Importantes sectores de la opinión pública nacional creen que el carácter técnico y no político que el presidente Iván Duque le ha dado a su gobierno no ha sido exitoso. Y se afirma que esa caracterización ha distanciado tanto al Ejecutivo del Legislativo, que ha provocado no solo el hundimiento de importantes reformas sino una especie de "rompimiento no declarado" entre los partidos, representados en el Congreso y el Gobierno, en donde los partidos no tienen representación.
Sorprendentemente, los
gremios económicos del país se descubren hoy como defensores del
gobierno técnico del presidente Duque y piden que mantenga esa
condición. Pero advierten que debe socializar más con el Congreso.
"Hablar, debatir, estudiar conjuntamente no es negociar sino gobernar",
dicen.
En su primer pronunciamiento público, el nuevo presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, defiende la caracterización técnica del Gobierno, pero pide una mayor aproximación al Congreso.
Rechaza además negociar con el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela.
"No hablamos con dictadores", dice. Bedoya, bogotano, presidente de la
Sociedad de Agricultores desde marzo del 2017, preside a los gremios
desde el primero de enero de este año.
¿Le está yendo bien o mal a este gobierno?
Yo
creo que al Gobierno en materia de políticas públicas le está yendo
bien en algunos temas; por ejemplo, en la despolitización de la
administración; es bueno para el país la nueva forma de relacionamiento
con el Congreso, y es buena la orientación que tiene en temas de
legalidad y equidad; nos satisface la búsqueda de mayor formalización
laboral; y está generando condiciones macroeconómicas para el desarrollo
de nuevos emprendimientos y que también sea la generación de empleo por
la vía de la creación de nuevas empresas, entre otras cosas.
¿Qué es lo que usted llama despolitización?
Cuando
usted nombra técnicos en el gabinete y en los dirigentes de las
entidades públicas, reduce las posibilidades de corrupción y logra que
los problemas de los empresarios se traten con carácter objetivo y no
con decisión política. Y eso, por supuesto, le genera al inversionista
una mayor confianza a las instituciones que pueda agilizar todo el
desarrollo de una agenda empresarial.
Es decir, ¿a los gremios del país les gusta este estilo de gobierno?
Gobierno
técnico, claro que sí. Los ministros de este gabinete son muy técnicos,
las cabezas de muchas instituciones de segundo nivel también los son y
uno empieza a ver en instituciones como el ICA, en el caso agropecuario,
que desmontan una serie de trámites innecesarios, que se prestaban para
hechos de corrupción, y que se hacen planes para la protección
sanitaria con conocimiento técnico.
¿Este énfasis en lo técnico, y no en lo político, no aísla un poco al Gobierno?
Creo
que los ministros deberían tener, sin duda, una mayor interlocución con
el Congreso; sus miembros legislan y debe existir una discusión
respetuosa entre las partes. Los parlamentarios tienen unos electores a
quienes les deben responder en las regiones, y que se deben beneficiar
de las políticas del Gobierno.
"Por eso, a los ministros, como en cualquier gobierno, les corresponde tener una mayor cercanía y un diálogo constructivo de argumentos con los congresistas"
Por eso, a los ministros,
como en cualquier gobierno, les corresponde tener una mayor cercanía y
un diálogo constructivo de argumentos con los congresistas.
Pero
ese marcado divorcio entre el Gobierno y la clase política le costó al
Ejecutivo el fracaso de varias de sus grandes iniciativas en el
Congreso...
Como se trata de una nueva forma de relacionarse,
eso tiene sus ajustes. Ojalá en el nuevo periodo de sesiones del
Congreso los parlamentarios así lo entiendan. De lo que se trata es que
al país le vaya bien, más allá de las discrepancias naturales de
política pública. Debe tener el Gobierno la habilidad de construir
mayorías, pero eso no se debe hacer sino con argumentos y objetividad.
¿Ese nuevo estilo de gobierno no está aislando al Ejecutivo?
