Cese del fuego bilateral con el Eln será prioritario en La Habana: Danilo Rueda

El gobierno y el "Ejército de liberación nacional" (ELN) comenzarán a negociar un cese al fuego bilateral, con la "la idea de suspender las operaciones ofensivas de ambas partes", según revela el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, en dialogo con este cronista para EL TIEMPO. Y también informa que el llamado "Clan del Golfo", aparentemente financiado por el narcotráfico, también está incluido en las conversaciones para lograr "la paz total". Responde las criticas que a esas conversaciones ha hecho el fiscal general, Francisco Barbosa, en el sentido de que no está de acuerdo con dialogar con el narcotráfico y notifica: "El presidente tiene como responsabilidad constitucional, mantener el "orden público y propugnar por la paz en el país. Por eso lo hará"

Rueda, es alto comisionado de paz, desde el comienzo del gobierno Petro.

¿Se van a reanudar las conversaciones con el ELN?

Sí. En La Habana a finales de abril o comienzos de Mayo.

¿Se exigirá cese al fuego?

En las sesiones en México, se señalaron dos temas: el cese de fuego y la participación. El cese tiene unos principios, como la temporalidad, su carácter nacional y la especificidad del cese en el marco del derecho internacional.

¿Qué quiere decir temporalidad?

Temporalidad quiere decir que se pacta un cese al fuego verificado con mecanismos internacionales y nacionales, y se define por un tiempo determinado.

La Iglesia ha dicho, por boca del arzobispo primado, Monseñor Luis José Rueda que el tema del cese al fuego debe ser prioritario. ¿Piensa usted lo mismo?

Sí. Es prioritario por la situación delicada que están viviendo las poblaciones rurales en las áreas de operación del Ejército de Liberación Nacional. También porque queremos evitar más muertes por la confrontación armada.

¿Qué tan importante es para el gobierno el cese el fuego?

Es fundamental. No queremos seguir viviendo un baño de sangre. Es innecesario pretender mostrar la fuerza a través del poder armado.

¿El cese del fuego como primer punto en La Habana será bilateral o unilateral?

Será bilateral; la idea es llegar a suspender las operaciones ofensivas de ambas partes. Los contenidos y precisiones técnicas son parte de la discusión en Cuba.

¿Es fundamental el cese el fuego para el futuro de las conversaciones?

Esto va a dar credibilidad y confianza dentro y fuera de la mesa de diálogos, pero sobre todo, parar la violencia es una condición básica para la participación ciudadana en la construcción de paz. Eso posibilitará las condiciones para avanzar en otros asuntos sustanciales de la agenda con ellos.

¿Entonces las fuerzas armadas dejarán de actuar?

¡No señor! Esto en nada significa que las fuerzas militares dejen de actuar, ni que la inteligencia militar y policial deje cumplir sus funciones constitucionales. Seguirán cumpliendo todas las actuaciones propias de velar por la seguridad de la población y hacer presencia en el territorio.

¿Si el ELN acepta cese al fuego, el gobierno dará la orden de cesar también las acciones de persecución del ELN?

Las acciones ofensivas. Esos son los asuntos de precisión que conversaremos allá.

¿Y qué pasa si el ELN vuelve a atacar?

Esperamos que eso no suceda. Hay confianza en que, logrando un cese bilateral al fuego, podamos avanzar sustancialmente en las conversaciones.

¿Qué es lo que ha impedido el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral?

Pues son temores del ELN que puede creer que esto va a generar ventajas militares para las Fuerzas armadas. También ellos deben lograr consensos internos a este respecto. Este Gobierno, en coherencia con su política de defensa de la vida, tiene claro que la Fuerza Pública cumple sus deberes constitucionales conforme al Derecho Internacional humanitario y los derechos humanos. Y creo que vamos a avanzar sustancialmente en el próximo ciclo de conversaciones. En la Mesa de Diálogos de Paz hay una presencia permanente de integrantes de la Fuerza Pública y la Fuerza policial como observadores, y que en ese escenario se incluirán los mecanismos precisos de regulación y monitoreo de ese cese el fuego.

¿Qué lo conduce a tener esa confianza?

Los delegados del ELN en la Mesa de Diálogos han demostrado estar comprometidos con este proceso, ellos han cumplido con lo que se ha ido pactando. De ellos esperamos que demuestren que hay una posición consensuada de todos sus frentes de cara a la paz, aunque públicamente, a veces, no pareciera ser así.

¿Usted si cree posible la paz con el ELN?

Sí. Creemos que es posible lograr la paz con el Ejército de Liberación Nacional. Que es posible sortear dificultades y generar condiciones para que eso sea posible.

Clan del Golfo: ¿en qué están las conversaciones con ellos?

Hay un canal de comunicación a través de un abogado delegado por los mandos de esa estructura armada. Estamos esperando una reunión de manera directa para abordar asuntos sustanciales.

¿Qué es concretamente lo que el Gobierno ha planteado dentro de su política de paz con esta estructura de "el clan del golfo"?

Hemos planteado unos asuntos jurídicos de transición al Estado de Derecho y unos asuntos sociales en relación con los integrantes de sus filas, que , según afirma el grupo mismo, cuenta con cerca de 9.000 integrantes. La información oficial que tenemos es que son entre 4.500 y 5.000 hombres y mujeres armados en esa estructura ilegal, que opera en 12 departamentos de Colombia.

Para algunos sectores, el clan del Golfo representa al narcotráfico. ¿Es así?

Estamos hablando de un grupo armado irregular que surge de incumplimientos en el proceso de dejación de armas de la Ley 975, de ausencia de derechos en las áreas de operación de las extintas AUC y que ha tenido un crecimiento inusitado y hoy ejerce una gobernanza armada sobre la población en varias regiones, con fuentes de financiación del tráfico de drogas y de otras economías ilegales, y que forma parte de una operación mucho más grande de sectores privados que no conocemos, que se benefician de esas operaciones armadas.

¿Qué tan preocupante es la ampliación de militantes de esa organización?

Las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia- Clan del golfo) son sólo una arista de un problema nacional y regional que tiene implicaciones profundas, un problema estructural, enquistado en Colombia, que requiere una nueva política mundial porque esta poniendo en riesgo las democracias.

¿Y con ellos se va a negociar o no?

Nosotros hablamos de abrir escenarios de conversación sociojurídica. Eso significa un proceso pedagógico para que conozcan cuáles son las opciones jurídicas reales y viables que posibiliten su transición al Estado de Derecho, con rendición de cuentas sobre los crímenes que han cometido, y sobre sus fuentes de financiación. Este proceso implicará necesariamente aportes sustanciales a la verdad de las víctimas y a las transformaciones territoriales donde ellos operan..

¿Usted qué opina, de quienes afirman que de ninguna manera aceptarán que el Estado negocie con el narcotráfico?

Nosotros no estamos negociando con el narcotráfico. Estamos habilitando un escenario de conversaciones sobre los asuntos jurídicos que permitan que estas estructuras armadas herederas del paramilitarismo que tienen control territorial, poder económico, y que someten a la población, transiten al Estado de derecho, respetando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Estatuto de Roma, la Convención de Palermo. La conversación es un proceso con garantías de no repetición para que los integrantes de las AGC, por ejemplo, luego de la rendición de cuentas, no sean asesinados por decir la verdad, que tengan garantías en su proceso de reincorporación y que las comunidades donde ejercen control armado puedan vivir en libertad. El país debe reconocer que un fenómeno como el de las AGC es un asunto mucho más complejo que el simple narcotráfico. Este Gobierno retoma fundamentalmente la tradición del Estado colombiano para abordar este tipo de problemáticas: se hizo con los carteles, luego con las AUC y nuevamente se está ofreciendo un camino que tiene en cuenta todos esos aprendizajes.

¿Con respecto a la negociación o a la conversación que usted dice se va a adelantar con el Clan del Golfo? El fiscal general ha sido radical y muy duro en su oposición a ese a esta conversación. ¿Usted qué opina?

¿Sí?

Le pregunto....

Nosotros hemos respetado siempre las opiniones, los análisis y los juicios del fiscal general. Pero insisto que nosotros estamos desarrollando la tradición jurídica y política que nos han dejado varios gobiernos pasados en relación con este tipo de grupos armados. No nos estamos inventando nada nuevo. Estamos respetando la Constitución y la ley y, por supuesto, respetamos la opinión, el análisis y el juicio del fiscal general de la Nación y la independencia de la rama judicial. También estamos respetando los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos.

Es decir, se oye, pero no se obedece.....

Lo escuchamos, pero hay un mandato: el presidente es la representación del Estado y tiene como responsabilidad central, conforme a la Constitución colombiana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que mantener el orden público y propugnar por la paz en el país. Él es quién define la política de paz del Estado.

¿Qué ha sucedido con todos los bienes que entregó el narcotráfico?

Han entrado a ser parte de lo que podría configurarse como un cártel o una red criminal que ha usufructuado durante estos 18 años esos bienes. Otros se encuentran abandonados, de acuerdo con la descripción y la información inicial que tenemos. Es vergonzoso porque no se entiende cómo un grupo armado entrega unos bienes para la reparación de las víctimas y 18 años después estos no han ido a resarcir el daño causado.

¿Y qué es lo que ha ocurrido con los bienes entregados a la SAE?

Los bienes que entregaron las AUC no están en poder de la SAE sino de otras instituciones del Estado a través del fondo de reparación de víctimas.

¿Y quiénes son los responsables o los beneficiados?

Hay muchos actores de la vida política regional y muchos actores de la economía regional que se han beneficiado de estos bienes y se requiere un impulso en las investigaciones judiciales en cabeza de la Fiscalía General de la Nación para que esa red sea desmantelada y, por supuesto, sancionada.

¿Cuándo usted dice personas vinculadas a la vida política nacional o regional que quiere decir?

Sectores políticos.

¿Haciendo qué?

Usufructuando los bienes entregados, a veces a través de testaferros.

¿Y eso ha ocurrido durante 18 años....?

Exactamente. Mientras las víctimas siguen viviendo en una condición de indignidad y dificultad manifiesta.

¿Todo lo que durante 18 años se ha decomisado a narcotraficantes se ha perdido?

Una gran parte de esos bienes no han cumplido con su finalidad de reparar a las víctimas. Eso es lo que ha sucedido.

Hay quienes dicen que advierten cierto desorden en la política de paz...

Tenemos planes y metodologías concretos que, quizás, muchos desconocen. La naturaleza misma de estos procesos, que requieren discreción y prudencia, también puede contribuir a esa sensación. En agosto de 2022 nos encontramos con un país lleno de dolencias y una situación de violencia urbana y rural que muchos preferirían ignorar. Recibimos una crisis humanitaria de proporciones mayores, un máximo histórico de hectáreas de cultivos de uso ilícito. Las soluciones no estaban funcionado. De ahí la propuesta de diálogo que hace el presidente Petro para buscar una salida definitiva a las violencias, que permita el bienestar de todas y todos los colombianos, el gran acuerdo nacional, del que hemos venido hablando.

YAMID AMAT 

Especial para EL TIEMPO