. Esa seguridad no es importante solo para las fuerzas, lo es para el país, porque ellas tienen el deber de defender los derechos de todos nosotros, no solamente los de unos sectores. Mire: hay situaciones en las que se presentan combates, mueren personas, y entonces han querido a todos llamarlos 'falsos positivos'. Ahí es donde este proyecto sí diferencia claramente los casos.

Pero esa diferencia precisa no existe en el proyecto...

Se establecerá a través de la ley estatutaria que va a definir de manera exacta un comportamiento como la ejecución extrajudicial.

¿Para qué pidieron los militares la reforma del fuero?

Lamentablemente, aún hay quienes se mueven en el campo extremo de que cualquier situación que se presenta por parte de miembros de las fuerzas armadas implica un principio de culpabilidad, y han venido incrementándose las detenciones de manera creciente de miembros de la Fuerza Pública. Lo preocupante es que, como se tardan muchos años para tomar determinaciones de justicia, se fue creando una sensación de inseguridad jurídica, que es mala para las fuerzas armadas y mala para el país porque, de una u otra manera, deja a los militares en una duda permanente sobre qué marco tienen para actuar.

¿No es que se establezca por Constitución un derecho para disparar o para matar?

Al contrario, esta reforma desarrolla como su centro de gravedad el Derecho Internacional Humanitario, el cual está diseñado para proteger a la población civil en medio de un conflicto, y define reglas claras y exigentes para el empleo de la fuerza. En consecuencia, todas las conductas de nuestros hombres que ocurran en el marco de las hostilidades deberán ser juzgadas con apego al Derecho Internacional Humanitario.

¿Qué es lo que usted proyecta incluir en la ley estatutaria?

Esa ley debe armonizar el Derecho Penal y el Derecho Internacional Humanitario. Eso implica una explicación muy clara de las conductas y de las reglas del empleo de la fuerza. Debe haber una ley ordinaria que defina la estructura de esa justicia penal militar. Administrativamente habrá el plan de inversiones más grande que haya tenido la justicia militar.

¿Es posible que en la ley reglamentaria de la reforma usted acoja algunas de las recomendaciones del señor José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch?

Esta reforma, que se gestó con los más reconocidos expertos en la materia, se ha caracterizado por ser abierta, franca y democrática, y ha atendido a todos los sectores. Lo que no podemos es personalizar esta reforma porque hablamos de uno de los temas más importantes para la nación: la seguridad.

Pero es que también hay observaciones críticas de organizaciones como la ONU...

En la medida en que hemos explicado, esas preocupaciones se van disipando. En el marco de las convicciones que han movido al Gobierno a impulsar esta reforma, les hemos dicho que fortaleceremos la justicia especializada, que se avanzará en su profesionalización, para que sea creíble y les dé tranquilidad no solo a las fuerzas armadas, que requieren justicia, sino al país y a la comunidad internacional.

¿A qué adjudica el origen de tanta inquietud internacional?

A las historias que hubo de comportamientos inaceptables. Por eso no nos cansaremos de decir hasta la saciedad: impunidad no puede ocurrir. No como respuesta a esas inquietudes que usted refiere, sino a la plena convicción del Gobierno; del Congreso, que nos ha acompañado de manera resuelta en este proceso, y de los militares y policías, que han hecho del respeto a los derechos humanos un imperativo. Lo que no podemos es quedarnos estáticos y dejar a las fuerzas armadas en dificultad para actuar y para darles seguridad a los colombianos.

El señor Vivanco dice que no existe una justificación plena para realizar una reforma solo con el argumento de que los militares requieren seguridad jurídica.

Ahí es donde él se equivoca, porque la seguridad jurídica de los miembros de las fuerzas armadas es la seguridad del país entero. Tenemos unos militares y policías cuya misión es defender los derechos de los colombianos, proteger los derechos humanos, y para hacerlo deben contar con los hombres, las herramientas y los recursos con el fin de hacer un empleo legítimo de la fuerza, y que cuando se presenten investigaciones se hagan en un marco especializado, profesional, donde sus actuaciones se analicen de manera integral y objetiva.

Hay sectores nacionales e internacionales que consideran la reforma como "maniobra peligrosa y un retroceso en materia de derechos humanos".

Quiero decir que los principales defensores de derechos humanos en Colombia son los soldados y policías. Son los únicos que aquí juran entregar su vida y derramar su sangre para defender los derechos de los demás.

Hay muchas investigaciones en la Fiscalía. ¿Preocupa eso a los militares?

Ciertamente, hay gran cantidad y un número creciente de personas detenidas sin que se resuelvan sus procesos. Sin embargo, nunca he recibido una petición de parte de las fuerzas armadas para que se resuelva favorablemente un solo caso.

¿Por qué hay tanta investigación en la Fiscalía por 'falsos positivos'?

Hay investigaciones de varios años atrás. En los tiempos recientes han sido inmensos y generalizados los avances en materia de profesionalización, de respeto a los derechos humanos y de empleo legítimo de la fuerza. Se han venido reduciendo los casos, las quejas y los hechos difíciles, y eso es reconocido incluso por organizaciones defensoras de derechos humanos. Y cuando se han presentado, es muy rápida una reacción y una acción por parte del mando. Ha sido tanto el avance que otros países nos piden capacitación en estos temas.

¿Qué ocurrirá si, cuando se examinen los casos que están en la justicia ordinaria, surgen serias dudas para trasladarlas a la justicia penal militar?

Ni el presidente Santos, ni el Ministro de Defensa, ni el Fiscal General, ni el mando militar y policial permitiremos que se presente una situación en donde haya una terrible duda y simplemente eso termine por beneficiar a alguien que no debería ser favorecido. Mire: la reforma sí da unas garantías a la Fuerza Pública, pero no para que tenga privilegios, sino para que se le permita actuar en defensa de los derechos de los colombianos. Claro que necesitamos una Fuerza Pública capaz de actuar y perseguir amenazas, pero también necesitamos que esa Fuerza Pública lo haga en el marco de unas reglas y unos principios bien establecidos, por los que esta reforma propende, y que esas reglas y principios sean aplicados uniformemente por fiscales y jueces.

Espere mañana: el balance del año, el crecimiento de la extorsión y la situación con Nicaragua.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO