'Acabemos con el cuento de encarcelar a todo el que cometa un delito'

¿Por qué se va Jorge Eduardo Londoño del Ministerio de Justicia? "Porque la paz tiene enemigos, y quiero ir al Congreso a defenderla", responde el alto funcionario.

Londoño llegó solo hace casi 10 meses, como militante del partido Alianza Verde, al Ministerio del que ahora se retira.

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Es abogado de la Universidad Externado con especialización en derecho público comparado del Instituto Universitario de Torino (Italia) y doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio, de España.

En esta entrevista, el ministro Londoño insiste en que "hay que sacar a la justicia de la cárcel" y acabar "con ese cuento equivocado de que hay que meter a la cárcel a todo aquel que cometa un delito". Y agrega: "Hay que crear una justicia para una sociedad conciliadora". Critica el centralismo. Y afirma: "¡El país es más que Bogotá!"

¿Qué originó su dimisión?

Mi decisión de aspirar al Congreso. Estoy seguro de que mi Boyacá también necesita allí de más líderes que trabajen activamente por la paz. En el Ministerio ya cumplí mi misión de acompañar los acuerdos. Ahora apoyaré su implementación desde el Legislativo. En este momento crucial del país, quien no se monte al bus de la paz está rezagado respecto de la historia.

Pues, parece que varios líderes políticos van a estar rezagados, como dicen que es el caso del vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Tiene esa misma sensación?

El Vicepresidente ha sido y es parte de un gobierno que hizo la paz. Nunca le he escuchado públicamente nada en contra de la paz.

Con su llegada al Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos le dio representación en el Ejecutivo al partido Alianza Verde. ¿Debería el Presidente, en su opinión, sostener la cuota de ese partido?

A la cartera de Justicia debe llegar una persona que trabaje por la paz y que impulse temas claves como los métodos alternativos de justicia, la justicia transicional, la política criminal y la lucha contra los cultivos ilícitos. Alguien que crea que hay que sacar a la justicia de la cárcel. Quien cuente con esos elementos en su agenda adelantará un buen trabajo.

Que no necesariamente debe pertenecer a su partido...

Así es.

¿Por qué su partido tomó la decisión de retirarse del Gobierno?

La Alianza Verde siempre ha apoyado el tema de la paz. Y lo seguirá haciendo con o sin representación dentro del Gobierno.

Pero las congresistas 'verdes' Claudia López y Angélica Lozano han dicho que la Alianza Verde no quiere ni acepta más representación en el Gobierno...

Esas son solo dos opiniones valiosas dentro del partido, pero no oficiales. Ese tema debería ser discutido dentro del partido.

¿Las declaraciones de las dos parlamentarias no representan cierta intención de que la Alianza Verde adopte una actitud más o menos oposicionista?

La Alianza Verde es partido deliberante con diversos matices de opinión.

¿Cuál fue la mayor dificultad que enfrentó como ministro de Justicia?

El centralismo. El odioso centralismo. Colombia debe gobernarse con una mirada más regional, para que tanto la justicia como todas las necesidades de la gente cuenten con soluciones ajustadas a las realidades de cada zona del país. Soy boyacense y voy a ir al Congreso a trabajar desde una perspectiva regional.

¿Por qué llama "odioso" al centralismo?

Porque esta forma de concepción del Estado, que viene desde la Constitución del 86, ha hecho que no escuchemos a la otra Colombia. El país es más que Bogotá, ciudad a la que aprecio y quiero.

Pero la Constitución del 86 no existe...

Eso es cierto, pero las prácticas centralistas continúan a la orden del día.

¿Cuál es su mayor satisfacción al dejar el cargo?

Haber hecho parte del Gobierno que logró la paz con la guerrilla de las Farc después de más de medio siglo de guerra. Eso para mí es un honor, como también lo será poderles contar a las próximas generaciones cómo cambió Colombia después del proceso de negociación. A propósito, durante la conciliatón que hicimos el año pasado en todo el territorio nacional, se realizaron 32.000 conciliaciones. Esta fue otra muestra de cómo los colombianos están dispuestos y listos a poner fin a sus diferencias a través del diálogo.

En Colombia siempre se ha creído que la única función importante que tiene el Ministerio de Justicia es la de atender las necesidades carcelarias del país. ¿Si es así, su gestión fue un fracaso, ante la crisis de las cárceles que está vigente?

A este Ministerio no se le puede medir solo por las penitenciarías. La promoción de los métodos alternativos de justicia y la renovación de la política criminal, por ejemplo, han sido cruciales para Colombia. Sin embargo, en temas penitenciarios, mejoramos. El año pasado hubo 884 nuevos cupos, y el hacinamiento se redujo en 3,3 por ciento. Hubo avance, pero acepto que los retos siguen siendo enormes.

Usted menciona la que llama justicia restaurativa. ¿Cuál es su idea?

Creo en la justicia restaurativa y por eso digo que tenemos que sacar la justicia de la cárcel. Colombia debe evolucionar y acabar de una vez por todas con ese cuento equivocado de que hay que meter a la cárcel a todo aquel que cometa un delito. Cantidad de personas que hoy están en prisión bien podrían cumplir sus sanciones en casa, con precauciones, seguimientos y controles. Estamos en un proceso que implica retos y cambio de paradigmas. Para ello tenemos que crear una justicia que contribuya a una sociedad conciliadora. Seamos francos: en Colombia, la cárcel no resocializa en la mayoría de casos.

Pero el fiscal Néstor Humberto Martínez cree lo contrario...

Son diferentes percepciones. Para enfrentar el problema de criminalidad, lo único que hacemos es subir las penas y crear nuevos tipos penales. Es hora de construir una política criminal seria, coherente y de acuerdo con una nueva realidad.

El Fiscal inclusive ha propuesto que en muchos casos se elimine definitivamente la fórmula de la casa por cárcel...

La tendencia mundial en el derecho penal es la de establecer justicia restaurativa. Acabar con el arresto domiciliario para algunos delitos sería ir no solo en contra de esa tendencia mundial, sino de la realidad del país. Las inquietudes que expresó el fiscal Martínez quedaron incluidas en el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso. Hemos escuchado las voces de los críticos. Eso sí, que quede claro, este proyecto de ninguna manera favorece la impunidad.

Pero, precisamente, eso es lo que ha dicho y criticado el Fiscal General...

Le insisto: el proyecto de la Justicia Especial para la Paz (JEP) regula diferentes tipos de pena, lo que hace que no haya impunidad. Lo que pasa es que ese proyecto gira alrededor de la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición, más que en las penas de tipo tradicional.

El expresidente Álvaro Uribe también ha dicho que el proceso de juzgamiento a la guerrilla por los crímenes cometidos es impunidad...

Eso no es así. En el proyecto de la JEP está claramente establecido que los delitos no amnistiables serán sancionados. Inclusive, aquellos que no confiesen tendrán penas de la justicia ordinaria. Es bueno recordar que la JEP es aplicable no solo a los guerrilleros sino a los agentes del Estado y a terceros civiles responsables. Esta es una versión mejorada de la Justicia y Paz del expresidente Uribe con los paramilitares.

Aquí hay un debate: ¿el mismo tribunal que investigue, juzgue y condene o absuelva a las Farc decidirá la suerte de los agentes del Estado detenidos?

Sí, aunque los agentes del Estado tendrán un trato diferencial.

¿Los llamados 'falsos positivos' fueron crímenes de guerra?

Ese es un tema que tendrá que definir, en caso específico y particular, el Tribunal Especial para la Paz.

Frente a la Justicia Especial para la Paz, las altas cortes han criticado la falta de participación en la elaboración de ese proyecto y la confusión en la revisión de las tutelas. Frente a esto, ¿cómo evitar un choque de trenes entre las cortes y el Gobierno?

A nombre del Gobierno, me reuní con los magistrados de las altas cortes, y sus inquietudes fueron escuchadas y tenidas en cuenta hasta donde fue posible.

Pero la queja de las cortes es que la única propuesta que fue atendida fue la de establecer que los tribunales de paz estuvieran integrados solo por colombianos...

No. También se aceptó limitar el periodo de la JEP y se aceptaron sus previsiones sobre los disidentes y reincidentes, y sobre la responsabilidad de los jueces. De todas formas, la Corte Suprema va a tener injerencia, a través de la sala penal, en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz.

Una propuesta que hicieron las cortes fue la de que el Tribunal de Paz haga parte de la rama Judicial. ¿Por qué no se aceptó?

Este es un tema sustancial de los acuerdos de paz de La Habana. Allí quedó establecido que la JEP no fuera parte de la justicia ordinaria. La justicia transicional es una justicia diseñada para la paz. La justicia ordinaria está diseñada para la guerra.

La cortes pidieron aclarar si el Tribunal de Paz iba a ser el máximo órgano de cierre de las acciones de revisión de las condenas...

Ese fue uno de los puntos que se discutió en La Habana y se le dio la solución de que la revisión de las condenas que haya dictado la Corte Suprema de Justicia la hará el Tribunal Especial para la Paz, siempre y cuando se trate de personas que tengan la calidad de excombatientes. Sin embargo, la Corte Suprema continúa conservando su competencia absoluta en caso de terceros civiles responsables.

Pero, en general, las cortes sostienen que no puede crearse ninguna autoridad que esté por encima de las altas cortes...

Esta es una justicia transicional. Una vez cumpla su cometido, la jurisdicción ordinaria será la encargada de juzgar todo tipo de delito, sin excepción.

¿El Tribunal de Paz tendrá total autonomía?

Sí.

¿Por qué razón le resultó más interesante la opción de ir al Senado que continuar en el Ministerio?

En el Congreso se terminará de poner a punto la paz. Quienes queremos que no haya más guerra en Colombia y tenemos opción seria de llegar al Congreso, debemos estar ahí. No crea que eso es fácil. La paz tiene muchos enemigos. Y esa es una conquista que debe cuidarse y protegerse. Observe que por ahí andan diciendo senadores de un sector político que si llegan al poder, acaban con la paz.

¿Cómo será integrado el Tribunal Especial para la Paz?

Estará conformado por 20 magistrados, que serán seleccionados por un grupo de cinco personas que ya fueron designadas por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, el secretario general de la ONU, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Este tribunal no va a ser un órgano burocratizado ni clientelista. La calidad de las personas que van a nombrar el tribunal asegura que los magistrados serán personas de altísimas condiciones éticas y profesionales.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO