Cuando un profesional se traslada del sector privado al público, son muchas las cosas que lo frustran: el paso lento, la maraña de normas, los 100 trámites y, a veces, la corrupción, mientras que antes todo era orden, agilidad, eficiencia, resultados y, sobre todo, ejecución de políticas.
El economista Andrés
Valencia Pinzón, quien estaba al frente de la Federación Nacional de
Avicultores (Fenavi), ya ejerce como nuevo ministro de Agricultura. Y no
necesitó demasiada revisión para anticiparle al cronista de El TIEMPO
lo que va a hacer: una transformación de esa cartera.
Eso supone,
como eje principal, que se dedique única y exclusivamente a formular la
política agropecuaria. Todas las demás funciones serán trasladadas a
las 16 agencias que tiene el ministerio. Valencia critica muy
severamente la situación del ICA. Y anuncia su cambio total. Y lo mismo
hará con el Invima, trabajando conjuntamente con el ministro de Salud.
Cuando usted era presidente de Fenavi, ¿qué pensaba del Ministerio de Agricultura?
Una
de las grandes frustraciones que se tiene como dirigente gremial es
lidiar con el Estado y con las entidades del Gobierno. En la lentitud
del Estado siempre está un primer gran obstáculo. A las entidades
estatales, por lo general, les encantan los trámites, hay demasiada
regulación; son muchas entidades regulando y muy pocas controlando. Hay
que limpiar mucho la regulación, eliminar trámites y que las entidades
de vigilancia y control hagan eso: vigilancia y control.
¿A qué entidades se refiere?
Hay
entidades, como el ICA o el Invima, que se dedican a controlar a
quienes, si me permite decirlo, tienen el letrero. Pero a quien no lo
tiene y está en la economía subterránea, clandestina o ilegal no le
llega la acción y el control del Estado, y eso tiene que cambiar.
"Pero a quien no lo tiene y está en la economía subterránea, clandestina o ilegal no le llega la acción y el control del Estado, y eso tiene que cambiar"
Le pongo un ejemplo, del
que los empresarios se quejan todos los días en materia de vigilancia de
plantas de sacrificio: el Invima vigila la planta legal, pero cruzando
la calle hay una ilegal, y a esta no le llega la acción del Estado. El
presidente Duque ha sido enfático en su pilar de legalidad.
¿Qué va a hacer para reducir los trámites?
Hay que adelgazar regulaciones, resoluciones, trámites.
En consecuencia, ¿va a reformar el ICA y el Invima?
Sin
duda, y por ello debemos sentarnos a conversar con el ministro de Salud
para que ambas entidades sean facilitadoras del comercio, pues son
críticas para la producción agropecuaria y de alimentos. Imagínese,
Yamid, que los empresarios se quejan de que el Invima exige más
requisitos al productor nacional de carnes que al que exporta carnes a
Colombia. Eso no tiene sentido. Tiene que haber simetría en la
vigilancia del producto importado y la del producto nacional.
¿Y en el ICA?
Es
una entidad que recibimos completamente permeada por la política y con
una altísima percepción de corrupción. Hace demasiadas cosas para su
capacidad de gestión. Le voy a dar un dato: cuando fui gerente de esa
entidad entre el 2006 y el 2008, el ICA fue la cuarta entidad más
transparente según Transparencia por Colombia. En el más reciente
reporte, el instituto ocupó el lugar 68 entre 75 entidades.
Entonces, ¿qué va a hacer con el ICA?
Que sea una autoridad dedicada exclusivamente a la sanidad animal y vegetal.
¿Qué hace hoy el ICA?
Vigila
medicamentos veterinarios, aprueba vacunas, aprueba semillas, aprueba
fertilizantes, aprueba plaguicidas, autoriza la siembra de los cultivos
transgénicos, tiene todo el control de la importación del material
vegetal. Son demasiadas funciones para una entidad que no está
capacitada para tantas responsabilidades.
Y hay otro problema:
parte de los productos que salen del campo colombiano no tienen acceso
desde el punto de vista sanitario y fitosanitario a los mercados
internacionales; hoy, la carne de res no tiene admisibilidad en Estados
Unidos por restricciones sanitarias; tampoco la carne de cerdo ni la de
pollo. Llevamos más de 60 años con la enfermedad de Newcastle y no hemos
podido acceder a mercados internacionales. El ICA tiene que mejorar el
estatus sanitario de ganadería, porcicultura y avicultura para entrar a
los mercados internacionales.
¿Qué habría que hacer?
Reestructurarlo
inmediatamente, quitándole las funciones que no cumple bien. Eso
requiere un trabajo regulatorio. Hay entidades que lo pueden hacer
mejor; existe, por ejemplo, un brazo de investigación agropecuaria que
se llama Agrosavia, antes Corpoica, que tiene estructura de
laboratorios, tanto para análisis vegetal como para análisis de pruebas
diagnósticas de animales.
¿Que haría entonces el ICA?
El ICA debe ser una autoridad de sanidad animal y vegetal exclusivamente.
¿Y el resto de las funciones que hoy ejerce?
Las tercerizamos. Las trasladamos a entidades públicas o privadas, sin que se pierda el control sobre dichas funciones.
¿Y qué va a hacer para reducir los trámites?
Una identificación de ellos. Por ejemplo, en el ICA puede haber más de 100 trámites.
¿Para qué?
Para
la autorización de medicamentos veterinarios o para importar material
vegetal, o para que se autorice el uso de un plaguicida en un producto
específico. Esto, en la mayoría de los casos, no se puede hacer por
medios electrónicos y requiere de la interacción entre el funcionario
del ICA y el que solicita el trámite, y eso aumenta el riesgo de
corrupción.
Al margen de estos problemas que requieren medidas inmediatas, ¿cuál va a ser la política agropecuaria general?
Tengo
que decir que, lamentablemente, el ministerio dejó de diseñar política
agropecuaria hace muchos años; se dedicó a apagar incendios, a resolver
situaciones enmarcadas por el diálogo social y los paros, a ejecutar
directamente recursos que bien podían ejecutar otras agencias del mismo
ministerio. El ministerio tiene 16 agencias o entidades a su cargo; hay
que pasarles los recursos a esas agencias y que el ministerio se dedique
al diseño de la política agropecuaria.
Es decir...
El
mensaje del presidente Duque ha sido muy claro: vamos a hacer un pacto
por Colombia basado en la legalidad, la equidad y el emprendimiento.
Buscando el diálogo respetuoso con los gremios, los productores y los
empresarios del campo, tenemos que generar una mayor rentabilidad en las
zonas rurales.
¿Y cómo lo va a hacer?
El
ministerio tiene que fortalecerse técnicamente y contar con mucha más
información, aterrizar cómo vamos a estabilizar las producciones para
evitar caídas en los precios, cómo evitar sobreproducciones, cómo tener
un brazo de investigación agropecuaria que hoy no tenemos.
"Dependemos de que un gremio nos dé los costos de producción, y esto de alguna manera le hace perder objetividad a la información"
Actualmente, el ministerio
no está en capacidad de proyectar una sola cosecha ni una sola
producción; el ministerio es un tomador de información y debería ser un
generador de información. Para generar la política no tenemos
información sino de terceras fuentes, y eso no puede ser así. Dependemos
de que un gremio nos dé los costos de producción, y esto de alguna
manera le hace perder objetividad a la información.
Todo eso equivale a una transformación total del ministerio...
Sí,
así es. Por la legalidad, hay que trabajar muy duro con las demás
agencias del Gobierno en la sustitución de cultivos ilícitos, en la
lucha contra el contrabando de productos agropecuarios y en que la
vigilancia y el control de las entidades hagan cumplir las normas. Por
la equidad, hay que mejorar la rentabilidad y la productividad del
campo. En muchos casos, la formación de los precios no es transparente.
"Imagínese, Yamid, que los empresarios se quejan de que el Invima exige más requisitos al productor nacional de carnes que al que exporta carnes a Colombia. Eso no tiene sentido"
¿Todo esto supone recorte de personal?
Sí,
claro. Seguramente hay un personal que no se necesita, contratistas.
Habrá que analizar cómo vamos a ejecutar esa política de adelgazamiento.
¿Se refiere a adelgazar el cuerpo burocrático del ministerio?
Sin
duda, porque si vamos a pasar de una situación de ejecución de recursos
a otra de diseño de política, para que otra agencia ejecute los
recursos, pues vamos a necesitar menos gente. Lo que vamos a necesitar y
a tener es un personal muy técnico, muy profesional y totalmente
despolitizado.
¿Y eso es lo que vendrá?
El ministerio tiene que ser una entidad técnica, no un brazo político del Gobierno, un brazo para el sector agropecuario.
¿Cuál va a ser la política de precios?
Hoy
no hay transparencia en la formación de los precios. Ese es un gran
problema que tiene la comercialización de muchos productos
agropecuarios: no se sabe quién es el que pone el precio.
¿Y Corabastos no es un gran regulador?
A
Corabastos pueden llegar entre 10.000 y 12.000 toneladas de productos
agropecuarios al día, pero el precio se establece justo cuando llega el
camión; por ejemplo, el intermediario que recibe las cargas de cebollas
dice: "Hoy, la carga va a costar 100.000 pesos", y mañana llega y dice:
"No, hoy ya vale 80.000", sin ningún tipo de formación objetiva de ese
precio, y eso toca volverlo más transparente.
El ministerio debe
tener un sistema de información de precios agropecuarios por regiones.
El Dane viene publicando el sistema de información de precios del sector
agropecuario (Sipsa), que refleja lo que estoy diciendo: la volatilidad
de los precios es enorme y los cambios son de hasta el 100 por ciento
de un día para otro.
¿Y cómo hará para que el campesino reciba un mejor precio por su producto?
Varias
cosas. Reducir la intermediación. Fomentar la agricultura por contrato
con líneas de crédito, en donde garantías sean los mismos contratos de
suministro.
¿Y los cafeteros?
El café depende de
dos variables que los cafeteros no manejan: el precio internacional de
la bolsa de Nueva York y la tasa de cambio. A eso se suma otro factor:
Brasil, al presentar una devaluación muy importante de su moneda, ha
incentivado desde hace un tiempo las siembras de café, y obviamente ha
ocasionado una sobreoferta en el mercado. Tenemos que hablar con el
ministro de Hacienda para pensar en medidas vinculadas de apoyo al
precio.
¿Usted es partidario de que se adopte un precio mínimo?
Esa
es una propuesta que toca analizar con más profundidad, pero es poco
viable porque el referente del precio del café es siempre la bolsa de
Nueva York, y el precio interno siempre se ha movido en función del
comportamiento de la cotización internacional del grano.
El problema del arroz, ¿qué va a pasar?
Más
allá de la solución de coyuntura, hay que pensar en la solución
estructural. Debemos mirar a profundidad los costos de producción, la
productividad. Es un problema muy complejo por la concentración de la
cosecha en el segundo semestre. Debemos trabajar para suavizar la
producción a lo largo de los doce meses del año.
Pero es una tradición creada por las lluvias...
Hay
que empezar a pensar en la construcción de distritos de riego. Llevamos
50 años en las mismas, 50 años con sobreoferta de arroz en el segundo
semestre, entonces no nos hemos sentado a pensar cómo resolverlo.
Siempre terminamos atendiendo el incendio del corto plazo.
¿Qué va a hacer usted para apagarlo?
Vamos
a otorgar un incentivo de almacenamiento para guardar parte de la
cosecha del segundo semestre y almacenar cerca de 400 mil toneladas en
los próximos tres meses.
¿El incentivo será para financiar el almacenamiento de arroz?
Sí.
Pero queremos un gran acuerdo tripartita, entre gobierno, productores e
industriales, para que cada una de las partes aporte algo. Todos ponen.
YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO