‘Buscamos paz sin impunidad y con justicia eficaz’: Restrepo Gómez

El Gobierno acaba de designar como nuevo comisionado de Paz al exviceministro de Agricultura y del Interior Juan Camilo Restrepo Gómez, y a él le planteamos la inquietud expuesta.

Abogado de 41 años, nacido en Medellín, exasesor legislativo del Ministerio de Defensa, Restrepo Gómez explica, en esta primera entrevista que concede como comisionado, en qué consiste la precisión que el Gobierno hace de "paz con legalidad", y pide una "paz sin impunidad y con justicia eficaz". A pesar de esa aparente crítica a los acuerdos de paz, Restrepo Gómez defiende la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero le pide que imparta justicia "sin demoras".

Por otra parte, el comisionado Restrepo revela que están bajo protección más de 565 exmilitantes de las Farc que "tienen algún nivel de riesgo identificado". Además, da una gran noticia: el presidente Duque aspira a que al final de su mandato logre entregar un país libre de minas antipersonas.

El presidente Duque, al anunciar su designación como comisionado de Paz, dijo que su misión será la paz con legalidad. ¿A qué llaman paz con legalidad?

'Paz con legalidad' es una política integral que cumple con el compromiso del Gobierno de acompañar la reparación de las víctimas, llevar la inversión social y la presencia del Estado a los territorios más pobres, acompañar el proceso de reincorporación de excombatientes para garantizar no repetición, el genuino acceso a la verdad, así como colaborar con la justicia para que no haya impunidad.

¿Entonces cómo lo cumplirá?

Recurriré al diálogo como instrumento para aportar a satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. Tenemos toda la disposición para que la paz que genera esperanza y reconciliación, que piden los colombianos, sean una realidad.

¿El término 'paz con legalidad' supone que hay una paz que no es legal?

'Paz con legalidad' es un concepto transversal a diferentes sectores del Gobierno. Se trata de aprender, entre otras cosas, a construir un espacio en el que se puedan expresar las diferencias con la tranquilidad de que el otro no va a sentirse agredido o me va a agredir por eso. La legalidad y el cumplimiento de las normas ayudan precisamente en esa construcción. La legalidad va de la mano de la seguridad efectiva y el acceso a la justicia eficaz. La política de 'paz con legalidad' busca honrar la responsabilidad histórica que tiene con el cumplimiento de los acuerdos de paz y garantizar que se repare a las víctimas, que se ejecute el proceso de reincorporación y estabilizar los territorios más afectados.

Le cito un ejemplo: en las ciudades de Colombia, 98 % de sus habitantes tienen acceso al servicio de agua potable, mientras que en los 170 municipios Pdet ( Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) donde se están implementando los acuerdos, solo 10 % cuentan con ese servicio. Este tipo de objetivos es construir paz con legalidad.

¿Qué hará como comisionado para construir confianza dentro de las Farc?

Para construir confianza es necesario escuchar a todas las partes. Superar los obstáculos, convocar a todas las fuerzas vivas para hacerlas partícipes de este objetivo, generar un diálogo entre los opuestos. Necesitamos algo que se llama 'escucha activa'; no se trata de generar un diálogo de sordos, sino que incluya a todos los actores en la construcción de los escenarios de la paz cotidiana. Así generaremos la confianza que se requiere en las actuales circunstancias.

¿Qué hará para la protección de los exmilitantes de las Farc?

El Gobierno ha creado e implementado mecanismos de protección de los excombatientes de las extintas Farc-Ep. Se seguirá fortaleciendo cada uno de estos mecanismos para prevenir cualquier tipo de afectación a los excombatientes. Actualmente, se encuentran implementados más de 316 esquemas de seguridad individuales y colectivos para excombatientes de las extintas Farc-Ep por parte de la Unidad Nacional de Protección, a través de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.

De esta forma, se está dando protección a más de 565 excombatientes que tienen algún nivel de riesgo identificado. En el marco de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, coordinada por la Consejería de Estabilización y Consolidación, se evalúa la situación de riesgo y se toman acciones permanentemente para evitar cualquier tipo de afectación a los excombatientes.

Recientemente, el Gobierno hizo pública la información sobre gestiones indirectas adelantadas a través del nuncio apostólico del Vaticano y las Naciones Unidas con los representantes del Eln, para explorar si existe una verdadera intención de diálogo. Se realizaron 28 reuniones exploratorias, algunas de ellas en La Habana, y, como lo ha manifestado el señor presidente Duque, existe voluntad de avanzar en este sentido, siempre y cuando se cumplan las condiciones de cesar las acciones criminales, como el secuestro.

"Para construir confianza es necesario escuchar a todas las partes. Superar los obstáculos, convocar a todas las fuerzas vivas para hacerlas partícipes de este objetivo"

¿Qué tanto es el interés del Gobierno en llegar a un acuerdo con el Eln? ¿Se mantiene la solicitud al Gobierno de Cuba de devolver a Colombia a los militantes del Eln que se encuentran en ese país?

El señor Juan Carlos Cuéllar fue designado como gestor de paz. Me apoyaré en el señor Cuéllar para avanzar en el propósito de la construcción de paz.

¿Y qué será concretamente lo que se le pedirá al señor Cuéllar? ¿Qué significa que él sea gestor de paz? ¿Qué debe hacer?

La función principal del señor Cuéllar como gestor de paz es contribuir efectivamente a la búsqueda y logro de la paz. Empezaremos un trabajo para alcanzar este propósito.

¿Les pediría a la ONU y al Vaticano que mantengan su gestión facilitadora con el Eln?

Cualquier apoyo o gestión autorizada por el Presidente de la República y por mi despacho será promovida para facilitar un eventual proceso con el Eln. La instrucción del señor Presidente es realizar las gestiones necesarias que permitan alcanzar una paz con justicia, verdad y no repetición.

¿Y usted estaría también de acuerdo con una eventual negociación de sometimiento del 'clan del Golfo'?

Es importante tener en cuenta que la Ley 1908 del 9 de julio de 2018 contempló, por un periodo único de seis meses, la posibilidad de que el 'clan del Golfo', como grupo armado organizado, entregara las armas. La ruta hoy activa es el sometimiento individual a la justicia establecida en el Decreto 965 de 2020, el cual promoveremos y fortaleceremos desde este despacho.

De otra parte, ¿cuál es su opinión sobre el diálogo entre el Gobierno y el Comité del Paro? ¿Usted hará parte de la mesa de negociación?

Es aquí donde la palabra diálogo adquiere su mayor relevancia. Este es el mejor ejemplo, al dialogar entre el Comité Nacional del Paro y los delegados del Gobierno Nacional, estamos construyendo consensos y estableciendo puntos de encuentro en medio de las diferencias.

Haré parte del equipo de gobierno bajo la coordinación del doctor Emilio Archila, consejero de Estabilización y Consolidación, aportando herramientas y facilitando alternativas desde mi experiencia. No es la primera vez que asumo este tipo de retos, como viceministro del Interior y como viceministro de Agricultura he estado en contacto con comunidades y organizaciones, adelantando con éxito diversas concertaciones y procesos de negociación.

¿Qué respuesta les da a quienes han criticado su nombramiento por haberse desempeñado como presidente de la Asociación de Bananeros Augura, gremio que ha sido señalado de una presunta financiación de grupos paramilitares?

Todas mis acciones en el desempeño de mis cargos en las áreas pública y privada han estado siempre estrictamente apegadas a la ley. Yo no formaba parte de la Asociación de Bananeros Augura en el momento que entregó unos recursos determinados de manera legal para unas empresas legalmente constituidas. Si se hizo un uso indebido de los recursos entregados en su momento por Augura, corresponde a la justicia establecer quiénes son los responsables y las presuntas faltas que cometieron.

"Todas mis acciones en el desempeño de mis cargos en las áreas pública y privada han estado siempre estrictamente apegadas a la ley."

La Justicia Especial para la Paz fue el órgano creado por el Congreso para ejecutar la justicia transicional. ¿Está usted de acuerdo con el papel que ha desempeñado la Justicia Especial para la Paz? ¿Cree usted que la JEP está cumpliendo cabalmente con la misión que le fue encomendada? Por las críticas que el Gobierno le ha hecho, ¿la JEP acaso está ejecutando justicia sin legalidad?

En el marco de la independencia y autonomía de los poderes, soy respetuoso del Estado social de derecho y de las instituciones creadas, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP es un tribunal establecido por la Constitución y que esperamos, como todo el pueblo colombiano, que imparta justicia sin demoras.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz es la encargada de la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal (Aicma), ¿cuáles son los principales avances y retos para acabar con este flagelo?

Entre los principales avances se destaca que la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la declaración de municipios libres de sospecha de minas está actualmente cumplida en un 95 %, lo cual representa que en el gobierno del presidente Duque se han declarado 172 municipios libres de sospecha de minas a la fecha. Así las cosas, se estima que antes de acabar el periodo presidencial se superará la meta.

Además, se realizará el trabajo técnico de microfocalización a nivel veredal de los territorios en los que no se ha realizado intervención del desminado humanitario, para la posterior intervención de estos.

¿Dice usted que el gobierno Duque logrará entregar un país libre de minas antipersonas?

Como lo mencioné anteriormente, estamos a un 5 % de alcanzar la meta de gobierno respecto a la declaración de municipios libres de sospecha de minas. No obstante, en este momento tenemos 133 municipios del país que no tienen condiciones de seguridad, por la presencia de grupos armados organizados, para desarrollar el desminado humanitario y garantizar la no repetición del hecho victimizante.

En estos 133 municipios estamos trabajando otros pilares de la Acción Integral con las Minas Antipersonal, como la adopción de comportamientos seguros y la apropiación de rutas de asistencia a víctimas. La meta está cumplida en un 95 %. Aspiramos a llegar al 100 %.

YAMID AMAT