Creo
que hay una cosa que se debe corregir: en el caso, por ejemplo, de la
ley de financiamiento, ni el sector privado ni el Congreso la conocían y
habría sido seguramente el resultado muy diferente si se hubiera dado
esa cercanía. Es que tener la cercanía no implica nada distinto a
conversar, y yo creo que eso es lo que va a pasar cuando reanude
sesiones el Congreso; que los ministros hablen más con los congresistas,
que vayan a las regiones y que lo hagan con los congresistas,
simplemente para conocer en el territorio los temas sobre los cuales el
país requiere que se legisle y se gobierne.
Mire: el Gobierno no
puede dejar de conversar, de dialogar; no es que dé o no dé. Lo que el
Gobierno debe hacer es no encerrase. Dialogar. Eso es gobernar: buscar
soluciones con todos y, claro, con el Congreso que es de la mayor
importancia para todos los colombianos.
No hay duda de que es un nuevo estilo de gobierno...
Sí.
Y le ha resultado costoso al gobierno del presidente Duque. Es una
muestra de que había una realidad y que ahora hay otra; ojalá el
Presidente de la República siga manteniéndose en lo que les prometió a
los colombianos, y que siga con un gobierno técnico, pero que los
ministros se acerquen más al Congreso para que se discutan a fondo los
proyectos de ley. No veo por qué es pecaminoso hablar con los
parlamentarios. Escucharlos. Discutir con ellos. Eso no supone dar nada a
cambio. A uno le dicen en el Congreso que los ministros no vienen, que
les da miedo hablar acá.
"Es muy importante que se tenga una relación fluida, porque al final el Congreso es el que aprueba las leyes y hay muchas cosas pendientes que tienen que pasar por el Legislativo"
Es muy importante que se
tenga una relación fluida, porque al final el Congreso es el que aprueba
las leyes y hay muchas cosas pendientes que tienen que pasar por el
Legislativo.
¿Los gremios verían con buenos ojos que también hubiese fortaleza técnica en los candidatos a gobernaciones y alcaldías...?
Indudablemente;
hay que tener un sentido de país, no es un capricho, pregúntele a
cualquier persona todo lo que se ha perdido en Colombia por malversación
de fondos y robo de recursos en las regiones. En el caso del campo
colombiano, con mayor razón, porque se encuentran entidades como las
corporaciones autónomas regionales, que están muy politizadas.
¿De dónde sale la fuerza política de las corporaciones?
El mismo nombre lo indica. Corporaciones autónomas. Lo que debe haber es un grado de control sobre ese nivel de autonomía.
¿Usted propondría reformarlas totalmente?
Claro,
pero se ha intentado y no se ha podido. ¿Por qué? ¿Dónde se hacen
reformas de las corporaciones? En el Congreso de la República. La
despolitización debe ser de todas las entidades en el nivel nacional y
local. Hay que incluir las corporaciones autónomas. Hay unas que se
salvan, pero hay también otras... mucha politización.
¿Se necesita una intervención ahí?
Indudablemente. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría deberían intervenir.
El
Gobierno está preparando el Plan de Desarrollo, que estará basado en la
búsqueda de la equidad y la reducción de la pobreza...
Y me
parece que debe incluir programas para generar emprendimiento y para
combatir la informalidad... ¿Sabe a cuánto asciende la informalidad en el
caso del sector agropecuario? ¡El 88 % del empleo rural es informal! No
hay mayor indicador de inequidad desde el punto de vista del acceso a
los ingresos y, por supuesto, a la salud y a las posibilidades de una
pensión que esa cifra.
¿Qué hacer para rebajar la informalidad en el campo?
Hay
un proyecto de ley que ya está para último debate, que genera
condiciones para que un trabajador rural reciba su remuneración por las
horas que trabaja en cada una de las fincas el mismo día y que los
aportes a la seguridad social vayan en función de las horas trabajadas,
de tal manera que tenga la posibilidad de servicios de salud, de un
ahorro pensional y de una formalización laboral; eso le sirve al
trabajador y le sirve al empleador, porque de lo contrario puede que
sigamos subiendo el salario mínimo, como se hizo el último año, 6 %, con
una inflación de 3,18 %, pero que de nada sirve si el 88 % son
informales. Si el proyecto que formaliza el trabajo rural no lo aprueba
el Congreso antes de finalizar esta legislatura, se hundirá. Ojalá eso
no ocurra.
¿Hasta dónde el sector privado es responsable de la informalidad?
Sin
duda, puede haber personas que por buscar ahorros contraten de manera
informal, lo cual es totalmente rechazable. Pero, también, el régimen
laboral no es consecuente con la realidad productiva del campo, y eso
limita la formalización.
¿El empresario estimula la informalidad?
La
discusión que deberíamos tener este año es revisar cómo es el sistema
de contratación y remuneración rural en el país y si debemos migrar a un
sistema de remuneración diferente, más simple.
¿En qué sentido?
En
que el trabajador tenga un ingreso en función de las horas trabajadas,
sin vulnerar por supuesto el salario mínimo mensual. Le digo una cosa:
la legislación laboral en Colombia rige para las ciudades pero no para
el campo porque a diferencia de las ciudades, donde usted tiene turnos
en una empresa, la jornada laboral diaria y el mismo trabajador está en
una misma empresa todo el día, en el campo el trabajo depende del ciclo
de las cosechas, hay cambio de sitios de trabajo.
¿Cuántos trabajadores tiene el campo colombiano hoy?
4,9
millones de trabajadores. El 88 %, y eso es absolutamente terrible.
Sectores como la palma, como el azúcar, como el avícola, la
porcicultura, entre otros, son sectores que son formales y por eso
nosotros en la reforma tributaria pedíamos extender el régimen de los
exentos, porque eso tiende a formalizar las actividades productivas.
Pero cuando usted tiene cultivos, como el caso de la papa, del maíz, el
cacao, la panela, incluso el café que enfrentan retos de empleo formal,
hay que brindarles una solución.
"El país no encontrará una verdadera paz en el campo colombiano si no se resuelve el tema de la equidad que va de la mano de lo que se haga en seguridad jurídica para las tierras, en vías terciarias..."
El país no encontrará una
verdadera paz en el campo colombiano si no se resuelve el tema de la
equidad que va de la mano de lo que se haga en seguridad jurídica para
las tierras, en vías terciarias y por supuesto en la formalización de la
mano de obra.
Mire: también se ha envejecido la población
rural; desafortunadamente por el conflicto mucha gente se vino para las
ciudades; por eso se ha visto que hemos tenido que recurrir en algunas
zonas a venezolanos para recoger la cosecha de café. ¿Cómo lograr que la
gente que se fue a las ciudades vea el campo como una actividad
rentable y tenga el incentivo de volver? Ellos quieren salud y pensión,
tener acceso a los servicios.
¿En materia de envejecimiento cómo está el campo, en cifras?
Yamid,
entre 2005 y 2014, comparando las cifras del censo disponibles para el
campo, se duplicó el número de personas adultas mayores respecto a los
niños y jóvenes. Adicionalmente, según el Censo Agropecuario, el 47 % de
los habitantes rurales son mayores de 50 años, lo cual trae enormes
retos en materia de atraer a los jóvenes al campo y, además, pensar en
la vejez de estos pobladores.
¿Qué hacer para detener la fuga y que el trabajador vuelva al campo?
Lo
primero, que la actividad rural sea rentable. Si la gente no tiene un
ingreso estable y unas condiciones de contratación que le permita
quedarse, pues se va a vender minutos de celular o a manejar un taxi.
Este país tiene 175.000 kilómetros de vías terciarías, solamente el 10 %
está en buen estado; mientras no haya carreteras para trasladar los
alimentos de las zonas de producción al mercado, pues se seguirán
agotando las posibilidades del campo.
El presidente Maduro en
su discurso de posesión, el jueves, les pidió a los colombianos
invertir en Venezuela y reconstruir el diálogo...
Uno no se
sienta a hablar con un dictador. ¿A cuenta de qué el llamado Gobierno de
Venezuela invita a los empresarios colombianos a invertir allá? El
comercio se acabó por las medidas económicas que tomaron allá. Maduro lo
que debe es generar las condiciones para que más de 1,1 millones de
venezolanos que han salido hacia Colombia en un éxodo terrible puedan
volver con condiciones dignas; debe dejar de violar los derechos humanos
y restablecer la democracia.
La verdad es que es inimaginable la magnitud de la crisis que vive ese país, por culpa del régimen dictatorial de Maduro.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO