Eliminar o reducir la misión de la Procuraduría rompe el principio democrático de pesos y contrapesos

Como se sabe, la nueva ley de pensiones, que empieza a regir desde julio del año entrante, determinó un cambio en el sistema y ahora obliga a que todos los trabajadores coticen hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones. Actualmente no existe ese tipo de obligación.

La Procuradora habló con este cronista para EL TIEMPO. 

¿Está preparada Colpensiones para asumir el reto que le plantea la nueva reforma pensional?

La Procuraduría ha practicado visitas y solicitado información desde hace más de un año sobre la situación de Colpensiones y ha constatado que no está preparada técnica, administrativa ni operativamente para recibir, administrar y decidir las prestaciones de los millones de afiliados que obligatoriamente pasan a la entidad. 

¿Qué implica asumir el reto de la nueva ley?

Tiempo, preparación y capacidades que con toda seguridad no se podrán tener listos para mediados del año entrante.

¿Por qué?

No se tienen los desarrollos tecnológicos, administrativos y operativos para pasar de 6 millones de afiliados a más de 24 millones. 

¿Para la Procuraduría la reforma pensional se tramitó correctamente?

Es un tema que estamos estudiando y daremos nuestro concepto cuando la Corte Constitucional nos corra el traslado de varias demandas presentadas.

Por otra parte, el presidente de la República le pidió a la Corte Constitucional que no tumbe las leyes que son demandadas por presuntos vicios de procedimiento. ¿Usted qué opina?

La Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución en nuestro país y garante del respeto de nuestro Estado de derecho. El principio de separación de poderes obliga a que cada órgano esté dividido y dentro de ellos el judicial actúe con independencia y autonomía, lo que significa que debe ceñirse solamente a lo que ordenan la Constitución y la ley, sin presiones ni injerencias de ninguna naturaleza de otros órganos como podría ser el Ejecutivo.

¿Usted considera que es necesario hacer una reforma a la Procuraduría como ha insistido el presidente Gustavo Petro?

Sin duda, muchas de nuestras instituciones pueden ser susceptibles de mejoras. Lo que no se puede pretender es que no existan control, vigilancia y sanción frente a la función del servidor público, sobre todo en aquellos que manejan dineros públicos. El deber de ética, disciplina, acatamiento a la Constitución y a la ley, respeto en el ejercicio del cargo a los ciudadanos, control del patrimonio público, garantía de los derechos humanos y los derechos fundamentales, deben primar en el servicio público, eso es lo que exige la sociedad y para eso está el control, para eso está la Procuraduría. La función disciplinaria es incómoda, no gusta. Y si la intención es eliminar o reducir la misión de la Procuraduría, eso va orientado a la idea de quitar los controles. Creo peligrosas esas reformas porque romperían el principio democrático de pesos y contrapesos.

En su concepto, ¿Colombia está cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que impide que la Procuraduría destituya a funcionarios públicos de elección popular?

El Congreso expidió una ley disciplinaria para adecuar el ordenamiento jurídico a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En nuestro país la sanción definitiva debe ser tomada siempre por un juez sin importar su especialidad y para la Corte Interamericana solo debe ser un juez penal. Esa restricción rebasa la estructura de nuestro Estado de derecho y, es bueno decirlo, también afecta la estructura de la mayoría de los países latinoamericanos. Como respetuosa del derecho, la Procuraduría debe acatar y respetar la decisión del máximo órgano de cierre constitucional del país y así lo hemos hecho. Pero es bueno expresar que, desde que se notificó la sentencia de la CIDH, en agosto de 2020, ningún servidor de elección popular ha visto interferido su mandato por una sanción de la Procuraduría.

En el tema de la presunta corrupción en la contratación de la Unidad para la Gestión del Riesgo, ¿qué acciones viene adelantando su despacho?

La Procuraduría en este caso actúa desde sus tres misionalidades. En la disciplinaria, hace más de dos meses se llevó a juicio al exdirector general de la UNGRD Olmedo López Martínez, así como al exsubdirector del Manejo de Desastres Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y al exsubdirector general Víctor Andrés Meza Galván. También les estamos adelantando investigaciones disciplinarias por otros hechos. Igualmente se inició indagación contra los presidentes del Senado y Cámara de Representantes. Con nuestra facultad de intervención estamos actuando en los casos llevados por la Corte Suprema de Justicia contra algunos congresistas; así mismo, ante la Fiscalía General de la Nación. Y desde lo preventivo se analiza y revisa toda la contratación asociada a los proyectos de ollas comunitarias, maquinaria amarilla, convenios interadministrativos entre entidades y contratos de prestación de servicios. Una vez culminado el análisis y sistematización de la información, se tomarán decisiones. 

El Gobierno prepara una nueva reforma de la salud, ¿en su concepto es necesario modificar el actual sistema de salud? 

Hoy la incertidumbre y la preocupación rondan a los ciudadanos frente a la buena prestación del servicio de salud. Recibimos múltiples quejas por el deterioro existente y el incremento en las demoras en atención de la mayoría de las entidades hoy intervenidas sin que se note mejoría. La gente está sufriendo y tiene angustias. Si se presenta una nueva reforma, deben preservarse el aseguramiento, la atención primaria, el talento humano en salud. También repensar las necesidades económicas del sistema, debido a los mayores costos en salud por aumento de enfermedades, envejecimiento de la población y aumento de tecnologías. Las enfermedades de alto costo han aumentado y los recursos no se están entregando de manera adecuada y eficiente. Las decisiones judiciales que obligan a mejorar el servicio, a solventar la escasez de medicamentos y a pagar las deudas no han sido atendidas ni acatadas.

Procuradora, usted dice que se requiere mayor eficiencia de las autoridades para la protección de las mujeres agredidas, ¿cuál cree que podría ser la solución de fondo para frenar esos casos? 

Reconozco que la legislación colombiana ha presentado avances significativos en materia de protección a las mujeres y que hay más oficinas y secretarías de mujer y entidades encargadas de velar por su protección; sin embargo, continúan existiendo múltiples barreras en la prevención y atención a las que se ven enfrentadas las mujeres para acceder al aparato judicial y recibir oportuna y efectiva respuesta. Siguen aumentando las cifras de violencia en el ámbito familiar especialmente.

¿Qué es necesario para abordar el problema de violencia contra las mujeres?

Trabajar de manera articulada con todas las entidades encargadas de la protección y desarrollar una estrategia que incluya mayor destinación de recursos, educación y sensibilización para cambiar actitudes y comportamientos, educación en igualdad de género, fortalecimiento judicial y legal.

¿Y con respecto a la Fuerza Pública?

Hay que capacitarla, como a los servidores encargados de atención, apoyo y protección a las víctimas con líneas de ayuda para denunciar de manera segura y recibir orientación inmediata, prevención y atención con mecanismos de detección temprana, empoderamiento de la mujer tanto a nivel económico como psicológico.

¿Cómo opera el apoyo que la Procuraduría brinda a las alcaldías y gobernaciones en las acciones y medidas en defensa de la mujer en Colombia?

La Procuraduría General de la Nación, en el marco de sus competencias, realiza seguimiento, vigilancia y control a las autoridades del orden nacional y territorial, que deben garantizar la seguridad y protección de las mujeres víctimas de violencias por razones de sexo y género, lo que incluye a quienes se encuentran en riesgo de feminicidio y a sus familias. Tenemos el deber de articular las labores de las entidades públicas para que cumplan la obligación de garantía de los derechos de las mujeres y de investigar y sancionar a funcionarios que no atiendan ese deber.

Según cifras que usted misma reveló, 32 homicidios de mujeres han ocurrido este año en el Atlántico y adicionalmente nueve feminicidios... 

El problema no es solo del Atlántico sino de todo el país. En forma permanente, este ente de control revisa las estadísticas oficiales de las distintas entidades como el Dane, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, así como los informes de gestión publicados por la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de generar alertas y exigir a las autoridades nacionales y locales, a través de requerimientos específicos, acciones contundentes para la prevención de los feminicidios, la sanción a los agresores y el acceso a la justicia de las víctimas de estas violencias. Este es un trabajo de todos, que se debe articular con las entidades del nivel nacional y regional. Nuestro deber es de vigilancia, apoyo y seguimiento permanente. La ejecución de las políticas de prevención y rutas de atención les corresponden a las autoridades. Recibimos peticiones diarias en todo el territorio de múltiples grupos y personas para ejercer nuestra función y estamos al lado de la gente realizando nuestra labor, lo cual resalta la importancia de esta entidad.

¿A qué le adjudica usted tanta corrupción en el país?

Toda nuestra misionalidad gira en torno a luchar contra la corrupción y contra la ineficiencia administrativa. El código disciplinario es la norma que regula la ética y el comportamiento del servidor público, y les exige a los mismos cumplir a cabalidad las funciones que juraron cumplir al tomar posesión del cargo. Todo servidor público debe conocer las reglas de ética y disciplina que regulan su comportamiento y así evitar violarlas y caer en sanción disciplinaria. Y ahora quieren eliminar el control y la sanción, y acabar con las instituciones que cumplen esa función. La sanción social debería ser la otra regla que dirija el actuar público y ella se ha perdido. El poder del dinero sobrepasa las reglas éticas y la educación perdió el norte sobre el concepto de buen comportamiento y respeto por el otro. El dinero público no tiene dueño y los que lo administran creen que pueden dilapidarlo y tomarlo. Cada escándalo es mayor que el anterior y la sociedad parece anestesiada. Es hora de hacer un pare y retomar el camino. La voracidad por hacerse rico rápido y sin esfuerzos es la norma que prima y lamentablemente si no corregimos, el caos nos va a avasallar. La Procuraduría actúa todos los días con prevención y sanción. Y lo seguiremos haciendo con firmeza.

Yamid Amat