El Estado ha abandonado y criminalizado a campesinos cocaleros': ministro de Justicia

Giro en la política anti drogas de Colombia, El Ministro de justicia, Néstor Osuna, revela las bases de esa reforma en dialogo con este cronista para EL TIEMPO, Se darán títulos de propiedad de la tierra, a cambio de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

El Ministro Osuna asegura que "la nueva política de drogas nos va a permitir ser mucho más eficaces en la lucha contra el narcotráfico" y agrega: "Se trata de ofrecerle una solución alternativa distinta a los campesinos que cultivan hoja de coca, casi todos ellos pobres y que no han tenido otra alternativa en la vida. Lo que queremos es incentivar de un modo realmente ambicioso la sustitución de economías para que aquellos campesinos, especialmente en el Putumayo, en el Catatumbo, en Nariño, puedan pasarse a actividades dentro de la ley en otras tierras o en las mismas que han poseído"

-Pero, usted dijo hace unos días, ante el consejo nacional de estupefacientes, que la nueva política le va a cambiar la cara al país. ¿Cuál es la nueva cara...?

- Es que no se limita a una estrategia para la sustitución de cultivos en la cual el Estado apoya algún proyecto individual, sino una política que abarca la totalidad del asunto de las drogas y concentra la persecución penal en los eslabones fuertes del negocio del narcotráfico, a la vez que les ofrece sustitución de economías a los pequeños cultivadores y atención de salud a los consumidores

- En el pasado se han intentado cosas parecidas...

- Se ha intentado la sustitución de cultivos, pero el Estado o bien no ha cumplido con su parte o se ha limitado a ofrecer soluciones individualizadas a cultivadores a quienes les ha ofrecido una suma de dinero para que dejen de cultivar, pero sin programas sostenibles de sustitución de economías y eso ciertamente no ha producido el resultado que estábamos buscando.

-¿El plan del gobierno es crear un subsidio?

-No un subsidio en el sentido de entregar una suma de dinero a cada campesino, lo que estamos haciendo es llevar la oferta del Estado social de derecho, es decir, infraestructura, educación, legalidad, reforma agraria, todo ello concentrado en los lugares en los que es necesario revertir un sistema tradicional de exclusión e ilegalidad por economías prósperas, ambientalmente sostenibles y dentro de la ley, darle a los cultivadores títulos de propiedad de tierra, a cambio de sustitución de cultivos ilícitos.

- ¿Usted ha expuesto el plan a los cultivadores de coca?

- Numerosas familias cocaleras quieren salir del territorio en el que están y emprender una vida mejor en terrenos que estén dentro de la frontera agrícola nacional. A ellos les ofrecemos la oportunidad de recibir unas tierras mejores, más fértiles, donde haya ya presencia del Estado. A otros, por el contrario, si están dentro de zonas de protección ambiental, les ofreceremos un pago por servicios ambientales, siempre que erradiquen voluntariamente los cultivos de coca..

- ¿Y por qué tienen que cambiar de lugar?

- Por supuesto una buena parte querrán permanecer en sus lugares. Para ellos tenemos diferentes programas de sustitución de economías, que pueden incluir la titulación en propiedad de sus lotes, siempre que erradiquen los cultivos ilícitos.

- ¿Cuál es la meta?

- Podría decirle que para el año 2026, cuando termine el gobierno, podremos haber reducido el número de hectáreas de hoja de coca cultivadas en el país a la mitad, y la cocaína a menos de la mitad. Los datos históricos dicen que se producen alrededor de 1500 toneladas de cocaína en Colombia al año, en el 2023 tenemos la meta de incautar alrededor de 900 toneladas.

-Pero, ¿por qué trasladar a los campesinos si lo pueden hacer en donde están?

-La movilidad es para quienes quieran hacerlo, porque detectamos ese anhelo en los diálogos regionales, hay un abanico de ofertas para sustituir las economías ilegales por economías dentro de la ley, no es una única alternativa forzada.

- ¿Pero el proyecto requiere la aprobación del consejo nacional de estupefacientes?

-No señor. La política de drogas la adopta e implementa el gobierno nacional, Convocamos hace unas semanas a ese Consejo y les presentamos el proyecto para escuchar sus criterios y sugerencias, pero es claro que la adopción le corresponde al gobierno. Ahora bien, algunos desarrollos de esa política si requieren de aprobación mediante resoluciones de ese Consejo, en su momento se presentarán.

-¿Y por qué las medidas que usted anuncia no se pueden hacer en los lugares donde los cocaleros se encuentran?

-Esa posibilidad de permanencia existe para aquellos que quieran quedarse donde están, siempre que erradiquen voluntariamente los cultivos de hoja de coca. El Estado les ayuda a sustituir sus economías. Lo que pasa es que hemos comprobado que una buena parte de ellos están en territorios en los que es extremadamente difícil desarrollar actividades económicas alternativas, en un plazo cercano.

-¿Los cocaleros han sido consultados por el gobierno?

-En el diseño de esta nueva política, claro, Nunca en la historia del país se había construido una política de drogas a partir de una participación popular tan amplia. Por eso tenemos un diagnóstico muy certero y una estrategia de legitimidad.

- ¿Pero sí es realizable?

-Por supuesto. En cuanto a los campesinos cocaleros, vamos a trabajar con poblaciones que siempre fueron excluidas, que las fueron lanzando hacia la selva, hacia territorios donde no había ninguna otra posibilidad de sobrevivir económicamente más que con las economías ilegales. Los cocaleros están muy esperanzados, ellos quieren salir de ese problema, Lo que pasa es que no han tenido otra alternativa, sienten que el Estado les ha hecho trampa, sienten que los han abandonado, que la Fuerza Pública apenas aparece esporádicamente.

 Ellos también quieren tener una vejez tranquila, quieren vivir como el resto de los campesinos de Colombia, la política se completa con una estrategia policial y militar muy detallada para perseguir con éxito a las mafias de narcotraficantes y para desmantelar las estructuras criminales.

- ¿Tienen razón cuando afirman que el estado los ha abandonado?

- En eso los campesinos cocaleros tienen razón, Históricamente el Estado los ha abandonado, no les ha permitido integrarse a la economía regular y a la sociedad legal: no ha ofrecido educación ni servicios públicos ni vías ni prosperidad. Los ha abandonado cuando los ha criminalizado sin darles la oportunidad real de cambiar de actividad. Eso nos permite, al diseñar la nueva política, separar los eslabones débiles que son los campesinos cultivadores y a ellos ofrecerles alternativas de mejorar su vida, y concentrar el esfuerzo de persecución criminal en los grandes narcotraficantes, en el lavado de activos, en lo que es el tráfico de cocaína.

-Quiénes son hoy los dueños de la tierra donde se cultiva hoja de coca.

-Casi el 90% de los campesinos que cultivan hoja de coca no son propietarios de la tierra, están en baldíos o son simples poseedores. Por eso para ellos es atractivo que el Estado les ofrezca el título de propiedad de la tierra, a lo que accederemos con la condición de erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos.

-¿Cómo se formalizará esta nueva política de drogas?

- El documento es un texto técnico más semejante a un ejercicio de planeación. Algunos de sus desarrollos requerirán la expedición de decretos o eventualmente alguna propuesta de modificación legal, aunque en verdad hemos diseñado una política novedosa pero que cabe dentro de la legislación vigente, sin necesidad de grandes reformas normativas.

- ¿Por qué afirmo en un foro que le cambiará la cara al país?.

- Estoy convencido de que, si llevamos a cabo esta política, Colombia va a dejar de ser el principal productor de cocaína del mundo, y eso sin duda es cambiarle sustancialmente la cara al país. No sólo alrededor de 15.000 familias de cultivadores de hoja de coca tendrán una alternativa distinta a la siembra de coca, sino que dejaremos de deforestar la amazonia, tendremos una mayor producción alimentaria y, por supuesto, la "autoestima" de los colombianos se verá remozada si dejamos atrás el lastre del narcotráfico.

- Es decir, ¿fracasó totalmente la erradicación tanto voluntaria como forzada?

-No, La erradicación voluntaria es exitosa, Ciertamente la forzada no ha dado los resultados que se esperaban, Y en general, la estrategia hasta ahora vigente de lucha contra el narcotráfico no ha logrado resultados halagüeños. Demasiada sangre y dolor sin que se haya logrado afectar sustancialmente el negocio de la cocaína. Por eso el número de hectáreas cultivadas con coca ha subido año tras año y el consumo de cocaína no ha disminuido significativamente, hay que admitir que esa vieja política, de tantos años, no dio los resultados que se esperaban.

- ¿Vendrán entonces títulos de propiedad de tierra fértil para quien sustituya cultivos de coca?

- Sí, Eso forma parte de la oferta.

-¿Y qué hace falta para que la pongan en práctica?

- Nos hace falta perfeccionar la oferta de compra de tierras y avanzar en el desmantelamiento de las estructuras criminales de alto impacto. También tenemos

que hacer un gran esfuerzo, lo admito, para comenzar a derrotar el escepticismo frente a los cambios. Tantos años de malos resultados en la lucha contra las drogas han difundido la idea de que se trata de un problema irresoluble.

-¿No es demasiada ilusión?

- Me da la impresión de que en su pregunta hay algo de sorpresa ante una propuesta que sin duda es humanista, con su centro en la protección de la vida, que además no magnifica el campo de la persecución penal extendiéndolo a aquello en lo que no es efectivo, pero sí pone de relieve la necesidad del cuidado ambiental.

- Otro tema señor ministro. ¿En qué va la ley de sometimiento?

- Estamos en una discusión muy viva dentro del gobierno, sobre si volver a presentar el proyecto de sujeción de presentamos en la legislatura pasada, o decantarnos por una prórroga de la ley de Justicia y Paz.

- ¿En qué consiste fundamentalmente la nueva política de cárceles?

- Se la resumo en dos ideas: hacer un esfuerzo serio y consistente por superar el estado de cosas inconstitucional que hay en las cárceles y lograr, mediante un programa ambicioso de resocialización, que disminuya la reincidencia criminal. Para eso necesitamos una combinación de mecanismos administrativo sobre el funcionamiento de las cárceles, otros de reformas legales para fortalecer la resocialización. La opinión pública debe saber que las cárceles son muy costosas y que con ese dinero se pueden obtener mejores resultados a los que se tienen hoy.

-Varios organismos de inteligencia, señor ministro, y usted bien lo sabe, revelan que muchos de los delitos que se cometen en el país, como extorsión, como secuestros, se originan en las cárceles...

- La información que tenemos es que una parte de la extorsión telefónica se hace desde las cárceles, Frente a eso, hemos pedido la colaboración de los operadores de telefonía celular, porque ellos pueden implementar una tecnología que permite ser muy certeros y eficaces en el bloqueo de señales celulares en lugares específicos. Mientras logramos que en la nueva concesión de telefonía se incluya esa obligación para los operadores de telefonía celular, lo que estamos haciendo es una estrategia focalizada en aquellas cárceles y personas en las que está concentrado el problema, con operativos que en general están dando buenos resultados.

- Señor ministro: ¿aparecen colombianos en los asesinatos de personajes del exterior, como el presidente de Haití, Joven el Moise, como el fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, y ahora como el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio Colombia se está convirtiendo en proveedora de sicarios?

-Su pregunta se refiere a la captura de unos colombianos en Ecuador por el homicidio del candidato presidencial esta semana, Lo que puedo decirle es que la criminalidad está globalizada, que los delincuentes no reconocen frontera ni nacionalidad, que esas estructuras son internacionales y que también hay muchísimos colombianos víctimas de delitos fuera del país.

YAMID AMAT 

Especial para EL TIEMPO