Impunidad en Colombia es superior al 90 %: advierte el presidente de la JEP
Hace 5 días
En charla con Yamid Amat, pide atención de ese organismo en asesinatos de Jesús María del Valle, Orlando Valencia y Jaime Garzón, el magnicidio y exterminio de Manuel Cepeda y de la Unión Patriótica.
Además, se refiere a los "oscuros" capítulos que han surgido en la investigación contra el almirante Gabriel Arango Bacci; las conclusiones que hasta ahora arrojan las investigaciones sobre 'chuzadas' telefónicas y seguimientos; el balance de los llamados falsos positivos y la orden de captura contra el ex ministro Santos dictada por un juez ecuatoriano, al que el Iguarán no vacila en calificar como "prevaricador".
YAMID AMAT La Procuraduría ha criticado demoras de la Fiscalía en las investigaciones por los asesinatos de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez...
Mario Iguarán: Sobre el magnicidio de Luis Carlos Galán, el procurador delegado Gabriel Jaimes hizo tres pronunciamientos: uno, que había que impulsar la investigación; dos, que no podía operar la prescripción de la acción penal y, tres, que se trababa de un crimen de Estado.
En cuanto lo primero, elogio que ahora la Procuraduría muestre interés en promover el proceso puesto que normalmente se limitaba a solicitar copias y a notificarse de nuestras decisiones. Mire: como cuando solicitamos la condena del doctor Santofimio, por ejemplo, fue el propio Ministerio Público el que pidió la absolución. Celebro ahora el acompañamiento de la Procuraduría y ojalá sea igual en otros casos.
¿Como cuáles?
Investigaciones por violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, las masacres de San José de Apartado, los asesinatos de Jesús María del Valle, Orlando Valencia y Jaime Garzón, el magnicidio y exterminio de Manuel Cepeda y de la Unión Patriótica, respectivamente, donde la intervención de la Procuraduría ha debido ser superior. Esperamos que nos acompañe con su poder disciplinario y de Ministerio Público contra las maniobras dilatorias que se advierten en casos como el del Palacio de Justicia.
En todos estos casos, ¿cuál ha sido la intervención de la Procuraduría?
Mínima.
¿Por qué dice usted que no prescribe la investigación por esos asesinatos?
Tanto en el caso de Luis Carlos Galán como en el de Manuel Cepeda, se advierte un ataque sistemático, generalizado y subjetivo contra el Nuevo Liberalismo y la Unión Patriótica, respectivamente, lo cual permite predicar un exterminio, en consecuencia un delito de lesa humanidad y, en tal virtud, la no prescripción de la acción penal. La
misma tesis estamos invocando para la investigación del magnicidio de Álvaro Gómez.
¿Y la afirmación de la Procuraduría de un crimen de Estado en el caso Galán?
No lo compartimos porque sería afirmar que agentes del Estado tuvieron que ver con el magnicidio y precisamente eso es lo que estamos investigando. Por el momento, hemos llamado al general Maza Márquez a indagatoria.
¿La declaración de la Procuraduría fue precipitada?
Es probable que sí.
La Procuraduría también critico que la indagatoria del general Maza se prevea para dentro de veinte días...
Debo tomar esas críticas como un como un cumplido, porque equivale a decir que si se va Mario Iguarán, entonces no va a pasar nada. El fiscal del caso señaló la fecha atendiendo dos razones: antes debe tomar unas declaraciones, entre ellas la de Virginia Vallejo, y realizar unas inspecciones.
Y, en segundo termino, es el mismo fiscal que lleva casos tan complejos como el magnicidio de Liliana Gaviria, la hermana del ex presidente César Gaviria; la investigación del Gaula de Casanare por ejecución extrajudicial, donde está incluso comprometida la responsabilidad penal de un alto oficial del Ejército; el proceso por falsos positivos de Soacha; el caso de Fay Leonardo Porras, el joven especial que resultó al día siguiente de su desaparición como miembro de las Farc; el juicio de Enilce López, conocida como 'la Gata'. La fecha es razonable y racional.
La Procuraduría censuró que no se hubiese capturado al general Maza...
No hay elemento alguno para suponer si quiera que el general no va a comparecer ante la justicia o va obstruir la investigación o constituye un peligro para la sociedad.
De otra parte, ¿qué es lo que está ocurriendo con la investigación del contraalmirante Arango Bacci y la denuncia de un testigo de haber sido sobornado por la Fiscalía?
La primera vez que Jaime Pérez Charri acusó a Arango Bacci no fue ante la Fiscalía sino en la revista Semana, en donde señaló que conocía la organización de Jorge Luis Hernández alias 'Boliche', quien le manejaba el negocio de cocaína a Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar y que, por la época de 1991 a 2001, les ayudaba un capitán de la Armada que les "mandaba a diario las cartas de navegación".
Debido a esto, el Fiscal General, por solicitud Ministerio de Defensa, dispuso que se interrogara sobre su voluntad de hacer una declaración dentro del proceso judicial. Se negó alegando "temor". Días después, mediante manuscrito suscrito por el propio Pérez, manifestó su deseo de declarar bajo juramento sobre hechos que involucran a Arango, en asocio con alias 'Boliche', en actividades ilícitas de narcotráfico, concretamente en compra de cartas de navegación, información sobre la ubicación de guardacostas y consignaciones efectuadas al oficial de la Armada en cuentas bancarias.
¿Le entregó pruebas de esa información?
Para lo de las supuestas consignaciones hechas por Pérez al contraalmirante, solicitó un computador nuevo que el mismo debía comprar para, según él, evitar que le colocaran dispositivos. Por eso, el CTI le entregó la suma de un millón 800 mil pesos.
¿Y compró el computador?
No y, ahora que se le reclama por el computador o el dinero, termina diciendo que le dieron esa suma para sobornarlo y que declarara contra el contraalmirante.
¿Usted adjudica la retractación al tema de las exigencias que le ha hecho?
Pérez miente al afirmar que fue presionado por el Jefe la Unidad de Fiscales ante la Corte,