Impunidad en Colombia es superior al 90 %: advierte el presidente de la JEP
Hace 6 días
El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, autor de la iniciativa, considera que el control fiscal actual ha significado una "auténtica revolución" y ha potenciado nuestra capacidad para anticiparnos a los corruptos. Su prueba de fuego ha sido la pandemia, durante la cual, afirma, "hemos podido hacer seguimiento inmediato a cerca de $68 billones de contratación hecha por régimen de urgencia manifiesta". A lo que agrega: "Tenemos una lupa que nos permite ver en tiempo real la cascada de los $40,53 billones provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias".
¿Cuántas alertas han producido?
A la fecha hemos generado más de 500 alertas por $600.000 millones de pesos que han permitido renegociar contratos donde estaban en peligro de desvío o dilapidación de recursos públicos muy importantes. Con la facultad preventiva hemos obtenido beneficios por una cifra cercana a los $6 billones. El nuevo modelo nos ha aproximado al ciudadano y nos ha permitido acompañar la culminación de proyectos muy importantes para el desarrollo económico del país.
¿En qué están las investigaciones por corrupción con el PAE? ¿Qué cifras se tienen a la fecha de pérdidas económicas?
Tenemos en curso 157 procesos de responsabilidad fiscal por más de 51.000 millones de pesos. En la región Caribe tenemos investigaciones por 23.000 millones de pesos. Durante este semestre anunciaremos imputaciones.
¿Cuánta plata se pierde por corrupción?
Yo podría mencionar una cifra llamativa para un titular, pero prefiero establecer unas referencias para que la opinión se haga una idea clara sobre la dimensión de ese lastre social. Además de los 23,1 billones que encontramos refundidos entre obras inconclusas y elefantes blancos, dinero que nos serviría para financiar siete veces el Plan Nacional de Vacunación.
¿Se sigue perdiendo la plata de las regalías?
Hay un gigantesco hueco que buscamos cerrar. Hoy tenemos en curso 1.041 procesos de responsabilidad fiscal por el mal uso de $2,5 billones de regalías. Casi en un 80 por ciento de la plata sepultada en los cementerios de elefantes blancos corresponde a recursos de ese tipo.
Dicho de otra manera: el gran desarrollo regional que habría podido significar nuestra riqueza petrolera ¿se perdió?, ¿se malgastó?, ¿se desperdició?
Pues es doloroso decirlo, Yamid, pero a usted no le falta razón en lo que dice. Acá se ha desperdiciado mucha plata que hubiera servido para mejorar la vida de muchas poblaciones. El pasado en esta materia hay que investigarlo y castigarlo ejemplarmente, y hacia futuro debemos trabajar para que no vuelva a suceder. En eso estamos.
¿Cómo va en general la vacunación?
Hasta el 18 de marzo el Gobierno Nacional había asignado el 83 por ciento de las vacunas recibidas. La aplicación alcanzaba el 55 por ciento. Con las nuevas medidas adoptadas yo espero que el proceso de vacunación cobre una mayor dinámica. Quiero ser preciso: el número de dosis asignadas llegaba ese día a 1'858.520 y las aplicadas hasta el 17 de marzo llegaban a 1'024.358.
En su opinión, ¿cómo puede operar la empresa privada en la adquisición de vacunas para sus trabajadores y sus familias?
A mí me parece que siempre debe haber una identidad de propósitos entre el sector privado y el sector público. Qué bueno que el sector privado con posibilidad de hacerlo pueda ayudar en la vacunación de sus trabajadores y de las familias de estos. Acá de lo que se trata es de hacerlo en forma rápida y segura, para que la economía se reactive lo más pronto posible.
El Gobierno ha dicho que eliminará exenciones del impuesto de valor agregado, IVA. ¿A usted qué le parece?
Le puedo decir técnicamente que el IVA actualmente tiene tres categorías de beneficios tributarios: bienes excluidos y exentos, con tarifa 0 %, y los bienes con tarifa reducida, del 5 %. La comisión de expertos ha calculado en 49 billones de pesos los ingresos que se dejan de recibir por tener estos tres beneficios. En estas tres categorías hay productos como los de la canasta familiar y los servicios educativos, a los que si les aumenta la tarifa, podrían afectar a los hogares de menores ingresos. Hay también otros productos que podrían asumir mayores tarifas, si el Gobierno así lo decide, sin afectar significativamente a los más vulnerables.
¿Hasta dónde cree que se puede imponer IVA a los productos y servicios que hacen parte de la canasta familiar?
Según cálculos de Fedesarrollo, al cierre de 2020 la mitad de la población estaba en situación de pobreza, y el 14 por ciento, en situación de pobreza extrema. De acuerdo con el Dane, 1,6 millones de familias pasaron de tener tres comidas al día a solo dos. Entonces, aumentar el IVA a la canasta familiar agravaría aún más la situación. Me imagino que el Gobierno está pensando en otras alternativas, como la de reducir los beneficios tributarios en el impuesto de renta.
¿Qué cifras tiene en su despacho sobre el valor de rentas exentas?
La Contraloría hizo un estudio a partir de la información de los saldos agregados de las declaraciones de renta de las personas jurídicas de la Dian y encontró que el costo fiscal que le representa al país los beneficios tributarios a personas jurídicas es cercano a los 8,7 billones de pesos. Para este cálculo se tomaron en cuenta las rentas exentas y los descuentos tributarios.
¿Cuáles son las actividades con mayores costos fiscales?
Los tres sectores con mayores costos fiscales para el país son el financiero, con 2,4 billones; industria, con 1,2 billones, y comercio, con 1 billón. Así que por cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector financiero, 20 centavos al sector industrial y 18 centavos al sector comercio.
La comisión de expertos recomendó la eliminación del impuesto conocido como cuatro por mil. ¿Lo cree posible?
La comisión se refiere al cuatro por mil como un impuesto distorsionante, que desalienta el ingreso a la economía formal y que desincentiva la inversión nacional y extranjera. El Gobierno seguramente evaluará esa opinión, pero si de lo que se trata con la reforma es de recaudar más, seguramente este impuesto lo tendremos por otro buen rato.
¿Qué le parece la extensión de la base de la población que tributa?
Una de las conclusiones a las que llega la comisión de expertos es que la base tributaria del país es estrecha y por eso existen altas tarifas sobre los contribuyentes que no pueden evitar el pago de impuestos. Por eso propone que se amplíe la base de la población que tributa. La mayoría de los beneficios tributarios solo son disfrutados por los hogares con mayores ingresos. De acuerdo con ese estudio, si se quiere ampliar la base, se debe corregir esta situación.
En una nación tan empobrecida y afectada, ¿cómo deben aliviarse las clases menos favorecidas?
Mientras la pandemia continúe es necesario que la gente siga recibiendo ayuda alimentaria y económica. Hay que avanzar en los programas de salud, educación, servicios públicos y empleo necesarios para reducir la pobreza y para que el país recupere el ritmo de crecimiento.
La cantidad de reajuste de impuestos que viene ¿no desestimula el crecimiento?
Sin duda. Ojalá el Gobierno piense en una reforma estructural al sistema tributario que mejore los criterios de equidad. No pensando solo en recaudar más impuestos y tapar el hueco que deja la pandemia, pues podría frenarse más el crecimiento económico si se establecen cargas excesivas.
¿Cómo se puede lograr que los grandes empresarios tributen más sin que eso afecte las inversiones y el empleo que requiere la nación?
Una alternativa podría ser la de revisar los 152 beneficios tributarios en el impuesto de renta utilizados por algunas empresas para disminuir su pago de impuestos. Hoy dos empresas similares de un mismo sector pagan tasas diferentes de impuesto y aquellas que pagan cabalmente son menos competitivas. Eliminar gradualmente los beneficios permitirá competir en igualdad de condiciones.
¿Cuál es su posición frente a la recomendación de gravar las pensiones que hizo la comisión que revisó el sistema tributario colombiano?
La conclusión a la que llega la comisión de expertos es que la tributación limitada a las pensiones favorece en mayor medida a los pensionados de mayores ingresos que deberían ser gravados. Esta alternativa debe ser revisada con cuidado para no afectar la calidad de vida de los pensionados de menores recursos. La determinación de monto y tasas será fundamental.
Los análisis que hace la Contraloría sobre el gasto público, ¿qué resultados arrojan?, ¿el Ejecutivo sí está recortando sus gastos?
El presupuesto en 2020 aumentó a 309 billones de pesos, con un aumento de 50 billones con respecto a los 259 billones del año 2019. De los 309 billones presupuestados se hicieron contratos por 286 billones y se recibieron bienes y servicios por 259 billones de pesos, llegando a un nivel de ejecución del 84 por ciento.
Debido al aumento en gastos y a la disminución de los ingresos, la deuda del sector público cerró 2020 en 735 billones de pesos, 128 billones de pesos más con respecto a 2019. La mayor parte de esta deuda es del Gobierno Nacional, por 598 billones, y luego por departamentos y municipios con deuda por 73 billones de pesos. Si los hogares y las empresas también recortan sus gastos, no hay quien compre.
¿El control a la evasión corresponde solo a la Dian?
Hay que tener claro que la responsabilidad de frenar la elusión y la evasión no es exclusiva de una entidad, sino que requiere de un esfuerzo colectivo en el que, por su puesto, deben estar comprometidos el Estado, los empresarios, los contribuyentes y todos los colombianos. La ofensiva debe trascender incluso fronteras y llegar hasta paraísos fiscales.
¿Usted es partidario de castigar con cárcel evasión o elusión tributaria?
Soy partidario de castigar y de prevenir, simultáneamente, cualquier conducta que genere perjuicios fiscales. Creo también que, antes de pensar en más reformas penales, es prioritario hacer cumplir eficazmente la legislación vigente.
¿Qué balance hay hoy de pérdidas económicas por los llamados elefantes blancos y quién está respondiendo por esto?
Contamos con un diagnóstico de 1.527 infraestructuras, entre proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos, por un valor de 23,1 billones de pesos. En su mayoría hacen ya parte de procesos de responsabilidad fiscal contra alcaldes, gobernadores y contratistas que obraron con desidia y corrupción. Pero estamos rescatando esa infraestructura.
La salud parece ser uno de los sectores más afectados con obras inconclusas. ¿Cuál es la situación de la infraestructura hospitalaria? ¿En qué zonas es particularmente preocupante?
Existen 102 proyectos de infraestructura hospitalaria con dificultades por valor de 778.000 millones de pesos. En todo el país se presenta esta problemática de obras inconclusas en la salud. Sin embargo, Cartagena reporta 29 obras por 122.000 millones de pesos y Sincelejo presenta rezagos en el orden de 127.000 millones.