'Asistimos a un lamentable repunte de la violencia en las regiones': Procuradora

"Dignidad, libertad y justicia para todos". Con este lema se celebró este sábado el 74.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó un histórico documento que consagra derechos inalienables que tiene cada persona como ser humano.

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, habló con este cronista sobre esa conmemoración, y no fue, precisamente, para celebrar. Todo lo contrario. La jefa del Ministerio Público no oculta su gran inquietud sobre la situación actual de los derechos humanos en nuestro país. Comienzo el diálogo con esta pregunta:

¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Colombia?

Asistimos a un lamentable repunte de la violencia en varias regiones del país. Estamos sumamente preocupados por el aumento de los ataques y violencia en contra de nuestros líderes sociales.

En lo que va de este año, ¿cuántos líderes han sido asesinados?

199. Es inadmisible.

¿Y el fenómeno migratorio?

Ha generado graves vulneraciones de los derechos humanos para esta población en tránsito, los cuales son víctimas de explotación, tráfico y trata, entre otros.
Hay denuncias también sobre violación de derechos humanos en las cárceles...
La sentencia SU-122 por parte de la Corte Constitucional demuestra que continúa la grave situación de derechos humanos en los establecimientos de reclusión, así como en las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata.

¿Qué está haciendo la Procuraduría por la gravísima crisis de los migrantes en el tapón del Darién?

Desde la Procuraduría hemos estado sumamente atentos a la situación de los migrantes en el tapón del Darién. Es más, en días pasados organizamos una visita en territorio, en la cual exhortamos a las autoridades del orden nacional, como el director de Migración Colombia, la cúpula militar, ICBF, entre otros, a garantizar los derechos de esta población. Pudimos verificar las condiciones de la población migrante de primera mano y estaremos vigilantes de esta situación, verificando que el Gobierno Nacional y las autoridades locales brinden garantías a los derechos.

Frente a esta situación tan delicada, ¿qué hace la Procuraduría?

Trabajamos para promover la defensa de los derechos humanos, a través de nuestras procuradurías delegadas, acompañamos a las comunidades, a los líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos, emitiendo las advertencias para que las autoridades adopten oportunamente las acciones dispuestas en la ley en aras de proteger a la población y a las comunidades.

Pero ¿usted, personalmente, ha estado al frente de la situación?

Yo, directamente, como procuradora general de la Nación, me he encargado de liderar muchos de esos espacios de diálogo en varias regiones. Hace unos días estuve atendiendo las situaciones del Bajo Cauca, del Pacífico nariñense.

¿Cuáles son los derechos humanos más violados en el país?

Cualquier vulneración de derechos humanos es inadmisible. Sin embargo, la violación de derechos humanos por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de las organizaciones multicrimen generan graves afectaciones en los territorios y a la población civil. Adicionalmente, encontramos vulneraciones a la población migrante y a la población carcelaria a su dignidad humana. Estas poblaciones enfrentan condiciones muy precarias. Los derechos a la vida e integridad personal, sumados al derecho a la salud, seguridad alimentaria, entre otros, constituyen, lamentablemente, los derechos humanos más violados en nuestro país.

¿Cómo se podría garantizar el respeto a los derechos humanos?

El respeto a los derechos humanos empieza por el respeto a las diferencias y a la opinión de los demás. Reconocer nuestras diferencias, aceptarlas y construir políticas públicas y acciones de manera participativa es la clave para la defensa de los derechos humanos.

Pero uno piensa que gobierno y Estado también deberían actuar...

Sí. Hay que aumentar la presencia del Estado en los territorios, con inversión en infraestructura, salud, educación, entre otros.

¿Quiénes están violando los derechos humanos en Colombia?

Sin duda alguna, los actores que más violan los derechos humanos en Colombia son los grupos armados organizados al margen de la ley, como el Eln, los grupos disidentes o GAO -residuales de las antiguas Farc-, el 'clan del Golfo' y las demás organizaciones multicrimen que existen en este país. Todo ese cúmulo de actores violentos ilegales son los grandes responsables de la situación que estamos viviendo de violación de derechos humanos en el territorio nacional.

Una de las grandes discusiones hoy en el país es si, dentro del programa de 'paz total' del presidente Petro, se le debe abrir la puerta a 'Iván Márquez'...

El caso de 'Márquez' puede ser uno de los grandes obstáculos para asegurar el éxito de futuros procesos de paz. Esta persona ha incumplido de forma reiterada los acuerdos de paz y, sobre todo, les ha incumplido a las víctimas del conflicto. Desde mi punto de vista, es muy difícil que su historial le permita justificar por qué ahora sí es posible negociar y acordar con él la paz.

¿Qué pasaría, en su opinión, si se insiste en incorporarlo a la paz?

Si se llega a insistir en integrarlo a un nuevo proceso de negociación, se tendrán que incluir amplias explicaciones y justificaciones a sus conductas previas y al abandono de procesos anteriores. Si esto no se hace, se deja un antecedente perverso para futuros procesos de paz, pues cualquiera podrá volver a las armas y esperar a nuevas oportunidades de renegociación.

¿Qué consideraciones tiene sobre los acercamientos entre el gobierno Petro y las disidencias de las Farc, teniendo en cuenta que continúan ataques de las disidencias contra la Fuerza Pública?

El diálogo es un camino correcto y necesario como parte de una fase exploratoria de decisiones iniciales para la solución de un conflicto. Esperemos que haya voluntad de las partes. Siempre estaremos prestos desde la Procuraduría General a apoyar escenarios de paz, dentro del marco de la Constitución y la ley.

¿Por qué considera que se debe declarar una grave crisis o, como usted dijo, un "estado de cosas inconstitucionales" en la búsqueda de personas desaparecidas?

Aunque la competencia para declararlo la tiene la Corte Constitucional, desde la Procuraduría General de la Nación hemos encendido las alarmas ante la JEP por la ausencia reiterada de una respuesta institucional efectiva a las víctimas de desaparición forzada. Encontramos falta de coordinación interinstitucional e inoperancia de instituciones responsables de la localización, exhumación, identificación y entrega efectiva de los cadáveres. Por eso, reiteramos la necesidad de superar ese abierto y generalizado desconocimiento de los derechos fundamentales de las víctimas de desaparición forzada.

¿Qué es lo que está pasando en el país con el crecimiento de la violencia sexual?

Hoy la Procuraduría tiene 833 agencias especiales en procesos penales por delitos sexuales, y se han asignado agencias especiales a procuradoras judiciales en asuntos de familia, ante casos de connotación ocurridos en instituciones educativas y un club deportivo.

¿A qué adjudica el aumento de delitos de violencia sexual?

El número de casos siempre ha sido alarmante, pero es claro que hay subregistro de los mismos. Ahora, con un mayor acceso a los medios de comunicación y redes sociales, hay más denuncias y conocimiento generalizado de esta problemática. También, ahora somos más conscientes de algunas violencias sexuales que se han desnaturalizado y por eso se denuncian más estos hechos, lo que aporta a su visibilización y toma de acciones para prevenir dicho flagelo, como la implementación de más canales de atención, virtuales y expeditos, para recibir esas denuncias de violencia sexual. Los movimientos feministas y por los derechos humanos igualmente han logrado que las personas no guarden silencio y esto incrementa el nivel de denuncia.

¿Por qué la Procuraduría insiste en que la JEP debería abrir un macrocaso sobre violencia sexual y de género?

La invisibilidad que han tenido los crímenes cometidos contra las niñas, mujeres y personas diversas bajo las circunstancias del conflicto armado que vivió el país ha llevado a que se les trámite judicialmente como delitos eventuales o concurrentes, cuando sus particularidades y magnitud demandan, imperativamente, un abordaje prioritario que apoye el desmonte de la sociedad patriarcal que los permitió.
Pero ¿qué hacer en forma rápida, inmediata, para contener el acoso sexual?
El objetivo no debe ser contenerlo, sino erradicarlo. Y considero que ya es un gran avance el hecho de que estemos hablando del acoso sexual como una de las diferentes formas de violencia sexual, porque no podemos referirnos a todas las violencias sexuales de la misma forma. La tipificación del acoso sexual como delito, implementada con la Ley 1257 de 2008, representó un gran avance en esa dirección.

Desgraciadamente, los casos siguen, las denuncias continúan...

Hay que trabajar en educar a la ciudadanía sobre la gravedad de este tipo de conductas y la necesidad de desterrarlas de toda práctica social. Se requiere una labor preventiva, de educación, hay que visibilizar el fenómeno como expresión de la discriminación histórica de la mujer y fortalecer los procesos de investigación, sanción y reparación.

Parecería que ese debería ser todo un programa de gobierno...

El rol del Ministerio de Educación y las instituciones educativas es fundamental y cuentan con importantes retos en esta materia, para desplegar esfuerzos contundentes en la prevención de este tipo de violencias mediante la pedagogía, prevenir las actitudes y prácticas machistas y misóginas de los varones hacia las niñas y mujeres, acabar los estereotipos de género que objetivan y cosifican los cuerpos de las mujeres, y contemplar programas de derechos sexuales y reproductivos, que permitan que las niñas, niños y adolescentes cuenten con herramientas para conocer sus derechos, trazar límites sobre sus cuerpos, sobre el consentimiento y, sobre todo, formar a la niñez desde una concepción de masculinidades correspondientes y corresponsables, no violentas.

Tema final: la Corte Constitucional está próxima a definir si le quita las facultades que tiene su institución para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente. ¿Si llegase a quitar esas facultades, qué implicaría?

Somos respetuosos de las decisiones judiciales y de la Corte Constitucional. Será de mucha importancia para el país porque podría cambiar la forma de combatir la corrupción. Estoy segura de que se analizarán por la corporación, con la seriedad que siempre lo ha hecho, todos los elementos que hacen parte de la estructura institucional del país, la libertad de configuración estatal y la preocupación de muchos sobre la situación de impunidad disciplinaria de los servidores electos popularmente.

YAMID AMAT
Para EL TIEMPO