'Es falso que el Gobierno tiene maniatada la acción de la Fuerza Pública': Ministro de Defensa

Iván Velásquez, ministro de esa cartera del Gobierno, dice que habrá un incremento en el pie de fuerza y en la capacidad de operaciones de inteligencia para enfrentar a grupos armados.

Foto: El Tiempo
Domingo 16 de Junio del 2024

36 mil hombres y mujeres más ingresarán al ejército y a la policía de nuestro país "para la paz o para la guerra"

Con semejante afirmación el ministro de defensa, Iván Velásquez, le resume a este cronista para EL TIEMPO, el objetivo de la ofensiva militar que se aproxima.

- Desde el mes de marzo del 2023 lanzamos una ofensiva en el departamento del Cauca para recuperar el control legítimo del Estado sobre el corregimiento El Plateado del municipio de Argelia.

- ¿Pero sí existe, realmente, control territorial por parte de la fuerza publica?

- Se continúa en la consolidación del control territorial, particularmente desde finales de marzo cuando el gobierno nacional suspendió el cese al fuego con el llamado Estado Mayor Central, EMC, en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, decisión que ha generado de parte de esa organización criminal una reacción terrorista dirigida contra la población y la fuerza pública.

- ¿De qué manera han reaccionado las fuerzas militares?

- Con el presidente de la República hemos dado la orden de incrementar con todas nuestras capacidades la ofensiva militar que incluye aumentar las acciones contra la minería ilegal y el narcotráfico, fuentes de enriquecimiento de armados ilegales.

- ¿Por qué los atentados se trasladaron de Cauca al Valle del Cauca?

- Lo que pasa es que la orden impartida a la fuerza pública de consolidar el control territorial del Cauca se ha venido cumpliendo también en el norte del departamento, que limita con el sur del Valle del Cauca y particularmente el municipio de Jamundí, donde ha tenido presencia el frente Jaime Martínez del EMC. Una desafortunada decisión tomada en el gobierno anterior de retirar del municipio el Batallón de Alta Montaña que ejercía una importante labor en la región, fue aprovechada por las disidencias para fortalecerse. Los terrenos que ocupaba el batallón fueron invadidos y con la gobernadora del Valle del Cauca y la alcaldesa de Jamundí estamos haciendo esfuerzos urgentes para conseguir un terreno bien ubicado para que ese batallón retorne. La violencia terrorista en Jamundí tiene entonces al menos tres explicaciones: pretende distraer a la fuerza pública para que disminuya su acción permanente en el Cauca; presionar al gobierno para que restablezca el cese al fuego y afectar el retorno del batallón.

- ¿Y qué responde el gobierno?

- Que el cese al fuego con el EMC en el suroccidente del país no se decretará nuevamente, que su restablecimiento no es ni siquiera tema de análisis o valoración, que la orden del presidente de incrementar las operaciones ofensivas contra todas las fracciones de esas disidencias se está ejecutando a cabalidad y así continuará hasta lograr el pleno control territorial de la región.

- ¿Cuál es el objetivo real con la sucesión de atentados del Estado Mayor Central?

- Son sin duda tiempos difíciles, comprendemos la angustia que los ataques terroristas generan en la gente, pero pedimos que nos unamos como Nación para enfrentar estos grupos criminales. La fuerza pública está aumentando su presencia, su accionar y su control en la región, se incrementan sus capacidades, la inteligencia militar y policial está muy activa y coordinada. Pero requerimos la máxima colaboración ciudadana para ubicar explosivistas del EMC, detectar intenciones terroristas y lograr la captura de integrantes de esos grupos.

- ¿La cumbre de generales, jueves y viernes, se realizo para que?

- La cumbre de generales tuvo como objetivo analizar, coordinar y fortalecer las estrategias de seguridad para atender con mayor eficacia los desafíos actuales en diferentes regiones con alta presencia de grupos armados ilegales.

- ¿Cómo encontraron los generales la situación de orden público del país?

- Debemos diferenciar la seguridad ciudadana en las grandes y medianas ciudades y capitales de departamento en las que el accionar de bandas delincuenciales afectan la tranquilidad de las comunidades y el disfrute de sus derechos. Sobre este aspecto, el nuevo modelo de policía que se viene ejecutando en el país ha producido en general buenos resultados.

- Buenos resultados, ¿cómo cuáles? La gente se queja mucho de la inseguridad...

- Mire: la disminución del homicidio intencional cayo en casi un 3%; el hurto a personas bajó en 17.4%; el hurto a residencias en 22%; del hurto a comercio en 35.5%; el secuestro en 32%; masacres en 33%. Tenemos cerca de 430 municipios en el país en los que no se ha producido ningún homicidio este año. Según el reporte estadístico comienzos de junio.

- Pero también hay muchas cifras negativas...

- Ha sido la misma Policía Nacional, la que divulgo cifras que registran aumento de 3 delitos particularmente: las lesiones personales con un incremento del 13%; la extorsión que aumentó 28% y la violencia intrafamiliar que subió en un 45.8%.

- Esta última cifra, resulta absolutamente alarmante...

- La cifra representa una crisis de convivencia que afecta profundamente a la sociedad. Esta problemática se ve exacerbada por conflictos cotidianos entre vecinos, lo que aumenta una percepción de inseguridad y refleja un entorno de tensión y falta de armonía entre los ciudadanos, como quedó evidenciado en la encuesta publicada hace varias semanas por la firma Cifras y Conceptos.

- ¿Y en cuanto a la seguridad en zonas rurales?

- La situación de orden público está afectada especialmente por los grupos armados ilegales que operan en regiones en las que obtienen riquezas derivadas de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la explotación delictiva de recursos naturales y la trata de personas. La confrontación con ellos no se reduce a operaciones militares: Hay afectación de sus rentas ilícitas.

- ¿Por qué localidades como Jamundí, El Plateado y el Cañón de Micay son el objetivo del llamado EMC?

- Porque esas regiones con coca concentran recursos significativos provenientes de la cocaína y la minería ilegal. Esto explica también las confrontaciones armadas que se producen entre las disidencias del EMC y de la Segunda Marquetalia, que luchan a muerte por el control de esos territorios que les generan inmensas riquezas y que además, como ocurre con el Cañón del Micay, son puntos estratégicos de salida a mercados internacionales.

- ¿Hay enfrentamiento de Iván Márquez e Iván Mordisco por el control territorial?

- Naturalmente, estos enfrentamientos que se producen aún en centros poblados, sin el menor respeto por la población civil, afectan de manera directa a las comunidades, que por esas confrontaciones se ven obligadas a desplazarse o a permanecer confinadas, tanto más cuanto que las prácticas criminales incluyen la instalación de minas antipersona que en no pocas ocasiones han afectado a humildes pobladores, a niños y a ancianos, tanto como a la fuerza pública.

- ¿Ejército y Policía sí ejercen un verdadero control del territorio?

- Podemos decir que sí, en la mayor parte del país. Desafortunadamente, después del acuerdo de paz con las FARC, buena parte de los territorios que fueron abandonados por estas quedaron a merced de las disidencias y otros grupos armados que los han venido disputando ante la ausencia del Estado. Precisamente para que exista pleno control del territorio, tanto en los campos como en las ciudades, estamos desarrollando planes de fortalecimiento de la fuerza pública como la incorporación de 16.000 nuevos soldados profesionales a las Fuerzas Militares y 20.000 hombres y mujeres más a la Policía Nacional y continuaremos en un proceso de ampliación que garantice la cobertura total.

- ¿Qué harán los hombres y mujeres que se incorporan a la fuerza pública?

- Ese fortalecimiento de la fuerza pública es indispensable tanto para la paz como para la guerra.

- ¿Por qué para la paz?

-Garantizando que su presencia en todos los rincones impida que vuelva a ocurrir lo sucedido en el pasado, de manera que se generen condiciones de seguridad que permitan adelantar los procesos de transformación territorial necesarios para garantizar en la realidad, no en las palabras vacías, una paz estable y duradera.

- ¿Y por qué para la guerra?

- Asegurando que la fuerza pública tenga las capacidades suficientes para combatir las amenazas y desmantelar esas organizaciones o debilitarlas de tal manera que el sometimiento o la negociación sean para ellas las únicas alternativas.

- ¿Hasta dónde es cierta la denuncia de oposición en el sentido de que el gobierno tiene maniatada la acción de la fuerza pública por su política de paz total?

- Es absolutamente falsa. Si esa fuera la pretensión del gobierno, ¿para qué gastar recursos en fortalecerla destinando más de un billón de pesos para la incorporación de los nuevos 36.000 integrantes que estamos formando? Aunque ciertamente el cese al fuego que aún se mantiene vigente con algunas organizaciones armadas, como el EMC que opera en territorios diferentes al suroccidente del país y el ELN, no permite adelantar operaciones ofensivas, que son las que están dirigidas a la confrontación armada, eso no impide hacer presencia en todo el territorio, contrarrestar el accionar delictivo contra las comunidades, efectuar capturas en flagrancia o por orden judicial, combatir el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, etc. Adicionalmente, la fuerza pública tiene toda la capacidad para combatir otras expresiones de la criminalidad armada, como el Clan del Golfo.

- Pero, frente a la pregunta anterior, hay otras fuerzas que afirman que la fuerza pública no está confiando en el Presidente...

- Tampoco es cierto. De manera directa he podido apreciar que los comandantes respetan y acatan el liderazgo que ejerce el presidente Gustavo Petro; en la fuerza pública reconocen y agradecen que este gobierno haya tenido una preocupación por su bienestar como nunca había ocurrido en el pasado; se aumentó significativamente, en un 57.8%, la partida de alimentación; con el apoyo del Congreso de la República hemos logrado incrementar la bonificación para soldados, infantes de marina y auxiliares de policía que prestan el servicio militar obligatorio y recientemente fue aprobado el acto legislativo que establece de manera definitiva e indiscutible la mesada 14 para los veteranos y civiles de la fuerza pública. Estamos adelantando un proyecto para que por primera vez en la historia los soldados profesionales puedan disfrutar de centros recreacionales propios; se están ejecutando amplios programas de capacitación y formación tecnológica y universitaria.

- Hay sectores que afirman que como consecuencia de la búsqueda de "paz total", el Ministerio de Defensa perdió el verdadero control del orden público...

- El orden público en Colombia requiere de un análisis objetivo y equilibrado de múltiples factores. Por muchos años el país ha experimentado picos de violencia y criminalidad, con el aumento de conflictos armados, narcotráfico y problemas sociales que han puesto a prueba la efectividad de las fuerzas para mantener el orden. El Ministerio de Defensa no ha dejado de diseñar y ejecutar estrategias y actuar con todas sus capacidades para contrarrestar estas amenazas, logrando avances significativos en algunas áreas. La situación de orden público en Colombia es compleja y dinámica, influenciada por factores políticos, económicos y sociales, pero esto no significa de ningún modo que el Ministerio de Defensa haya perdido el control del orden público.

- ¿Hasta dónde el recorte en el gasto público que usted debe aplicar en el Ministerio de Defensa afecta la seguridad del Estado?

- No se tocarán recursos destinados a funcionamiento ni a inversión relacionada con el mantenimiento de equipos militares, el combustible no se verá afectado por estas medidas y, en general, puedo asegurar que ni las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional sufrirán ninguna afectación en sus operaciones normales.

- ¿Cuál es el origen del llamado a calificar servicios de varios generales del Ejército?

- Se pretende que ese servicio se haga con la mayor eficacia y eficiencia, absoluta transparencia y el pleno respeto por los derechos humanos, de manera que el retiro de oficiales, incluidos generales, pueden tener diversos orígenes.