Contralora Morelli dice que la Fiscalía la quiere desprestigiar

La contralora general de la República, Sandra Morelli, denuncia que existe una conspiración contra ella y no vacila en afirmar que teme que los enfrentamientos que ha tenido con el fiscal general, Eduardo Montealegre, y con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia terminen en un carcelazo.

¿Por qué hay tanto ruido con la elección del nuevo contralor?

Porque la Contraloría en este cuatrienio se volvió importante. Utilizó todas las facultades que tenía desde la Constitución del 91 y todas las competencias. Es una entidad fuerte, precisamente por hacer efectivos el ordenamiento jurídico y la protección del patrimonio público.

Me refiero a la elección en las cortes de la terna de aspirantes.

Hay personas que intentan influir en las decisiones de las cortes tras bambalinas, y entonces chocan los intereses de unos grupos con los intereses de otros. Hay mucho en juego. Por ejemplo, el Fiscal, los partidos políticos y personas que están siendo investigadas quieren un contralor afín.

Pero se advierte una especie de arremetida institucional contra usted.

La señora Auditora (Laura Marulanda), quien me está acusando y está amenazádome con un embargo, está produciendo actuaciones que van en sincronía con las que el señor Fiscal está adelantando en la Contraloría, en diferentes acciones contra mí y otros funcionarios de mi despacho. La Auditora, en vez de estar vigilando a las contralorías territoriales –lo que es su deber y su obligación–, anda dictando conferencias sobre daño ambiental –lo que no está en sus competencias– o pronunciándose sobre los personeros y los curadores, lo cual constituye una usurpación de funciones.

En las declaraciones sobre la imputación que me hace, dice que el Cisa (entidad que maneja inmuebles del Estado) incurrió en detrimento patrimonial, es decir, ahora también va a controlar al ministro de Hacienda. Lo que sí está claro es que ella decidió que todos los contratos que celebró la Contraloría constituyen hallazgo penal. El carácter de “penal” con el que ella califica mis actuaciones solo busca que el Fiscal me investigue.

Si eso ocurre, terminará, como siempre, pidiendo las pruebas que la Contraloría tiene sobre el caso Saludcoop, porque no hay diligencia en que la Fiscalía no lo haga. No me quiero quejar de que en mi caso la Auditora se muestre muy eficiente. Así debe ser. Esas son sus funciones. Me gustaría que actuara igual en otros casos.

La Auditora habla de un detrimento patrimonial que usted habría provocado por haberse trasladado del viejo edificio de la calle 17 con décima a la sede de Gran Estación. ¿Por qué se trasladó?

Por muchas razones. Porque había 400 funcionarios que no tenían sitio donde trabajar. Para permanecer en la sede antigua, había que hacerle reforzamiento estructural, cambiar techos, reparar ascensores, cambiar tubería.

Como esa sede está en un condominio, quienes tenían el 49 por ciento –que son los pequeños comerciantes de la zona, bancos, almacenes, peluquerías, etc.– decían que eso era “problema de la Contraloría”. No aceptaban repartir el costo de esa inversión en toda la copropiedad. Si la Contraloría hubiera asumido sola toda esta remodelación, eso sí habría sido detrimento patrimonial, porque estaríamos beneficiando con recursos públicos a particulares.

El señor Fiscal acaba de alquilar dos pisos cerca de la nueva sede de la Contraloría, a un precio por metro cuadrado muy superior al que nosotros pagamos, con el mismo modelo de contrato que yo utilicé. Igualmente lo han hecho otras entidades del Estado.

En conferencia de prensa, la Auditora Marulanda advirtió que si prospera el proceso, usted podría hasta ser embargada…

Esa es una consecuencia necesaria de un proceso de responsabilidad fiscal. Es su trabajo y sus competencias. Pero en este caso y con los hechos como son, ella no se puede poner temerariamente a fallar en contra del derecho. Le puedo caer muy mal, pero la Auditora, al final, tiene que mirar las pruebas y tiene que ser objetiva. Si no, se mete en un lío: prevaricato. Ella no puede prevaricar.

¿Quién decide si está prevaricando?

