El Contralor revela avances en sus diez investigaciones más graves

El contralor general, Edgardo Maya, hizo fuertes planteamientos sobre el problema de la corrupción en un foro realizado por EL TIEMPO el miércoles pasado. Como desarrollo de ellos, en esta entrevista revela detalles de los diez mayores escándalos que investiga y cuyos resultados serán trasladados a la Fiscalía y la Procuraduría, para que dicten medidas penales y disciplinarias.

Todos los hechos son graves, pero el más doloroso es el robo de los dineros del Estado para alimentar a niños de estratos pobres. 

¿En qué va la investigación sobre la refinería de Cartagena (Reficar)?

La obra se calculó con un costo de 3.900 millones de dólares y terminó costando 8.060 millones de dólares. Lo nuevo es que, como hubo alta contratación en los Estados Unidos, se le solicito a la Fiscalía de ese país que investigue a quiénes se les pagó el dinero de la contratación, en dónde se consignó ese dinero y por qué concepto se consignó. 

Pero ¿por qué se concentra ahora ahí la investigación?

Del exterior llegaron a Cartagena 50 barcos, de 50.000 toneladas cada uno, con material para la refinería. Estamos indagando a quién se le pagó y cómo. Fueron 2,5 millones de toneladas de material. ¿A quién se le compró? ¿Dónde se consignaron los cheques? ¿A dónde fue la plata? 

¿Todo eso no lo sabe la Contraloría?

No.

¿No existen facturas?

Tenemos las facturas, pero no se sabe a dónde fueron a parar esos dineros: si se quedaron en las empresas o llegaron a terceros.

¿Lo que trata de establecer es si el dinero que se pagó a los contratistas de EE. UU. les llegó de verdad a ellos? 

Sí. Y si se quedaron solo los contratistas con esos dineros y no salieron para ninguna otra parte. Eso es lo que estamos indagando.

¿En qué otra investigación avanza la Contraloría?

Trabajamos en muchos frentes, pero me concentro en los diez más preocupantes. El primero: la alimentación escolar.

¿Qué trata de establecer?

Es un programa hermoso dar a los niños de escuelas públicas un desayuno o merienda y un almuerzo de lunes a viernes. Son 3,8 millones de niños que reciben alimentación. En los dos últimos años, esta ha costado 1,4 billones de pesos. Pero hay irregularidades en 17 departamentos.

¿En qué consisten?

Los registros indican que se les suministró alimentación a 100 niños, pero solo se atendió a 50. Y tenemos evidencia de la baja calidad: almuerzos con una rodaja de mango, una galleta de soda y una gaseosa. ¿Cuáles son los valores nutricionales para esos niños? Eso no es por lo que está pagando el Estado a particulares. En tercer lugar, encontramos que a las empresas que caen en irregularidades se les cancelan los contratos, pero estas cambian de nombre y se van de un departamento a otro.

"Lo más grave es la acción criminal de atentar contra la alimentación de los niños más necesitados"

¿Con qué objetivo?

Para seguir robando. Por ejemplo: se cancela un contrato por irregularidades, por decir algo, en el Atlántico; la empresa cambia de nombre o razón social y se va para Bolívar. Allí los descubren y los cancelan. Vuelven a cambiar de nombre y se van para Cesar o La Guajira. Es una cadena nacional. Lo más grave es la acción criminal de atentar contra la alimentación de los niños más necesitados.

¿Quién contrata esos servicios y a qué empresas?

Ese programa estuvo en el Instituto de Bienestar Familiar, que se especializó en eso, pero se lo quitaron. Entonces pasó a manejarlo el Ministerio de Educación, y este lo trasladó a los gobernadores y alcaldes. Descubrimos el 'modus operandi' y ya lo entregamos a la Fiscalía, que alista sanciones penales.

¿En qué otra área investiga?

En la salud. Grave, porque hay toda clase de irregularidades. En Córdoba, con el tema de la hemofilia, había 50 pacientes y hubo un cobro de 49.000 millones de pesos. Inaudito. 

¿Y cómo se hizo la trampa?

Vimos a los pacientes y revelaron que no les ha dado ni gripa; fuimos al laboratorio de una firma seria y nos dijeron que no han hecho esos exámenes allí. En el caso de los enfermos mentales, se giraron 5.000 millones para tratamientos psiquiátricos. Nos dieron los nombres, fuimos a la Registraduría y esos señores no existen. Esa plata se la roban los de las IPS, los contratistas de la salud. Ya abrimos el tema de responsabilidad fiscal. Hay detenidos en Córdoba, Sucre y Cartagena, y vienen más. Con base en lo que investigamos, la Fiscalía está actuado con rapidez.

En este tema de la salud, ¿los que cita son los dos hechos de corrupción?

No. Hay más. Hay múltiples cuentas de suministro de medicamentos que no se entregaron y de servicios que no se prestaron.

¿Son cómplices los hospitales públicos?

Hemos hecho un acuerdo -y esta sí va a ser una investigación modelo- entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría y la Contraloría para investigar cinco hospitales públicos: Hospital del Atlántico, Hospital de Valledupar, Hospital de Santander, Hospital de Popayán y Hospital de Nariño. Hay un tema grave: a un hospital lo sanean, lo entregan y se lo roban de nuevo. Es un círculo vicioso. Cuando avancemos, incorporaremos a la Fiscalía.

¿Y quiénes se los roban?

Los operadores de los hospitales, los que designan para administrarlos.

Otro tema denunciado: ¿qué pasó con la investigación de los Juegos Nacionales?

El caso de Ibagué es emblemático. Comenzaron a construir diez escenarios deportivos y los abandonaron. ¡No hay uno terminado! Se robaron la plata de los diez.

¿Y las interventorías qué se hicieron?

¡Nada! Yo me he preguntado cómo es posible que las interventorías de esos contratos no se den cuenta y no pongan el grito en el cielo y lo denuncien. Ya hubo detenciones, y siguen más. Vamos a llegar hasta el fondo de esto.

¿Las irregularidades fueron solo en Ibagué?

No. Está lo del estadio de Neiva. ¡Cómo en una ciudad sucede eso y no pasa nada!

¿Y qué se está haciendo?

Iniciamos el juicio de responsabilidad fiscal y dimos traslado a la Fiscalía, que alista medidas penales. También las vamos a pedir por el túnel de La Línea.

Con esta obra, que está inconclusa, ¿qué va a pasar?

Es otro contrato llave en mano, que se hizo por 600.000 millones de pesos, está sin terminar y los gastos van por los 2 billones. Especialistas nos dicen que el abandono del túnel puede traer el derrumbe del interior y la reconstrucción valdría más de lo invertido.

Pero ¿está abandonado?

Tendrá un vigilante en la puerta con una escopeta, si acaso. A este contrato se le declaró la caducidad; el señor Carlos Collins salió y hay que abrir licitación. A él se le había dado un plazo, y no lo cumplió; se dio otro plazo, y tampoco, y ahora pedía uno más; declarar su caducidad era lo que había que hacer, pero una obra de esa magnitud corre ahora el peligro del abandono.

¿No era preferible haber ampliado el término a Collins?

No, ya no había posibilidad. Esa determinación era la que correspondía. Cuando los dineros del Estado son mal manejados, se establece un daño fiscal. Estamos investigando a todos los responsables. Lo que es urgente es abrir una nueva licitación y adjudicar.

¿En qué va el caso de ciencia y tecnología?

El tema es muy doloroso. Ahora que estamos en Semana Santa, podría hablar de 'los dolorosos'. Mire: eran 18 billones de pesos que se iban a repartir en todo el país en la famosa 'mermelada'. Nosotros no tenemos ni investigación ni tecnología. Somos como cualquier país de África. Para tratar de remediarlo, se creó un fondo de 3,6 billones de pesos. ¿Sabe qué encontramos? El primer dolor: 1,6 billones de pesos en la tesorería sin utilizar. Se hizo una reglamentación del fondo que nos parece equivocada. ¿Quiénes terminaron manejando el fondo de ciencia y tecnología? Los 32 gobernadores y la Alcaldía de Bogotá. Y mire el segundo doloroso: ¡los gobernadores les dieron esos contratos a sus amigos! 

Por ahí se salvaron 600.000 millones, y el Gobierno propone ahora que con esa plata se hagan vías terciarias para la paz. El rector de la Universidad Nacional hizo un editorial en el periódico de esa institución. 'Cambiar la educación por bolsas de cemento', tituló. Es lamentable que en un país donde no hay nada de investigación; donde no tenemos patentes, que es una de las riquezas de los países del mundo, estemos pensando en invertir los recursos de ciencia y tecnología en caminos porque los dejan sin uso en las tesorerías y los que los utilizan lo hacen mal. Eso es desastroso, y ahí estamos en el juicio fiscal. Hubo plata que no se usó y la que se usó, se usó mal. Se usaron mal 1,4 billones de pesos. ¡Qué historia tan terrible! 

En sus investigaciones, ¿cómo va La Guajira?

Otros dolorosos. Ahora encontramos un contrato por regalías de 16.000 millones de pesos para hacer un estudio sobre ¡el impacto del dengue en La Guajira! y otro de 10.000 millones, para ¡el impacto del paludismo! Eso en una región con tanta necesidad y donde los indígenas aún beben agua de los jagüeyes. De un lado beben los animales, y del otro, los seres humanos. 

¿Este tema del agua es otra de sus investigaciones?

Agua, alcantarillados y saneamiento básico. Muchos municipios no tienen esta infraestructura.

¿Y el dinero de las regalías para saneamiento también se lo están robando?

El país está sin agua potable, sin acueductos. Hay un mar de irregularidades en el tema de regalías. Aquí hay trabajo conjunto otra vez de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. 

¿Hay algún hecho puntual de corrupción con regalías?

En la salud, por ejemplo: no hay buenos puestos de salud; hay otros sin terminar; hay puestos terminados fuera de servicio. Hay una cantidad de tareas que debían financiarse con regalías y son billones de pesos extraviados.

¿Y la contratación pública cómo va?

El país no puede seguir más con los pliegos 'sastre', hechos a la medida del licitante. Debe aprobarse el pliego tipo. Nadie va a hacer propuestas en las regiones: las contrataciones están dirigidas. Todo es contratación directa.

¿Se investigan irregularidades en el desastre de Mocoa?

Tema doloroso. No actuó un sistema de alarmas y el desastre fue ocasionado, entre otras, por la deforestación. La reina del daño ambiental es la motosierra, instrumento nefasto usado en la siembra de coca y la explotación forestal.

Con todo ese sombrío análisis, ¿en qué país vivimos?

No hay que desanimarse. Todos los días me levanto con más ánimo y aquí no hay que amedrentarse. Esto es una lucha frontal. Estamos en un buen momento con los órganos de control y el de investigación penal unidos en la lucha. Aquí tiene que haber una política de Estado para esto. La mayoría de los colombianos no son corruptos. No todos los servidores lo son, pero el problema es que los corruptos sí están haciendo un daño inmenso a nuestra democracia.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO