Decreto del trabajo decente, hoja de ruta de nueva Ministra de Trabajo

Parece que se hubiera preparado durante años para ser ministra del Trabajo. Griselda Janeth Restrepo es una abogada vallecaucana que habla, discute, expone políticas laborales como si sus estudios de derecho y su especialización en derecho constitucional hubieran estado concentrados en las leyes laborales.

Conoce, defiende y anuncia la aplicación del llamado "trabajo decente" que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y, como liberal, defiende el derecho de los trabajadores a la protesta.

Mujer con liderazgo, ha sido concejal de Palmira, representante a la Cámara, secretaria de Gobierno del Valle, senadora, superintendente de Subsidio Familiar. Sus ideas progresistas la llevaron a ser vocera del Partido Liberal ante la Internacional Socialista de Mujeres.

Fue nombrada ministra hace un mes. En ese momento había paro en el Chocó, paro en Buenaventura, paro de trabajadores estatales y paro de maestros. Ya se solucionaron los tres primeros.

¿Cuál fue el origen, ministra, de esta ola de paros?

La expectativa normal de los trabajadores es tener cada día más garantías, no importa cuánto esfuerzo haga el Gobierno para tenerlos satisfechos. Este es un gobierno que garantiza la protesta social y eso hace que la gente que quiera reclamar lo haga. Además, estamos en la época de pliego de peticiones y de negociaciones laborales. Es normal que se estén dando estos movimientos en el país.

En este, su primer mes en el gabinete, usted ha tenido que enfrentar grandes dificultades: Buenaventura, maestros, trabajadores oficiales... ¿Teme que lo que venga sea peor que esta inauguración?

No creo. La inauguración, como dice usted, fue bastante significativa en términos de paros y protestas. Todo cierre de gobierno es duro, pero también es una buena oportunidad de culminar procesos. El empleo ha crecido de manera significativa bajo este gobierno. Le voy a dar cifras: de 81 meses de gobierno, 75 han sido generando trabajo. La tasa de desempleo en el país el mes pasado fue de 8,9, una de las más bajas de los últimos 16 años. ¿Eso qué significa? Que ha habido una agenda importante en el tema de la empleabilidad. Por eso, nuestra responsabilidad en el cierre del gobierno es muy grande: lograr que las cifras se sostengan, generar estrategias para mejorar en condiciones laborales, en condiciones de garantías...

Algunos sectores quieren mermar la parafiscalidad y, especialmente, la del subsidio familiar. ¿Qué le parece?

Los empresarios pueden decir que eso les está costando un dinero muy significativo. Yo pregunto: ¿para qué ha servido ese recurso en Colombia? Ha cumplido una misión fundamental de proteger a los trabajadores. Las cajas de compensación son un brazo social extendido del Estado, que no son salarios; es acceso a microcréditos, vivienda, educación, recreación, capacitación.

¿Parecería más prioritario reducir la informalidad laboral que hay en el país?

Este es uno de los temas más preocupantes, pero estamos mejorando mucho. Hay menos trabajadores informales en Colombia. Por primera vez, la informalidad cayó por debajo del 50 por ciento. En estos seis años se han creado 3'800.000 empleos nuevos, la mayoría formales.

¿Y la aspiración suya es que al terminar su gestión llegue a cuánto?

Es pretencioso dar cifras. Quiero comprometerme con el país a trabajar duramente el tema de la formalidad. Estamos atacando la tercerización. Son empresas que impiden el trabajo formal. Ofrecen personal por contratos precarios. En el sector público, en estos seis años y medio del presidente Santos se han creado 25.000 cargos, de los cuales 21.000 han sido por formalización de entidades públicas.

Es necesario continuar con la política de revisión de los contratos de prestación de servicios del Estado, garantizando de esa manera que se ajusten al compromiso con el trabajo decente. Es importante resaltar también que el proceso de formalización de empleos públicos necesita condiciones económicas que permitan la continuidad del proceso, en lo cual está empeñado el Gobierno.

¿Cuántas multas ha aplicado por tercerización?

Entre el 2014 y el 2016 hubo 431 sanciones por un valor de 180.500 millones.

¿Hasta dónde la tercerización está afectando la formalización del trabajo?

Es grave. Se han hecho acuerdos de formalización importantes con empresas muy significativas que fueron formalizando. Creemos que es fundamental la política pública de formalización. Entre las experiencias más importantes en materia de formalización se encuentran Avianca, Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Salud Total S.A. y Colombina S.A.

"La Comisión de Normas de la OIT revisó los temas de Colombia y nos retiró de la lista de riesgo"

La OIT ordenó aplicar en el país el llamado 'trabajo decente'. ¿En qué consiste?

La OIT indica que el trabajo debe dignificar y permitir el desarrollo de capacidades. No es decente el trabajo que está por fuera de los principios y derechos laborales fundamentales. Tampoco, el que tiene ingresos por debajo del mínimo vital, aquel en el cual se discrimina por género o cualquier otra razón, o el que no tiene las garantías de protección social. No es decente tampoco el trabajo que excluye el diálogo social. Lo que se exige es que un trabajador tenga todas las condiciones propias de laboriosidad, que son: tener sus primas, sus prestaciones sociales, un término claro de cuál es el ejercicio de su trabajo; que no lo contraten por un mes y luego lo retiren para otra actividad, sino que tenga la estabilidad laboral que necesita para tener una vida decorosa.

¿Por qué Colombia no ha podido cumplir con esa política de trabajo decente?

Estamos mejorando. Cada día aplicamos más las normas internacionales. La Comisión de Normas de la OIT revisó los temas de Colombia y nos retiró de la lista de riesgo. El país ha mostrado que aplica las normas de la OIT y ejecuta políticas que permiten mejorar las condiciones de los trabajadores.

¿La del trabajo decente será su gran misión?

Sí, es un compromiso mío, pero además es un pacto que quedará ratificado en la Comisión Nacional de Concertación, en la que estamos discutiendo con empresarios y centrales obreras. El fin es que todos participemos de la política de trabajo decente.

¿Para llegar a qué es la discusión en la Comisión de Concertación?

Para llegar a un documento en el cual, con claridad, el país -es decir, Gobierno, empresarios y trabajadores- tenga claro cuáles son los objetivos y propósitos. Ese documento va a ser una hoja de ruta del Ministerio, y aspiramos no solamente a volverlo una obligación, como ha sido para nuestros inspectores de vigilancia en las regiones, sino a volverlo insumo. Lo daremos a conocer con mesas de trabajo en todo el país; les vamos a explicar a los colombianos, a los alcaldes y gobernadores, qué es la política de trabajo decente, y concientizaremos a los empresarios en las regiones.

¿Cuándo va a tener listo el documento?

Estamos trabajando en el propósito de la concertación con los diferentes actores y en llevarlo a la Comisión de Concertación para su aprobación.

¿Pero es un proyecto de ley o de decreto?

Es un decreto. Lo estamos concertando con empresarios y trabajadores. Unos y otros han hecho observaciones que hemos aceptado. El decreto se conocerá cuando lo tengamos plenamente concertado.

¿Qué planteará el decreto?

Básicamente, que todo trabajo en el país debe tener las condiciones sociales que establecen la Constitución y la ley: tener prestaciones sociales, garantías, derechos y protección social; tener condiciones propias de un trabajo normal.

¿Qué dispone el decreto sobre protesta y huelgas?

Los trabajadores pueden ejercer ese derecho en términos de la Constitución y la ley; derecho a que se tramiten con base en el diálogo social las peticiones de los trabajadores en cuanto a los derechos individuales y los derechos sindicales.

¿El decreto combatirá la tercerización?

Sí. El trabajo decente es que el trabajador pueda tener todas las condiciones y ventajas de ley, y a que en cualquier contratación se respeten las normas.

Otro tema: ¿hasta cuándo va a continuar sin solución el paro de maestros?

El Gobierno hizo unos compromisos muy grandes con los maestros para mejorar sus condiciones, especialmente una nivelación salarial de 12 puntos, que va hasta el 2019. Esta inversión en nivelación salarial, sumada a los ascensos y a la bonificación para los maestros de grado 14, pasa de 486.000 millones en el 2016 a 763.000 millones en el 2017, a 957.000 millones en el 2018 y a más de un billón en el 2019.

¿Cómo lo empezaron a recibir?

Hasta el 2016 habían recibido 4 puntos adicionales. Este año van a recibir 2 adicionales al 6,75 por ciento. En el 2018 van a recibir 3 puntos adicionales y en el 2019, otros 3 puntos.

Otro tema: el camino que el país recorre hacia la Ocde, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tiene dificultades. Entre otras, la petición que ha hecho de unificar la edad de jubilación de hombres y mujeres...

Primero, quiero expresar que la Ocde hizo unas recomendaciones a Colombia que no son vinculantes para el país. Soy una mujer que toda la vida ha trabajado en proyectos de mujeres. Creo en el nivel de oportunidades que necesita la mujer colombiana.

Está comprobado que la mujer tiene condiciones laborales disminuidas frente al hombre; incluso en el empleo formal, las mujeres tenemos menos pago en ciertas actividades que los hombres; pero, además, en toda esta desigualdad, las mujeres tenían menos posibilidades de acceder a la educación. Eso ha cambiado por un esfuerzo indiscutible del Estado, pero también por un esfuerzo personal de las mujeres. La mujer necesita mejores condiciones en tema de pensiones.

¿Es decir?

¿Hoy cómo está la edad de jubilación? Mujer a los 57 años, hombre a los 62. Esto es producto de estudios que demostraron que las mujeres necesitaban mejores condiciones en su edad de retiro que los hombres. Ahora, la Ocde dice que hay que equipararlas. El presidente Santos ha anunciado la creación de una comisión de expertos para revisar la reforma pensional. Esa comisión tendrá que valorar la realidad de las colombianas sin perder de vista desigualdades que viven, además de su condición en muchos casos de madres cabeza de familia y cuidadoras de padres e hijos.

Entonces, ¿usted no es partidaria de elevar la edad de jubilación de la mujer?

Soy partidaria de que la comisión de alto nivel realice los estudios que establezcan si las condiciones de las mujeres del país han cambiado, sin dejar de valorar la posibilidad real de los colombianos de tener la certeza de la estabilidad financiera del sistema pensional colombiano.

¿Los 57 años para la jubilación de la mujer deben mantenerse?

Esperemos, para el bien de las colombianas, que el estudio de la comisión de expertos pueda encontrar en las condiciones de las mujeres elementos que permitan sostener la aplicación de los 57 años como edad de pensión.

Tema final: surgió en las últimas horas una nueva dificultad en el paro de maestros y es el anuncio de que no se pagarán los sueldos. ¿Eso será así?

Sí, señor. Quienes estamos en los cargos públicos tenemos la responsabilidad de cuidar la ley. Hay pronunciamientos claros de la Corte Constitucional, hay leyes que dicen que a un trabajador solo se le puede pagar por el trabajo efectivo o que haga en un periodo determinado. No voy a violar la ley realizando o autorizando un pago de un tiempo que no se trabajó, no lo puedo hacer; me obligan las leyes del país y me vigila la Contraloría General.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO