Impunidad en Colombia es superior al 90 %: advierte el presidente de la JEP
Hace 4 días
Las EPS, agremiadas en ACEMI (Asociación colombiana de empresas de medicina integral) aseguran a través de su nueva presidenta, Ana Maria Vesga, que una reforma estructural al actual sistema de seguridad en salud en el país, no es necesaria. En su primera entrevista, concedida a este cronista para EL TIEMPO, la doctora Vesga, considera que algunas medidas, como un reajuste en el valor de las UPC (unidades por capitación) que es el valor que el estado reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de seguridad para cubrir el plan obligatorio de salud, sería uno de los mecanismos indispensables para superar la crisis actual.
La doctora Vesga es abogada de la Universidad de Los Andes. Trabajo 6 años en la Andi, como líder de la cámara de la industria farmacéutica y la vice presidencia de salud de la misma asociación.
-¿Usted cree que es necesaria una reforma estructural a la salud?
-Así como está planteada no nos gusta. Tiene enormes vacíos y complejidades para los usuarios. Es difuso el rol que cumpliríamos las EPS en ese nuevo modelo. Sí creemos que el sistema requiere ajustes y mejoramiento, desde luego. Pero también creemos que los objetivos que están plasmados en la reforma se pueden trabajar con la regulación actual, en consonancia con la ley estatutaria, con la Ley 100, con sus desarrollos posteriores.
- ¿Sin reforma?
- Mediante reglamentación. Esto no requiere una gran reforma, pero si la quieren hacer, hay que asegurar que sea realmente una reforma que mejore la atención a los usuarios y que asegure sostenibilidad. Así como está no creemos que cumpla ese objetivo...
- ¿No es necesaria una reforma estructural al actual sistema?
-No, no es necesaria una reforma estructural al sistema. Son necesarios ajustes en el marco de lo que tenemos para mejorar esencialmente el acceso a la salud en los territorios. Para mejorar la atención primaria, y desde luego, para buscar mejor calidad, fortalecimiento del talento humano. Todo eso se traduce en mejor uso de los recursos. No estamos de acuerdo con darle la vuelta al sistema.
-¿Usted ha expuesto esta posición al ministro Jaramillo de salud?
-Desde luego, le hemos dicho que el proyecto como está no refleja realmente las soluciones para lo que realmente requiere el sistema. Por el contrario, se está arriesgando lo que lo que se ha construido en 30 años
-Y frente a la observación que ustedes le hicieron al ministro, ¿él que responde?
-Tenemos unos puntos de coincidencia. Pero el quiere continuar el trámite en el Congreso y nosotros le pedimos que ampliáramos la conversación antes de ir al Congreso para revisar los temas en los cuales tenemos acuerdo y buscar acercar posiciones en los que no. Ahí realmente está nuestro tema de fondo. Nosotros no queremos convertirnos en un operador administrativo de la salud. Es decir, queremos preservar la gestión de salud y la gestión financiera, pues esa es nuestra razón de ser y nuestra misión.
- ¿Prefiere seguir las negociaciones directas con el ministro?
- Si. Porque no creemos necesaria una reforma estructural, como usted me lo ha preguntado. Creemos que existen los mecanismos para hacer los cambios que requiere el sistema a través de la reglamentación sin una gran reforma.
- ¿Y la autonomía del gobierno de presentar la reforma a la salud?
- Bueno, pues tendremos entonces la discusión allí. Esperamos sí, continuar en este diálogo con el Gobierno para asegurar que lo que salga de ahí, sea lo mejor realmente para los usuarios. Creemos necesaria algunas reglamentaciones pero no destruir lo que se ha hecho, entonces dialogar, dialogar y dialogar.
- ¿Y cual es su posición sobe la sostenibilidad financiera del sistema de salud?
-Nuestro llamado ha sido a iniciar la conversación seria y técnica, alrededor de la suficiencia de la UPC, que son esos recursos que se destinan, y que se entregan, como bien lo ha dicho el ministro, con oportunidad y de forma anticipada a las EPS. El problema es que no son suficientes.
-Qué origina la crisis con respecto al flujo de fondos.
- Hay una situación de crisis en el flujo de fondos, porque precisamente cuando a usted le entregan 100 $ para el gasto en salud y usted se gasta 102 o 103, que es lo que estamos viendo como promedio de gasto en las EPS agremiadas a Acemi, pues usted empieza a abrir un hueco y si a ese hueco usted le agrega el hecho de que tiene que recibir unos recursos de presupuestos máximos que tampoco le están alcanzando y no se los pagan con oportunidad, pues usted tiene que poner de su bolsillo todos los meses para seguir atendiendo a la población. Entonces, tanto por la vía de lo que llamamos nosotros el financiamiento UPC, que es lo que cubre el plan de beneficios, como por la vía de los presupuestos máximos, que es lo que cubre lo no UPC, tenemos faltantes de recursos y eso es lo que está generando el trancón en el flujo de fondos y que afecta a todo el sistema.
- Una cifra que reveló el director de Adres, Felix Martinez, es que el Estado le gira 82 billones de pesos a las EPS, pues ha creado una reacción de asombro dentro de la opinión pública....
-Si Yamid, es cierto. Eso vale la salud de 50 millones de colombianos que hoy tienen un plan de atención en salud. Y ese es el contrato social y la forma como funciona el aseguramiento en salud en Colombia desde hace 30 años. Ese recurso se le entrega a las EPS para su correcta gestión y administración. Pero también hay que tener en cuenta que en ese modelo las EPS garantizan todo lo que está incluido dentro del plan de beneficios y por vía judicial muchas veces mas, a la población asegurada. Y por supuesto que eso es un mucho dinero. Pero no es ese el problema. Y se gira anticipadamente la UPC, también lo reconocemos. El problema es que el cálculo hoy nos demuestra que ese recurso es insuficiente porque tenemos un plan de beneficios amplísimo. Entonces, claro que suena mucho, es mucho, pero no es suficiente. Y esa es la discusión de fondo que tiene que dar el país. Y no es una discusión con las EPS, es una discusión sobre la capacidad del Estado de situar los recursos suficientes para garantizar el plan de beneficios que tiene nuestro sistema.
-Pero el asunto es que lo que pide Adres es una auditoría sobre las EPS para establecer cómo es que están gastando semejante cantidad de dinero...
- Mire las EPS, primero que todo son entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, son objeto de vigilancia también y control por la Contraloría General de la Nación Somos vigilados, somos súper vigilados. No nos oponemos a todos los mecanismos de transparencia, y control sobre los recursos. Lo que no admitimos es la afirmación de que nos entregan 83 billones de pesos y nadie nos vigila. Eso no es cierto.
- ¿Es necesario un reajuste en las UPC?
- El ultimo incremento que aprobó el gobierno fue del 16.2. Nosotros decíamos que ese incremento debía ser realmente del 25%. ¿Qué nos preocupa para el año 2024, que es el que vamos a empezar a discutir próximamente en las conversaciones de presupuesto. En el análisis del proyecto de presupuesto 2024 estamos viendo que el incremento estaría en el orden del 12. 13% parece prematura esta afirmación pero las cifras que están ahí nos arrojan que ese sería el aumento y eso seria insuficiente con la tendencia que hemos observado en 2023: Aumento de frecuencias, inclusión de tecnologías en el PBS, post covid, entre otros?
- ¿Usted considera indispensable el aumento de la UPC?
-Sin duda. Es que el La UPC es la prima de cada colombiano. Tiene que ser suficiente para asumir todo el plan de beneficios que hay en el país, pero adicionalmente tiene que ser capaz de reconocer que el gasto no es estático. Esto no es una foto que uno tome el 1 de enero y termine igualito el 31 de diciembre, sucede inflación, sucede devaluación. Incremento de tecnologías. Debe mejorar la metodología de calculo pero además deben existir mecanismos de ajuste que permitan absorber esa dinámica de gasto.
-Pero a propósito de lo que usted mencionaba ahora sobre la rueda de prensa del ministro , él entre otras cosas, dijo que el Ministerio está totalmente al día, al día en sus giros a la EPS.
-No. El gobierno ha reconocido que a la fecha no ha pagado a las EPS los Presupuestos máximos de julio y agosto de 2023 y tampoco los ajustes de 2022.
- El el expresidente César Gaviria, creador de la Ley 100 y por lo tanto del aseguramiento en salud, dijo que "el gobierno no se da cuenta de que no tiene con qué administrar el sistema, que ellos no son dueños de las EPS, que no se las pueden tomar a la brava y que, en un país como Colombia, con un sistema de salud colapsado, afrontaríamos un verdadero desastre". ¿Cuál es su opinión?
-Eso es cierto. Aquí hay un arreglo institucional que nace de la Ley 100. Aquí hay unos agentes, en las EPS que tienen una responsabilidad sobre la gestión de la salud de la población, pero también sobre la gestión de los recursos. Eso no se tumba a la brava. No se puede someter al sistema a un nivel de presión y de asfixia, porque los que sufren son los usuarios. Hay que buscar los ajustes necesarios pero respetando el rol de cada actor , en este caso el de las EPS que cumplen un papel esencial en el sistema.
-¿Por que entregarle al Estado la responsabilidad del manejo de la salud no lo considera usted buena alternativa?
- Porque creo que es peligrosa. Que pone en riesgo de falla al sistema y esa falla significa vidas. Y menos pensar que el Estado va a poder asumir esas 2.5 millones de atenciones que hace diariamente el sistema y toda la operación que eso significa. Pero además, ¿para que hacerlo? El sistema de salud es una gran alianza publico privada que ha permitido el crecimiento en cobertura, oferta y calidad. Avancemos en sus mejoras pero no retrocedamos.
- ¿La crisis actual no podría originar una desatención a los usuarios ?
-Por supuesto. El sistema tiene que estar irrigado adecuadamente de los recursos que necesita para poder pagar la red, para poder pagar a los proveedores para atender con oportunidad. Sin embargo, yo quiero destacar que de toda esta conversación que hemos tenido en estos días, hay dos buenas noticias. El ministro ha abierto dos espacios que me parecen de la mayor importancia. El primero, es un espacio de revisión técnica sobre la insuficiencia de la UPC. Nosotros podemos aportar mucha información, pero ese es un ejercicio del gobierno. Y la segunda es la mesa de conciliación de cuentas viejas, porque tenemos también rezagos, por ejemplo, de las atenciones de COVID que no le han terminado de pagar a las EPS.
Dos ofrecimientos para reconocerlos como positivos, porque ese es el tipo de conversaciones que debemos tener alrededor del sistema, más allá de las ideologías.
-El director de Compensar anunció hoy que la amenaza que lanzó con Sura y con Sanitas, de suspender servicios el mes entrante, se cancela y que e van a seguir...
- No es una amenaza. Es responsable decir que, si no hay una solución estructural a los asuntos de financiamiento, se hace muy difícil que el sistema atienda con oportunidad y calidad a toda la población. Aquí hay un compromiso primero, primero que todo, social, misional de estas entidades de atender la salud de sus afiliados, pero no lo digamos "amenaza", es una advertencia y un llamado al gobierno porque llevamos en esta conversación más de un año.
-¿Usted cree que son indispensables las EPS?.
-Creo que el papel que juegan las EPS en este modelo es esencial. No me imagino un sistema administrado eficientemente para que los recursos alcancen y no me imagino un sistema que sea capaz de gestionar la salud de la población si no hay una EPS.
- ¿Y por que no es bueno que en vez de darle el dinero a las EPS se puedan implementar los giros directos a clínicas y hospitales...?
- Se puede implementar de manera generalizada el giro directo siempre y cuando la ADRES tenga la capacidad de hacer esa transaccionalidad. Ahí no hay problema, pero la labor de las EPS es muy importante y los ciudadanos lo reconocen. Cuando usted ve que en las encuestas hay una satisfacción del 70, 75%, realmente la gente se siente acompañada por su EPS. Hay oportunidades de mejora claro que si, en eso trabajan ellas todos los días. Lo que hacen las EPS es gestionar y administrar profesionalmente el riesgo de salud para 50 millones.
