En general, el país cree que el aumento de tarifas para las importaciones de textiles es buena para el consumidor, porque produciría una rebaja en los precios de las confecciones, y buena para los industriales, porque evitaría la competencia con productos de países como China. No, ocurre exactamente lo contrario: "La medida es ilegal, es inconstitucional, es inconveniente y producirá un alza en los precios a los consumidores", dice el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
Su crítica feroz a la medida no se queda solo en el reportaje: anuncia que la Andi demandará ese artículo ante la Corte Constitucional. Mac Master arremete contra lo que llama "populismo irresponsable" del Congreso y no vacila en calificarlo como "indebido" y hasta sospechoso.
¿Por qué la Andi ha criticado tanto el aumento de aranceles a las importaciones de textiles y confecciones?
El
incremento de aranceles solo es bueno en la medida en que sea para
defendernos de la competencia desleal proveniente de China y otros
países. Sin embargo, tiene cuatro inmensas desventajas: la primera,
habrá un aumento de precios a los consumidores, que se estima va a ser
del 25 por ciento.
Todo el mundo espera lo contrario. ¿Por qué van a subir los precios?
Porque
todos los productos importados, competencia de los nacionales, costarán
el 25 por ciento más. Esto sin duda disparará los precios nacionales.
Lo pagará el consumidor.
¿Qué otras desventajas?
Se
va a presentar un estímulo importante al contrabando. El contrabando se
presenta en los productos donde existen aranceles altos. Y, además, es
totalmente ilegal aumentar aranceles por vía de ley, por lo tanto los
aranceles se caerán. Lo que sucedió es un engaño a los confeccionistas.
Por último, esta aprobación nos va a meter en inmensos problemas en
términos de comercio internacional con Panamá, Perú, Ecuador, la
Organización Mundial del Comercio (OMC) o Corea.
Entonces, ¿no es bueno definitivamente el alza de aranceles?
No,
no es bueno. Hay 'dumping' en muchos productos de China: 'dumping
laboral', la energía, los servicios, y la infraestructura esta
subsidiada.
Pero eso lo dicen los industriales. Los gobiernos necesitan pruebas de que todas esas normas que usted menciona son 'dumping'...
Se
ha debido pedir una investigación profunda y seria al Ministerio de
Comercio. Tiene mecanismos técnicos y jurídicos para esos casos, pero no
por la vía del Plan.
Pero se hizo. En Cámara y Senado...
Sí,
pero el Congreso no tiene competencia para modificar los aranceles. Por
ley, los aranceles son modificados por el Ejecutivo, el Comité Superior
de Comercio Exterior y la Triple A, que es un organismo
interministerial. Hacen esos estudios y recomiendan medidas de defensa a
los productores nacionales.
Los aranceles responden además a la
política de comercio exterior de un país. Le repito: el Congreso no
tiene competencia para hacer lo que hizo. Lo que hizo es populismo en
grande. Se aprobó sin un debate mínimamente serio. No olvide que la idea
no es del Gobierno. Fue iniciativa de algunos parlamentarios.
El ministro de Hacienda advirtió al Congreso sobre la ilegalidad de la medida...
Claro
que sí. El ministro de Hacienda y el de Comercio dijeron: "No se puede
hacer el aumento a través del Congreso", y dejaron constancia de que eso
no se podía hacer. Al no ser jurídicamente viable, va a terminar
demandado. El artículo sobre textiles y sobre alza de aranceles es un
monstruo. Estamos jugando con candela.
¿Y usted por qué no denunció lo que me está diciendo en el mismo Congreso?
Claro
que lo hice. Les escribí a los dos presidentes de las Cámaras
mostrándoles los argumentos jurídicos, y ni respondieron. El Congreso
desaforadamente aprobó una cantidad de proposiciones indebidas o
inconvenientes para el país.
¿Algo irregular está ocurriendo en el Congreso sobre este tema?
Es
inaudito, es sospechoso. Y yo me atrevo a decir que este Plan de
Desarrollo en particular ha sido verdaderamente tormentoso en su
trámite. En el primer debate hubo 1.500 proposiciones, para el segundo
debate llegaron 3.000 proposiciones. La oportunidad que tenía el país
como la tiene cada cuatro años de dar un debate serio se convirtió en la
oportunidad de presentar 3.000 proposiciones, y muchas de ellas muy
sectoriales, que solamente afectan a unas personas.
Esto ha sido
un total desorden. El Congreso está lleno de actitudes populistas, de
propuestas que le suenan bien a la gente pero que son impracticables.
Estamos en un año electoral. Son propuestas irresponsables.
Y ante tantas cosas, ¿por qué no demandan el Plan ante la Corte?
Claro
que vamos a demandarlo. Si hay algo que todos tenemos que defender es
el Estado de derecho, las instituciones. Además, el Plan de Desarrollo
se llenó de normas de carácter tributario.
¿Cuáles son los artículos de carga tributaria que incluye el Plan?
Todo
lo de los aranceles es tributario; la baja del IVA de la gasolina es
una reducción típica de una reforma tributaria, no de un plan de
desarrollo; está el tema del salvamento de Electricaribe, que es
absolutamente necesario, pero contiene otra medida tributaria. La
sobretasa para Electricaribe equivale a 206.000 millones de pesos por
año. La baja del IVA a los combustibles equivale a 800.000 o 900.000
millones de pesos al año. Hemos podido hacer una baja un poco menor al
combustible y pagar de allí algo para Electricaribe.
Sobre ese
tema tributario, la última reforma bajó al 30 por ciento la renta para
las empresas del país, como un instrumento para generar empleo. Ocurrió
todo lo contrario. Aumentó el desempleo. ¿A qué lo adjudica?
Estamos
seguros de que el tema del desempleo es coyuntural. Por ejemplo,
sectores como turismo y restaurantes han recibido gran cantidad de
migrantes venezolanos. La reducción de tasas de renta, que este año será
del 33 por ciento, sin duda estimulará la producción y el empleo. Ya lo
está haciendo con la inversión. Llevamos dos meses.
¿La Andi proyecta demandar el Plan?
Sí, será una demanda ante la Corte Constitucional.
¿Cuáles serán las razones básicas de la demanda?
Se demandará el artículo de aranceles por desconocer la Constitución en términos de competencias del Congreso en el tema.
¿Será una demanda solo de la Andi o pedirá el apoyo de otros gremios?
Gremios colegas como Fenalco y Analdex han anunciado también demandas. Puede valer la pena unir esfuerzos.
¿Usted esperará que el Presidente sancione la ley o no?
Sí,
claro. El Plan contiene una gran cantidad de disposiciones valiosas y
necesarias. Nos hemos concentrado en las observaciones, pero el Plan
contiene muchos temas de los propuestos por el presidente Duque que
consideramos de importancia.
¿Cree que el Congreso dio un debate serio, profundo al Plan?
Con
mucha pena debo decir que no lo hizo. Casi lo hunde en primer debate:
presentaron más de 2.000 proposiciones, la mayoría no eran temas del
Plan, hicieron caso omiso a las advertencias de inconstitucionalidad.
Por último, el Senado ni siquiera le dio debate, sino simplemente se
adhirió al texto de Cámara. Hicieron lo que habían anunciado que no
harían; sirvieron de notarios.
El Gobierno se opuso a muchas
de las medidas incluidas por parlamentarios en el Plan. Para su demanda,
¿pediría el apoyo del Gobierno?
Sí, invitamos al Gobierno a acompañarnos en esto.
¿Por qué el Gobierno no podría objetar parcialmente el Plan?
El país está saturado del debate de objeciones; de eso no hablemos.
¿La demanda la presentará personalmente usted o cómo será el trámite?
La Andi lo hará.
En
la reunión que usted sostuvo con el presidente Duque en la noche del
jueves, ¿le comentó sobre la decisión de la Andi de demandar el Plan?
Sí. El presidente sabe que demandaremos ese artículo.
¿Cuáles fueron los asuntos básicos de la reunión?
Hablamos
de la situación nacional, de indicadores económicos, de trabajo
conjunto en la construcción de una política de desarrollo empresarial e
industrial y de políticas de desarrollo agropecuario y agroindustrial.
Observadores dicen que usted salió de la reunión muy sonriente. ¿Qué fue lo que tanto lo animó?
Soy
optimista, creo que la oportunidad que tiene Colombia hoy es única.
Creo que debemos bajarle el volumen a la polarización y concentrarnos en
el desarrollo económico y social. La conversación en palacio fue en ese
tono.
Concretemos su análisis acerca de la sobretasa para Electricaribe...
Hoy hay sobretasas por 21 pesos en la factura, y lo que se aprobó es que se llegue a 25,4 pesos más.
¿Hoy hay sobretasas por 21 pesos?
Sí,
por 21 pesos, y el país lo ignora. Esos 21 pesos alimentan cuatro
fondos que el país tampoco conoce. Un fondo se llama Fazni; otro se
llama Faer; otro, Foes y otro es Prone. Esos fondos, que son loables,
recogen hoy en día 580.000 millones de pesos anuales, que es tres veces
lo que se necesita para el salvamento de Electricaribe. Se hubieran
podido tomar esos recursos, o incluso los que corresponden al Caribe,
para hacer el salvamento. Se hubiera podido, incluso, haber bajado menos
el IVA a la gasolina y también se hubieran logrado los recursos. Le
dijimos al Gobierno y se lo dijimos al Congreso: que utilizara recursos
provenientes de esos cuatro fondos para no afectar más al ciudadano, al
industrial, al comerciante, y no incrementar la factura eléctrica.
¿El Gobierno qué dijo?
No
me dio respuesta. La única respuesta que me dieron fue "es muy tarde",
lo cual no era cierto, porque el debate en Cámara ni siquiera se había
dado. En fin, ya no se hizo, concentrémonos en el salvamento de
Electricaribe. La Costa lo requiere a gritos y hay que apoyarlo.
Apoyar, dice usted, el salvamento, no la sobretasa...
Exactamente.
¿Cuánto produciría el recargo de cuatro pesos por kilovatio?
206.000
millones de pesos. El tema es que no podemos seguir encareciendo la
energía en Colombia. Menos si tenemos otros mecanismos de financiación y
sobretasas extraordinarias vigentes. Los fondos que le mencioné, en el
año 2018 recaudaron 517.000 millones de pesos, y solo se ejecutaron
362.000 millones. Es decir, hay 187.000 millones de pesos guardados sin
ejecutar. Le repito: guardados, congelados. Yo tengo una preocupación
grande sobre cómo está funcionando el Congreso.
¿En qué sentido?
El
Congreso tiene que atender verdaderamente las necesidades del país; no
puede seguir presionando al Gobierno para que le dé 'mermelada'. En el
caso del Plan de Desarrollo, lo rellenaron de proposiciones absurdas,
ilegales, inconstitucionales. Nosotros como ciudadanos tenemos que
hacerle un llamado al Congreso para que se vuelva serio. Aparentemente,
por la falta de 'mermelada', el Congreso quiere arrinconar al Gobierno, y
eso no es correcto.
El presidente Duque hizo una propuesta que
el país aclamó, que fue cambiar los papeles entre el Ejecutivo y el
Legislativo y volverla una relación profesional, de análisis, política,
de debate, exclusivamente así. Pero entre el populismo y la presión de
la 'mermelada' del Congreso se está generando una situación inconcebible
para el país.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO