'Contraloría imputará cargos en el caso Reficar': Edgardo Maya

Los llamados cupos indicativos fueron creados hace unos 15 años por el Congreso de la República para reemplazar a los desprestigiados auxilios parlamentarios. Los cupos son partidas presupuestales que asigna el Gobierno a los congresistas para obras en sus regiones. 

Se los ha conocido como 'mermelada' desde cuando el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry llamó así a la modificación de las regalías. "Estas deben repartirse como mermelada sobre toda la tostada", dijo. Y el adjetivo fue utilizado por la oposición para señalar que con esa mermelada, el Gobierno aseguraba el apoyo de los parlamentarios.

El contralor general de la República, Edgardo Maya, anuncia ahora que ese despacho examina con lupa el destino que han tenido esos recursos. 

En qué va la investigación sobre los llamados cupos indicativos, o 'mermelada' que se gira a las regiones, según indicación de los parlamentarios...

Como se sabe, los auxilios parlamentarios fueron sustituidos por los llamados cupos indicativos. En el informe que estamos terminando hemos encontrado que en los últimos 14 años hubo 57,5 billones de pesos en cupos indicativos, o sea, las partidas que se han girado por sugerencia de los congresistas a las regiones. Los estamos examinando con lupa.

¿Esa es la llamada 'mermelada'?

El término fue mencionado por un alto funcionario en el debate sobre el proyecto de acto legislativo de regalías, y ha quedado generalizado.

¿Los cupos indicativos son eso? ¿Son los antiguos auxilios?

Exacto, aquí a las cosas les van cambiando el nombre, pero es similar. Ya no se giran a las entidades sin ánimo de lucro creadas por los congresistas si no que se envían a las entidades en los territorios, ya sean del orden nacional o regional.

¿Y qué está investigando?

Vamos a entregar un informe al país sobre cómo se han asignado a las regiones en estos 14 años, o sea, desde el 2003 al 2017, los 56 billones de pesos de los famosos cupos. Sin ningún criterio técnico o relación con los niveles de pobreza, se envían más recursos a la zona cafetera que al Chocó.

Por lo que ya conoce del estudio, hay asuntos o hallazgos que lo han escandalizado. ¿Como cuáles?

Son consideraciones que demuestran que los cupos no han sido equitativos.

La investigación que adelanta ¿qué ha mostrado?

La mayoría de los recursos van al sector Hacienda y Minas y Energía.

A propósito: ¿En qué van sus denuncias sobre Reficar?

Está ya en la última etapa de la investigación y se va a resolver por parte del funcionario que lo tiene a su cargo, a qué imputaciones hay lugar. Sobre esto soy muy cuidadoso, pues el Contralor es la segunda instancia de lo que él resuelva.

¿Pero todo podría quedar simplemente en la denuncia?

No, no. Vamos para imputaciones. Creo que este mes sale eso.

¿Cuál es su opinión sobre lo que sucedió en los fondos por la implementación del proceso de paz?

Creo que ha sido oportuno que esto se haya conocido; mire: yo tuve una visita de quienes manejaron el proceso de implementación en Irlanda con el IRA y llevan 5 ciclos de 7 años, van 35 años y no han terminado. 

Y nosotros queremos que aquí en el primer año ya esté todo resuelto, que ya esté todo el proceso de la justicia especial para la paz (JEP) funcionando, queremos que estén habilitadas todas las zonas rurales, que estén hechas todas las inversiones. No queremos entender que todo esto es un proceso que tiene su desarrollo.

"Considero, como contralor general de la República, que han sido oportunas las denuncias porque es un campanazo para que se corrijan, al arranque, las fallas."

Considero, como contralor general de la República, que han sido oportunas las denuncias porque es un campanazo para que se corrijan, al arranque, las fallas. La Contraloría ofició en el mes de marzo pidiendo la información sobre los cinco grandes fondos.

Deme un ejemplo...

Yo le pongo un caso concreto: En la JEP, de la ayuda internacional en seis meses se gastaron 4,5 millones de dólares.

¿Se gastaron en qué?

Se gastaron en la adecuación, en la instalación, en la puesta en funcionamiento, en 168 contratos. Sobre eso sí quiero decirle una cosa muy clara y quiero ser preciso en este reportaje: donde haya dineros, vengan de donde vengan, sea la ayuda de un país, de una organización internacional que manejen servidores públicos y que estén invertidos en desarrollo de políticas públicas, nosotros vamos a vigilar, ese es el acuerdo entre el Contralor, el Procurador y el Fiscal. Vamos a vigilar eso; que no vayan a salir ahora con que no, que esos dineros son ayudas internacionales que no se pueden vigilar ni auditar. Eso es inaceptable.

¿Ya hay auditoría?

Ya se inició en marzo nuestra auditoría, hay una investigación disciplinaria en la Procuraduría, una investigación penal en la Fiscalía sobre esos recursos; estamos totalmente coordinados, totalmente integradas las tres instituciones. Nosotros no seremos complacientes, vamos a ser es terminantes en la investigación.

¿Por qué llama el escándalo como "voz de alerta"?

A mí me parece eso, que antes de que las cosas lleguen a mayores males, como ocurrió con Reficar, que nos damos cuenta cuando finalizan la obra. Tiene que haber correctivos sobre las circunstancias que se han denunciado en el manejo de estos fondos.

¿Usted adelanta investigación sobre este tema?

Sí, sobre todos los fondos hay una auditoría en desarrollo. La ley creó una unidad especial sobre la paz para la Contraloría y, además, la estamos haciendo con las otras delegadas de la Contraloría que tienen que ver con estos temas.

¿Y en qué van las denuncias sobre los programas de alimentación escolar, PAE?

Seguimos en la lucha, defendiendo a esos 8 millones de niños conjuntamente con Fiscalía y Procuraduría, en los 17 departamentos donde se han detectado hallazgos.

¿Hay que modificar el sistema?

Hay que modificar el tema del manejo por parte del Ministerio de Educación, de la vigilancia del Ministerio de Educación. Desde mi concepto, creo que funcionaba mejor cuando estaba en cabeza del Bienestar Familiar; el ministerio tomó el manejo de este programa de alimentación escolar sin la experiencia, sin la infraestructura, y eso ha tenido inconvenientes, y además tenemos un problema en Colombia y es el tema de la condición humana: podemos hacer todos los cambios que queramos, pero si los servidores públicos no cumplen con su deber en este país, no podemos salir de la situación de corrupción en que estamos. No olvide lo que dijo Darío Echandía; que el subdesarrollo es un problema ante todo mental.

Sobre el tema de corrupción, ¿será útil el referendo que se propone?

Toda iniciativa. A pesar de que hay unos temas que son reiterados.

Pero, si hay un referendo contra la corrupción, ¿quién va a votar en contra?

Pues, nadie va a votar en contra de eso, pero fíjese que votaron en contra de la paz; este es un país de impredecibles, por eso los resultados electorales nadie los puede predecir.

Eso dijo Germán Vargas...

Ahí no me meto, pero digo que todo es impredecible en este país. ¿Quién pensó que eso iba a terminar como terminó?

Siguiente tema. Los gastos reservados de las Fuerzas Militares...

Hay un juicio de responsabilidad fiscal en el Atlántico, por 4.000 millones de pesos, por irregularidades de unos mandos medios. Está bajo reserva.

¿Pero se han descubierto irregularidades?

Sí, claro. Es un juicio con responsables, contra miembros de la Fuerza Pública que incurrían en conductas irregulares, y estamos estableciendo y precisando la responsabilidad de ellos para establecer el daño fiscal. 

Tengo que decir que las Fuerzas Armadas han entregado toda la información que se les ha solicitado, ha habido disposición total de la información; trabajando en la segunda fase.

¿La segunda fase en qué consiste?

Es la investigación en otras regiones en donde se ejecutaban gastos reservados.

¿En gastos reservados que se perdieron?

Sí, se los robaron, hicieron mal uso; aquí todo se lo roban, aquí pérdida es sinónimo de robo.

¿En qué consisten sus quejas sobre las regalías?

Las regalías directas en el Sistema General de Regalías desde el 2011 a la fecha valen 30,5 billones de pesos, que se han entregado a todos los departamentos y a todos los municipios. ¿Qué ha sucedido? En vez de priorizar la inversión de esos recursos, se han atomizado. 

Esos 30,5 billones han terminado en 12.000 proyectos, lo que da un promedio de 2,5 millones de pesos por proyecto, lo que es muy grave. Mi propuesta es una modificación de fondo al Sistema de Regalías para que se establezca una priorización de las inversiones.

Pero eso está establecido... Solo se puede invertir en salud, educación y saneamiento básico, es decir, acueductos y alcantarillado.

Esa norma es general. Lo que necesitamos es una norma que priorice la inversión. Lo más grave es que hay 12 billones de pesos sin ejecutar de los 30,5 generados por regalías. Entonces, en las cuentas de los departamentos hay 4 billones de pesos. Mientras la gente padece sin atención a sus necesidades, sin agua potable, sin saneamiento básico, sin salud, sin educación, en el Ministerio de Hacienda hay 8 billones de pesos. 

Entonces, en total son 12 billones de pesos sin ejecutar; además, no hay la capacidad institucional en algunas regiones para presentar y desarrollar proyectos. Existen una serie de trámites y hay muchas instituciones municipales, departamentales que no tienen la capacidad de elaborar y proponer proyectos; alrededor de esto, como en todo en este país, se montó un ejército de consultores que van por todos los departamentos y los municipios asesorando y elaborando proyectos y ganando dinero con esto. Antonio Hernández, excontralor de la República, dijo que el grado más alto de rebusque en este país es la consultoría.

¿Y eso es así?

Desde luego que es así. Por eso clamo por la nueva reglamentación. El 10 por ciento de las regalías está en parques, en escenarios deportivos, y la gente sin agua ni acueducto, sin educación, sin salud, sin vivienda, y la plata en actividades culturales.

Se reformó el sistema de elección del contralor, ¿a usted qué le parece eso?

Yo creo que las altas cortes, empezando por el Consejo de Estado, han querido deshacerse de esa atribución que le dio la Constitución del 91.

¿A usted le parece bien?

Sí, es volver al régimen anterior, en el caso del contralor que elegía el Congreso en pleno; el Gobierno ha presentado un proyecto de ley para el proceso de selección del contralor, con mensaje de urgencia, que el Congreso tiene que aprobar porque, si no, se vence el periodo del contralor, que tiene que ser elegido del 20 de julio al 20 de septiembre por mandato constitucional, y si no lo hace, el país se va a quedar sin contralor porque no hay cómo encargar; eso desapareció.

Pero ahí hay un riesgo grande.

Un alto riesgo; el periodo mío se termina el 5 de septiembre; entonces, a partir de ahí no habría contralor si no se aprueba la ley.

Termina el 5 de septiembre, ¿y a partir de ahí usted qué va a hacer?

A mi vida privada. Pero yo no he sido ajeno a la cosa pública.

¿Y lo seguirá siendo?

Es posible.

Es decir, seguirá en la vida pública.

Sí, mientras sea útil para prestarle el servicio al país, es posible.

Usted fue procurador, magistrado, contralor, le falta candidatura presidencial...

Esperemos. El tiempo dirá lo que voy a hacer. Yo soy un hombre sin afanes.

¿Pero tiene eso en su mente?

Mi proyecto ahora es terminar bien mi contraloría.

Sí, pero pregunto a partir del 6 de septiembre...

El 6 de septiembre nos tomamos un café y hablamos.

¿Sobre su candidatura presidencial?

No, hablamos.

YAMID AMAT

Especial Para EL TIEMPO