El señor Fiscal. Eso yo lo tengo claro. Pero resulta que “todavía hay jueces en Berlín”, como le dijo uno de sus súbditos al emperador Federico, del imperio austro-húngaro. Yo digo lo mismo: en Bogotá hay jueces, y magníficos. El derecho le otorga a cualquier ciudadano mecanismos de defensa, los recursos de ley. Puedo también interponer una tutela. Lo que ella dice no tiene fundamento y, en Derecho, uno falla con base en leyes y con base en pruebas. Lo que yo veo es que hay una conspiración contra mí y contra la Contraloría. Ahora, a mí, al final, me juzga la Sala Penal de la Corte.

¿Y eso la tranquiliza o le preocupa?

No sé. Es que han pasado cosas. Por ejemplo, el trámite de mis recusaciones, que tampoco prosperaron respecto de la Auditora en la Procuraduría. Además está lo que ha pasado con el fuero en temas fiscales, en donde la Constitución es clara. Diversos pronunciamientos de las altas cortes le daban competencia a la Contraloría sobre todos los funcionarios públicos que gestionan recursos del Estado. El Fiscal propuso en la fallida reforma de la justicia un fuero para él. Eso indicaba que su convicción era que la legislación vigente no preveía fuero alguno. No obstante, luego interpuso una tutela frente a una actuación de la Contraloría. La Sala Penal de la Corte le dio la razón al Fiscal.

Esta semana, además, el Fiscal promovió una acción de cumplimiento y de desacato porque estima que incumplimos las órdenes de esa tutela. Tutela que, por lo demás, cobijó también a los magistrados, y por ello se suspendieron los procesos del llamado ‘carrusel’ de pensiones que realizaba la Contraloría.

¿Podría ocurrir una medida de aseguramiento contra usted?

Claro que sí. Se lo dije al Presidente cuando fallé Saludcoop. Le dije: “No se sorprenda usted de que yo o los 40 funcionarios que estamos siendo investigados por el tema de Saludcoop terminemos en la cárcel, porque nos están persiguiendo por este tema”. Yo no excluyo que a mí lo que me espere en un futuro sea estar en la cárcel.

¿Pero por qué?

Por haberme atrevido a tomar decisiones en el caso de Saludcoop, de cosas que ocurrieron cuando el Fiscal era su abogado.

Hoy en día todo el aparato de la Fiscalía se mueve sincronizadamente para decir que las pruebas que obtuvimos, aunque no las utilizamos en el proceso, fueron conseguidas ilegalmente; que nosotros hicimos seguimientos ilegales; que hicimos chuzadas; que no debimos hacer la copia espejo de los computadores que hicimos porque no teníamos funciones de policía judicial; que, además de eso, hemos excedido nuestras competencias porque hemos implicado a personas que no podían verse afectadas en ese fallo.

¿No la aterroriza el escenario de ser detenida?

Me da tristeza.

¿Y usted cree que todo esto es una especie de venganza contra usted por todos los callos que pisó como Contralora?
Más que venganza, es la defensa de todos los afectados. En el caso de Saludcoop, es para tratar de conducir a todo el mundo a pensar que lo que yo decidí fue ilegal y arbitrario. De esa manera, todo hecho se anula.

¿Pero por qué teme que la Corte pueda fallar contra usted si el caso actual llega hasta esa instancia?

La Corte no hace un juicio de si yo fui mala o buena funcionaria. Mira si, en un caso concreto, yo incurrí en algún delito. Y como la Auditora habla de acciones penales, el caso debe pasar por la Fiscalía, y, por supuesto, el Fiscal me acusará. Lo que quiere es lograr desprestigiar totalmente a la Contralora, desinstitucionalizar la Contraloría para que no cumpla sus funciones y lograr la nulidad absoluta de los fallos contra Saludcoop.

¿El fallo de Saludcoop está en firme?

Está en firme. Es un fallo que no se ha cumplido; ha habido todos los obstáculos para cumplirlo. Pero el fallo solo lo podría tumbar el próximo contralor, siempre y cuando el Consejo de Estado o el tribunal de lo contencioso no haya abocado su conocimiento. Estamos hablando del fallo de responsabilidad fiscal que condenó a Saludcoop, al señor Carlos Palacino y a otros a devolverle a la salud 1,4 billones de pesos, de los que se apropiaron indebidamente.

¿El fallo cuándo fue dictado?

En febrero de este año.

¿Y por qué no se ha cumplido?

Eso hay que preguntárselo al Ministro de Salud, al Superintendente de Salud y al interventor.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO