En normas de su gobierno, Uribe reconoció el conflicto: Vargas Lleras

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, se declara "totalmente de acuerdo" con el proverbio de que "cada alcalde manda en su año", a propósito de las divergencias que se han venido presentando entre el presidente Santos y el ex presidente Uribe. Sobre la ratificación de que en el país existe un conflicto armado interno, asegura que en varias normas de su gobierno el mismo presidente Uribe así lo reconoció.

Vargas Lleras acaba de regresar de París, donde asistió a la reunión de ministros del Interior de las naciones del G-8 y 14 países invitados, para cerrar filas contra el narcotráfico.

¿Cómo le fue en la cumbre del G-8?

Muy bien. La reunión coincidió con la divulgación del informe de Naciones Unidas en el que se destaca que por tercer año consecutivo en Colombia se redujo el área sembrada de coca. En un 13 por ciento en el 2010, y en un 12 por ciento en producción de cocaína. Dejamos de ser por primera vez el país con mayor extensión de siembras y presentamos avances en todos los frentes. En el judicial, nuestra nueva legislación en materia de extinción de dominio, que la semana entrante, con la aprobación del proyecto de seguridad ciudadana, se hará más ágil.

¿Cuál fue la mayor preocupación expuesta en la reunión?

El consumo en Europa, que se duplicó, y el lavado de activos.

¿El país que más abastece de drogas sigue siendo Colombia?

No. Del total de coca que ingresa a Europa, no más del 5 por ciento tiene como puerto final de embarque un sitio colombiano. El 61 por ciento de la coca que va al exterior utiliza el llamado 'Corredor Pacífico', con destino a Centroamérica y México.

¿De qué manera la Conferencia reconoció los esfuerzos de Colombia?

Adoptó una declaración política y un plan de acción que Francia presentará en la cumbre del G-8. Prevé la constitución de un fondo internacional que cofinancie las acciones y reconozca de manera más clara la corresponsabilidad de todos los países con un gran énfasis en los temas de consumo, lavado, control a precursores y armas. O sea, los asuntos que competen a los países desarrollados, donde los resultados han sido pobres.

¿Y en materia de consumo cómo estamos nosotros?

También ha venido creciendo.

¿De qué cifras estamos hablando?

Más del 10 por ciento de la población confiesa haber consumido. De ellos, el 7,99 por ciento marihuana y el 2,48 cocaína. Entre los universitarios las cifras son mayores: el 26,6 por ciento, marihuana; el 6,3, cocaína y el 4,61, otras drogas.

En su ausencia ocurrieron dos hechos que tienen que ver con su cartera. El primero, la celebración de los 20 años de la Constitución, en la que se discutió el tema de la elección popular de alcaldes y gobernadores...

Si el país estaba o no preparado para elegir a sus gobernadores y alcaldes, es un debate zanjado. Hoy es impensable tramitar una enmienda constitucional para que estos funcionarios sean designados nuevamente por el Presidente.

Muchos gobernadores y alcaldes han sido destituidos o suspendidos, o están siendo investigados. ¿Qué hacer?

En la gran mayoría de países, aun los que tienen estructuras federales, el Jefe de Estado puede intervenir una entidad territorial y designar el alcalde cuando se presentan circunstancias como las que existen en numerosos municipios colombianos. La captura de una administración por organizaciones ilegales, fenómenos arraigados de corrupción o franca ineptitud del mandatario deberían permitir la intervención del Presidente en defensa del interés general.

¿Es muy grave la corrupción que se está descubriendo, Ministro?

Muy grave. El solo estimativo de la Contraloría General señala que más de 4 billones de pesos se pierden anualmente en hechos de corrupción. Las prácticas corruptas están muy enquistadas y han permeado todas las instituciones.

Sobre ese tema, existe una especie de reacción frente a ciertas medidas de aseguramiento, destituciones o suspensiones. ¿Cree que se está exagerando?

En absoluto. Celebro que al frente de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tengamos a personas tan comprometidas y dando resultados ejemplares. Eso era lo que el país reclamaba airadamente. Además, el nuevo Estatuto Anticorrupción les confiere más atribuciones, y los instrumentos que solicitaron fueron aprobados.

¿Pero se está exagerando?

Pero, ¿en qué? La corrupción nos desbordo y para enfrentarla se requiere de un compromiso decidido de todos. Lo tiene el Presidente, también las altas cortes y, para fortuna de todos, los organismos de control, para los que pedimos un apoyo.

¿Qué medidas se están tomando para evitar la corrupción en el proceso electoral?

Pusimos en marcha una estrategia orientada a la prevención. Identificamos y ya informamos a los partidos para que adopten medidas especiales en 57 municipios de alto riesgo. En 210 adicionales se deben extremar las precauciones al momento de otorgar los avales. En todos estos iniciamos la fase dos del programa. Con presencia en el terreno, nos proponemos detectar todas las irregularidades que surjan y oportunamente denunciarlas y judicializarlas.

Sobre este tema electoral, hay quienes han propuesto que la mayoría de edad en Colombia sea rebajada de 18 a 16 años. ¿Qué opina?

No veo mayor inconveniente y sí aspectos positivos. Uno es la responsabilidad penal de menores. Las bandas criminales han convertido a los jóvenes en carne de cañón para la comisión de los más atroces delitos. Sicarios profesionales de 15 años en adelante engrosan a diario las filas de estas bandas. Soy por eso partidario de reformar el actual sistema y espero que la Cámara nos apoye.

¿Y cómo va la plataforma legislativa?

Sumamente bien. Si el semestre anterior el trabajo fue excepcional, este superará con creces al anterior. Terminarán su trámite y pasarán a sanción cuatro reformas constitucionales: regalías, eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, estabilidad fiscal e impedimentos. También la ley de víctimas y restitución de tierras, ordenamiento territorial, el Estatuto Anticorrupción y la ley de seguridad ciudadana. Hace algunos días se aprobaron el proyecto que da facultades para crear los tres ministerios y reformar el sector central de la administración y la Ley del Fútbol.

Primera reforma: ¿Qué va a pasar con la TV sin la Comisión?

Se ahorrará el país más de 40.000 millones anualmente. Sus funciones pueden ser asumidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pero la ley regulará.

Segunda reforma: ¿Y la reacción de las regiones con reducción de regalías?

Han comprendido que los recursos de las regalías deben estimular el desarrollo de todas las regiones, como lo prevé el proyecto, en particular de aquellos más pobres.

¿El proyecto de estabilidad fiscal no les amputa facultades a las cortes?

No. Los recursos del Estado no son ilimitados y cuando se compromete gasto público es necesario que se tomen todos los factores en cuenta.

Sobre la ley de víctimas, el ex presidente Uribe insiste en que en Colombia no hay conflicto armado. ¿Cuál es su opinión?

No sorprende que sean las propias Fuerzas Militares las que hayan hecho la solicitud. Mire, desde el momento en que Colombia suscribió los convenios y protocolos de Ginebra, este criterio hace parte de nuestra legislación interna. Lo que hicimos fue adoptar un estándar para el manejo humanitario de la guerra, para proteger a la sociedad civil. No es cierto que los convenios de Ginebra cambien el estatuto de ninguna organización. Por eso este debate es anacrónico y semántico. Le recuerdo que la Corte Suprema desde el 23 de marzo, en un fallo menciona el conflicto interno y con ese concepto determina responsabilidades. El reconocimiento de que en Colombia hay un conflicto tiene consecuencias tremendas contra las Farc y las organizaciones ilegales.

¿Y el argumento de que la aceptación del conflicto interno supone el reconocimiento de beligerancia de la guerrilla?

Es un argumento que no tiene fundamento en las normas internacionales.

Hay quienes sostienen que el propio ex presidente Uribe dictó varias normas bajo sus 8 años de gobierno basadas en la existencia del conflicto armado...

Sí. La 418, Ley de Orden Público, prorrogada por el anterior gobierno en dos ocasiones. Las reformas a la Ley 599, Código Penal. La Ley 387 se aplicó durante todo el gobierno Uribe, y la ley de desplazados reconoce el conflicto expresamente.

¿Cree que el ex presidente Uribe tiene afán de cogobernar?

No lo sé. El presidente Santos fue elegido con la más alta votación y un mandato incuestionable. Su importante plan de Gobierno merece todo el apoyo posible. Supongo que eso involucra al ex presidente, quien fue el más entusiasta de sus electores.

Usted no respondió mi pregunta...

Es todo lo que puedo decirle, no quiero ni puedo participar de una controversia política, que es a donde se orienta su pregunta. Pero ganas no me faltan.

Sin hablar del ex presidente Uribe ni del presidente Santos, ¿usted está de acuerdo con que se respete el proverbio de que 'cada alcalde manda en su año'?

Totalmente.

Sobre el aborto

La posición del Procurador contraria al fallo de la Corte Constitucional que permite el aborto en tres situaciones condujo al ex presidente Gaviria a decir que una cosa es la opinión personal del Procurador, que es respetable, y otra cosa es que mezcle su opinión para atacar fallos de la Corte. ¿Cuál es su opinión?

El Procurador tiene todo el derecho a emitir su opinión. De hecho, lo hace cuando conceptúa en los procesos que se surten ante la Corte Constitucional. Pero mi criterio personal es que ese fallo de la Corte vigente para los tres casos clásicos (riesgo para la vida de la madre, malformación del feto y violación) debe mantenerse. No les auguro éxito a quienes están proponiendo en el Congreso una enmienda constitucional para prohibirlo.

¿Es partidario de la sentencia tal cual está?

Sí, señor.

¿En qué va la reforma a la Justicia?

"Tendremos una cumbre final el 23 y el 24 de junio, para culminar las tareas que se trazó la comisión interinstitucional. Asistiran el Gobierno, los presidentes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y del Consejo de la Judicatura; la Fiscal, el Procurador y la Contralora, y en representación de la Corte Constitucional, el doctor Manuel José Cepeda. Será la última de las reuniones que iniciamos en septiembre. La reforma será presentada el 20 de Julio. Queremos llegar con el mayor número de temas acordados, pero en aquellos que no se logre, el Congreso tendrá la última palabra".

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO