‘Antes de una decisión, habrá diálogo con generadores de energía’: Minminas

"Acabamos de llegar al Gobierno -dice la ministra- y encontramos una situación que viene acumulándose de años atrás. Debemos tomar medidas inmediatas y otras a mediano plazo, sin que las primeras terminen por complicar más el problema. Por ello, se requiere un pacto de todos los actores de la cadena. Hemos fijado un plazo de diez días para que haya una solución concertada que se refleje en la tarifa".

¿En qué consisten las soluciones respecto a ese acuerdo inmediato?

Hay distintas opciones de solución. Todos coincidimos en que el indexador de Índice de Precios del Productor (IPP) está afectando negativamente al usuario. Por eso, una opción inmediata que pusimos sobre la mesa es cambiar de manera urgente, aunque transitoria, ese índice. Además de la modificación del IPP en los componentes regulados de la tarifa, hemos hecho una invitación expresa a los generadores para que renegocien los contratos de energía bilaterales de manera que se modere el efecto negativo inflacionario del IPP. Es urgente bajar las tarifas y debe hacerse también en los contratos adquiridos.

¿Y cuál es la posición de los generadores de energía?

La voluntad de los generadores es absolutamente crucial, y buscamos no una financiación que aplace el problema sino una solución real. A mediano plazo, encontramos que es necesario la creación de un indicador que sea específico a la energía eléctrica y que atienda a las especificidades que se derivan del comportamiento de cada componente de la tarifa, así como de las diferentes fuentes de generación de energía.

¿Pero cree posible un acuerdo?

Tengo optimismo en que lograremos un buen acuerdo sectorial que siempre tenga en el centro a los usuarios. Hemos definido un cronograma que nos marcará la pauta de avance y las tareas a realizar.

El viernes, en el congreso de Andesco, el presidente Petro planteó la posibilidad de intervenir la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg)...

Sí, con lo que podría modificarse la fórmula con la que se calcula la tarifa de energía. Estamos hablando de la adecuación de un nuevo modelo que habrá que evaluar permanentemente, en donde lo público y lo privado se puedan aliar sabiendo que el servicio público es un instrumento para garantizar un derecho universal y, por tanto, no debe funcionar como una mercancía.

¿Pero esa ya es decisión tomada?

Antes de cualquier decisión tendremos un diálogo, esperando que las empresas de generación tomen acciones radicales e inmediatas que favorezcan a la ciudadanía. Hay una excelente disposición de todos los interesados en encontrar una solución a este problema y hemos asumido el compromiso de solucionarlo.

¿En qué consisten los diálogos específicos que usted ha tenido con las comercializadoras de la costa Caribe Air-e y Afinia?

Lo he promovido personalmente y a través del equipo directivo que me acompaña en el Ministerio. Lo hemos realizado informalmente y desde hace unos días, con el Pacto por la Justicia Tarifaria, hemos establecido espacios formales de trabajo para llegar a acuerdos inmediatos. Nos preocupa que las inversiones tengan que pagarlas los usuarios, asumiendo el efecto de la inflación, pues estamos hablando de unos costos enormes que revientan las economías familiares. He encontrado en este diálogo una enorme disposición de todos los actores con el fin de hallar una buena solución para los usuarios, sin afectar a la suficiencia financiera de las empresas que también es compromiso de nuestro Gobierno.

Las asociaciones y las agremiaciones de generadoras han dicho que están dispuestas al diálogo, ¿cuál es su propuesta?

Sí, su disposición ha sido total desde el principio. Incluso antes de convocarlos a este pacto, ya habíamos tenido reuniones para conocernos y crear confianza. Ahora el desafío es concretar propuestas, no de financiación, sino que alivianen el bolsillo de los usuarios. Tampoco queremos que sean solo las empresas de comercialización las que asuman las restricciones de caja o las pérdidas. Estamos invitando a un 'todos ponen', y en ese ejercicio les estamos diciendo que, en condiciones extraordinarias de necesidad, es forzoso que realicen esfuerzos excepcionales para asegurar que se protege al usuario en su derecho a una tarifa justa y a un buen servicio. Todos somos conscientes de las responsabilidades que tenemos para solucionar el problema. Y desde ese diálogo avanzamos en soluciones concretas.

La señora viceministra, Janet Ruiz, ha propuesto como medida de corto plazo un diálogo con las generadoras para bajar de forma inmediata las tarifas. ¿Sobre qué indicador económico?

Esa propuesta ha sido identificada con prioridad para la solución de este problema. Ese diálogo tiene que suceder entre generadoras y comercializadoras de energía, pues estos contratos bilaterales siguen las reglas del libre mercado. Nuestra urgente invitación, sin embargo, es a que las generadoras revisen y renegocien de manera urgente e inmediata los contratos ya adquiridos para asegurar que protegemos al usuario. Algunas generadoras aún no han accedido a ese diálogo, pero muchas sí.

Si los embalses están tan altos, ¿por qué las tarifas están subiendo?

La tarifa depende de varios parámetros, entre los que se cuenta con los componentes de generación, transporte, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Se trata de un mercado en el cual la mercancía es la energía. Esto tiene en el momento consecuencias indeseables y es que, aunque los embalses están llenos, ese potencial de energía no abarata los precios que perciben los usuarios. Tal vez lo más importante es decir que el 90 por ciento de esos contratos se han hecho previamente sobre precios que no son los del día sino los pactados con meses o años de anterioridad, bajo los parámetros definidos entre los generadores y las comercializadoras. En otras palabras, solo el 10 por ciento del componente de generación se transa en el mercado del día, con lo cual los menores precios por altos niveles en los embalses no alcanzan a impactar la tarifa. Esa manera en que funciona hoy nuestro mercado de energía no beneficia la reducción en la tarifa y, por el contrario, somete al usuario a unas reglas que le estrangulan.

En una carta que a usted le dirigieron las cuatro agremiaciones del sector eléctrico le propusieron cuatro fórmulas. Primera, la financiación de una parte del monto por pagar, ¿qué opina?

Una financiación por parte de las generadoras a las comercializadoras con 0 por ciento de intereses puede ser considerada. Una financiación con intereses puede agravar el problema. De cualquier forma, creemos que la solución está en otro lado: en el cambio inmediato del indexador y en la renegociación de los contratos entre generadores y comercializadores. Digámoslo una vez más: la invitación es a que, de forma urgente y generosa, todos pongan y, de manera especial, los generadores.

Segunda, limitar por un año el incremento esperado del Índice de Precios del Productor en los contratos de compra de energía en la bolsa, ¿qué opina?

Esta limitación es una alternativa importante, dado que es en la bolsa, es una decisión que esperamos que tomen urgentemente los generadores.

La tercera propuesta del sector eléctrico es la creación de un fondo de estabilización para los mercados más vulnerables, como el Caribe. ¿Será posible?

No es posible un nuevo fondo. No tenemos recursos. La olla está raspada y el Gobierno no cuenta con ninguna oportunidad para asumir esa inversión.

La cuarta, el director de la Asociación Colombiana de Distribuidores (Asocodis), José Camilo Manzur, afirma que es clave que se fije para las tarifas un umbral de crecimiento para frenar la espiral alcista...

Es una posición muy importante. Hay que encontrar una forma de indexar el costo, bajo criterios estables en el tiempo. Es, hoy, el centro de la solución.

Dicen los generadores que para que los usuarios sientan el beneficio se requiere que la Creg revise y ajuste la regulación vigente en materia tarifaria. Usted, como presidenta de la Junta Directiva de la Creg, ¿es partidaria de eso?

La Creg es consciente del problema y está con plena disposición a aportar soluciones. En el mediano plazo vamos a hacer ajustes estructurales a la regulación eléctrica. Ese es el camino de solución que seguiremos.

Andesco también propone la idea de congelar por un año la aplicación de Índice de Precios al Consumidor en la tarifa de cobros de energía...

Esta es una propuesta importante ante la coyuntura. Pero debemos seguir avanzando en encontrar soluciones estructurales.

¿Usted cree que es adecuado el sistema actual de indexación de las tarifas?

La indexación es un criterio necesario. En lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en cómo establecer un índice representativo, que muestre un consenso de todos los actores del sistema energético. Nuestra propuesta es que en el mediano plazo generemos un indicador específico para el sector eléctrico. De esta tarea he responsabilizado a la viceministra de Energía, la doctora Janet Ruiz.

Si se aplicaran medidas para buscar una inmediata rebaja tarifaria, ¿qué podría hacer el Ministerio para no impactar la sostenibilidad de las empresas?

Es necesario promover acuerdos entre privados entre las generadoras y comercializadores. Pero permítame agregar algo, la sostenibilidad de las empresas no se verá comprometida por estos acuerdos. Lo que sucede es que, por el índice utilizado, han tenido ingresos mayores a los esperados.

¿Usted podría proponer subsidios especiales para aliviar el costo de la energía?

Hoy, 13 millones de familias de los estratos 1, 2 y 3 ya reciben subsidios para aliviar el costo de sus facturas de energía. Al año se destinan unos 4,1 billones de pesos para este fin, de los cuales 3 billones se cubren con recursos de la Nación y 1,1 billones adicionales se cubren con aportes de los usuarios con mayores ingresos. Cualquier solución en el corto o mediano plazo debe ser sostenible y responsable con las finanzas públicas. Es decir, en lo inmediato no tenemos espacio fiscal para ampliar la brecha de subsidios. Por eso, la solución debe venir de quienes hoy perciben los mayores beneficios económicos del servicio de electricidad.

Por otra parte, señora ministra, ¿en qué consiste la propuesta de decrecimiento que usted les hizo a los países desarrollados y que tanto ha sido criticada por varios sectores?

El decrecimiento es un concepto amplio que, aunque nace en la década de 1970, recientemente ha tomado fuerza en la escuela de economía ecológica. Se trata de reconocer la desigualdad que existe entre países ricos y países en desarrollo, y la urgencia de que en el contexto de los recursos finitos que sustentan la economía, los países ricos disminuyan el consumismo desenfrenado y dar espacio a que los países pobres puedan cerrar sus brechas. Este decrecimiento, en el marco de los países del norte global, algunos partidos políticos y movimientos sociales lo defienden como la única manera real de reducir las emisiones de CO2 y el impacto de la economía sobre los ecosistemas.

¿El fin de la abundancia?

Creo que no se trata del fin de la abundancia. Se trata de nuestra responsabilidad por la vida en el planeta y por buscar que haya una distribución justa de los bienes y servicios de la naturaleza. Esos debates tenemos que poder enfrentarlos de forma civilizada. Sin perder de vista que también tenemos que resolver las afugias y problemas de cada día. Es a eso a lo que yo he querido invitarles con apertura: a que pensemos y actuemos con otros marcos de referencia, y desde la justicia construyamos soluciones novedosas a los problemas que por años no hemos logrado resolver. He extendido un llamado a la responsabilidad que a todos nos compete con este planeta, con la casa grande.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO