'Aquí sí hay justicia; lo que falta es administración pública': Humberto Sierra Porto

El Presidente de la Corte Constitucional sostuvo que "casi todos los pleitos y las tutelas los originan la falta de Gobierno. Los problemas por desatención en salud, educación, pensiones y servicios públicos son creados por la ineficiencia de las superintendencias".

Yamid Amat: ¿Qué opina de las críticas que se han formulado a la Justicia en Colombia?

Humberto Sierra Porto: El dirigente Luis Carlos Sarmiento ha hecho muchas apreciaciones: unas son de sentido común, otras son interesantes y muy útiles, y otras son una expresión del desconocimiento de la Justicia e injustas con la rama.

¿Cuáles considera de sentido común?

Cuando dice que se requiere una justicia eficiente que resuelva efectivamente los conflictos y también que los procesos sean más cortos.

¿Y cuáles considera útiles?

He consultado con mis colegas de las altas cortes y, en nombre de todos, puedo decir que, de manera viva y entusiasta, acogemos su oferta de financiar el proceso informático, el software que requiere la rama para unificar datos, jurisprudencia, información sobre trámite, estado y número de procesos. Todo es parte de un programa integral, previsto en la rama, que afronta dificultades de financiación. Es una inversión que está prevista (alrededor de veinte millones de dólares). El aporte del doctor Sarmiento y del sector privado, de concretarse, evitaría que el Gobierno contrate crédito con el BID. Sería un acto de patriotismo.

¿Y cuáles son las que usted considera observaciones de desconocimiento e injustas?

Hace 15 años, se iniciaban 830 mil procesos cada año; hoy se inician un millón 800 mil procesos anuales. Se incrementó la demanda de justicia. De ese millón 800 mil procesos, la rama judicial evacua un millón 600 mil. Cada juez, hace 15 años, producía en promedio 130 sentencias; hoy produce 400, y de ellas, el 30 por ciento son tutelas. Estamos hablando de un porcentaje de incremento de demanda y de efectividad judicial que el doctor Sarmiento desconoce. Desde cuando la tutela fue creada en la Constitución del 91, se han presentado más de dos millones; el año pasado cerca de 300 mil y este año se tiene un estimativo de 400 mil tutelas.

¿A dónde quiere usted llegar con el énfasis en estas cifras?

No se pueden hacer comparaciones simplistas entre lo que se recibía hace 15 años y lo que se recibe hoy. La realidad ha cambiado y la administración de justicia ha dado grandes respuestas.

Pero, antes del empresario, el Ministro del Interior dijo que un proceso, en promedio en Colombia, demora 10 años...

Maneja cifras erradas. Lo que dura 10 años son procesos ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como procesos contractuales y de responsabilidad extracontractual del Estado.

Pero la denuncia fundamental, tanto del Ministro como del dirigente empresarial, es la demora de los procesos...

Primero: que en un sector determinado haya una dilación, aspecto sobre el que se están tomando medidas, no permite afirmar que en Colombia todos los procesos tardan 10 años. Segundo: ¿la lentitud en algunos procesos en qué se origina? En la ineficiencia tanto del sector público como del privado, que obliga a los ciudadanos a acudir a la Justicia. Tiene que haber no sólo una mayor responsabilidad social de los empresarios, sino que deben ser más eficientes y efectivos el control, la inspección y la vigilancia de los derechos prestacionales, que son otra de las causas de la congestión judicial. Los ciudadanos tienen derecho a que sus procesos sean resueltos dentro de un plazo razonable, pero la solución en plazo razonable está determinada por la complejidad de los procesos y la actividad de las partes, no sólo por la labor de los empleados y funcionarios judiciales.

¿El represamiento de procesos es culpa de la empresa privada, dice usted?

No hay un responsable exclusivo de este tipo de inconvenientes. La rama judicial tiene que ser autocrítica y reconocer que tiene que mejorar y superar niveles de eficiencia. Aun cuando hemos mejorado muchísimo, no puede haber autocomplacencia. Pero la solución tiene que ser integral. La Justicia tiene que mejorar, pero para lograrlo es indispensable también solucionar los problemas que se presentan en la empresa privada, y darle un vuelco a la administración pública, para mejorar su funcionamiento y evitar congestión de tutelas.

¿Qué es lo que la gente más reclama a través de tutelas?

Derechos prestacionales, salud, pensiones, derechos de petición ante la administración y reclamaciones laborales. Todos, problemas de administración pública, problemas con los sectores públicos y privados que violan derechos. Los empresarios, por regla general, han hecho gala de una importante responsabilidad frente a sus obligaciones en materia de cumplimiento de derechos, pero se está presentando un incremento de tutelas contra particulares que expresan que el nivel de compromiso social está cediendo.

Otra de las quejas del dirigente es que en Colombia hay suficientes normas, pero que no se aplican.

Respetable opinión desde su posición de empresario, pero es otra visión simplista. Hay que expedir todas las normas que sean necesarias para modificar y mejorar la realidad. Si hay normas que no son eficaces para resolver los problemas, hay que corregirlas. Cada vez que hay una alternativa de solución a un proceso, los jueces no pueden tomar una decisión sin una ley.

¿Y el tema de impunidad, es decir, de la justicia ineficiente?

En materia penal, la impunidad es un tema gravísimo, pero el país tiene que saber que un fiscal que tiene una serie enorme de hechos por investigar y que necesita un cuerpo de auxiliares e investigadores, apenas cuenta con un promedio de un investigador para todos los casos.

¿La impunidad no supone ausencia de justicia?

Uno no puede decir que, si hay una crisis empresarial en el país, es porque no hay empresarios. Que haya márgenes de impunidad en ciertos aspectos de la justicia penal no implica que los otros sectores de la Justicia no estén funcionando debidamente. Mire la cantidad de procesos que se están produciendo en este momento: ¡400 sentencias y decisiones por cada juez al año! Hace 15 años eran 130. La diferencia sí es evidente; trabajamos todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche. Todos: magistrados, altas cortes, tribunales y jueces.

Para las altas cortes, ¿qué significa el retiro de la reforma judicial?

En el proyecto que se retiró, el eje de discusión eran las cortes, sus competencias, la estructura de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y de la Sala Administrativa de la Judicatura. Eso nada tiene que ver con los problemas de la Justicia. La Justicia tiene que verse de una manera integral. Una de las soluciones a la congestión está en disminuir el número de litigios entre ciudadano y Estado, entre ciudadano y empresa, que terminan siendo resueltos por la administración de justicia. Para hablar de una reforma a la Justicia hay que pasar por reformar la administración pública, hacerla eficiente.

¿De qué tipo de reformas habla usted?

Con un promedio tan alto, cercano al medio millón de tutelas al año, que, ciertamente, provocan congestión, hay que buscar soluciones efectivas en los sectores de la administración y del Gobierno que provocan las tutelas. Las EPS y las IPS tienen que prestar bien la salud; tiene que funcionar la Superintendencia de Salud, que hoy es prácticamente inexistente. Hay que pagar las pensiones oportunamente. Hay que solucionar los problemas con el sector financiero, tarjetas de crédito, telefonía móvil y servicios públicos para evitar esta explosión de tutelas. La ineficiencia del Estado, la inoperancia de sus organismos terminan siendo un problema judicial. La justicia en Colombia está resolviendo, de ordinario, problemas que le corresponde resolver a la Rama Ejecutiva, a sectores propios de la administración pública.

¿Es la tutela la responsable de la congestión judicial?

No. Por el contrario, es un instrumento que evita la congestión judicial porque al permitir una solución pronta evita que estos acudan a las vías judiciales ordinarias. La congestión se ocasiona y debe ser resuelta con reformas en la Rama Judicial y en otros sectores del Estado. También la defensa judicial del Estado. Hablamos de demandas por más de 70 billones de pesos.

¿Demandas que el Estado casi siempre pierde?

El sector central del Estado está perdiendo cerca del 80 por ciento de los procesos judiciales. Y ese es un problema de la Justicia que requiere ser resuelto en el Ejecutivo: el Gobierno tiene que establecer un sistema eficiente de protección de los intereses del Estado y dejar de cometer tantos errores que le están costando miles de millones de pesos.

Si usted pide una solución integral, ¿qué temas deberían abordarse?

El diálogo con el Ministerio del Interior y de Justicia sobre los problemas de fondo es prácticamente inexistente. La ley estatutaria tiene temas que, para aplicarlos, requieren una ley. Hay unos procesos en los que la gente tiene que pagar y, para eso, se debe crear un arancel, lo que significaría un ingreso que resolvería problemas de la administración de justicia; el recurso de casación de la Corte Suprema fue variado y requiere reglamentación; el Consejo de Estado ha replanteado todas sus competencias para unificar jurisprudencias; la oralidad en todos los procesos, salvo algunos casos, necesita leyes, jueces, salas de audiencia, implementación, y eso requiere políticas públicas y administración de leyes que la desarrollen. Por eso, lo interesante de haber retirado el proyecto de reforma a la Justicia es que ahora podamos hacer una discusión integral incluyendo todos estos temas.

¿Los problemas de congestión de la Justicia son responsabilidad del Gobierno y de la empresa privada?

Así es. Existe una corresponsabilidad y, para enfrentarlos, hace falta comunicación, no sólo en el interior de la Rama Judicial, sino de la rama con los otros órganos del Estado; hace falta conectar los distintos sectores del Estado. Se necesita un diálogo más fluido con el Ministerio del Interior, que debería ser un enlace entre los tres poderes para proyectar ante el Congreso las políticas normativas y públicas que surgen de la Rama Judicial. Es necesario repotenciar el Ministerio del Interior, o crear un Ministerio de Justicia.

¿Qué quiere decir repotenciar?

Tener personas con conocimiento técnico de los problemas de la Justicia, capaces de expresar ante el Congreso y ante el resto de entidades políticas lo que requiere la administración de justicia. Nosotros teníamos una agenda temática con el anterior Ministro, llegó el nuevo Ministro con su nuevo equipo de trabajo, y esos temas quedaron en el aire ¿Por qué? No por la falta de voluntad del Ministro, que ha sido muy diligente, sino por falta de tiempo: tuvo el paro judicial, los atentados en el Cauca, el manejo de las reformas política y judicial, el manejo de los intereses del Gobierno ante el Congreso, el manejo de la coalición. Es imposible que una sola persona pueda conocer de todo esto.

¿Y el Viceministro no está encargado de los asuntos puntuales de la Justicia?

El Viceministro de Justicia no tiene una memoria institucional, no sabe lo que ha hecho el anterior Viceministro, no sabe qué temas hemos discutido, no sabe qué temas tenemos pendientes. Se requiere un efectivo trabajo de diálogo y de comunicación. Precisamente, en ese propósito la comisión interinstitucional convocará la semana próxima al Ministro del Interior a discutir y realizar propuestas sobre un listado de temas en los que consideramos necesario e indispensable el aporte del Gobierno para formular políticas públicas.

Al levantarse el paro judicial, ¿desaparecieron las circunstancias que originaron la declaratoria de la conmoción interior?

Como soy ponente de la revisión de constitucionalidad del decreto que declaró el estado de conmoción, tengo total impedimento para hablar del tema.